Ayotzinapa, Guerrero.- Francisco Chalma abrió la puerta de la Clínica Cristina en Iguala cuando el Ejército llegó la noche del 26 de septiembre de 2014. “¿Son los ‘Ayotzinapos’?”, preguntaron los militares. Los estudiantes les pidieron una ambulancia para Édgar, su compañero con la boca destruida por una de las balas disparadas en su contra, horas antes, por la Policía Municipal de Iguala. La hemorragia producida por la herida, escurría hasta el piso de la clínica.   “Así como hicieron su desmadre, tengan los huevos para irse a enfrentar con esas personas”, les respondieron, recuerda Francisco. Mientras un grupo de soldados recorría la clínica, otro ordenaba a los estudiantes colocar sus pertenencias sobre una mesa y levantar sus camisetas para revisar si estaban armados.   Formados en una fila, fueron contabilizados hasta el número 25. Los normalistas les explicaron que la Policía Municipal les había disparado sobre la carretera Iguala-Chilpancingo y se había llevado a un grupo de sus compañeros. Antes de retirarse, los soldados les advirtieron: “Nos vamos a ir y no queremos encontrarlos aquí, porque si no, nos los vamos a llevar”. Uno de los normalistas permaneció al lado de Édgar, en espera de recibir atención médica. La mañana siguiente, Francisco Chalma rindió su testimonio ante la Procuraduría Estatal de Guerrero. Su declaración ministerial dejó constancia de la intervención del Ejército y es una de las más detalladas en cuanto a los sucesos de Iguala. Escudos, caricaturas y naves espaciales Meses después, en su dormitorio en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Francisco narra aquella noche lluviosa, cuando murieron tres de sus compañeros y desaparecieron 43 más. De fondo, se escucha un episodio de la serie “Los Cuentos de la Calle Broca”. Ver las historias animadas del francés Pierre Gripari, así como conquistar planetas y galaxias a través de un videojuego en internet, es a lo que “El Güero” dedica su tiempo libre. Uno encima de otro, dos escudos de granaderos descansan sobre la pared. Debajo de la insignia de “policía”, la palabra “corrupta” escrita con aerosol negro. Son trofeos de sus enfrentamientos recientes con la Policía Municipal de Acapulco, en específico durante el bloqueo al aeropuerto.  Aunque en 1994, cuando Francisco Chalma tenía dos años de edad, fue registrado como nacido en Atoyac de Álvarez, Guerrero, años después descubrió que es originario de Tijuana, Baja California. Sus tíos le mostraron un registro de nacimiento con su nombre y el de un hospital en la ciudad fronteriza. “Yo allá nací, pero no supe qué tiempo estuve”. De sus padres biológicos, prefiere no hablar. Criado por sus abuelos y lejos del Norte, “El Güero” se siente de la Costa Grande, Guerrero. La región se encuentra a dos horas de Acapulco y está formada por ocho municipios, entre ellos su hogar, Atoyac de Álvarez. En este pequeño municipio, hoy de poco más de 61 mil habitantes, inició la “Guerra Sucia” en mayo de 1967 y fue el refugio del guerrillero Lucio Cabañas, a quien una estatua le rinde homenaje.  “El Güero” estudiaba la carrera técnica de Informática en Chilpancingo, Guerrero, cuando decidió cambiar de profesión. Conoció la Normal de Ayotzinapa y en julio de 2012, ingresó a la semana de inducción. Desde su primer año de estudios, Francisco sufrió la represión policial en actividades de boteo que realizaba junto a sus compañeros para obtener recursos para viajar a eventos culturales o deportivos. “Nos detenían y ya, pero no sabíamos que nos iban a desaparecer”, reflexiona sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. “Pude haber sido el 44” Como miembros del Comité Estudiantil, el órgano de control de la base estudiantil en Ayotzinapa, Francisco y seis estudiantes más de segundo y tercer año, eran los responsables de supervisar las tareas de boteo de los 100 alumnos de primer año. Hubo dos ataques esa noche. En el primero, iniciado a las 8:00 pm, Francisco viajaba en el tercer autobús de la caravana que había salido de Iguala, pero descendió para repeler con piedras a los policías que les cerraron el paso y les dispararon. A los minutos, policías municipales ingresaron al autobús del que Francisco había descendido, encañonaron a los 43 estudiantes y se los llevaron. Él se encontraba en el segundo camión. El joven de 22 años sabe que cambiar de camión -sin intención- fue la diferencia entre convertirse en el desaparecido número 44 y que este sábado, fume un cigarro mientras cuenta su historia. Francisco guarda bien los recuerdos de esa noche. Desde el momento en que la Policía disparó a los rines, cristales y llantas, hasta los trozos de cráneo que encontró en los pasillos del camión. “Yo reconocí a varios compañeros de ese autobús que se llevaron. Ese día íbamos echando desmadre, hasta les invité cigarros a los chavos para pasar el rato”, recuerda con la mirada abajo y los brazos inquietos. Entre el final del primer ataque y el inicio del segundo, los normalistas hicieron un rápido conteo de los estudiantes para identificar a los desaparecidos. Aunque algunos policías recogieron sus propios casquillos, los restos que ahí continuaban fueron señalados con piedras y ramas por los normalistas, en un afán por dejar evidencia de lo ocurrido.  “En eso, pasan patrullas y de repente se corta la circulación. Al poco rato, escuchamos las detonaciones”, era el inicio del segundo ataque.   En ese momento, Aldo Gutiérrez cayó tras recibir una bala en la cabeza. “Hice tres intentos para acercarme a Aldo, pero las balas no me dejaban. En el tercero, le puse mi playera en su cabeza para la herida. Nos gritaron que nos tiráramos al piso. Salimos corriendo de ahí”, recuerda. Llegó un segundo cuerpo de policías, encapuchado y mejor equipado que los primeros. “Se estaban burlando de nosotros. En eso, se suben a las patrullas y se retiran”. De ahí, los sobrevivientes del ataque de Iguala acudieron a la clínica, donde el Ejército los encontró. Alrededor de las 2:00 am encontraron alojo en una casa de la ciudad, donde esperaron a un grupo de profesores, al secretario general de la Normal y a la Policía Ministerial para que los trasladaran a rendir su declaración. Eran las 5:00 am y la lluvia no se detenía. En su camino a la Procuraduría Estatal, en Chilpancingo, Francisco recuerda haber visto dos cuerpos tendidos en el pavimento, mojados por la lluvia. “Estaban cubiertos con la sábana, nos agüitamos, pensamos quiénes son y ahí estaba el Ejército resguardando la zona”. En el informe que los ministeriales rindieron sobre esa madrugada y anexo a la denuncia realizada por los normalistas, Francisco Chalma aparece como el estudiante número 13. “Yo tengo entendido que después de que se calme esto, va a empezar la cacería. A varios de nosotros nos van a desaparecer, matar. Van a decir que fue el crimen organizado, pero va a ser por parte del gobierno”, dice en un tono casi indiferente. Desde el 26 de septiembre del año pasado, “El Güero” ha sufrido varias lesiones por parte de la Policía. El 14 de diciembre, en Chilpancingo, mientras colocaba vallas para la realización de un concierto con motivo de la desaparición de los normalistas, fue golpeado por un grupo de agentes federales. Después de la entrevista que sostuvo con ZETA, Francisco Chalma resultó herido, el 25 de febrero, en el violento desalojo de maestros de Acapulco a cargo de la Policía. El golpe que recibió en el ojo, redujo su visión. Sin embargo, continúa en la Normal de Ayotzinapa, participando en actividades como protestas y marchas para exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros. Desde que la PGR dio por resuelto el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisiones Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones internacionales, han exigido una mejor investigación de los hechos.  “Han llegado ocasiones en que (pienso) si los habrán asesinado, pero sé que siguen vivos y no vamos a descansar”, finaliza Francisco.  Complicidad entre Estado y militares: padres de normalistas Desde el domingo 22 de marzo se encuentran en Baja California, y hoy viernes 27 tienen planeado reunirse con los jornaleros del Valle de Mexicali para retribuir el apoyo que les han ofrecido. A seis meses de la desaparición forzada de los 43  jóvenes normalistas, sus hermanos, padres, madres, compañeros, piden boicotear las elecciones del próximo 7 de junio, ya que para ellos, “es nada más escoger la cara del verdugo”.  Según Gabriel Acevedo Coronado, estudiante normalista del cuarto año de la carrera en Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la agresión a sus compañeros tiene un antecedente de violencia histórico, por ello sostiene que tanto el gobierno del Estado como el Federal, están involucrados en la desaparición forzada de 43 estudiantes del 26 de septiembre de 2014. “A raíz de que la escuela se ha mantenido en la lucha por el internado, por la gratuidad de la educación, las manifestaciones que hemos hechos impulsan reformas que afectan la educación, producto de eso es que en Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, nos asesinaron a dos compañeros: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, del que acusamos de autor intelectual al gobernador Ángel Aguirre”. — ¿Ya se ha podido comprobar  la participación del ejército en la agresión?  “Es una información real, no solo se ha comprobado con los sobrevivientes, sino en los medios de comunicación, donde se revelan fotografías que tomó el Ejército, donde ellos tenían a grupos de estudiantes que se habían escapado de la balacera”. — A seis meses de la tragedia, ¿qué creen que fue lo que ocurrió? “A partir de que es una escuela que se ha involucrado en los asuntos públicos con la sociedad, es lo que ha causado que el gobierno tenga una impresión de que la escuela no debe existir”. Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal Cruz, estudiante de 19 años de edad  y uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, no puede dejar de llorar al recordar los hechos del viernes 26 de septiembre.  Dijo que su hijo le mandó un mensaje de texto a la una de la mañana que decía que ocupaba una recarga de urgencia, pero en ese momento no entendió la gravedad de lo que pasaba, por lo que esperó hasta las ocho de la mañana, pero él jamás contestó de nuevo. — ¿Qué opina de la versión oficial del Gobierno Federal en cuanto a lo que pasó con los cuerpos? “El gobierno está mintiendo, le tiramos la mentira, esa noche, toda la noche estuvo lloviendo, la lluvia se quitó hasta las cinco o seis de la mañana, también dicen que los habían quemado con todo y pertenencias y eso es mentira, porque uno de los papás, el teléfono de su hijo dio señal en el 27 Batallón de Infantería de Iguala; entonces, por ese lado creemos que los militares tuvieron participación de manera directa”, afirma Carmen Cruz. “Esas personas que se quedan calladas, que vieron que mataron a alguien y no hablan o no dicen, son cómplices, y ahorita estamos luchando no nada más por los 43 hijos nuestros, sino también porque no vuelva a ocurrir, porque otras familias no vuelvan a sentir este dolor tan grande que sentimos nosotros”. — ¿Hubo negativa de dejarlos entrar al cuartel? “No nos dejaron entrar a ningún cuartel, no han querido hasta ahorita, pero yo lo vuelvo a repetir: el que nada debe, nada teme, si ellos en realidad no tuvieran culpa alguna o no tuvieran nada que esconder, ¿por qué no nos han dejado entrar a revisar y ver qué hay?”. Cristiana Bautista Salvador es madre de Benjamín Ascencio Bautista, de 19 años, el segundo de tres hijos. Es madre soltera y tiene seis meses sin regresar a su casa. Desde que se enteró de la desaparición, se fue a la Normal de Ayotzinapa. Ahora vive en la escuela para estar al pendiente de la nueva información que surja. “No quiero regresar a mi pueblo, mi hijo no está, pero vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos y castigo a los culpables, nuestros hijos no estaban haciendo nada malo, él quiere ser maestro, pasó el examen, tenía dos meses ahí”.  Joel Ortega Valerio comenta que su hermano mayor es Mauricio Ortega Valerio, de 18 años, se fue de la casa familiar desde los 11 años porque quería conocer otros lugares, a esa edad empezó a trabajar de carpintero y luego entró a la Normal de Ayotzinapa. Desapareció junto con otros 42 jóvenes y hasta el momento lo sigue buscando. “Un chavo de la Costa me dijo que venía con mi carnal cuando los agredieron, vio cómo mi hermano se iba a escapar, pero al momento de bajar lo agarraron unos policías y lo tumbaron, ya en ese momento me sentí mal, ya no tenía ganas de comer, casi no nos hemos visto. Nos distanciamos desde los seis años, cada quien por su parte”, finaliza Joel. (Cristian Torres/ZETA)

El pleno del Congreso del Estado desechó el 25 de marzo de 2015 –once días antes del inicio de las campañas– la demanda de juicios políticos en contra de los ex alcaldes priistas  de Ensenada Enrique Pelayo Torres y de Mexicali Francisco Pérez Tejada Padilla. Además de los ex funcionarios del XX Ayuntamiento de Mexicali Alfredo Ascolani y Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte. Pese a que los legisladores del  PAN manifestaron públicamente su intención de proceder con los juicios, no alcanzaron los votos necesarios porque no tuvieron el apoyo de los legisladores con los que hizo alianza electoral en el 2013 para llegar al Congreso, los del  Partido Estatal, Encuentro Social y Panal, quienes votaron en contra. A la sesión no acudieron Felipe Mayoral del PEBC ni Rodolfo Olimpo Hernández, quienes en su momento pudieron cambiar la balanza de la decisión del pleno. Con las tribunas legislativas tomadas por los miembros de la burocracia mexicalense que promovieron los juicios, los diputados tuvieron que votar bajo presión, al final los trabajadores del gobierno se fueron con un amargo sabor de boca y al finalizar la votación gritaron consignas de “ni un voto al PRI” además de que su dirigente estatal Victoria Bentley pidió a voz en cuello que ningún burócrata votara por ese partido. El dictamen 09 de la Comisión Jurisdiccional que se presentó ante el pleno, indicaba que de acuerdo al análisis técnico, “ha lugar” al juicio en contra de Enrique Pelayo, “por 4 votos a favor y 2 en contra” de los integrantes de la comisión. Pero finalmente en el pleno por mayoría se rechazó. La solicitud de juicio político fue solicitada por el síndico social del XXI Ayuntamiento de Ensenada Félix Ojeda Ortega y tiene que ver con abuso de autoridad, tráfico de influencias, coalición de funcionarios y negociaciones ilícitas. El ex alcalde había logrado evadir el Juicio Político en una primera instancia luego de que se había negado aceptar el procedimiento de Ojeda Ortega por ser funcionario, sin embargo luego de que abogados externos analizaran el caso se consideró que el síndico social contaba con facultades para interponer el procedimiento.  La defensa de Pelayo En la exposición de motivos la diputada del PRI Nereida Fuentes se pronunció en contra del dictamen debido a que a su consideración se encontraba fuera del plazo para interponerlo además de que no cumplió con los requisitos técnicos y jurídicos. Se fueron por temas de procedimiento, nunca entraron al fondo. Fuentes señaló que el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que el inicio del juicio político se inicia cuando el Congreso aprueba el dictamen que determine iniciarlo, siendo entonces el 24 de marzo del 2015, por lo que afirmó que se encontraba fuera de tiempo, ya que el plazo finalizaba el 30 de noviembre del 2014 al cumplirse un año de dejar su cargo. La diputada también manifestó que no se presentaron las pruebas de actos sancionados, por lo que afirmó que la denuncia fue mal realizada, además de que en su momento la fracción parlamentaria del PAN en la pasada legislatura rechazó el procedimiento de Juicio Político en contra del ex alcalde Jorge Ramos por los mismos motivos. Por su parte el diputado de Movimiento Ciudadano Juan Manuel Molina, discrepó de los argumentos de la priista en cuanto a los tiempos pero coincidió en el tema de que la denuncia fue mal integrada por lo que afirmó que no por hacer justicia se puede pasar por encima de la ley. “Desgraciadamente la denuncia que presentaron en contra del ex alcalde de Ensenada, no se aportó una sola prueba de nada, no se acompañó ni un solo documento de transmisión de dominio con parentesco con presuntos compradores”, afirmó el diputado. Por su parte el diputado del PRD, Roberto Dávalos afirmó que la comisión señaló que era procedente en cuanto a los tiempos y formas en que se había presentado el dictamen, el perredista también acusó al Orfis de ser omiso de manera dolosa  al presentar las cuentas públicas el 23 de diciembre, lo que imposibilitó su revisión. También el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides afirmó que sí se aportó un documento “simple y sencillo” en la denuncia presentada por el Síndico social del cual se desprenden daños al Ayuntamiento de Ensenada. Sin embargo Molina reviró afirmando que el documento que se presentó fue una copia de la denuncia penal que se hizo en contra de Pelayo y que solo es prueba de que se realizó la denuncia y no imputaciones. El presidente de la mesa directiva, Alcibíades García Lizardi señaló que el punto había estado suficientemente discutido, por lo que pidió que se realizara la votación, quedando con 13 votos en contra del dictamen de los diputados del PRI, Panal, Verde Ecologista, Francisco Barraza Chiquete del PEBC, los 2 diputados de Movimiento Ciudadano. Los que votaron a favor de iniciar el juicio político fueron los legisladores del PAN, PT y PRD por lo que solo alcanzaron 10 votos. Pérez Tejada protegido También fue rechazado por el pleno del Congreso, el dictamen 11 de la Comisión Jurisdiccional, también aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra, en donde se instruía para que se iniciara procedimiento en contra de Francisco Pérez Tejada y al ex síndico César Alfredo Ascolani, y Jorge Fernando Martín del Campo en su carácter de Tesorero La denuncia fue presentada por la dirigente de la burocracia, Victoria Bentley Duarte, quien acudió a la sesión junto con decenas de agremiados para exigir procediera el juicio político. Antes de eso el coordinador de la bancada del PRI, René Mendívil señaló que se encontraban a favor de la legalidad, por ello afirmó que la PGJE tiene una denuncia en contra de Pérez Tejada, por lo que respetarían la decisión de esa instancia. Afirmó que en congruencia con la discusión del documento 11 no se cumplió con los requisitos de procedencia, ya que fue ratificada el primero de diciembre del 2014, un día después de que el ex alcalde de Mexicali cumpliera un año como ex servidor público, por lo que rechazó que se encontrara en tiempo. El primero que tomó la palabra fue Juan Manuel Molina, que presentó un video en donde se entrevistaba al ex alcalde de Mexicali Francisco Pérez Tejada, donde reconoció que retuvo las cuotas a Issstecali, lo cual consideró prueba suficiente para iniciar el juicio político. En el mismo sentido de su primera participación Rene Mendívil señaló que sería la autoridad correspondiente (PGJE) la encargada de investigar y deslindar responsabilidades y pidió congruencia de los diputados ya que la denuncia a su parecer se encontraba extemporánea. El presidente de la mesa directiva, García Lizardi, tuvo que pedir a los asistentes que guardaran silencio o de lo contrario se tomarían acciones “no satisfactorias para los asistentes”. Por su parte el diputado Gustavo Sánchez del PAN afirmó que se perdió de vista el fin de la Comisión Jurisdiccional, dijo que el mismo Alcalde –en el video– realizó una confesión expresa, por lo que pidió a los legisladores votar a favor de la procedencia del dictamen. La diputada Carmen Frías afirmó que al ser regidora pidió al ex alcalde que entregara las cuentas a Issstecali, pero al final votó en contra del dictamen, por lo que los burócratas la acusaron de traidora. Burócratas “Nosotros necesitamos de ti Carmen, tú también eres burócrata”, le gritó desde su curul la dirigente de los burócratas. Los diputados que votaron en contra del dictamen fueron del PRI, Verde, PT y Panal y PEBC, mientras que a favor fueron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quedando 13 a 10, con lo que quedó descartado el dictamen. Al finalizar la votación los miembros de la burocracia salieron del recinto parlamentario, ahí Victoria Bentley afirmó que buscarán el amparo federal para proseguir con los juicios porque los diputados no hicieron justicia. Señaló que luego de escuchar los argumentos del diputado René Mendívil, se prepara un juicio político contra el actual alcalde de Ensenada Gilberto Hirata, que tiene un año sin pagar las cuotas de Issstecali, y otro contra César Moreno de Tecate. “En tiempo y forma los voy a empapelar, a ver qué justificación tienen, tienen al Issstecali quebrado, Tecate 4 años que no paga, no hay jubilados en Tecate y Ensenada tiene un año que no paga, debe 170 millones”, afirmó la dirigente de la burocracia. Acusó a los diputados de delincuentes de cuello blanco, además afirmó que van a presionar a la PGJE para que avance en las investigaciones, ya que se deben 950 millones de pesos en el caso de Francisco Pérez Tejada. “Carmen Frías queda como expulsada, como Alicia Martínez, en las filas de la burocracia no la reconocemos, es una traidora…En el Congreso no hay justicia, pero va a ver justicia el 7 de junio, invito a los burócratas a ni un voto al PRI por cobardes y rateros”, dijo Bentley quien acusó a los diputados de ser una caricatura. La actitud combativa de la lideresa continuó el miércoles 25 de marzo, cuando recibió del Instituto Nacional Electoral en Baja California, la instrucción de retirar del frente y los costados del edificio del Sindicato de Burócratas en Mexicali, las lonas con mensajes en contra del ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla. Pérez había presentado una denuncia en su contra por “actos anticipados de campaña y propaganda negativa calumniosa”, la cual fue votada a su favor la noche del martes del 24 de marzo. Le dieron a Bentley hasta hoy, viernes 27 de marzo, para retirar las mantas, pero públicamente la burócrata advirtió que no lo haría, y no le importaba si la llevaban detenida porque sería presa política.   Al respecto, un abogado consultado por ZETA explicó: “La resolución del INE es de carácter obligatorio, sin embargo, queda sujeta a la interpretación que en materia penal se realice de la conducta, en este caso, el contenido de la manta puede ser calumnioso a criterio del INE, pero -para llegar a un tipo de sanción privativa de la libertad- falta la valoración de la manta por una autoridad penal en el supuesto de que el INE o el afectado interpongan la denuncia correspondiente”.

Con los mismos argumentos utilizados hace 14 meses para girarle la orden de aprehensión al ex secretario de gobierno, Guillermo Trejo Dozal, la tarde del martes 24 de marzo el Juez Sexto de Distrito, Pedro Jara Venegas, dictó el auto de formal prisión, lo que significa que el ex funcionario deberá permanecer en el Cereso local, aunque extraoficialmente se adelantó que sus abogados presentaron una apelación contra esta decisión ante un Tribunal Unitario en Mexicali. Esto significa que el medico oftalmólogo acusado de delitos financieros deberá permanecer preso por lo menos dos o tres meses en tanto se resuelve la apelación –por ser delito grave no alcanza fianza. Además, con el auto de formal prisión inicia formalmente el juicio en su contra, por lo que técnicamente es considerado como presunto responsable. “No creo que las autoridades se estén ensañando, lo que pasa es que la conducta que se le atribuye está señalada como grave por el Código Federal de Procedimientos Penales”, comenta Herman López Frank, Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, señalando que en el articulado del 141 al 147 se establecen las sanciones de esos delitos, con una pena de entre 3 a 15 años de cárcel. La acusación de que si Trejo o los otros involucrados vendían seguros médicos o atención de salud pre-pagados la deberá resolver el juez en su sentencia definitiva. López Frank comenta que el delito de que se le acusa es grave, por lo que no tiene derecho a caución y el proceso penal lo tendrá que llevar en condición de interno. En cuanto a las opciones, el abogado menciona que una es la apelación ante el Tribunal Unitario contra el Auto de Formal Prisión, procedimiento que lleva un promedio de entre de tres, cuatro o cinco meses. La otra es interponer un amparo Indirecto contra el auto de formal prisión y una tercera opción sería llevar el proceso y esperar que se dicte la sentencia, pero eso significaría un espacio de casi año y medio. De ser así Trejo Dozal aceptaría haber tenido participación en los hechos que se le imputan –es decir, confesar el delito– e irse a un proceso sumario (similar al abreviado) y directamente a la sentencia, que va entre 3 y 15 años de prisión. Por eso podría lograr la pena mínima de tres años y conmutarla por una multa previa al pago del daño patrimonial causado, el cual se calcula en cerca de cuatro millones de pesos. “Es lo más rápido que habría para resolver su situación jurídica”, considera López Frank. Trejo cuenta con un grupo de al menos tres abogados encabezados por Armando Osorio; hasta el momento ha sido nula la información aportada a la prensa.  El médico oftalmólogo y ex Secretario de Gobierno del Estado en Baja California fue detenido la tarde del miércoles 18 de marzo por autoridades norteamericanas al intentar cruzar por la Garita Centro hacia Caléxico, por la línea Sentri. Cerca de las 11:30 de la noche fue entregado por autoridades norteamericanos a agentes federales en Mexicali comisionados a la Interpol en Tijuana. El profesionista y ex funcionario de gobierno de Francisco Vega cruzó por la misma puerta por donde deportan la Border Patrol a los indocumentados mexicanos, fue entregado los agentes de la PGR y trasladado a las oficinas locales de la PGR en Mexicali, de donde lo llevaron hasta el Cereso de Mexicali. Al momento permanece en un área especial. En enero del 2014 –cuando Trejo aún era funcionario– trascendió que el Juzgado Sexto de Distrito le había girado una orden de aprehensión, al ser acusado de haber violado la Ley General de Seguros y Fianzas a través de la empresa conformada por Trejo y otros cuatro especialistas de la salud. El expediente se generó a través de una larga investigación de agentes federales ordenada desde la Unidad especial del Sistema de Admiración Tributaria que a su vez depende de Hacienda y Crédito Público. El gobierno federal lo acusó de la venta ilegal de seguros de gastos médicos a empleados de compañías de ambos lados de la frontera, incluso representantes de este listado de clientes tuvieron que comparecer ante los investigadores federales. La lista incluyó a empresas como Poiriez Properties, Interiores Aéreos, Aisling Industries Corp, Valley Spreader Inc., Internacional Managment Services, Suterm Sección 83, Honeywell Turbo Technologies, Instituto Salvatierra, Furukawa de México S.A. de C.V., Derbis, Grupo García Montaño, Ochoa y Asociados S.C. y Panasonic Electric Works Mexicana S.A. de C.V. De acuerdo a la opinión técnica emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en torno al tema –documento que se encuentra en el expediente– se acreditó que sí existen elementos para acreditar que Latino Servicios de Salud –empresa donde figuran como socios Trejo, Raúl Granier, Gilberto Singh y Humberto Bonfante, actual Secretario de Desarrollo Económico–, “ha venido ofreciendo operaciones de seguros sin contar con la autorización correspondiente”, lo que desde su óptica encuadra en el tipo penal previsto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas. La parte fundamental es la siguiente: “…se considera que se realiza una operación activa de seguros cuando, en caso de que se presente un acontecimiento futuro e incierto, previsto por las partes, una persona, contra el pago de una cantidad de dinero, se obliga a resarcir a otra un daño, de manera directa o indirecta o a pagar una suma de dinero. “No se considerará operación activa de seguros la comercialización a futuro de bienes o servicios, cuando el cumplimiento de la obligación convenida, no obstante que dependa de la realización de un acontecimiento futuro e incierto, se satisfaga con recursos e instalaciones propias de quien ofrece el bien o el servicio y sin que se comprometa a resarcir algún daño o a pagar una prestación en dinero”. Pero la misma legislación establece que “sí se considerará como operación activa de seguros la prestación de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la salud a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado, mediante el pago de una cantidad de dinero, conforme a lo establecido en los artículos 7o., fracción II, inciso c), y 8o., fracción V, de esta Ley”.

Silvano Abarca Macklis, el alcalde de Playas de Rosarito, mejoró la calificación promedio que le dieron los rosaritenses, pero se mantiene en la raya y no ha logrado calar en el ánimo de los habitantes de ese municipio. Mientras que en la evaluación cuatrimestral de Plural.mx de noviembre pasado había obtenido 5.5 de calificación, en este mes de marzo, el presidente municipal de extracción panista alcanzó 5.8 promedio. Hay un 45 por ciento que desaprueba la manera en que Silvano gobierna el municipio, y un 50% votaría en un referéndum para que abandonara el cargo, de existir en Baja California la figura de revocación de mandato. El equipo encuestador de Plural.mx recogió también la opinión de los residentes de la ciudad de Tecate, y el 41% manifestó su decisión porque el presidente municipal, César Moreno González de Castilla, se mantuviera en el cargo si se pidiera votar para que se quedara o se fuera, y un 40% no está de acuerdo en la forma que conduce la administración del Pueblo Mágico. En esta segunda evaluación, el alcalde de extracción priista promedió 5.9 de calificación, cuando en la pasada medición obtuvo 6.7   PLAYAS DE ROSARITO Con un año y tres meses de gobierno, Usted consideraría que el presidente municipal Silvano Abarca Macklis ha hecho: Más de lo que esperaba: 17%      Lo que esperaba: 15% Nada de lo que esperaba: 52%    Menos de lo que esperaba: 12% No sabe/No contestó: 4% En su opinión, hoy se siente Usted: Más seguro: 16% Menos seguro: 55% Igual: 22% No sabe/No contestó: 7% En general, ¿aprueba o desaprueba la manera en que Silvano Abarca Macklis gobierna Playas de Rosarito? Aprueba: 32% Desaprueba: 45% Me es indiferente: 12% No sabe/No contestó: 11% Si en Baja California existiera la figura de revocación de mandato, ¿qué haría Usted con el presidente municipal Silvano Abarca Macklis? Votaría para que continuara: 38% Votaría para que se fuera: 50% Me es indiferente: 10% No sabe/No contestó: 2% Después de un año y tres meses de iniciada la gestión del presidente municipal, Silvano Abarca Macklis, ¿cómo califica su desempeño en la escala del 1 al 10, donde 1 es la mínima y 10 la máxima? Calificación promedio: 5.8 Anterior 5.5 METODOLOGÍA APLICADA: El período de levantamiento fue entre el 1 y 8 de marzo de 2015. Universo de Estudio: Lo conformaron residentes hombres y mujeres mayores de edad  del municipio de Playas de Rosarito, Baja California, con credencial de elector para confirmar domicilio y edad. Objetivo del Estudio: Evaluar la administración del presidente municipal de Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis. Tamaño de Muestra: 400 entrevistas efectivas cara a cara, descartando como primer filtro a quienes no mostraron credencial para votar. Representatividad: La muestra permite un margen de error de 4.5 por ciento +/- y una probabilidad estadística en el rango del 95 por ciento. Técnica de Muestreo: Aleatorio simple, partiendo de una selección al azar en viviendas del municipio de Playas de Rosarito, donde los encuestadores abordaron a la primera persona que quiso responder, dando un salto de cinco en cinco para aplicar la segunda entrevista. Coordinador: Lauro Ortiz Aguilera. Encuesta auspiciada por Plural.Mx,  Periodismo en Línea & Opinión Pública.   TECATE Con un año y tres meses de gobierno, Usted consideraría que el presidente municipal César Moreno González ha hecho: Más de lo que esperaba: 16%      Lo que esperaba: 30% Nada de lo que esperaba: 25%    Menos de lo que esperaba: 12% No sabe/No contestó: 17% En su opinión, hoy se siente Usted: Más seguro: 22% Menos seguro: 30% Igual: 36% No sabe/No contestó: 12% En general, ¿aprueba o desaprueba la manera en que César Moreno González gobierna Tecate? Aprueba: 40% Desaprueba: 40% Me es indiferente: 13% No sabe/No contestó: 7% Si en Baja California existiera la figura de revocación de mandato, ¿qué haría Usted con el presidente municipal César Moreno González? Votaría para que continuara: 41% Votaría para que se fuera: 39% Me es indiferente: 15% No sabe/No contestó: 5% Después de un  año ytres meses de iniciada la gestión del presidente municipal, César Moreno González, ¿cómo califica su desempeño en la escala del 1 al 10, donde 1 es la mínima y 10 la máxima? Calificación promedio: 5.9 Anterior: 6.7 METODOLOGÍA APLICADA: El período de levantamiento fue entre el 1 y 8 de marzo de 2015. Universo de Estudio: Lo conformaron residentes hombres y mujeres mayores de edad  del municipio de Tecate, Baja California, con credencial de elector para confirmar domicilio y edad. Objetivo del Estudio: Evaluar la administración del presidente municipal de Tecate, César Moreno González de Castila. Tamaño de Muestra: 400 entrevistas efectivas cara a cara, descartando como primer filtro a quienes no mostraron credencial para votar. Representatividad: La muestra permite un margen de error de 4.5 por ciento +/- y una probabilidad estadística en el rango del 95 por ciento. Técnica de Muestreo: Aleatorio simple, partiendo de una selección al azar en viviendas del municipio de Tecate, donde los encuestadores abordaron a la primera persona que quiso responder, dando un salto de cinco en cinco para aplicar la segunda entrevista. Coordinador: Lauro Ortiz Aguilera. Encuesta auspiciada por Plural.Mx, Periodismo en Línea & Opinión Pública.

En julio de 2014, Laura Rodríguez Sánchez reclamó que su madre, Dora Sánchez Lozoya, inscrita en capacitación mixta del Sistema Nacional del Empleo (SNE), no había recibido su apoyo completo del programa “Bécate” en la delegación Ensenada. Molesta, lo llamó “fraude”, pero no hizo denuncia formal, solo verbal. Quien evidenció la irregularidad, es  ex empleada de la Secretaría de Pesca del Estado. Bajo el número de registro 020214040075 en SNE, de Sánchez Lozoya, de 54 años de edad y con una plaza de trabajo asignada para cuidar baños en una empresa local, nunca cubrió su turno o acudió a los cursos de capacitación. La ausencia era parte de un trato con funcionario (s) de la Secretaría del Trabajo; que reclamara la otra mitad del pago, no. “Bécate” es un programa financiado con recursos federales, que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Baja California. Es dirigido por Juan Ramón López Naranjo desde Mexicali. La modalidad de capacitación mixta ofrece a los becarios apoyo económico de uno a tres salarios mínimos mensuales, pago de materiales e instructores para la capacitación, apoyo para el transporte, seguro contra accidentes y seguro médico básico; además de constancia que acredita la práctica laboral y posibilidad de ocupación. Este programa apoya para la incorporación a un puesto de trabajo vacante, previa acreditación de un curso de capacitación práctico con duración de uno a tres meses. Teóricamente así debería funcionar. La denuncia ciudadana indica que en el programa capacitación mixta que el SNE ofreció en 2014, uno o varios funcionarios aprovecharon para obtener recursos ilícitamente. Explicaron que inscribieron a “amigos y parientes” como beneficiarios y les ofrecieron un trato, les entregarían  solo el importe de la mitad de la beca que les daría el gobierno y ellos se quedarían con la otra mitad; a cambio,  los becados no tendrían que acudir a los cursos de capacitación, y quedaría registrado como si hubieran cumplido el requisito. Copartícipes del “trato”, otros, como Dora Sánchez Lozoya, entregaron su documentación al SNE. López Naranjo niega irregularidades Durante la Feria del Empleo realizada el viernes 20 de marzo de 2015, en la explanada del edificio del Gobierno del Estado en Ensenada, Juan Ramón López Naranjo, delegado del programa en Baja Califorrnia, negó que existan irregularidades y justificó que si hay confusión, es debido al retraso en los pagos. ZETA le planteó la denuncia pública de fraude y cuáles eran los avances al respecto, pero el funcionario reiteró su negativa. “Se le ha estado cumpliendo a toda la gente con los compromisos que son, hay retrasos, es inicio de año y hay un acomodo, quiero decir que este programa (‘Bécate’) es de Gobierno Federal y gobierno estatal; todos sabemos que ha habido un reordenamiento en el presupuesto, pero se ha estado trabajando en todo el Estado”, sostuvo. Hubo despidos Víctor Zúñiga, coordinador de la oficina del Sistema Nacional del Empleo en Ensenada, fue despedido en enero de 2015. Firmó su renuncia y sigue a la espera de que se le dé su liquidación. Hubo la versión de que estaba sujeto a investigación por parte de Contraloría del Estado, pero el gobierno no confirma tal dato. Después, la coordinadora del subprograma en Ensenada, Alejandra Domínguez Romo, informó a los colaboradores externos del SNE que rescindirían de sus servicios. Lo hizo a través de correo electrónico. “En base a una auditoría realizada a finales del mes de enero del año en curso a los expedientes de los cursos realizados durante el periodo enero-diciembre 2014, y en base a los lineamientos de operatividad”, ya no era viable seguir con su contratación, le hizo saber. Fuego amigo A raíz de la inconformidad de Sánchez Lozoya,  que llegó a oídos de Juana Pérez Floriano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para investigar  qué sucedió con el recurso presuntamente “extraviado”,  envió a Mario Castillo Jiménez, quien desde hace un mes contacta a empresas y becarios involucrados en el programa. Como recompensa, ofrece una beca a cambio de que acudan a denunciar el presunto fraude, según comentó a ZETA, otra de las empresas que participó con SNE en 2014, la cual asegura que su negocio con el subprograma trabajó correctamente; no obstante, Mario Castillo sigue llamando a sus empleados. El “trato” manifestó la fuente consultada por este Semanario, era que los becarios fantasma recibirían mil 500 pesos; llenaron documentos, dieron de alta su registro, pero no tendrían que asistir a capacitación u ocupar la vacante; a cambio de recibir únicamente la mitad. Por obvias razones, fue una sorpresa que la primera y tal vez única inconformidad pública viniera de “amigos y parientes” que conocían las condiciones y accedieron a participar, relató. Contraloría no responde Para conocer de la presunta auditoría y cuáles fueron los resultados, ZETA solicitó una entrevista desde el viernes 20 de marzo, la cual no fue concretada.  “Quedamos a la espera de la respuesta en Mexicali”, justificaron en la oficina de Comunicación Social. BC, segundo lugar en apoyo al empleo El 20 de noviembre de 2014, en Mérida, Yucatán, se anunció y aplaudió que Baja California se colocaba como segundo lugar de las delegaciones del SNE, por sus altos resultados en la aplicación de recursos y programas de vinculación laboral, apoyos económicos a la capacitación para el trabajo, movilidad laboral y fomento al autoempleo durante ese año. Esta presea la recibió Juanita Pérez Floriano, en el marco de la tercera sesión ordinaria de la conferencia nacional de secretarios del trabajo. La secretaria del trabajo de Baja California declaró que no se habría obtenido el segundo lugar, de no ser por el esfuerzo de los colaboradores de la dependencia a su cargo, quienes “han mejorado la posición del esquema nacional, remontando desde el lugar 29 en que se encontraban desde 2010”. Además del reconocimiento, cada empleado de la delegación Baja California recibió una catorcena extra de sueldo, como gratificación a su entrega laboral.