Sin pasar por Cabildo, comités o consejos municipales son instalados por mero trámite en el Ayuntamiento de Tijuana. En el caso del Comité de Seguridad Pública, los consejeros no han sido legitimados. Se les integró, seleccionaron a su presidente, pero no han sido convocados por la autoridad municipal, y sin la formalidad de la toma de protesta -y compromiso-, no pueden empezar a trabajar en materia de prevención y seguridad. Salvo el Comité de Seguridad Pública, o el Consejo para Personas Discapacitadas, la Ley marca que los consejos deben conformarse al inicio del ejercicio gubernamental de cada trienio, y es la autoridad la que debe convocarlos, informarlos y tomar en cuenta sus opiniones. En total son seis organismos de ciudadanos que en forma honoraria deben coadyuvar con la autoridad municipal para que la voz ciudadana sea escuchada a la hora de establecer los planes y programas de gobierno. Algo que en Tijuana, no se cumple.   Sin aval de Cabildo   En forma unilateral, Martha Rubio, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del XXI Ayuntamiento de Tijuana, eligió a los integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana. Con ello contravino la Ley de Seguridad Pública de Baja California y el reglamento interno del propio organismo al que rindió protesta en abril de 2014, teniendo como testigo a Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal. Los comités ciudadanos de Seguridad Pública de los cinco municipios, se establecen jurídicamente de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado de Baja California, toda vez que de ahí parte la integración del Consejo Estatal. Dicho ordenamiento determina en su Artículo 51 que la integración de estos organismos debe efectuarse de la siguiente manera: “El Cabildo de los municipios elegirá por insaculación al consejero ciudadano que integrará el comité…”, y agrega, “el presidente del Consejo, al igual que el presidente del Comité, será electo de entre los consejeros ciudadanos con la aprobación de las dos terceras partes de éstos”. Ninguno de los dos casos se ha dado en el municipio de Tijuana. El 9 de octubre de 2014, en sesión ordinaria, el Cabildo del XXI Ayuntamiento que preside Jorge Astiazarán Orcí, aprobó por unanimidad el Reglamento Interno del Comité Ciudadano de Seguridad Pública; mientras que el 13 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria, aprobó la convocatoria para integrarlo. Desde entonces, el pleno del cuerpo edilicio no ha sido tomado en cuenta en nada que haga referencia a este organismo. De acuerdo al Artículo 4 de dicha reglamentación, el Comité deberá integrarse por 27 consejeros, de los cuales 15 serán consejeros ciudadanos, nueve consejeros gubernamentales y tres consejeros de las delegaciones municipales. Como consejeros gubernamentales deberían fungir: el secretario de Seguridad Pública Municipal, el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el director jurídico de la SSPM, director de Prevención al Delito, coordinador de delegaciones municipales, director de Policía y Tránsito Municipal, director del Centro de Control y Mando, titular de Planeación y Proyectos, y el subprocurador de Justicia de la Zona Costa. Mientras que el Artículo 8 determina: “Las propuestas de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y grupo de colonos, deberá dirigirse a la Comisión de Seguridad Pública, la que dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la convocatoria enviará al Cabildo una propuesta de hasta el doble de espacios a que se refiere el Artículo Cuatro, fracción primera, a efecto de que en la siguiente sesión de Cabildo se discuta la elección de dichos representantes…”. Hasta el 28 de abril de 2014, haciendo a un lado al Cabildo, Martha Rubio, toma protesta al comité, acto que se efectuó en las instalaciones del C2 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Pero lo conformó a medias, con solo consejeros ciudadanos, sin convocar a los consejeros gubernamentales, excepto al titular de Seguridad Pública, Alejandro Lares, quien presenció el acto, pero en calidad de testigo, sin rendir protesta en el mismo. Al respecto, Rubio aseguró que será en la próxima sesión de Cabildo cuando se les llame a rendir protesta, aunque consideró que su integración sí es legal.   Consejeros demandan formalidad…   La conformación arbitraria del Comité de Seguridad Pública motivó discrepancias al interior del Cabildo del XXI Ayuntamiento, por lo que el pleno no ha dado su aval para legitimar al organismo. Por ello no ha rendido protesta ante el cuerpo colegiado, algo que desde que la regidora Martha Rubio lo designó como consejero titular, viene demandando Genaro de la Torre. “Se ocupa que todo el Cabildo esté de acuerdo en la integración del comité para ser ratificados y no se tiene el voto unánime, por eso no han convocado”, expuso De la Torre, respecto al argumento que la autoridad municipal le ha expuesto para no presentar al Comité que encabeza ante el pleno de regidores. Desde que la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública los integró, han sesionado en dos ocasiones, reuniones que han solventado con recursos propios, pues al no estar formalizados, no pueden gestionar ni obtener recursos. Si bien es cierto, el cargo de consejero ciudadano es honorario, “se ocupa de una oficina, un espacio en el que los ciudadanos puedan acudir”, gastos operativos que estimó en un millón y medio de pesos anuales, los cuales podrían ser aportados por la propia SSPM, fideicomiso empresarial y fondos federales, siempre y cuando estuvieran legalmente constituidos. Las sesiones desarrolladas no han sido plenarias, es decir, no han tenido la participación de los nueve consejeros gubernamentales, solo han asistido los ciudadanos. En ellas han analizado la situación que guarda la ciudad en materia de seguridad y así poder elaborar un plan de trabajo, el cual será expuesto al gobierno de Tijuana. Previo a las reuniones del Comité, han realizado juntas de trabajo con los colonos de las nueve delegaciones, encontrando que Tijuana es una ciudad “muy abandonada, con letras mayúsculas, abandono que va desde la falta de limpieza, alumbrado, vigilancia policiaca, hasta la falta de bacheo”, enumeró. Una de las principales quejas de los colonos, es la ausencia de delegados municipales, “no se aparecen (en sus oficinas), dicen que no van”, anotó, al afirmar que la situación es la misma en las nueve delegaciones. Por ello, urgió: “Tenemos que ponernos a trabajar, hay mucho temor de parte de la ciudadanía en cuestión de seguridad”, aunque también reconoció que la desilusión de los pobladores deriva en apatía, y es ahí donde el comité debe participar “en la organización ciudadana, y en ser un vínculo entre la población y el gobierno”. Y concluyó: “Queremos que a través del organismo se escuche la voz de los ciudadanos”, y para ello piden ser legitimados ante Cabildo.   … y no ser de adorno   El Consejo Municipal de Transporte de Tijuana, instalado el 9 de marzo de 2015, sí fue constituido dentro del esquema legal y reglamentario, pero su conformación, hasta la fecha, “solo ha sido de membrete”, asevera su consejero presidente, Mario Ortiz Villacorta. Cumplido el acto protocolario para su integración, el gobierno de Jorge Astiazarán no ha vuelto a convocarlos, ni los toma en cuenta para nada en temas relacionados con el transporte. Ortiz Villacorta afirma que en reiteradas ocasiones han solicitado una reunión general “para tratar los asuntos relativos a la actividad, fundamentalmente necesitamos conocer a fondo la Ruta Troncal, de la cual no se nos ha informado nada, aun cuando es la parte central del proyecto de modernización del transporte público de Tijuana”, subrayó. Al igual que el Comité de Seguridad Pública, este Consejo solo ha tenido reuniones con los consejeros ciudadanos, sin la participación de ninguna autoridad. De acuerdo al reglamento de este Consejo, en su Artículo 1 se indica que la instancia se conforma “para estudio, análisis, discusión y evaluación de la problemática en materia de transporte público”, así como para la emisión de opiniones y recomendaciones encaminadas a su mejoramiento.   Municipio incumple a discapacitados   El Consejo Municipal de Personas con Discapacidad se integró el 7 de octubre de 2014, designándose como representante a César Plascencia Chávez. El objetivo de este organismo es ser vigilante de que los derechos humanos de las personas con discapacidad se cumplan, recibir propuestas, además de promover recursos para el seguimiento de proyectos y programas que atiendan las necesidades de este sector. Desde su toma de protesta, César Plascencia requirió, y le fue prometido, un espacio para poder brindar atención a los ciudadanos; éste se ubicaría en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), pero a la fecha no se le ha cumplido. De acuerdo al Reglamento Municipal para Personas con Discapacidad, el 4 por ciento de los trabajadores del Ayuntamiento deben ser personas con alguna discapacidad física, lo que en números significa un aproximado de 350 trabajadores, cuando en la nómina solo se contabilizan 93 trabajadores con esas características. Al respecto, María del Refugio Jiménez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas, e integrante del Consejo, anotó que ya se planteó esa situación ante Oficialía Mayor, cuyo titular, Marco Antonio Dueñas, ha indicado al Consejo que el Municipio carece de una partida para poder cumplir con la reglamentación. No obstante, en su Artículo 7 Transitorio, la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana establece que un 5% del pago de las revalidaciones de permisos va para esa partida. El Consejo también ha demandado un libre acceso en espacios públicos, para personas con discapacidad, algo que la autoridad municipal tampoco cumple, “ni en Palacio Municipal, ni en las instalaciones del propio DIF  se cumple con esta disposición”, expuso María del Refugio.   Consejo incompleto   El 21 de febrero de 2014 rindió protesta el Consejo de Protección Civil, entonces a cargo de Rafael Carrillo Venegas, quien fue relevado en el cargo por Juan Carlos Méndez. El cambio se efectuó a principios de enero de 2015 y, hasta la fecha, Méndez sigue fungiendo como encargado de despacho, con ello, su integración en el Consejo de Protección Civil no es oficial, con todo y que su participación es relevante, particularmente en las situaciones de contingencias que  ha enfrentado Tijuana. De acuerdo al reglamento del organismo, éste debe efectuar tres reuniones al año, para coordinar los planes de contingencia y realizar inventarios. El organismo tuvo su última reunión el pasado 30 de abril y opera de acuerdo a la ordenanza municipal, pero su principal coordinador, Juan Carlos Méndez, oficialmente, todavía no forma parte del mismo, aunque participe en él.   Conformación extemporánea   Conforme al Artículo 14 del Reglamento del Consejo de la Nomenclatura, los miembros de este Consejo deberán renovarse durante el primer semestre del primer año que corresponda a la nueva administración municipal. No ha sido así. El organismo que encabeza Luis López Moctezuma, cuya duración debería ser de tres años, se instaló hasta el 28 de abril de 2015, un año cuatro meses después de que el alcalde Jorge Astiazarán tomara las riendas de la administración de Tijuana. Desde su toma de protesta, en la que su representante demandó un ordenamiento cronológico de las calles y colonias de Tijuana, no han vuelto a ser considerados por el Municipio, asentó López Moctezuma.   Consejo de Alcoholes, sin instalar   Por su naturaleza, el Consejo Consultivo de Alcoholes es uno de los de mayor relevancia por estar relacionado con la problemática del consumo inmoderado de bebidas alcohólicas y el análisis en la emisión de licencias para su venta. Para su integración, de acuerdo al Artículo 8 del Consejo, “… los Ayuntamientos convocarán e integrarán el Consejo Consultivo dentro de un plazo que no excederá de ciento veinte días a partir de la fecha de inicio del ejercicio constitucional para el cual resultaren elegidos”, es decir, que debió estar constituido para marzo de 2014 y, a la fecha, la convocatoria para su conformación en Tijuana no ha sido lanzada.

Ciudad de México.- Tras la declaración del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, del involucramiento del director de la Policía de Ciudad Juárez, Jesús Antonio Reyes Ramírez en el atentado en su contra, la Fiscalía General de Chihuahua, abrió ésta como una nueva línea de investigación para integrarla al caso. Así lo declaró el ex titular de Seguridad Pública en Tijuana en entrevista con ZETA. Han pasado trece días desde que fue atacado a balazos mientras viajaba con su familia. Su salud ha mejorado. Ahora puede sostener una conversación hasta por treinta minutos sin agitarse. Todavía en el Hospital Militar de la Ciudad de México, habla sobre los avances de la investigación, de la preocupación por la seguridad de su familia, de su estado de salud, pero también de la parcialidad de la Fiscalía en la investigación del atentado ocurrido el 8 de mayo que lo mantiene en cama. – Teniente, ¿cómo sigue de salud? “Afortunadamente en recuperación. Ya no me fatigo tanto al hablar, ya puedo respirar bien, las heridas externas van cicatrizando. Todavía tengo un problema en la columna, eso con la rehabilitación física para poder recuperar movilidad, pero me dicen que va por muy buen camino, que voy recuperando rápido la estabilidad”. – ¿Y de ánimo cómo está? “Como siempre, yo nunca he tenido el ánimo bajo”. – ¿Ya rindió su declaración ministerial? El 19 de mayo, la Fiscalía envió un comunicado de prensa para decir que cuando acudieron al Hospital Ángeles en Ciudad Juárez, Usted se negó a rendir su declaración y que por eso no se integró a la carpeta de investigación. “Yo no me enteré que ellos hayan ido porque la situación médica en que yo estaba, no permitía que yo tuviera contacto con personas al exterior. Estaba entubado, tenía medicina por todos lados. No tenía la capacidad de hablar, no podía expresarme. Si ellos dicen que estuvieron ahí, no lo dudo, pero no había la manera en ese momento de que yo los pudiera atender, porque si hubiera dado una declaración en ese momento, no hubiera sido congruente porque no podía organizar mis ideas. Fue el domingo (dos días después del ataque) cuando estaba en terapia intensiva. De alguna manera, era mejor que no diera declaraciones en ese momento”. – Desde que llegó al Hospital Militar de la Ciudad de México, ¿han contactado con Usted, le han llamado? ¿Cómo ha sido el interés por contar con su declaración? “No sé si porque no tenían la forma de comunicarse conmigo, pero fue mi esposa quien estableció contacto con ellos ayer (miércoles 20 de mayo), y hoy pude comunicarme con el MP que asignaron a mi evento. Me dice que me puede tomar la declaración en breve, nada más que le autoricen el traslado para acá. Me dice que en lo que se refiere a la actuación material, no le ve problema que mi declaración vendría únicamente a redondear la información que ellos tienen, porque la detención fue en el mismo lugar del evento y por los testigos oculares en sí. Con esa información, los autores materiales ya quedaron sujetos a proceso, entonces, por ser un delito grave, no alcanzan fianza y están sujetos a proceso. De cualquier manera, le comenté al MP, le agradecí que hayan podido mantener el proceso y que estas personas no pudieran evadir la acción de la justicia, pero me queda la inquietud, en lo particular, de que se tiene al ejecutante material, pero no al autor intelectual. En el segundo caso del autor intelectual, me siento con la incertidumbre porque la vida de mi familia y la mía propia, se mantiene en un riesgo”. – Cuando el MP habló con su esposa, no le pidieron o integraron esa parte de la declaración que hizo en la entrevista que sostuvo con ZETA, en la que responsabiliza al director Reyes como parte de la carpeta de investigación. “De hecho me dijo el Ministerio Público que en base de la declaración que hice yo y la publicación del Semanario ZETA, les dieron instrucción de abrir las líneas de investigación”. – Al respecto, el alcalde de Ciudad Juárez, Enrique Serrano, declaró que espera Usted haga una denuncia formal contra el director Reyes y no solo lo comente a la prensa. ¿Ha considerado esa posibilidad, Teniente? “No que yo haga una denuncia formal, yo creo que en la declaración ministerial que tengo que hacer, va implícita. La denuncia debe abrirse automáticamente, la línea de investigación. No tengo que decirles que ‘investíguenlo por esto’, le puedo decir al Ministerio Público lo que me pasó a mí y ellos tienen la obligación de iniciar de oficio, la investigación respectiva”. – Entonces, le interesa que el MP tome su declaración lo antes posible… “Ya está hecha la integración del enjuiciamiento de los ejecutantes materiales, pero el intelectual es el más peligroso, considero yo…”. – Que sería, en este caso, el director Reyes… “Pues no sé si sea él, pero por lo que me dijo el que me atacó directamente, pues algo tengo que pensar así, porque me dijo ‘mensaje del Dire Reyes’, y el único Dire Reyes del que tengo conocimiento es él. Por eso lo asocio inmediatamente, no creo que haya otro Dire Reyes ni nadie más a quien se le apode así. Espero que con la declaración ministerial, sin que exista la necesidad de una denuncia física directa, el Ministerio Público es conocedor de la Ley y saben que esto es suficiente”. – Por cierto, esta semana el director Reyes comentó que optó por retirarse de la Secretaría de Seguridad Pública “por las cuestiones de abusos que se estaban generando”. “Él fue policía municipal en un tiempo. Después supe que volvió a ser ministerial, pero recuerdo que lo saqué de la Policía por actos de corrupción. Serían abusos de él mismo, porque si no, permitirle cometer actos de corrupción es un abuso, entonces estoy totalmente de acuerdo con él que fue abusado”. Esta semana, el actual instructor de tiro de la Academia de Policía y ex agente municipal de Ciudad Juárez, José Luis Arreola Rodríguez, fue detenido por participar en el homicidio de cuatro personas en 2012, cuando en funciones, de acuerdo a medios de comunicación, Arreola Rodríguez fungía como escolta personal del entonces secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola. Al Teniente se le preguntó del caso. – ¿Ha tenido información de su ex escolta, detenido esta semana por el homicidio de tres detenidos? “Esa persona que detuvieron y dicen que fue mi escolta en su tiempo, le puedo asegurar: nunca fue mi escolta”. – ¿No trabajó con Usted entonces? “Él fue escolta de un subjefe de un distrito, nunca llegó a ser escolta de ningún titular de la Secretaría. Lo ponen como escolta mío porque intentan deteriorar la imagen o de desviar la atención a otros rumbos. No lo reconozco siquiera como policía municipal, no lo recuerdo. Pregunté después, ya que me dicen que lo detuvieron, pues dicen que fue policía municipal, pudo haber sido y después me dijeron que había estado de escolta de un subjefe de distrito, pero si a mí me lo presentaran directamente, jamás lo reconocería. Imagínese, había 2 mil 600 policías, para recordar la cara y nombre de cada uno, está un poco difícil”. – Esta semana y luego de las declaraciones que Usted hizo la semana pasada a ZETA, la prensa circuló un vídeo en el que aparece Jesús Antonio Castañeda Álvarez, quien confesó disparar en su contra, en el que asegura que el móvil del atentado fue un asunto personal, una venganza por una agresión contra su hermana y que Usted perpetró. ¿Qué opina de esta entrevista que se le realizó al detenido? “No tenía conocimiento de la entrevista. Me parece aberrante que tenga más derechos un reo confeso de una agresión con intención de homicidio que la propia víctima. A una persona que pública, física y materialmente, ha sido comprobado que es un asesino, le están dando un derecho a réplica que no me están dando a mí. Ni siquiera han tomado mi declaración. Lo que le estoy diciendo es lo que pasó, y si se sienten ofendidos o con la necesidad de protegerse, aun a pesar de que hay una víctima y prefieren sostener su calidad moral de que están entredicho, me parece aberrante y poco profesional”. En el video, el detenido aparece con su uniforme penitenciario, a primer plano para decir “yo no pertenezco a ningún crimen organizado, no pertenezco a ninguna banda, no soy nada, simplemente fue por venganza… porque él trato de violar a mi hermana… no me arrepiento de haberlo cometido”. El Teniente Leyzaola se sorprendido de que la Fiscalía permitiera la exhibición pública de declaraciones que forman parte de una investigación en proceso, con lo cual puede poner en riesgo el proceso para enjuiciar a quienes atentaron contra su vida. “Qué lástima que eso hagan las dependencias que deberían estar encargadas de defendernos”, lamentó. -¿Cuál es el pronóstico de su salud? ¿Ya inició terapias de rehabilitación? “Me siento agradecido con Dios por permitirme seguir con vida, muy agradecido con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano porque me ha acogido como siempre, como miembro de sus filas y me han dado la atención y trato excelentes. En el Hospital, los amigos que tengo aquí dentro del Ejército y los funcionarios, son personas muy honestas, muy justas y siempre me han dado una atención excelente. Estoy rodeado de especialistas que tienen interferencia en mi recuperación, están poniendo todo su esfuerzo en que eso suceda. No me queda más que agradecerle a ellos y a Dios que me tenga aquí, y, desde luego, espero yo tener una recuperación pronta y volver a la batalla como siempre”. Por su parte, la pareja del Teniente Coronel afirmó que el principal interés de la familia es que el crimen no quede impune: “No se nos hace justo lo que le hicieron y que todavía esté en riesgo mi familia. El miedo está ahí, latente, solo pedimos que se aclare la investigación, que se llegue a donde se tenga que llegar para dar con el verdadero autor”. De manera oficial, la Fiscalía General de Chihuahua informó que el caso lleva dos líneas de investigación, la primera relacionada a una posible venganza y la segunda, a un delito de índole sexual. Pese a que Leyzaola se le informó que el Agente del Ministerio Público a cargo de su caso, debe esperar una autorización de viáticos para poder viajar a la Ciudad de México y tomar su declaración y la de su esposa, el fiscal general de Zona Norte, Enrique Villarreal, declaró para ZETA, que este procedimiento puede realizarse incluso por medio de una videoconferencia, ya que así está avalado en Ley. Ninguna de las dos opciones ha sido tomada por la Fiscalía. – Por cierto, Teniente, ¿tiene pensado regresar a Tijuana? “Claro que sí.” – ¿Qué planes tiene pensado seguir en Tijuana? “El primer paso sería que Dios me levante de esa mano, ya después veremos qué sigue” – Gracias.  “Gracias a ustedes por toda la atención, también quiero agradecer a la gente de trabajo del Partido Encuentro Social, yo siendo asesor con ellos, aunque sigo aquí, me mantienen en el mismo puesto”.

Divididos en dos bloques -uno matutino y otro vespertino-, los 21 aspirantes a encabezar la presidencia de la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparecieron ante los diputados del Congreso del Estado. Del total de solicitantes solo uno quedó fuera al no cumplir con los requisitos. El siguiente en la elección, le tocará a la Junta de Coordinación Política, y seguramente el jueves 21 de mayo será electo el titular del órgano de Derechos Humanos. Caldeados los ánimos entre los Legisladores locales, la CEDH aún no tiene perfil. Si al arranque de la PDH con Ernesto Ruffo Appel en el Gobierno Estatal, el organismo se perfiló para ser encabezado por miembros de la izquierda mexicana, más apegados a las luchas sociales; al paso del tiempo el Partido Acción Nacional, ya con 26 años en el poder, obtuvo para sí esa posición. Politizada la institución de Derechos Humanos, el PRI derrotado en Baja California y manejado por Fernando Castro Trenti, logró hacerse, en una cuota de poder para su partido y a cambio de votos para iniciativas de los gobiernos del PAN, de la selección del procurador de los Derechos Humanos entre otras posiciones –dos consejeros ciudadanos en la Judicatura, por ejemplo-. Pero fuera Castro Trenti, derrotado por Francisco Vega en 2013 y designado ese mismo año embajador de México en Argentina, el PRI en manos de Nancy Sánchez, dirigente estatal, y René Mendívil, líder de la fracción tricolor en el Congreso del Estado, ha ido perdiendo negociaciones. Hoy día el nombramiento del comisionado estatal de Derechos Humanos se ha vuelto una rebatinga política, donde no se ponen de acuerdo los panistas con los priistas, mucho menos con el PRD. La última consigna para unificar ánimos, habla del acuerdo para otorgar la CEDH a una mujer, y convertir la titularidad esa institución en una cuota de género, aun cuando la convocatoria se lanzó para que se inscribieran hombres y mujeres sin distingos de género. Así, con una historia politizada, los actuales diputados continúan por el camino del compromiso, los intereses y las negociaciones, una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nace viciada.   Las presentaciones de los 21 ante la Comisión   En dos bloques y durante un día, los diputados integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos escucharon a quienes tienen el deseo y cumplieron con los requisitos, para convertirse en el primero comisionado estatal de Derechos Humanos. A continuación, los datos y los puntos medulares de las presentaciones de los aspirantes: Francisco Torres Sevilla. Abogado y asesor fiscal en Ensenada, donde ha sido jefe de la Unidad de Capacitación de la PDH, ha impartido cursos a corporaciones policiacas, tiene experiencia en la investigación, seguimiento y denuncias en proyectos de recomendación hacia los funcionarios públicos y en acompañamientos y gestiones ciudadanas. Busca lograr que los ciudadanos logren atención y asistencia y el respeto a sus derechos humanos por parte de las autoridades, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y promover la capacitación permanente de los servidores públicos para que observen y protejan los derechos humanos; fomentar la capacitación de organizaciones no gubernamentales. De los recursos dijo que se deben de ejercer con eficiencia, eficacia y transparencia y propuso la construcción de edificios para la  nueva CEDH. También elaborar manuales para la calificación de quejas y procedimientos y los diagramas de flujo como controles de eficiencia y calidad. María Isabel Herrera Covarrubias. Abogada tijuanense, ha participado en grupos de apoyo social, mencionó la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”; en la PDH encabezaba la Dirección de Quejas, de donde fue despedida, asegura que injustificadamente, por lo que interpuso una demanda laboral. Su plan de trabajo incluye tres ejes. La protección y defensa de los derechos humanos, la capacitación en derechos humanos y en el nuevo sistema de justicia penal y programas especiales a grupos vulnerables. Comentó que el mayor número de asuntos que se tienen en la PDH son con grupos vulnerables, luego seguridad pública y en tercero sistemas penitenciarios. Mencionó la necesidad de programas especiales para mujeres y niños, las víctimas de violencia, migrantes y la población indígena, en este último caso propone la creación de una Visitaduría para San Quintín. Refiere la importancia de la capacitación, y que el reto para la CEDH es contar con un indicador sobre quiénes son los presuntos violadores de derechos humanos con una base de datos y un registro que sirva de precedente. Francisco Castro Trenti. Abogado, ex funcionario público, ex director de Seguridad Pública en Rosarito, donde fue señalado por detenidos, policías y jueces de tortura, violación de derechos humanos y violación del procedimiento de detención, con denuncias en diferentes instancias, incluso en la PDH, donde funge como subprocurador, el hermano del priista derrotado en 2013 y hoy embajador de México en Argentina, se declara apartidista. Dijo estar motivado por la desesperanza ciudadana en relación a la falta de respeto en materia de derechos humanos del estado mexicano en general y de Baja California en particular, que existe un punto crítico no solo por la inseguridad sino por la impunidad que prevalece en el ámbito de seguridad y justicia. Mencionó rubros de importancia como el derecho a la salud, los derechos de las personas con discapacidad, la falta de atención en los derechos de los niños y la actitud del estado en relación a poblaciones vulnerables como los migrantes y los trabajadores indígenas. Consideró que la transición de Procuraduría a Comisión debe resultar en una instancia fuerte, prestigiosa, efectiva y eficiente, sustraída su reestructuración de vicios del pasado para privilegiar el profesionalismo, la honestidad y la ética y su funcionamiento debe basarse en la eficacia y eficiencia. Mencionó la importancia de la transparencia, como producto de la actividad vigilada y supervisada del personal de la procuraduría. Gabriel González Celestino. Abogado penalista, maestro en Ciencias Penales y estudiante de Doctorado en Derecho, radicado en Tijuana, participó en la defensa de un joven a quienes agentes municipales torturan y tratan de extorsionar al endilgarle la presunta posesión de un kilo de marihuana, acusación que fue desestimada por el juez, logrando su libertad y la suspensión de los agentes. Mencionó que la PDH no está cumpliendo con la función para la que fue creada, lo que  implica que los derechos humanos no estén siendo representados por dicho organismo protector. Por eso dice espera que ahora el nuevo organismo represente los derechos humanos de la sociedad. Participa en el Consejo Ciudadano de Protección de Justicia. En lo administrativo, propone una homologación salarial y un plan de austeridad. En su comparecencia ante los diputados dijo que, finalizando su participación, se trasladaría hasta San Quintín para dar seguimiento al tema de los jornaleros agrícolas. Benito Velázquez Hernández. Licenciado en Derecho, maestro en Administración Publica, académico en la UABC y funcionario en el XXI Ayuntamiento de Tijuana, participa en barras y colegios de abogados, miembro del consejo de seguridad pública. Dijo buscar la presidencia de la CEDH porque se asume como un ciudadano comprometido con la promoción del derecho, la justicia y el bienestar social. Que la CEDH debe ser una institución transparente y de cara a la sociedad ya que ése es el camino para recuperar la confianza ciudadana. Además que la eficiencia es primordial, con resultados logrados a través de políticas públicas, de programas de protección, de defensa y capacitación a los sectores sociales y a la función pública. Mencionó que con resultados a corto plazo se sentarían las bases para una mejora continua, sin pasar por alto el tema de la rendición de cuentas donde la CEDH implemente un sistema que obligue al presidente a informar y justificar ante el congreso todas sus acciones. Consideró que se debe realizar un diagnóstico institucional que permita trazar una ruta operativa, asertiva y funcional, con una reingeniería de la institución que lleve al fortalecimiento institucional y el equilibro entre la administración de recursos y los procesos organizacionales.  Manuel Jaramillo Rodríguez. Abogado por la UABC, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, ha laborado en la esfera pública y privada, así como en la academia; ha buscado ser titular de la PDH, consejero del Instituto Electoral, y preside Migrantes sin Fronteras. Entre las actividades prioritarias mencionó el sesionar con el Consejo Consultivo de la CEDH así como el personal técnico y administrativo para analizar el ejercicio de sus funciones con reuniones mensuales. Mencionó el Programa de Quejas y denuncias de los particulares afectados u organizaciones sociales consistente en el registro, procedencia y sustanciación, coordinación con las autoridades. Además incluir la expedición por parte del organismo de documentos de no responsabilidad para aquellas autoridades que no hayan sido culpables en su desempeño. También incluyó una singular forma para resolver la conflictiva social –además de las opiniones y recomendaciones-, la llamada “amigable composición” donde el representante de los Derechos Humanos se convierte en mediador entre las partes. Miguel Ángel García Leyva. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, activista social en apoyo a pepenadores, vendedores ambulantes, indígenas, periodistas y otros defensores de derechos humanos. Fundador de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad; cada miércoles instala una mesa afuera del Congreso del Estado para la recepción de quejas ciudadanas. Dijo que no buscaba participar para llegar a un cargo en un organismo público autónomo, sino que llegaba con el respaldo de organizaciones sociales, con liderazgos legítimos de la sociedad civil, “pero sobre todo de ciudadanos agraviados en una entidad donde se ha desvirtuado la defensa de los derechos humanos en un estado donde de manera sistemática hay una violación constante de los mismos”. Refirió que la Comisión debe apuntar hacia la búsqueda de un cambio, con un perfil real de defensor, de ombudsman. “Considero que ustedes tienen una tarea que deben de cumplir y que debe ser el compromiso con la sociedad”, enfatizando que el rasgo fundamental de quienes buscan encabezar la CEDH debe ser el compromiso social, orientado para defender la dignidad de las personas y que se respeten los derechos humanos. Jaime Escamilla Castañeda. Licenciado en Derecho por la UABC, con experiencia en el sector público y el privado, así como en la academia, laboró en el Consejo de Prevención de Accidentes y en Desarrollo Social en vinculación con organismos de la sociedad civil, así como en el Ayuntamiento de Tijuana en el área jurídica. Presentó un juego de fotos de la situación de sectores marginados. Mencionó que las imágenes contravienen a los principios emanados de la Constitución –Artículo 4– referido a la vivienda digna, el salario decoroso y la condición de vida basada en una remuneración socialmente útil. Sobre la (adversa) situación social en mucha gente dijo que no solo sucede en San Quintín, sino en los cinco municipios del Estado. “La participación que debe de tener la CEDH es sumamente importante para recuperar la credibilidad, el defensor debe ser interlocutor, emisario, conciliador y debe buscar alternativas para resolver esas graves violaciones a los derechos humanos”. En su plan de trabajo mencionó  ejes rectores, como el desarrollo institucional, el fortalecimiento de los derechos humanos y la vinculación con los organismos de la sociedad civil.  Gabriela Navarro Pereza. Ha participado en grupos de apoyo a la mujer, fue la primera titular del Instituto de la Mujer, ha laborado en la Procuraduría Estatal, el Poder judicial, la Academia –estudia un Doctorado en Derecho– y se desempeña como titular de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Baja California. Dijo comprometerse a conciliar el respeto a los Derechos Humanos, a seguir haciendo alianzas con la sociedad civil, las cuales han impulsado grandes cambios en la entidad, además de promover el cumplimiento del Artículo 3 Constitucional, donde se asienta que la educación debe ser basada en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y traslado no solo a las autoridades educativas, sino a la familia, la sociedad y los grupos intermedios. De igual manera, refirió la necesidad de una intensa jornada de capacitación en Derechos Humanos para tratar de revertir la criminalización de algunos grupos bajo la falaz premisa de que los defensores de Derechos Humanos defienden criminales. Cuestionó la criminalización social que se hace del migrante, del indígena, de las mujeres, de los pobres, al adicto, lo cual se tiene que revertir. En una segunda propuesta mencionó la necesidad de intervenir en los sistemas penitenciarios. También incluyó la idea de buscar alianzas con colegios de médicos, de psicólogos para implementar el llamado Protocolo de Estambul, ya que una verdadera política criminal no puede estar basada en la falta de respeto a los Derechos Humanos. Nohé Ramos Balderas. Consideró que el desarrollo en materia de Derechos Humanos en México se ha venido dando a través de la reforma a la Constitución Política en el contexto de violaciones graves a los derechos fundamentales en el pasado. Eso implica enormes retos para asegurar la seguridad pública del país sin comprometer la validez de los derechos fundamentales. Para lograrlo es necesaria una protección efectiva salvaguardando los Derechos Humanos de segunda generación –económicos, sociales y culturales– que velan por las condiciones de una vida digna, por lo que sin libertad y dignidad, la persona no podrá asumir su responsabilidad para una vida en sociedad. Agregó que la CEDH requiere al frente a una persona dinámica, que vaya a la par de las constantes reformas que atañen a los Derechos Humanos, con visión y comprobada experiencia en la defensa y promoción de los mismos, con un compromiso especialmente en los sectores más vulnerables.  Everardo Estrada Armenta. Licenciado en Derecho por la UABC con especialidad en Finanzas Publicas por la UNAM, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, y especialista en Impuestos por la UABC, ha laborado en despachos de abogados en Mexicali y en la Ciudad de México, así como en firmas privadas, en el gobierno estatal, ISESALUD y en el área académica. Es profesor en Derechos Humanos en el CUT. Admitió que su desempeño en el área ha sido en la academia, sin trayectoria en el activismo. “El motivo por el cual estoy participando es que como catedrático en las materias de Maestría me he dado cuenta de que la cultura de los Derechos Humanos no es parte aún de la esencia de los mexicanos”. Mencionó incongruencias relativas a la adopción en México de un verdadero sistema de Derechos Humanos o los casos omisos en los Juzgados federales ante la sola mención de estos preceptos. “Por eso considero  muy importante realizar acciones para concientizar y educar sobre la cultura de los Derechos Humanos para que sea parte esencial, atávica, del mexicano”. Rosa Elena Mares Cossío. En su opinión, a Comisión tiene varios pendientes, entre ellos la creación de la Quinta Visitaduría de grupos indígenas y el ejemplo es San Quintín, también es necesario reforzar el área de capacitación para que las personas conozcan sus derechos. Indicó que se tienen que sistematizar los archivos para tener los datos y darle transparencia a la dependencia; que la Comisión pueda emitir sanciones a las personas que violen los Derechos Humanos,  y recalcó el tema de los jornaleros, donde se observa mucha incidencia en cuanto a expedientes abiertos. La abogada y catedrática afirmó que desde hace cuatro años es asesora de la Red Binacional de Corazones, que atiende a víctimas de trata.  Los temas que le apremian son la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia que se tiene que revisar y promover, otro de los puntos es la vigilancia preventiva de las irregularidades con el fin de tener mayores garantías. Cuestionada sobre un propio órgano de control interno, se pronunció a favor no solo en la Comisión, sino en todas las dependencias gubernamentales.   Miguel Ángel Mora Marrufo. Para el egresado del CETYS Campus Tijuana, actualmente existe una crisis de Derechos Humanos no solo en el Estado, sino en todo el país, refiriendo que  el titular de la CEDH tiene que ser totalmente independiente para actuar de la mejor manera; para ello se debe involucrar a todos los actores de los diversos órganos de gobierno.  Mora laboró en la PDH en Tijuana y fue responsable del Programa Nacional de Víctimas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que estudió y aplicó la Ley, con lo que pudo observar buenas y malas prácticas de los ombudsman en todos los Estados.  Resaltó que el trabajo del titular es el seguimiento a las recomendaciones que se emitan para cambiar la actitud de los servidores públicos y reparar el daño, por lo que deben centrar su atención a las víctimas. Entre las acciones que implementaría, destaca el crear un órgano de control interno, vigilar el servicio público, crear protocolos en integración de expedientes para unificar criterios, seguimiento a las recomendaciones, victimología de lo expuesto para una mejor intervención en crisis, promoción de los Derechos Humanos, una aplicación en teléfonos inteligentes para denuncias, y aumentar el presupuesto al presentar programas y lineamientos para bajar recursos nacionales e internacionales.  En cuanto a la calificación del titular de la PDH, externó que “perdió el sentido…”.  Eduardo de la Peña Sánchez. Afirma que colaboró con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde ayudó a liberar iraquíes detenidos y aseguró que el perfil del nuevo titular de la CEDH tendrá que ser ciudadano. Trabajó en el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), por lo que su principal tarea será la promoción de Derechos Humanos, combatir el bullying y promover la igualdad de trato para evitar la homofobia.  Otros temas de compromiso: deportados, medio ambiente y deporte, además de la problemática de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín. Cuestionado sobre las bodas entre personas del mismo sexo, aseguró que este sector y los heterosexuales tienen “derecho a amar”, por lo que son sus obligaciones y derechos. En cuanto a su prioridad, estimó necesario un cambio en el consejo consultivo por equidad de género, además que tiene un programa de televisión que le ayudó para acercarse a la comunidad y  no pretende pelearse con el Gobierno del Estado ni el Congreso, sino exhortarlo con sus recomendaciones.  En caso de ser comisionado, ponderaría el diálogo con los jornaleros para evitar el trabajo infantil.  Melba Adriana Olvera Rodríguez. Hizo una presentación digital donde preponderó el diagnostico situacional, institucional y las propuestas de trabajo. En cuanto las cifras que atendió la PDH, en su último informe se dijo que fueron 11 mil asuntos, pero calificó que hace falta fortalecer la institución para generar confianza, por lo que se debe contar con la participación activa de la sociedad civil, ya que no se puede hablar de Derechos Humanos desde un solo frente.  Del tema de San Quintín criticó que el personal destinado para la atención de quejas es muy poco en comparación al porcentaje de los asuntos que se atienden. Que es necesaria la transparencia, además de calidad y calidez a las personas afectadas. En su perspectiva, prevalecen las violaciones de derechos sociales y políticos, además, en el tema ambiental, la dependencia debe enfocarse y atender a los grupos vulnerables. De sus líneas de trabajo: emisión de recomendaciones, seguimiento, informes de supervisión y capación a los Derechos Humanos, ya que la mayoría de las víctimas desconocen que están siendo violentadas. Sobre las violaciones cometidas por las fuerzas públicas respondió que es preocupante la tortura y abusos policiales, por lo que se tiene que reforzar con políticas públicas y el seguimiento a las recomendaciones para promover cambios. Calificó de positivo lo que ocurrió en San Quintín, ya que hizo voltear a ver a la comunidad de todo el país.   Nahúm Bautista Gallardo.  Sugiere que la CEDH debe ser más vinculante para poder sancionar, ya que en la violación de Derechos Humanos no se puede quedar solamente en recomendaciones. Refirió “no ser activista” en el sentido que se concibe, que su principal tarea como abogado es respetar y hacer respetar los Derechos Humanos.  En cuanto a sus propuestas, manifestó que lo más importante es educar en ese sentido con lo que se mejora la calidad de vida. Fueron pocas las preguntas que le formularon los diputados miembros de la Comisión. Rogelio Aros Guzmán. Ensenadense y ex funcionario estatal  -subprocurador de la PDH en el puerto-, dijo nunca violar los Derechos Humanos mientras trabajó en la dependencia, enfatizó en que los derechos sociales, económicos y culturales no se priorizan; en los métodos que utilizó el gobierno en el tema de San Quintín, no se mostró de acuerdo, pero dijo entenderlo. Afirmó que la PDH no trabaja adecuadamente, que no se tienen manuales operativos para su funcionamiento, que se tiene que pensar como “mujer, homosexual, lesbiana” de manera integral. Que el Estado mexicano fue obligado a cumplir con una actualización de Derechos Humanos por diversas violaciones, como el caso de las muertas de Juárez y, aun así, existe atraso en Derecho constitucional. Indicó que la injusticia social es el principal problema del país. Desde su punto de vista, el futuro titular de la CEDH tiene que reformar una nueva Ley estatal y coordinarse con los gobernantes, amén de ser congruente; propuso bajar el 25 por ciento del sueldo al titular, que sea progresivo y vea por los grupos vulnerables. De los jornaleros: se tiene que trabajar con políticas públicas para atender el problema de la niñez, y es justa la demanda de aumento de sueldo. Está a favor de los matrimonios del mismo sexo, y contra criminalizar a mujeres que abortan.   José Álvaro Ochoa Orduño. El docente de la Facultad de Derecho de la UABC afirmó que la PDH carece de un rumbo, por lo que trabajaría en una nueva Ley en conjunto con el Congreso del Estado, además de trabajar en transparencia y rendición de cuentas. De la integración de quejas, opinó que se tiene que dar seguimiento y crear un manual de calificación del servicio. Buscaría crear un Departamento de Servicios Periciales para clasificar las evidencias y personal calificado en el Protocolo de Estambul.  Asimismo, estimó que se tendrá un mayor vínculo y consultas con las asociaciones civiles, acercamiento a la gente, programas especiales, en temas como familia, niños, periodistas, indígenas y otros. Crear una contraloría interna de la CEDH, que los funcionarios de la PDH cumplan con una declaración patrimonial. Que Procuraduría debe contar con finanzas públicas sanas y que el titular sea un defensor de tiempo completo, ejemplo de legalidad, transparencia y experiencia. El docente enfatizó que se tiene que trabajar en la elaboración de la Ley para la CEDH. Fidel Alfaro Meléndrez. Docente de la Facultad de Derecho de la UABC  y Rotario por 25 años, mexicalense, aseguró trabajar en temas de medio ambiente, al ser Mexicali una de las preocupaciones de la población. En caso de ser designado realizará un estudio minucioso, entre éstos, de los jornaleros agrícolas ya que la solución al conflicto corresponderá a la actual dependencia.  Su programa lo basa en tres ejes: educativo, vinculación e investigación; visitas programadas para entregar folletos y dar a conocer los Derechos Humanos, levantar encuestas de la problemática delictiva en las colonias, además de crear un programa criminólogo de la zona en participación de las Policías Municipales Coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, ya que los diputados reciben muchas de las quejas. En el tema del matrimonio homosexual: debe analizarse desde el punto de vista constitucional, de igual manera el tema del aborto. Dijo que se ocupa conocimiento y experiencia para dirigir la dependencia, además de actitud y el coraje para hacerlo.   Heriberto García García. Ex titular de la PDH, considera que se debe tener una visión holística, integral e integradora de la sociedad y las instituciones. En 1991 se desempeñó en la PDH; dijo que se tiene que velar para que todas las instituciones conozcan todas las reformas constitucionales, ya que también las omisiones son violaciones.   Que ninguna persona debe esperar más de cinco minutos para ser atendida por la institución, por lo que se debe tener indicadores de control y un órgano de control. Que Baja California está en la vista de los órganos internacionales, ya que existen 60 grupos étnicos de todo el país. También priorizó el trabajo legislativo, ya que los Derechos Humanos se deben ver como una forma de vida. Expuso que debe tener una segunda oportunidad, al tener una vocación docente y creer en la transformación de las personas. Entre sus propuestas: formar personal altamente capacitado. Comentó que cuando estuvo en la PDH dejó 22 programas, de los cuales ya no funciona ninguno, uno de ellos derivó en la recomendación relacionada con las personas desaparecidas.  Lorenzo Moreno Moreno. Reconoció no tener experiencia, “en cuanto a Derechos Humanos conozco poco”, pero explicó que intentaría aplicar la Ley. Enfatizó en los abusos a trabajadores agrícolas, menores a los que se niega acceso a la educación, la burocracia donde se promueve el compadrazgo  y los abusos de las autoridades de fuerza pública. Se consideró honesto y con los conocimientos básicos necesarios, por lo que podría contribuir a disminuir la violación a los Derechos Humanos. En cuanto a  su plan de trabajo, piensa que se  tiene que basar en objetivos y recursos con los que se trabaja, además de observar para que se cumpla la normatividad. Hacer cumplir los supuestos normativos que existen y, en relación a la estructura organizacional, tendría que conocer el reglamento interno para saber si pudieran hacer cambios técnicos. Fue una declaración del diputado Gustavo Sánchez, donde afirmó que no sería un botín político, lo que lo animó a participar.   

Divididos en dos bloques -uno matutino y otro vespertino-, los 21 aspirantes a encabezar la presidencia de la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparecieron ante los diputados del Congreso del Estado. Del total de solicitantes solo uno quedó fuera al no cumplir con los requisitos. El siguiente en la elección, le tocará a la Junta de Coordinación Política, y seguramente el jueves 21 de mayo será electo el titular del órgano de Derechos Humanos. Caldeados los ánimos entre los Legisladores locales, la CEDH aún no tiene perfil. Si al arranque de la PDH con Ernesto Ruffo Appel en el Gobierno Estatal, el organismo se perfiló para ser encabezado por miembros de la izquierda mexicana, más apegados a las luchas sociales; al paso del tiempo el Partido Acción Nacional, ya con 26 años en el poder, obtuvo para sí esa posición. Politizada la institución de Derechos Humanos, el PRI derrotado en Baja California y manejado por Fernando Castro Trenti, logró hacerse, en una cuota de poder para su partido y a cambio de votos para iniciativas de los gobiernos del PAN, de la selección del procurador de los Derechos Humanos entre otras posiciones –dos consejeros ciudadanos en la Judicatura, por ejemplo-. Pero fuera Castro Trenti, derrotado por Francisco Vega en 2013 y designado ese mismo año embajador de México en Argentina, el PRI en manos de Nancy Sánchez, dirigente estatal, y René Mendívil, líder de la fracción tricolor en el Congreso del Estado, ha ido perdiendo negociaciones. Hoy día el nombramiento del comisionado estatal de Derechos Humanos se ha vuelto una rebatinga política, donde no se ponen de acuerdo los panistas con los priistas, mucho menos con el PRD. La última consigna para unificar ánimos, habla del acuerdo para otorgar la CEDH a una mujer, y convertir la titularidad esa institución en una cuota de género, aun cuando la convocatoria se lanzó para que se inscribieran hombres y mujeres sin distingos de género. Así, con una historia politizada, los actuales diputados continúan por el camino del compromiso, los intereses y las negociaciones, una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nace viciada.

En el Hospital Militar en la Ciudad de México, al Teniente Coronel Julián Leyzaola, lo están revalorando. Los médicos de la Secretaría General de la Defensa quieren confirmar los daños causados por los tres balazos que el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana recibió en su cuerpo el viernes 8 de mayo, cuando sicarios lo atacaron en Ciudad Juárez. Una vez determinado el daño, iniciará terapia de rehabilitación. “Poquito a poco ya está mejor”, asegura una de sus hijas que le cuida en el hospital, y concluye: “Pero sí necesitamos más oraciones”. Fue precisamente la familia de Leyzaola, la que tramitó ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la atención al militar en el retiro. Ligado al Ejército aun fuera de la estructura, en los cargos de seguridad que ha ostentado, en todo momento Julián Leyzaola se ha coordinado con el Ejército, y laborado con ellos. Incluso y por seguridad, residía en cuarteles militares tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez. Desde su cama de hospital, dolorido físicamente, Leyzaola concede una entrevista vía telefónica a las editoras de ZETA: – Cómo está, Teniente… ¿Fuerte? “Pues quisiera más, pero no se puede”. – Pero dentro de todo… “Sí, sí, sí. Pues me pegaron estos canijos… a la mala, pues. Ah, pero yo creo que no lograron el objetivo”. – Lo agarraron con la guardia baja, Teniente. “Lo que pasa es que yo iba para Estados Unidos, yo iba con mi familia y pues no podía entrar con arma”. – ¿Y cómo sabían (que iba desarmado)? “Pues quién sabe”. – Usted normalmente andaba armado. “Siempre. Siempre ando armado. Y me rodearon; me rodearon, cuando me di cuenta ya tenía uno a un lado de mí, apuntándome a la cabeza y le jaló la primera vez, no tronó… y alcancé yo a hacérmele a un lado, le pegué con la mano, y volvió a cerrujear, y ahí sí me volvió a pegar. Como traía yo el bebé atrás, Diana se había bajado, se bajó a comprar dólares para cruzar. Viendo al bebé pues yo ya mejor me hice bola, pues que me pegara a mí, para qué pongo en riesgo al bebé”. – Teniente, ¿Usted no se dio cuenta antes de lo que lo hubieran estado siguiendo? “Fíjese que sí, hubo una. Antes de eso yo llevé al niño a la guardería, fue Día de las Madres, bueno, les festejaron el Día de las Madres y yo los llevé a ellos a la guardería y de ahí yo me fui a comprar, a cambiar un control de televisión que según esto no traía el código que yo buscaba y me fui al Home Depot. Cuando salí del Home Depot había dos patrullas de la Policía Estatal, fíjese. Me pareció raro porque casi nunca hay dos patrullas de la Policía Estatal ahí, pero bueno, normal, es un centro comercial. Salí del centro comercial y me volví otra vez allá donde estaban mis hijos, pasé por ellos, agarré por una avenida que se llama Gómez Morín, sobre esa avenida que va, se supone que da vuelta hacia donde da el Puente Zaragoza, que es para cruzar a Estados Unidos. Sobre la avenida esa, a un lado de mí iba otra patrulla de la Policía Estatal, atrasito, pues. Llegamos a un puente, yo di vuelta en el puente, a la izquierda para agarrar el Puente Zaragoza, ahí perdí la patrulla esa y, antes de llegar a las casas de cambio, vi que cruzó otra patrulla”. – ¿Estatal? “Sí, Estatal. Y ya. Crucé, me paré sobre la avenida, ¿no?, en lo que se bajó Diana a comprar los dólares; no me estacioné, me paré sobre la calle. Cuando me estacioné vi que enfrente de mí se paró un carro y atrás de mí se paró otro. Pero, insisto, como es una vía rápida y todo mundo se para a eso, seguí sin sospechar, ya de repente vi que se pasó corriendo una persona por enfrente de mi camioneta, de camiseta azul, sí lo vi bien, y yo venía hablando con mi hija por teléfono, con Indira. Cuando volteo hacia un lado, él mismo, que corrió para enfrente, ya lo tenía en la ventanilla del lado izquierdo, mía, fue cuando vi que ya me había apuntado e hizo el jalón. Digo, afortunadamente la primera vez no funcionó, porque si no, ahí me hubiera pegado en la cabeza. Vuelve a jalar y cuando jala, yo alcancé a escuchar que me dijo, me dijo así bien claro: ‘Mensaje del director Reyes’, me dijo”. – Y el director Reyes de dónde es. “Es el director de Policía de ahí de Juárez”. – ¿De la Municipal? “Ey”. – Sí andaba esa versión que algún jefe policiaco estaba implicado por unos detenidos… “Pues no sé, pero eso fue, eso yo lo escuché bien, me dijo ‘mensaje del jefe’, ‘del director Reyes’, ‘del Dire’, me dijo ‘mensaje del ‘Dire’ Reyes’ y le volvió a jalar. Ahí fue donde ya me pegó”. – ¿Sospecha entonces colusión de las policías Estatal y Municipal?, porque Reyes es de la Municipal. “Es de la Municipal, pero viene de la Estatal”. – ¿Él estaba en la Estatal cuando Usted se encontraba allá? “Sí. A ese policía yo lo corrí cuando yo llegué a la Policía Municipal, él era policía municipal comisionado de Tránsito, entonces yo llegué y lo corrí porque es un malandrín, pues, es un malandrinazo, entonces lo corrí y todavía cuando ya lo corro yo de ahí yo le dije… Supe después que se quería meter a la Policía Estatal y yo hablé con el Estado, y le dije ‘no lo dejen entrar, es un malandrín’, y lo dejaron entrar al final. Y la consecuencia fue ésa, lo dejaron entrar; pasa el tiempo, me salgo yo de la Policía y él llega como director de la Policía”. – ¿Y él lo amenazó en algún momento, Teniente? “No, fíjese que no”. – Y con qué grupo delictivo está este hombre… “Opera con ‘Los Aztecas’”. – Porque los detenidos dijeron que eran de “Los Mexistles”. “No sé. Yo sé que esta persona operó siempre con ‘Los Aztecas’”. – ¿Y Usted no había recibido amenazas? Previo a esto ¿qué le hicieron, Teniente? “Nada, nada, nada. Completamente nada”. – Y días anteriores, Usted ¿no se dio cuenta si lo seguían? “No, pues está canijo, porque ya sabe Usted que yo soy muy cuidadoso. En cuanto veo yo un carro dos veces, luego, luego le corto la ruta, ¿no? No, no, no. No sé. Realmente no sé qué pasó ahí”. – Parecía que sabían que Usted estaba desarmado, porque si Usted hubiera tenido un arma en ese momento… “No, no me pegan. No me hubiera hecho eso. Claro que no. Pero como iba yo hacia El Paso, o sea, cuando uno va para El Paso pues uno va desarmado”. – Esa vía solo lleva a El Paso, por donde Usted iba. “Ey. Esa vía sale directo a El Paso”. – Y la residencia en Juárez de Usted, ¿ya era permanente, Teniente? “No, fíjese, porque me la pasaba yo, ya ve que ando asesorando a un partido político, entonces me la paso yo en Baja California, me la paso en Jalisco, me la paso en Veracruz, en Guanajuato, en muchos estados, ¿no?” – Pero entonces tuvieron que ponerle cola prácticamente, ¿no? “Tuvieron que estarme cuidando antes. Sí”. – Cuando Usted estuvo allá, ¿afectó mucho con detenidos, con investigaciones a “Los Aztecas”? “Pues Usted sabe que cuando yo agarro, agarro parejo, pues yo no puedo decir le pegué más a éste o le pegué más a aquél, yo llegué a pegarles a todos”. – Incluidos los policías. “Ah no, claro. Al primero que le pego”. – O sea, estaba a tres fuegos. “Pues sí, diríamos”. – ¿Y ahorita qué le dijeron los médicos, Teniente? “Ahorita yo traigo tres impactos en la espalda, uno de ellos fue el que me dañó más, que me pulverizó la espina dorsal, ése es el que me está lastimando, que no puedo moverme, donde estoy entrando a rehabilitación, pues con ése. Lo demás, el otro me perforó un pulmón, parece que ya me pusieron sello, ya se arregló ese asunto, el otro me atravesó del lado a lado, está todavía alojado ahí la ojiva, pero sin problema”. – Teniente, y ¿ya rindió su declaración? “Fíjese que no. Parece que hasta a propósito lo hicieron porque cuando recién pasó esto, esto fue el viernes, el sábado me llegaron dos ministeriales dizque a tomarme una declaración inicial que realmente no fungió como declaración inicial, porque pues no pasó nada, ¿no? Me iban a mandar un MP para ampliar mi declaración y para dar en forma mi declaración, y no llegaron, parece que estaban esperando que yo saliera lo más pronto posible de allá para evitar el escándalo allá”. – ¿Se lo llevaron a México, por la seguridad? “Sí, creo que por la seguridad pero hubo tiempo para, no, yo sé, esto fue el viernes; sábado, domingo, lunes, martes, pues yo creo que una declaración preparatoria sí la hubiera podido sacar, pero no mandaron nada”. – Entonces, la gente que está ahorita en la Procuraduría, ¿es de confianza o no es de confianza? “No, claro que no. Desde luego que no. ¿La gente que está en la Procuraduría, allá, en la fiscalía?”. -Sí. Allá en Ciudad Juárez. “No, no, no, No, no. Nada de confianza, completamente. “Ellos lo que, yo creo que tenían la esperanza de que me sacaran lo más pronto posible de allá, para evitar un escándalo, y pues, bueno, salió una nota por ahí donde parece que el fiscal general de Chihuahua estaba diciendo que mi resultado, que el problema mío era resultado de un pleito de una mujer, que tuve en el Home Depot, imagínese”. -¿Ese mismo día? “Ey”. -¿Entonces no tiene confianza de que se haga justicia en Chihuahua? “No. Definitivamente. Allá no. Totalmente no”. -A los dos detenidos ¿no los conoce, no le suenan, no están ahí en sus archivos? “No. Fíjese que no. A ninguno de los dos. Yo reconozco a uno pues porque lo vi de frente. Desde luego que cuando me dijeron, los ministeriales que me los presentaron, éste fue, directamente se los dije, ‘éste fue el que me disparó’. Al final de la entrevista, el Teniente Coronel Julián Leyzaola, agradece y habla de sus necesidades: “Lo principal ahí es que se requiere el apoyo moral y espiritual, más que nada, ¿no? Gracias, mucho apoyo, siento mucho apoyo ahí de toda la gente. Viera, toda la gente está atenta, toda la gente está orando y no nada más orando, si se requiere de apoyo económico, de lo que fuera, la gente está siempre dispuesta a todo. Me da mucho gusto que tengan esa intención, ¿no?”. Después de la recuperación, dice, “sí tengo pensado regresar allá (a Baja California), y ya establecerme como gente normal, ¿no?”