Un ofreciemiento que va de los 150 a los 180 pesos por día, dependiendo de la capacidad de cada empresa agrícola, fue el monto que negociaron los dirigentes de la Alianza de Jornaleros Organizaciones con productores del Valle de San Quintín durante la mesa de negociaciones programada el 4 de junio y que al cierre de la presente edición continuaba desarrollándose. En medio de un clima encrespado después de toda suerte de especulaciones que empezaron desde el 14 de mayo pasado cuando la Secretaría de Gobernación se comprometió a traer una respuesta definitiva. La comitiva estatal y federal llegó al encuentro que se realizó en el salón Santa Isabel de San Quintín, con propuestas de última hora que fueron rechazadas por los trabajadores del campo por lo que se entrampó prologándose por más de siete horas. La fecha pactada inició con un episodio violento. El jueves por la mañana un camión que trasladaba a seis jornaleros a los campos de trabajo fue sorprendido por un grupo de personas al pie de la carretera Transpeninsular que trataron de detener la unidad, pero como el chofer se resistió y aceleró, fueron agredidos y con piedras quebraron vidrios y lastimaron a dos de los ocupantes. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recibió el reporte, pero no hubo detenidos. El primero en llegar a la reunión fue el padre Alejandro Solalinde, quien sin dar declaraciones a la prensa ingresó al recinto donde se llevó a cabo la cita, junto con los líderes de la alianza con quienes hizo un previo recorrido por colonias en las que se concentra la comunidad jornalera como Lomas de San Ramón, Nueva San Juan Copala y 13 de mayo, esta última donde el pasado 9 de mayo se registraron enfrentamientos entre elementos de la policía estatal y habitantes de la comunidad supuestamente infiltrados en el movimiento. Minutos antes de iniciado el encuentro fuentes del gobierno municipal estaban en el entendido de que se trataba de una reunión de mera formalidad en la que solo se anunciaría la aprobación del aumento salarial, no obstante, en esos momentos el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, aún estaba en una ríspida cita con los principales patrones agrícolas que persistían en su posición de un no al incremento salarial.     Y es que el tema de San Quintín se ha polarizado tanto y  permeado a todos los sectores, que las últimas semanas se habían caracterizado por un enfrentamiento entre particulares que están en pro o en contra del movimiento, y que en las redes sociales ha tenido su mayor desfogue. Con marchas civiles en San Quintín exigiendo un alto a los disturbios y con los voceros de los jornaeros  yendo y viniendo a la Ciudad de México, los dichos y desdichos de los patrones agrícolas, y la indiferencia del gobierno federal que como lo ha venido haciendo confirmó hasta último minuto  la visita. Frente a la amenaza de boicotear la elección del 7 de junio, el sector empresarial, las autoridades electorales y otros organismos pedían el cambio de fecha de la reunión, pero un día antes de la cita, Fidel Sánchez, uno de los líderes confirmaría el encuentro con subsecretario de Gobernacion Luis Miranda Nava en el dìa y lugar pactado. Respecto a las expectativas a la respuesta al salario mínimo de 200 pesos, Fidel expresaría: “Somos muy optimistas de que habrá buenas respuestas, esperemos no equivocarnos como en otras ocasiones”. David Rodríguez García, consejero presidente del El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que existe “una situación de riesgo latente” y que los mismos funcionarios designados en las casillas tienen temor de lo que sucederá entre jornaleros, servidores públicos y empresarios agrícolas.  “Estaremos atentos a lo que nos corresponde hacer nosotros. Estamos supereditados a lo que ocurra el 4 de junio, no somos actores, no entramos en las discusiones, pero nos hemos convertido en moneda de cambio”. Mencionó que la seguridad será la misma respaldada por elementos militares.  “No vamos a tener mártires, si la seguridad no está garantizada”. El traslado de la paquetería como boletas actas y sellos se realizó sin contra tiempos el martes 2 de mayo bajo un fuerte dispositivo de seguridad por la Secretaría de Marina.     Especulación sobre las elecciones   Debido a los rumores sobre un posible boicot a las elecciones intermedias del 4 de julio, el dirigente de la alianza, Fidel Sánchez Gabriel, se deslindó de los resultados de la misma y responsabilizó a los contendientes de los diferentes partidos políticos de las consecuencias. “La elección no depende de lo que suceda el 4 julio en San Quintín sino de los candidatos y lo digo con todas sus letras, la alianza es una organización, no un partido polìtico, ni candidatos, ni dirigentes de ningùn partido, la elección depende de sus candidatos y sus partidos, y la respuesta que vamos a tener es del, voto o no voto”. Dijo que los integrantes están a disgusto con el comportamiento de los diputados locales que les han dado la espalda, como el legislador Marco Antonio Novelo Osuna y el federal Ricardo Medina Fierro, ambos de extracción priista. El delegado de gobernación en Baja California, José Luis González Ibarra, fue cuestionado antes de entrar a la asamblea sobre la factibilidad de unas elecciones sin contratiempo: “sí hay condiciones para la elecciòn”. Y respecto a los resultados se limitó a contestar “vamos a tener un buen final”, e ingresó apresuradamente al edificio. El total, el 24 por ciento del electorado del municipio de Ensenada se encuentra en las zonas desde Punta Colonet, al Paralelo 28. Se calcula que son 70 mil ciudadanos los que pueden ejercer el voto en la zona sur en 121 casillas.  

Sin discusión y después de una sesión que se había extendido por más de doce horas –que incluyó temas como la designación de la nueva titular de la Comisión de Derecho  Humanos o las reformas a la Ley del Notariado– la tarde del jueves 21 de mayo los legisladores locales aprobaron dos dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para endeudar al estado por 2 mil 388 millones de pesos. Fueron mil 700 millones de pesos para refinanciamiento del llamado “crédito japonés” para inversión en infraestructura hidráulica; y los otros 688 millones serán para la implementación en la entidad de lo que falta del Nuevo Sistema de Justicia Penal. La aprobación se dio en sospechosas condiciones legislativas. Primero, la revisión y votación de los créditos fue “sorpresiva”, el diputado René Mendívil aseguró que el tema no estaba en el orden del día. Además, los aprobaron sin analizar y estar debidamente informados, porque el dictamen les llegó menos de 24 horas antes de que lo presentaran apresuradamente en el pleno: Y se sometió a votación, cuando por lo menos 11 legisladores habían decidido dejar de cumplir su responsabilidad, y abandonar la sesión Cuando se aprobó el endeudamiento, solo había 14 de los 25 diputados que conforman la actual legislatura, apenas los votos necesarios para aprobar la propuesta. Pese a que René Mendívil coordinador de los tricolores asegura que la bancada rechaza los endeudamientos, los documentos muestran, que él ni siquiera estuvo presente en el proceso, y que los tres priistas que sí votaron, lo hicieron a favor. Al final, con presencia o ausencia, todos facilitaron esté manejo onerosos de los recursos del estado.      Poco claro   La petición para en endeudamiento vino a través de dos dictámenes, turnados apenas un día antes –con fecha del miércoles 20 de mayo— desde la Secretaría General de Gobierno. Uno es el Dictamen 175 por medio del actual se autoriza al Ejecutivo para gestionar una línea dc crédito por 688 millones 768 mil 615 millones de pesos ante Banobras “para financiar el costo de inversión pública relativa a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”. El otro dictamen relativo a la deuda fue el 176 de la misma comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se solicita la aprobación para un crédito ante Banobras por 1 mil 700 millones de pesos –que involucra a las tres comisiones de agua– para sustituir la deuda que se tiene en UDIS del llamado “Crédito Japonés” generado hace 15 años para obras de saneamiento en la entidad, que originalmente fue por 12 mil 896 yenes (unidad monetaria japonesa), en donde el estado fungió como “garante y deudor solidario”. De acuerdo al diputado Gustavo Sánchez –coordinador de la bancada azul– en este tipo de créditos hay un esquema de “Bono Cero”, donde la Federación paga el capital y los estados los intereses. En el caso del crédito japonés refiere que se trató de un crédito original de 1 mil 300 millones de pesos –cerca de 12 millones de yenes–, pero al traducirse en dinero hacia México, se contrató en UDIS –que en aquel tiempo, en el 2001, se consideraba de beneficio— con el financiamientos la deuda queda en pesos, lo que significara el primer año un ahorro de 62 millones de pesos y con tasas de interés más blanda. “Es una reestructura, no es deuda nueva para el estado, Hacienda solicitó que si se iba a transformar a pesos hubiera una autorización del Congreso local”. Sobre lo que significa numéricamente la ganancia inmediata de la reestructuración, ni Sánchez ni la diputada panista Rosalba López Regalado pudieron dar un dato exacto, ya que –aseguran— no existe como tal hasta que se concrete el crédito y se haga la reestructura, al tipo de cambio con yenes. Pese al apoyo de sus tres compañeros del PRI al crédito, el coordinador priista ausente de la votación, René Mendívil, insistió públicamente en que su partido tiene “reservas” respecto al endeudamiento del gobierno de Francisco Vega, porque aún no saben qué se hizo con los recursos de los primeros créditos a probados a esta administración Pero recordó que en términos de la Ley de Deuda Pública se establece un parámetro de hasta un diez por ciento del presupuesto anual de egresos para tener como deuda, y Baja California anda cerca del 4.26 por ciento. “Si bien están dentro de los márgenes, es claro que para efectos de saneamiento genera mucha incertidumbre respeto al destino del propio recurso”.   La justificación   A través de un comunicado de prensa el gobierno estatal emitió su postura sobre el tema el 2 de junio: “El Gobierno de Baja California implementa una política financiera enfocada en optimizar los recursos públicos, que contempla la reestructuración de deuda y la ejecución de proyectos de inversión que permitan fortalecer su estructura de servicio y el trabajo de diversas dependencias estatales en favor de los ciudadanos. “…esta estrategia financiera no significa nueva deuda pública, es todo lo contrario, son mejores condiciones del pago de esta deuda existente desde hace 14 años y que tendrá ventajas evidentes: mejoría sustantiva en la tasa de interés, del perfil de vencimiento, y de la exposición al riesgo inflacionario”. ZETA solicitó entrevista en la Secretaría de Finanzas para aclarar, qué porcentaje de los créditos es deuda nueva y cuál refinanciamiento, porque los diputados que aprobaron la deuda no supieron explicarlo. Pero no hubo respuesta del gobierno. En la página oficial del Gobierno del Estado se anota que, hasta octubre del 2014, entre deuda indirecta y directa el gobierno bajacaliforniano suma una deuda de 16 mil 486 millones de pesos. “En caso de que se lleve a cabo ese endeudamiento, Vega va a convertirse en el Gobernador que más deuda tiene en el menor tiempo”, sostiene  por su parte Roberto Valero, ex director del Centro de Estudios del Sector Empresarial en Mexicali.     Votaciones 13 votos a favor del dictamen 175 para  aprobar el Crédito de 688  millones 768 mil 615 pesos para el NSJP incluidos 3 del PRI, el líder de la bancada René Mendívil no estuvo presente. Dip Margarita Macrina Corro Arámbula (PRI) Dip. Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez (PES) Dip. Fausto Gallardo García (PVEM) Dip. David Ruvalcaba Flores  (PRI) Dip. Rosa Isela Peralta Casillas  (PAN) Dip. Juan Manuel Molina García (MC) Dip. Gustavo Sánchez Vásquez (PAN) Dip. Mónica Bedoya Serna (PAN) Dip. Julio César Vázquez Castillo (PT) Dip. Rosalba López Regalado (PAN) Dip. Irma Martínez Manríquez (PANAL) Dip. Laura Luisa Torres Ramírez (PRI) Dip. Francisco Alcibíades García Lizardi (MC) Para el dictamen 176 relativo a la refinanciación del  Crédito Japonés se sumó el voto del panista Cuauhtémoc Cardona,  y fueron 14 a favor, el resto de los legisladores incumplió con su obligación de estar presentes en la sesión.

La familia Valencia, la de Eligio Valencia Roque, propietario entre otros negocios del periódico El Mexicano, ha recibido en las últimas tres semanas, por lo menos dos amenazas. A pesar de que una de las alertas criminales fue dejada junto a tres cabezas decapitadas, y otra en una bolsa acompañando el cuerpo de un hombre herido, ni del diario El Mexicano, ni de la familia Valencia, ha habido un posicionamiento al respecto. En entrevistas extraoficiales, ZETA fue enterado que tampoco presentaron denuncia contra quien resulte responsable, ni alertaron a organismo alguno de defensa de la libertad de expresión y de los periodistas. De hecho, de las amenazas y el asesinato de un hijastro de Eligio Valencia Roque, no se publicó información en El Mexicano. En efecto, presuntos miembros del narcotráfico, a saber de las autoridades en el Estado, del lado del Cártel Arellano Félix, han enviado mensajes. Un cartulina con amenazas a un allegado al diario, una narcomanta con amenaza directa, y el asesinato del agente del Ministerio Público, Omar Fernando Vázquez Hidalgo, a decir de los trabajadores del diario, hijastro del también líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Con los mensajes de los criminales a los propietarios del diario, la autoridad, aun sin investigación oficial, ha ido armando una historia que gira alrededor de jóvenes ligados a bandas de narcotraficantes y policías corruptos. Destacan tres nombres: Eligio Valencia López, Iván Villegas y Omar Fernando Vázquez Hidalgo. Además, las ligas de éstos con funcionarios del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, como Roberto Karlo López y Antonio Valladolid, coordinador de Comunicación y secretario de Finanzas, respectivamente, quienes dada la fraternidad con Eligio Valencia Alonso y su padre, habrían intercedido ante la Procuraduría para velar por la seguridad de los referidos posterior a la amenaza. Otra parte de la investigación indica que en 2014, Francisco Vega de Lamadrid, tanto los Valencia y colaboradores del gobernador, como Valladolid, intercedieron para la contratación de Vázquez Hidalgo como agente del Ministerio Público, luego de que había sido policía ministerial y detenido en 2009 por sospechas de nexos con el narcotráfico. El cuadro de relaciones peligrosas entre policías corruptos, periodistas, políticos y funcionarios, culminó en mayo de 2015 con las amenazas a los Valencia, el asesinato del agente y el autoexilio de Eligio Valencia López hacia los Estados Unidos, adonde llegó con la protección de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, a petición de cercanos al mandatario Vega de Lamadrid y la familia de Eligio Valencia Roque. De la salida de Valencia López del país, aun cuando ocupa la suplencia de una candidatura a diputado federal, la dirigente estatal del PRI -partido al que pertenece y representa Valencia- Nancy Sánchez, dijo a ZETA: “Como dirigente, como partido, lo que puedo decir es que ahí están las autoridades, que investiguen, es un tema muy delicado, a mí no me corresponde, ni a mí ni al partido. “Preocupación tengo, por supuesto, pero no me compete a mí emitir ninguna declaración, es algo delicado y la autoridad primeramente debe brindar protección y hacer la investigación pertinente”, remató la también ex compañera de fórmula de Eligio Valencia cuando, en 2012, contendió2 por la candidatura a senador.   Los narcomensajes   El 13 de mayo de 2015, personas no identificadas abandonaron una hielera con tres cabezas humanas decapitadas en la Macroplaza. Junto al fatal hallazgo, los investigadores del Estado localizaron un mensaje del narcotráfico en unas cartulinas color verde fosforescente. Decían: “SIGUES TU JABAS, MARION, GRIEGO, JACK LES VA A PASAR LO MISMO POR CORRIENTES MATA INOCENTES SE LA VAN A PELAR LA VERG… CON LA GENTE ARELLANO MEJOR VALLAN Y PIDANLE DINERO A SU PAPI AQUILES PINCHES MUERTOS DE HAMBRE SI FUERAN TAN VERG… ESTUVIERAN AQUÍ EN TIJUANA ERES IGUAL Q TU HERMANO PINCHES NARCOS DEPRIMIDOS ESTO LE PASARA A TODOS LOS JOTOS Q ANDEN CON UDS. INCLUYENDO AL PERIODISTA IVAN VILLEGAS AL Q LE PAGAN PARA QUE NO SALGAN LAS BAJAS ATT. LOS VERDEROS DUEÑOS DE LA PLAZA EL CAF SIGUE MANDANDO”. A ZETA se comunicaron representantes de organismos de defensa y protección de los periodistas de Estados Unidos y México, para preguntar quién y dónde trabaja el “periodista Iván Villegas”. Tanto en las indagatorias de reporteros de este Semanario, como en las de corporaciones policíacas y de investigación de Baja California y Tijuana, no se localizó a periodista o reportero con el nombre de Iván Villegas en medios de la localidad. Posteriormente fue público, a partir de una fotografía en redes sociales, que se trataba de un cercano a Eligio Valencia López, el hijo de 23 años de Eligio Valencia Roque, quien fue Regidor en Rosarito y delegado de la Zona Centro en el mismo municipio. En la gráfica aparecen de pie, frente a la enorme bandera que preside la tribuna de la Cámara de Diputados federal, cuatro jóvenes, de los cuales se identifican tres: Eligio Valencia López, Iván Villegas y Fernando Vázquez Hidalgo. El primero ya fuera del país por protección de su padre, el segundo amenazado por el narcotráfico y el tercero, asesinado el jueves 21 de mayo.   Dos narcomantas   El mismo jueves 21 de mayo a las 5:30 pm, se reportó el asesinato de un joven en la calle Piña de la colonia Felipa Velázquez. El muerto traía documentos y fue identificado como Alfredo Bravo Kino. Su cuerpo quedó tirado boca abajo, a un costado de un pick-up blanco. Testigos solo reportaron haber visto huir a un joven que parecía menor de edad, vestido de color negro. En la  escena los investigadores encontraron ocho casquillos calibre 9 milímetros. Y les informaron que una persona había entregado a la familia del joven asesinado, una bolsa, que a su vez, éstos entregaron a los investigadores. La bolsa, tipo las que proveen en los mercados y tiendas de autoservicio, contenía una manta de 1.50 metros de ancho por 4.32 metros de largo, en la que se lee:  “QUE? EMILIO VALENCIA DEL PERIODICO EL MEXICANO Tampoco vas a sacar esta noticia ??????? poco con la miseria que te da a tu compadre AQUILES vas a salir del hoyo sigues tú y saca todas las bajas de esas lacrotas para que miren su gente ATT CTNG PRESENTE”. Pasadas las ocho de la noche del mismo día, dos horas y media después, un nuevo reporte: balazos en la colonia Maestros al Sur de Tijuana. En el lugar, policías encontraron herido a Omar Miramontes González, de 31 años; un hombre que había sido detenido en cinco ocasiones por robo de vehículo. Tenía heridas en los hombros y le habían disparado seis balas calibre 9 milímetros. Sobrevivió. Al ser interrogado, Miramontes explicó que esa noche estaba lavando su vehículo cuando desde afuera del cerco de su casa le habló una persona por su nombre: Omar; que él dio dos pasos hacia su interlocutor y se acercó. Parado de frente, el otro hombre plática con él durante alrededor de siete minutos, a pesar de que declara que nunca lo había visto ni lo conocía. Lo describió como persona de tez blanca, delgado, como de 25 años. Ya en la plática -de la cual no refirió el tema-, Miramontes preguntó al desconocido, “¿Quién te mandó?”, a lo que su atacante respondió: “Que estamos cortados con la misma tijera, aquí te mandaron una bolsa, si quieres te la pongo aquí para que veas que no traigo nada”. Dijo a los investigadores que volvió a preguntar “¿Quién te mandó?”, pero el hombre no contestó. Solo escucho balazos y empezó a sangrar. En el lugar, las autoridades localizaron otra manta de amenaza a los Valencia, exactamente igual a la anterior: “QUE? EMILIO VALENCIA DEL PERIODICO EL MEXICANO Tampoco vas a sacar esta noticia ??????? poco con la miseria que te da a tu compadre AQUILES vas a salir del hoyo sigues tú y saca todas las bajas de esas lacrotas para que miren su gente ATT CTNG PRESENTE”. Concluyen los policías investigadores, que se trata de un Eligio Valencia y que el nombre Emilio fue un error como los muchos que aparecen, a veces de manera intencional, en las narcomantas. Y que por Aquiles, se refieren a Alfonso Arzate Arteaga “El Aquiles”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa, y enemigos criminales del CAF y ahora del Cártel Tijuana Nueva Generación. Al análisis del mensaje se desprende que las publicaciones del El Mexicano no estarían informando de las bajas en el Cártel de Sinaloa. Lo que sí fue cierto, es que de la aparición del narcomensaje en cartulina, de las dos narcomantas y del asesinato de Vázquez, no hubo publicación en el diario propiedad de Eligio Valencia Roque, presidido por Eligio Valencia Alonso, y donde los criminales identificaron al político priista Eligio Valencia López.   Tres afrentas en un mismo día   El jueves 21 de mayo, la familia Valencia recibió tres afrentas: 1. Una narcomanta en la colonia Felipa Velázquez. 2. El asesinato de Omar Fernando Vázquez Hidalgo, a quien en el periódico identifican como hijastro de Eligio Valencia Roque. 3. Una narcomanta en la colonia Maestros. Ante los hechos, ningún miembro de la familia Valencia denunció los hechos ante la PGJE, Procuraduría General de la República (PGR) u organismo de defensa de periodistas alguno. Lo que sí hicieron, a través de los colaboradores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, fue solicitar protección de la Policía Ministerial para que el menor de ellos, Eligio Valencia López, fuera trasladado hacia la garita para cruzar a Estados Unidos y permanecer allá, protegiendo su integridad física. La conclusión de la familia en referencia a que se trataba de Eligio Valencia López -el mensaje del narco dirigido a “Emilio Valencia”-, se debe a los hechos ocurridos anteriormente, cuando señalaron a su amigo Iván Villegas, a la fotografía que apareció de ambos, acompañados de Vázquez Hidalgo.   Asesinan a “La Barbie”   Los ataques iniciaron a las tres de la tarde de ese jueves 21 de mayo. En la escena del asesinato de  Omar Fernando Vázquez Hidalgo “La Barbie”, las autoridades localizaron un video que muestra que en el ataque participaron por lo menos tres sujetos que iban en una camioneta tipo panel. Se observa que van al frente de su víctima en el paso vehicular que solo permite la circulación  de un auto a la vez,  y se dirige del crucero de la “5 y 10” hacia el Libramiento, rumbo al Sur de la ciudad. Justó cuando Vázquez ya no podía maniobrar para salir -y ellos tenían el camino libre al frente-, frenan y lo obligan a hacer lo mismo. Bajan dos sujetos -uno vestido con camisa de camuflaje-, pero solo uno le dispara. Las balas entran de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, después los homicidas suben al auto y huyen. Minutos más tarde se encontró una camioneta Ford Aerostar blanca, en las inmediaciones de la delegación Margarito Saldaña. Dentro había un arma calibre 38 -el asesinato se perpetró con una 9 milímetros- y una chamarra de camuflaje. Un testigo dijo a la Policía que vio correr a un hombre rumbo al Grupo México, comunidad ubicada del otro lado de la vialidad y hacia allá se dirigieron; después detuvieron a un sujeto que presentaron como sospechoso. Era el dueño de la panel. El individuo negó la propiedad de carro y su participación en los hechos, según su padre, lo sacaron de su casa cuando se estaba bañando. Ya en la PGJE resultó negativo a la prueba de Rodizonato y, al compararlo con el video, no coincidía con las características físicas de los atacantes de Vázquez. Desde 2014, la víctima Omar Fernando Vázquez Hidalgo se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo Penal. En sus declaraciones a la prensa, la procuradora Perla Ibarra informó que después de consultar los archivos en su función pública “no estaba  llevando ningún caso relevante”, con lo cual se desestima una línea de investigación por el lado laboral.  Extraoficialmente, elementos de la Procuraduría informaron que no era un empleado ni asiduo, ni aplicado a su trabajo. “No se le veía mucho”. Había llegado a ese cargo por recomendaciones de Eligio Valencia Roque a un secretario, y éste, a su vez al gobernador del Estado. En la Procuraduría lo identifican como “un aviador, no trabajaba, no se presentaba y, cuando venía, no tenía intención de hacer algo o aprender la labor ministerial”, refirieron a ZETA. Vázquez Hidalgo fue ministerial hasta 2005, renunció cuando empezaron a investigarlo junto a un grupo de policías que, se presumía, servían al Cártel Arellano Félix. En 2009, mientras trabajaba en el Ayuntamiento de Tijuana -también por recomendación de Valencia-, fue detenido con droga por la Policía Estatal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública lo señaló por sus nexos con el crimen organizado, pero salió libre en menos de 48 horas, sin cargos, cuando los propietarios del diario El Mexicano y la autoridad municipal intercedieron por él. En 2014, Omar reingresó a la Procuraduría del Estado como agente del Ministerio Público, para lo cual “aprobó todos los exámenes de confianza” informó la procuradora. Al cierre de esta edición, ningún miembro de la familia Valencia había interpuesto una denuncia o solicitado el apoyo de organismos de defensa de periodistas.       

Es el poniente de la ciudad de Mexicali, específicamente en Valle de Puebla, una zona en donde se concentra el 20 por ciento de los delitos del municipio y que mantiene un alto índice de robo a comercio.  En este entorno se dio el asesinato del agente ministerial adscrito a la unidad de robos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Carlos Fabián Torres García de 27 años de edad, dos ladrones armados lo balearon. Ambos sujetos ya estaban identificados por la autoridad estatal porque se les vincula con otros robos violentos en la misma zona. Eran las 9:15 de la mañana del martes 26 de mayo del 2015 cuando dos empleados de una casa de cambio “El Rey centro cambiario” ubicada en el fraccionamiento Valle de Puebla se preparaban para abrir el negocio, en ese momento dos sujetos con armas cortas se les acercaron y los amagaron con matarlos si no abrían la caja fuerte que tenía las ganancias del día anterior. Los trabajadores se opusieron a entregar el dinero por lo que los asaltantes les dispararon, una bala para cada uno de los empleados que quedaron tirados en el suelo, mientras sus victimarios huían en una camioneta Jeep Gran Cherokee azul con placas de circulación de Baja California AKU-36-83 sin reporte de robo hasta el momento. Los 2 heridos que recibieron disparo en el abdomen fueron identificados como Raymundo Gallegos Martínez de 21 años y Santiago García de 47 años, y fueron trasladados al Hospital General, García aún se encontraba en estado delicado en el último reporte médico, al cierre de la edición. Los dos ladrones, se dirigieron rumbo a la carretera a San Luis Río Colorado y ahí fueron interceptados por el agente Torres García, quien fue sorprendido, al intentar detenerlos le dispararon logrando 2 impactos, uno el abdomen y el otro en una pierna del ministerial. El agente de la PGJE  alcanzó a disparar en 2 ocasiones su arma de cargo pero no fue suficiente para repeler la agresión, herido, pudo pedir apoyo por la frecuencia de radio, por lo que rápidamente llegaron agentes municipales, inmediatamente después lo subieron a la patrulla y lo trasladaron hasta el Hospital General de Mexicali, no alcanzó a llegar al nosocomio, fue declarado muerto a las 10 de la mañana. Un operativo se implementó inmediatamente en el Valle de Mexicali hasta el ejido Querétaro en donde fue localizado el vehículo de los ladrones, ahora homicidas.   Los agresores   Una de las versiones apunta a que elementos municipales localizaron el vehículo en las inmediaciones del Ejido Michoacán de Ocampo, por lo que se inició una balacera en la zona, pero huyeron hasta una calle ubicada enfrente de la Secundaria 26 “Emiliano Zapata” en el Ejido Querétaro y de ahí buscaron escapar pie tierra. En la zona, la Policía Municipal  detuvo a tres personas, pero dos fueron liberadas inmediatamente al no encontrarse elementos que pudieran relacionarlos. Los uniformados traían la descripción física, porque fueron video grabados por cámaras de seguridad de la casa de cambio. En el tercer caso, el detenido fue Francisco Javier Zaragoza Cortez, a quien localizaron escondido  sobre un árbol en las proximidades donde fue abandonada la camioneta Jeep Grand Cherokee azul con placas de circulación AKU-36-83 de Baja California. Aunque hasta el momento no se le ha fincado responsabilidad por la muerte de Torres García, el detenido fue consignado por narcomenudeo con el fin de ganar tiempo para tal fin.  El titular de la Policía Municipal, Alejandro Monreal, confirmó la detención de una persona, y agregó que aún continúa la búsqueda del otro presunto responsable. El subprocurador contra la Delincuencia Organizada, José María González Martínez detalló  que en la casa de cambio recabaron 3 casquillos calibre .9 milímetros. De la intervención del agente ministerial, González afirmó que cuando los ladrones huyeron del negocio que intentaban asaltar, recibieron un reporte al número de emergencias 066 por lo que Torres García estaba enterado y al encontrarlos de frente le dio seguimiento a la unidad donde viajaban los asaltantes, fue en ese momento que le disparan en 7 ocasiones. A la 1:30 de la tarde del mismo día del asesinato del ministerial, el subprocurador indicó que los 2 agresores se encontraban identificados, además de que habían ubicado un arma de fuego aunque desconocían si tenía relación con los hechos. También consultado respecto a la intervención del fallecido ministerial, el subprocurador de zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador explicó que el agente se encontraba en labores de investigación sobre otros hechos, por lo que se mantenía en la zona. También reconoció que Torres García se encontraba viajando y trabajando solo, debido a que su compañero está incapacitado por motivos de salud. En cuanto a la ausencia del chaleco antibalas en el agente, dijo desconocer por qué no lo tenía pero aseguró que tenía asignado el equipo completo de seguridad. González Martínez intervino y explicó que una de las causas podría ser que por comodidad los agentes suelen quitárselo y otro motivo podría ser el exceso de peso que presentaba el ministerial, por lo que no descartó la versión de que no le quedaba.   Sobre el agente Torres García   El agente de la PGJE, Carlos Fabián Torres García inició en la corporación policiaca el 24 de marzo del 2000 en Tijuana, estuvo comisionado a la unidad antisecuestro y luego fue trasladado a Mexicali a la unidad de robo de vehículo, posteriormente pasó a la unidad de robos comisionado a González Ortega en donde finalmente perdió la vida. El 7 de agosto del 2013 fue detenido junto con su hermano Ricardo Damián por elementos de la Policía Estatal Preventiva en posesión de 4 armas de fuego, cartuchos, viajando en una unidad sin placas de circulación y manejando a exceso de velocidad, sobre la carretera a San Luis Río Colorado. Tanto el agente ministerial como Ricardo Damián se habían opuesto al arresto pero al final agentes estatales lograron detenerlo, ahí se le encontró 2 armas calibre .22 además de otras 2 calibre .9 milímetros y 30 cartuchos útiles, estas últimas eran de cargo, pero las traía consigo fuera del horario de trabajo. En su momento la misma PGJE afirmó que el agente fue suspendido de su labor para iniciar el procedimiento de remoción, sin embargo esto no lo retiraron del servicio. Respecto a este tema, el subprocurador contra Delincuencia Organizada afirmó que tanto la Visitaduría como la PGR encontraron al agente sin responsabilidad por lo que el expediente fue archivado y no contaba con antecedentes penales.   Zona caliente   El director de la policía municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega afirmó que el 20 por ciento de los delitos que se cometen en el municipio corresponden a la zona poniente de la ciudad, específicamente en las 8 secciones de Valle de Puebla, antes la zona alcanzaba el 28 por ciento de la incidencia. “Es una comunidad en la cual sí ha habido un aumento en cuestión de robos con violencia, en el mes pasado de marzo se registró un aumento de 9 por ciento de aumento comparativos al 2014, en abril hubo una disminución al 2 por ciento, o sea gracias a las estrategias que estuvimos realizando en esa área, yo creo que el trabajo de coordinación es lo que hay que resaltar en esta zona principalmente”, afirmó Noriega. Comentó que la mayor incidencia en la zona son delitos del fuero común, pero afirmó que también existen detenciones, además de se está realizando trabajo reactivo más que preventivo. Hizo un llamado a los jueces de garantía para que sean más severas las medidas cautelares a las personas detenidas y no salgan bajo condición de firmar cada semana como en muchos de los casos que se han presentado. Indicó que hasta el momento no se ha encontrado la conformación de bandas organizadas, ya que muchos de los montos que son robados son entre 200 y 300 pesos principalmente, incluso sin armas de fuego. El titular de la DSPM explicó que en el 60 por ciento de los robos son con armas blancas, el restante son armas de fuego calibre .22, .25, .32 y .38, que son las más comunes en las aseguraciones. 

En un escenario de aparente desigualdad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) acordó el 2 abril del 2015 racionar la cuota de captura de atún aleta azul o “bluefin”, de 5 a 3 mil toneladas, para repartir entre tres grandes empresas exportadoras de Ensenada. Al mismo tiempo castigó a pescadores deportivos que solo pueden “capturar y liberar” la especie. El decreto firmado por el titular de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, y publicado en el Diario Oficial de la Federación  (DOF), deja mal parado al Secretario de Pesca del Gobierno del Estado (Sepesca), Matías Arjona Rydalch, a quien acusan de tener intereses personales en la nueva disposición al formar parte del consejo directivo del rancho atunero Acuacultura de Baja California, una de las tres que tendrán derecho a extraer aleta azul. El tonelaje de captura se repartirá entre las concesionarias Acuacultura de Baja California, Servax Bleu y la empresa de Estados Unidos y Baja Aqua Farm. Aunque oficialmente el titular de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), Mario Sánchez Aguilar no reveló de cuánto es la cuota por empresa se sabe que dos barcos atuneros pidieron despacho a Capitanía de Puerto para salir a capturar, y se espera la llegada de otros dos en el curso los siguientes días.   Según el cálculo científico, el 84 por ciento del daño a la población de atún aleta azul lo hace Japón y Corea, que año con año mata entre dos y tres millones de atunes, de los cuales más del 80 por ciento son organismos de aproximadamente 30 centímetros de longitud o dos kilogramos y medio.   Origen de la cuota Michel Dreyfus León, encargado del Fideicomiso de Investigación para el Desarrollo del Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y Protección de Delfines (Fidemar) explicó que el atún aleta azul, del Pacífico norte, es un recurso pesquero compartido que se distribuye tanto en el Pacífico occidental, en Japón, Corea, Taiwán, así como en Estados Unidos con un poco de pesca deportiva y comercial en California, así como en Baja California.    Las dos vías –occidente del Pacífico y la parte oriental– son operadas por dos organizaciones internacionales de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), donde sobre las medidas de manejo para esta zona México tiene acuerdos para discutir y aprobar en el seno de la comisión medidas para los atunes, en este caso las vedas del atún aleta amarilla. En este caso, el aleta azul tiene la particularidad que comparte con dos áreas y dos comisiones y si una toma medidas diferentes a las locales, deriva en conflictos que a su vez generan un problema de manejo. La cuota, abundó el investigador, surge después de realizar varias evaluaciones del recurso a través del Comité Científico Internacional para Atunes y Peces Afines del Pacífico Norte.  “Ahí es donde nos reunimos científicos de estos países, con la información, datos que generamos e indicadores de abundancia, que iniciamos en el 2006, cuando uno de los resultados fue que el recurso estaba sobreexplotado” En esa época empezaron a surgir medidas de manejo; en 2001 se empezó a fijar para Ensenada una cuota 5 mil toneladas por año. No obstante en el 2012 se realizó otro estudio que arrojó resultados desfavorables para la industria, “el recurso está sumamente sobreexplotado y necesitamos medidas más drásticas”, calificó. Los atunes se reproducen en verano y en aguas al sur de Japón, entre Taiwán y Japón, donde crecen las lavas hasta convertirse en juveniles pero algunos de un año de edad migran al mar de Baja California, regresando a los 2 o 3 años de edad. Para el científico, si México respeta las medidas los primeros resultados se verán en el 2018, pero depende de varias cosas, sobre todo que lo que hagan el resto de los países como Estados Unidos y Japón. “Si no hacen los suficiente del otro lado, todo este atún que no pescamos en México al fin de unos años migra y regresa a Japón, y si allá sí lo van a pescar, único que estaríamos haciendo es beneficiar a la pesquería japonesa en lugar de beneficiar el recurso, por eso necesitamos el mismo nivel de fuerza”, puntualizó. Se calcula que los estadounidenses dedicados a la pesca deportiva extrajeron 800 toneladas de “bluefin” en el 2014.  Lo que equivale al 15 por ciento de la cuota anual para México.   Desacatan pescadores decreto Para Sergio Palafox Maldonado, representante de Armadores de Pesca Deportiva en Ensenada, la nueva reglamentación de “capturar y liberar” es como jugar un partido de fútbol “donde después de varios minutos de partido, a la hora de meter el gol, pateas hacia atrás el balón para dejar ir el triunfo”. Para pescar un ejemplar de atún “bluefin” hay que salir a las doce de la noche del muelle de Ensenada, navegar por seis horas mar adentro a una velocidad de unas 7 millas por hora hasta la zona donde está la corrida del pescado, con un tiempo de troleo de seis horas, para regresar a las 12 del día a tierra firme, antes del anochecer. El atún es una especie que se cuida sola, por lo que el reto es lograr que muerda la caña y cuando esto sucede la persona puede luchar hasta una hora con su presa, hasta subirla al barco, si es de talla chica “no hay más remedio que regresarla al mar”, pero si es un adulto es “un gran trofeo”. Sobre la posibilidad de acordar una cuota en específico con Conapesca para los pequeños pescadores el dirigente dudó. “Mira, si decimos que sí será como reconocer que estamos de acuerdo con la medida y tendremos que estar pidiendo ‘chichi’ cada año. No, no, no lo podemos hacer”, replicó en tono molesto pero confiado. “Por derecho y antigüedad, nuestras familias tienen más de 70 años en la actividad, hemos generado derechos, si aceptamos estas nuevas medidas es como estar de acuerdo con ellas y no lo haremos, seguiremos pensando como siempre lo hemos hecho”, advirtió. Palafox Maldonado calificó de “incongruente” la disposición establecida por el gobierno federal a la petición de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) porque no existe información que sustente el volumen de captura. La afectación en Ensenada es para 60 barcos dedicados a la pesca recreativa que son tripulados por dos personas cuyas familias dependen de la actividad, en gran medida del “bluefin”, único en las aguas del Pacífico. Advirtió que esto no es un “juego” y que la Conapesca no está para adueñarse de los recursos del mar sino para administrar y hasta el momento no ha demostrado transparencia en cuanto a la publicación de las cuotas. “Así como los trabajadores y propietarios de las grandes empresas necesitan comer, nosotros los pequeños y nuestras familias también necesitamos, es para nosotros una falta de respeto que no se nos haya considerado como un sector que depende del atún aleta azul”. Se calcula que el 90 por ciento del atún aleta azul que se desarrolla en los campos atuneros en Baja California se exporta a países asiáticos donde el pescado es el alimento principal para sus habitantes, pero estos hábitos alimenticios provocan la sobreexplotación y al mismo tiempo el desabasto. Este fenómeno ha obligado a las comercializadoras a recurrir al pescado de cultivo. En el mercado local el kilogramo de atún está por encima de los 100 pesos, mientras que el de exportación está por debajo del precio comercial. La pesca comercial que en el Pacífico mexicano incluye la pesca deportiva que realiza Estados Unidos representa un 16 por ciento del impacto total a la población marina.   Acusa Tunamax a titular de Sepesca El apoderado legal de Tunamax S.A. de C.V., Raúl Villela Camargo acusó en un comunicado de prensa al Secretario de Pesca Matías Arjona Rydalch de marginar su empresa del proceso para establecer la cuota de captura de 3 mil toneladas de atún aleta azul para la temporada 2015. En el documento señala que luego de que la CIAT acordó junto con la Conapesca, la reducción de las cuotas de captura para México en el océano Pacífico, Tunamax no ha sido incluida y señala a Arjona como el presunto responsable de estos hechos. Precisa en la información que se han incluido a Servax Bleu, Baja Aqua Farms y Acuacultura de Baja California S.A. DE C.V. (ABC), pese a que Tunamax tiene operando 4 años la captura y engorda de aleta azul. En su crítica, Villela Camargo asevera que esto podría obedecer a que Arjona Rydalch además de ser Secretario de Pesca de Baja California es el administrador único a la empresa ABC. El directivo puntualizó que en el proceso a su empresa la hicieron a un lado. Sobre este conflicto Arjona Rydalch dijo desconocer que Tunamax tuviera intenciones de operar en el 2015.   Negligencia de Sagarpa Entre otros señalamientos del sector de pesca deportiva, Gerardo Sánchez Córdova, presidente del Comité de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas de Ensenada, calificó de arbitraria la forma en que Sagarpa, Conapesca y Sepesca han tratado el tema de la cuota del atún. La resolución que la CIAT plantea, abundó, es una recomendación al gobierno mexicano para que en los años 2015 y 2016 no superen las 6 mil 600 toneladas en captura de atún aleta azul entre los industriales y el sector de pesca deportiva, para el cual se estableció una reducción igual a la impuesta a los barcos comerciales entre el 20 al 45 por ciento. El tema de “captura y libera” es controversial, dijo, “porque quienes lo ejercen lo hacen de manera recreativa y bajo una regulación establecida para que tenga un destino de alimentación que no busca el lucro y no para comercialización, por lo que imponerle a nuestra actividad esta normatividad inhibirá gravemente a nuestro sector”. Resaltó que la CIAT abrió una cuota  de 600 toneladas como país cooperador del organismo a los Estados Unidos, las cuales son capturadas en aguas de Baja California, por lo que debe haber equidad e igualdad en las regulaciones. “Es por esto que ya estamos haciendo un llamado a todos los afectados, para que de manera organizada y luego de diversas reuniones, hagamos valer nuestro derecho a trabajar sin la intromisión de medidas que ilegalmente atentan contra nuestra capacidad y voluntad de ejercer nuestra labor”.

De la mañana del 14 de mayo a la fecha, muchas cosas han pasado en torno al tema del conflicto en San Quintín. Ha permanecido el mutis de los voceros de la Alianza de Jornaleros que inició tras salir satisfechos y considerar como logro el acuerdo de 13 de14 puntos de las condiciones laborales en los campos agrícolas, quedando pendiente el salario mínimo de 200 pesos. Después de los disturbios ocasionados el 8 y 9 de mayo, atribuidos a infiltrados en el movimiento -según versión de los líderes y no desmentidos por autoridades oficiales-,  la actitud de los jornaleros organizados ha cambiado a un silencio y prudencia, en contraste al resto de actores que se han subido al ring, incluso aquellos que se habían mantenido al margen pese a su involucramiento directo. Fijado el 4 de junio para la próxima mesa de diálogo donde supuestamente se dará la respuesta definitiva al salario exigido y comprometido por el Gobierno Federal para completar los 200 pesos, si es que los patrones agrícolas no acceden cubrirlo completo, después de 15 horas de reunión entre jornaleros y autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid se siguió de largo la jornada del jueves 14 para encerrarse y conciliar el tema con empresarios agrícolas. De allí en adelante han sido declaraciones, versiones, confrontación, señalamientos de parte de todos los sectores. Empezando por los patrones de los jornaleros, el Consejo Agrícola de Baja California (CABC) que reprochó, a través de su vocero Marco Antonio Estudillo Bernal, que se perdió el 45 por ciento de la cosecha. Como este medio calculó en su momento, en la primera semana de paro nada más en fresa y arándanos se habían perdido alrededor de 85 millones de dólares, días después los empresarios confirmarían de “80 a 100 millones las pérdidas”. El Consejo Agrícola, que se había mantenido alejado del “foco”, desacreditó tajantemente al movimiento encabezado por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social: “Los manifestantes no son trabajadores de las empresas, no se va a poder negociar con quien no representa a los trabajadores, a quien no respeta las vías legales”, expresó Estudillo. Dijo que responder un “no” rotundo puede ser peligroso respecto a la pretensión de los jornaleros de recibir 200 pesos por jornada, pero “lo vemos difícil”. Además, advirtió que el acuerdo fue entre jornaleros y autoridades del gobierno, no con ellos. Así que la solución la adelantó: “Corresponde a la autoridad federal”. Además de insistir que los jornaleros en rebelión son intratables para el diálogo y que  no son auténticos trabajadores del campo, el gremio agrícola aprovechó para reprochar lo que le toca al gobierno, falta de inversión en todo: “No hay agua…. ¡no hay agua para nadie!”, remarcó el vocero. “El sector empresarial tampoco es el malo de la película”. Increparon al igual como lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que la autoridad haya flaqueado y liberado a los jornaleros que causaron daños a terceros y a las propias instituciones el pasado 9 de mayo. “El único mensaje que se da es que este tipo de personas tienen autorización para hacer desmanes y no les va a pasar absolutamente nada”, apuntó Adrián Olea Mendívil, presidente del organismo. Los empresarios declararon que las autoridades de Baja California están avalando la impunidad por encima del respeto al Estado de Derecho: “El sector empresarial y las familias se están viendo amenazadas, se está volviendo un asunto de alto riesgo”. De hecho los que esta semana anunciaron no una, sino hasta tres marchas de protesta, son los empresarios, comerciantes, agrupaciones civiles y residentes de San Quintín, porque ya no pueden con el miedo y la incertidumbre.        Empresarios y comerciantes unidos, según se informó en el poblado, repudiaron que el gobierno y sus dependencias federales protegieran el vandalismo, terrorismo, daños y robos de los que han sido objeto durante los disturbios. “Esta situación debe castigarse, y ni el gobierno y ninguna dependencia que esté bajo el régimen federal puede pasar por alto las acciones que supuestos jornaleros realizaron en el Valle d San Quintín. También reprobaron que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ande pagando millonarios por sacar a delincuentes de la cárcel. Mientras tanto, algunos ciudadanos aislados en Estados Unidos y Canadá han intentado boicotear los productos Driscoll’s, informando que los trabajadores están solicitando un pago mínimo de 13.33 dólares al día y no los menos de seis dólares que ahora perciben: “Usted puede vivir un día más sin la fruta que tiene que ser recogida por un niño de seis años en la extrema pobreza en un país como México”. En Ensenada, Mario García Salaiza, presidente del Colegio de Abogados Independientes, consideró que en la rebelión en San Quintín hay más interrogantes que hechos reales: “¿Por qué el Gobierno Federal se reunirá con los jornaleros y empresarios tres días antes de las elecciones? Por qué no han mandado a la Gendarmería, por qué no la presencia del Ejército, por qué el Estado no ha aplicado la Ley, por qué el gobierno municipal ya ni participa en las mesas…”. Reclamó también que los actos vandálicos sean moneda de cambio y se perdone a quien infringe la Ley, aparte del daño económico que ya es irreversible, y que la respuesta a todo es sencilla: “Desde hace mucho tiempo el tema se les salió de las manos a los tres niveles de gobierno, y ninguno quiere aceptarlo”. Desde la capital del país, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el miércoles 20 de mayo un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ante la Comisión Permanente para exigir al gobernador Francisco Vega, poner ante las autoridades judiciales a su secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, para que se le investigue sobre su injerencia en la represión a jornaleros el 9 de mayo. De igual manera, pedirán la destitución de Manuel Valladolid como secretario de Fomento Agropecuario, además de ser empresario agrícola acusado de explotación. Días antes, en la última encerrona con autoridades federales y estatales, la líder jornalera Lucina Hernández denunció frente al gobernador a elementos de las policías Estatal y Ministerial de haberla agredido y amenazado el 18 de marzo, y aunque acusó a los empresarios como los autores intelectuales, transcendió que cara cara le dijo al mandatario panista: “Piénsela bien, si quiere ser recordado como un gobernador sensible o represor”. Por lo pronto, San Quintín está tranquilo y a la espera, según describió a ZETA Fermín Salazar el jueves 21 de mayo al mediodía. “El gobernador ya dijo que sí es viable el aumento salarial…”, refirió como expectativa,  “esperando que ese compromiso se cumpla”. Respecto a la versión del Consejo Agrícola que los desconoce como jornaleros auténticos Fermín, argumentó: “No tenemos ningún registro, no lo ocupamos para hacer el movimiento. Deben reconocer que son miles de personas las que participan, pero es lógico, no lo aceptan porque les afecta. “Pero ese miedo que sintieron el 17 de marzo, ahí puede verse la presión, y lo podemos demostrar de nuevo el 4 de junio”, y agregó que reiteran el principio de diálogo ante el compromiso formal de todos los involucrados en las mesas. Mientras que en el Gobierno del Estado, un día Francisco Vega se muestra muy entusiasmado ante los avances en los arreglos, empresarios lo desmienten y ya es “de a según”; hasta desconocen la autenticidad de la Alianza con los que se han sentado a negociar y firmar acuerdos: “Es entendible que los empresarios no quieran participar porque los líderes no representan a los trabajadores, así de sencillo”, declaró el secretario de Gobierno, Francisco Rueda. Por último, sobre la respuesta satisfactoria para los jornaleros el próximo 4 de junio expuso: “Esperemos que sí”.

  En Baja California, en el período 2009-2010, la precipitación pluvial en promedio fue de 220 milímetros y, conforme han pasado los años, consistentemente ha disminuido a 130 milímetros anuales. De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los pronósticos indican que en la región lloverá cada vez menos. Las disminuciones en futuros años podrían ser hasta en un 20 por ciento. El municipio de Mexicali registra la menor precipitación (50 milímetros) en todo el país. A esta situación se suma la inconsciencia de quienes desperdician a diario el líquido vital y aquellos que no pagan el servicio en tiempo y forma. De acuerdo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana (CESPT), de 525 mil cuentas residenciales, solo 120 mil saldan sus adeudos mensuales puntualmente; el resto lo hace con atrasos de tres a cinco meses o más. Cabe destacar que en cartera vencida, actualmente aparecen 74 mil cuentas.   Ante una emergencia por la escasez de agua en Baja California, se anticipa un problema de desabasto, advirtió el investigador del Departamento de Geofísica Aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), doctor Rogelio Vázquez González. Si bien es cierto, el agua que se destina para Baja California proviene del Río Colorado y se tiene un tratado binacional para contar con el líquido, se contempla la posibilidad de disminuir el porcentaje del suministro, así lo dijo a ZETA el titular de la CESPT, Alfonso Álvarez Juan. De entrada,  afirmó que la situación de California, Estados Unidos, y de Baja California es diferente, pues el problema básico del estado vecino se da en el Valle de San Joaquín (con vocación agrícola), donde no están recibiendo agua debido a la sequía y falta de nevadas. Afirmó que el tema del uso correcto del agua lo tiene implementado la dependencia desde 1990, y tiene que ver con el uso responsable, sin embargo, Álvarez no precisó los impactos directos y los ahorros generados. “Por plan de gobierno tenemos meta de llegar a 95 mil multiplicadores, que son los niños en escuelas. El Día Mundial del Agua (22 de marzo) tomamos protestas a 400 niños como guardianes del agua que llevaran el mensaje. En restaurantes de Tijuana distribuimos en los manteles para que los niños los coloreen y los adultos tomen conciencia. El director de la CESPT mencionó que el Gobierno Federal emitió un decreto el 9 de abril de 2015, en el cual la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determina que hay 388 municipios en sequía donde se encuentran los cinco municipios bajacalifornianos; a raíz de eso instalaron una mesa de trabajo para determinar acciones que lleven a multiplicar el buen uso y re-uso, por lo que en dos semanas esperan lanzar un programa de socialización. Agregó que en Tijuana, el consumo es de 169 litros por día, y a nivel nacional, de 350 litros. Aunque quizás no sea lo óptimo, sí advierten un uso responsable, pero no por parte de todos los ciudadanos. En torno al número de cuentas, el funcionario estatal indicó que tienen 604 mil usuarios, de los cuales 524 mil (79%) son residenciales, el resto es industrial, comercial y de gobierno. Del total de las cuentas residenciales, solo 120 mil paga puntualmente, el resto se atrasa por varios meses.    Alfonso Álvarez expuso que la estrategia del gobierno estatal en torno a la generación y ahorro del líquido es el establecimiento de una desaladora (250 litros por segundo) en Playas de Rosarito, además de la generación de estudios para utilizar el agua de re-uso, mientras que al sector industrial le pedirán hacer más eficientes los procesos.  Por lo que respecta a Tijuana, en la colonia Libertad se aplicó un plan piloto con la instalación de una válvula que reduce el suministro en un 20%, arrojando efectos positivos. Para instalar 100 mil válvulas se necesitan aproximadamente 120 millones de pesos, cantidad que ha sido solicitada al Gobierno Federal y están en espera de la respuesta. En tanto, el titular de la CESPT reconoció que de ser necesario tandear el agua en la ciudad, lo llevarán a cabo.   El difícil escenario   En diciembre de 2014, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) generó un estudio de proyecciones de la mayor sequía en el vecino Estado de California en los últimos mil años, empero, las gráficas muestra mayor deterioro en la parte Norte de México, y anota que en el año 2060 el país sufrirá escasez de agua, siendo la frontera norte la más afectada. De acuerdo al organismo, el país recibe el 10% del agua del Río Colorado, que usan los estados del Noroeste (principalmente Baja California y Sonora), cuenca que además dota de agua a un estimado de 40 millones de estadounidenses. Por su parte, el investigador del Departamento de Geofísica Aplicada del CICESE, Rogelio Vázquez González, citó que existe una problemática con recursos hidráulicos en la región, y que probablemente tiene que ver con cambios climáticos a nivel mundial. Lo estamos viviendo, hay información donde nos indican que la precipitación ha ido disminuyendo de 2009 a la fecha, podría decir que de 2007, tenemos menor recarga de nuestros mantos acuíferos. Por otro lado, desde 2012, al Norte de la frontera se publicaba un escenario  de sequía, eso conlleva una reducción de recursos hidráulicos. “Es un problema serio; tenemos solamente el acueducto del Río Colorado-Tijuana, en caso que tenga un problema por efectos de temblor o falla, no hay infraestructura que lo supla. No podemos estar sin un plan b, que pueda en dado caso hacer frente a una falla o escasez. Si se quedan sin líquido en nuestras casas por más de 24 horas, se convierte un problema”, expresó. Ante tal situación, es necesario buscar alternativas como el tratamiento de aguas para el uso en la agricultura y la desalinización del mar, que no es otra cosa que la evaporación.   Sin plan de contingencia   El senador Víctor Hermosillo Celada dijo a ZETA que Baja California no cuenta con un plan de contingencia ante la demanda del líquido en mayores cantidades, por lo que se debería tener un plan de emergencia, al no descartare la situación que pudiera darse a futuro. Agregó que ante la sequía que se ha presentado desde hace cuatro años en California, y dado a la disminución del agua que tiene el Río Colorado que también abastece al vecino Estado, se podría limitar el líquido a Baja California. El  racionamiento en la distribución del agua tendría que ser igual para las entidades que la reciben, y podría ser del 10%. “En México no se previenen las cosas. Hasta que no se tiene el problema hacen algo, cuando se pueden hacer tomar acciones con anticipación”, consideró. Según el legislador, el problema fundamental es que en el país no se cuenta con planes de contingencia y existe un constante desperdicio de agua por parte de los ciudadanos, sobre todo, no tienen la cultura del pago para que con esos recursos, se generen obras necesarias de infraestructura. Por otro lado, opinó que de darse las reducciones, la parte más dañada sería la agricultura, debido que el 91% del agua que se suministra en Baja California, debe destinarse a las tierras de cultivo.   Consumo en agricultura deberá reducirse   En torno al tema, el investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), doctor Óscar Alberto Pombo López, detalló que California tiene un sistema complejo de reservas y acueductos interconectados para suministrar agua a sus ciudades, que en teoría, permitiría amortiguar alrededor de diez años de precipitaciones menores a la media regional y, cuando se llega a cierto nivel de las reservas, se activa la alerta. “El consumo urbano de California es muy superior al de Baja California,  en números rápidos, una persona promedio de San Diego usa la misma cantidad de agua que una familia tipo de Tijuana… y en California hay personas que consumen varias veces el promedio, especialmente para mantener grandes áreas verdes en propiedades lujosas, la mayoría de las medidas van dirigidas a ese sector”, argumentó. Se debe tener en cuenta que la mayor parte del agua es consumida por la agricultura (aproximadamente el 80%) pero, a diferencia de Baja California, por el sistema de permisos de derechos de agua vigente, no es posible reducir el consumo del sector, por lo que las ciudades compiten en desventaja con el sector agrícola. “El consumo promedio por habitante de Tijuana se sitúa alrededor de 140 litros por día, el límite inferior de lo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera el suministro necesario para mantener una población saludable, es decir, que no se puede reducir el consumo por habitante de la ciudad, so riesgo de generar condiciones insalubres para la población” Pombo López recordó que el agua que recibe el Estado desde el Río Colorado es producto de una negociación binacional, los volúmenes son fijos e inamovibles, como en casi todas partes del mundo. “A nivel Estado, el Río Colorado proporciona aproximadamente el 65% del total, mientras que el 35% es extraído de acuíferos y algunos ríos de muy bajo caudal, como el Río Tijuana. Aproximadamente el 90% del agua que consumen Tijuana, Tecate y Rosarito, proviene del Río Colorado”. — ¿Estamos en riesgo de quedarnos sin el líquido?, se le preguntó. “Hay que ver qué es lo que Usted considera quedarse sin el líquido, ¿de quién está hablando, de los agricultores  o de las ciudades? Es posible que en un futuro sea necesario reducir los volúmenes que hoy se destinan a la agricultura para divertirlo a las ciudades, pero con una reducción del 10% del agua que hoy se destina a la agricultura, se puede duplicar la población urbana del Estado”. Respecto a los tandeos de agua, el investigador de El COLEF opinó que es una respuesta parcial a un problema de inadecuada infraestructura, solución momentánea que no vale la pena utilizar por tiempo prolongado, ya que al poco tiempo, todo mundo tiene tinacos que compensan cualquier reducción. Al igual, comentó que Tijuana recibe del Río Colorado la mayor parte del agua (cerca del 90%), en tanto que las presas son para almacenar excedentes y aprovechar el agua de las lluvias; sin embargo, la Presa “Abelardo L. Rodríguez” en Tijuana luce escuálida. Para la provisión de agua a la ciudad, la clave es el acueducto que comunica con Mexicali, el cual se encuentra muy cerca de ser utilizado en su totalidad,  y a futuro será necesario ampliar la capacidad del mismo.   La sequía de California   Por cuarto año consecutivo, California entra en un estado de sequía y, en busca de generar medidas de ahorro para hacer frente al problema, el Estado ha decretado medidas de ahorro del agua desde el viernes 15 de mayo. La portavoz de la Junta Estatal de Recursos del Agua de California, Miriam Barajas, informó a ZETA que en 2014, el gobernador Jerry Brown declaró un estado de emergencia y autorizó a la Junta de Agua del Estado de California, tomar las medidas pertinentes para enfrentar la situación climatológica. Por lo anterior, el plan de conservación se retomó en el presente año y, si bien termina en 2016, a futuro podría ser permanente. Éste se asocia a la temporada de calor, que arribó desde la primavera de 2015 y se aplica a negocios, proveedores y ciudadanos (38 millones), con lo anterior se busca una reducción general del 25% de agua que se convertiría en una disminución de 1.2 millones de acres (un pie de acre es igual a 325 mil 851 galones) de pies de agua en los siguientes nueve meses. La entrevistada abundó que tienen diversas fuentes primarias para hacer frente a las demandas de agua, como son el agua importada, agua de mar desalinizada, agua no potable reciclada, así como agua potable reciclada y la conservación de la misma. La Oficina de Recursos Hidráulicos de California, habría decretado acciones de ahorro del líquido que se relacionan con nueve tasas de reducción, las cuales oscilan entre el 8 y hasta el 36%.      El programa de ahorro en California establece las siguientes restricciones para los ciudadanos   Uso de agua para lavar la calle y banquetas Escurrimientos cuando sea con agua potable El uso de mangueras sin boquillas de cierre para lavar coches El uso de agua potable en elementos fuentes que no tengan una bomba para que recircule Uso de riesgo al aire libre durante y 48 horas después de la precipitación mensurable   Restricciones para los negocios   Restaurantes y otros establecimientos de servicios de alimentos, solo pueden servir agua a los clientes bajo petición Hoteles y moteles deben ofrecer a los huéspedes la opción de no tener toallas y ropa lavada diario   Lo que los proveedores de agua deben hacer   Imponer restricciones en el riego al aire libre Notificar a los clientes acerca de filtraciones que están dentro del control del cliente Entregar un informe mensual sobre el consumo de agua del cliente Informar sobre el cumplimiento y aplicación de las medidas   Agua con la que cuenta Baja California   Volumen disponible 3,584.8 mm3 Uso consuntivo 89.4% Remanente 10.6%   Utilización del agua disponible en Baja California   Agrícola 91.4% Urbano 7.7% Pecuario 0.6% Industrial 0.3%     Multas   De acuerdo a la Dirección de Servicios Públicos Municipales (DSPM), en el periodo de mayo de 2014 a mayo del presente año se han efectuado 939 multas por derrame de agua por parte de los ciudadanos que residen en Tijuana. El monto total por dichas infracciones asciende a 385 mil 181 pesos. El importe promedio de cada multa es de 410 pesos.