La calma de las últimas semanas en el Valle de San Quintín podría durar hasta los primeros días de julio, cuando los voceros de la Alianza de Organizaciones reclamen personalmente a las autoridades federales el haberlos hecho firmar una minuta modificada que echa por tierra las prestaciones ganadas. Cinco de los trece voceros del movimiento se trasladaron a Ensenada y reunieron a los medios de comunicación, primero, para aclarar que no están divididos, y segundo, para aceptar que cometieron un error al firmar un documento donde se acepta el “salario base integrado”. El pasado 4 de junio ante el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, solamente uno de los jornaleros –Justino Herrera— se negó a firmar la última minuta de acuerdos, y ya no se quedó con el resto de los compañeros para anunciar los logros obtenidos. La transcripción por parte de ZETA de las declaraciones y los motivos narrados por Herrera respecto a su distinto proceder con el resto de sus compañeros, fueron tomados por la Alianza como una sugerencia del medio, y no del vocero, de que entre ellos ya había división. “Hoy venimos para desmentir que hay fracturas, estamos más fortalecidos que nunca, queremos continuar dando esta lucha a favor de los trabajadores”, dijo de entrada el profesor Fermín Salazar, uno de los voceros. Lo que reiteró Bonifacio Martínez: “La Alianza sigue más fuerte que nunca, hemos visto algunas notas que la Alianza se vendió. La Alianza no tiene precio, no tenemos el signo de pesos en la frente”. “La Alianza en ningún momento se ha fracturado ni se va a fracturar”, externó contundentemente Fidel Sánchez, “los voceros en ningún momento nos vamos a pelear”. Después de aceptar del desliz de haber firmado un punto poco favorable añadió: “Pero no se vale que aprovechándose de la circunstancia de este error se quiera hacer leña…”. Por su parte Justino Herrera, firme, primero pidió perdón a Dios, y luego a sus compañeros, por ser como es, y por haber revelado el fallo: “Pero es mi deber hablar con honestidad, con la verdad y no esconder nada. Si a través de lo que dije en una entrevista con el compañero del semanario ZETA piensan los ciudadanos, o los medios, o el mismo gobierno, que estamos distanciados, no lo estamos”.  Se sostuvo en lo dicho y volvió a pedir disculpas a sus compañeros: “Nunca voy a decir algo que no sea lo que es, y tal como es, y cómo pasan las cosas. Lo que dije lo sostengo”. Ante una decena de reporteros Justino Herrera volvió a explicar lo sucedido la tarde del 4 de junio cuando al momento de presentársele la última minuta redactada se encontró con la palabra de salario “integrado”, “que astutamente el abogado de los empresarios o del gobierno aumentaron”. Precisó que aunque ni él ni el resto de los voceros pueden ponerle nombre ni apellido ni cargo a quien hizo la trampa “porque desgraciadamente la minuta se redactó en una mesa aparte, no sé cómo la hicieron, pero el caso es que la hicieron y nos la llevaron”. Que el resto de sus compañeros no se negarán a firmar esa minuta que invalidaba los acuerdos anteriores lo atribuye ahora a un descuido: “Creo que no se dieron cuenta de la palabra, como todos habíamos acordado firmar la segunda minuta, pensamos que era la misma que se habían llevado”. “Efectivamente, eso es lo que pasó”, justificó Fermín Salazar. “Somos seres humanos y fue un pequeño descuido”. Explicó que cuando se fueron a imprimir y sacarle copias al documento, al regresar debió haber venido con esa alteración que solamente Justino advirtió: “Sí escuché que decía ‘yo no lo firmo’, pero me quedé pensando ‘por qué cambia de opinión’, y nosotros desafortunadamente lo firmamos y no vamos a decir que no”. “Sí, se cometió un error, y un error gravísimo”, aceptó de forma más contundente Lucila Hernández, vocera de las mujeres jornaleras dentro de la Alianza de Organizaciones. Dijo que “integrado” es tan sólo una palabrita pero con ella sola “se violaron los derechos de nuestros compañeros, son las prestaciones de Ley, está en la Constitución”. Concluyó principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también Derechos Humanos y Gobernación “tienen que realizar una revisión profunda y retirar esa palabra ‘integrado’”. “… y esa palabra que está en la minuta, vamos a pelear juntos los voceros para que se modifique, se quite o se cambie, para sentirnos cómodos todos”, sentenció por su parte Fidel Sánchez. Él como el resto de los voceros, no desean aseverar que el gobierno federal actuó de mala fe, o como se dice coloquialmente, que los ‘chamaqueron’ al alterar de último momento la minuta: “Independientemente que haya sido intencional o no,  de todas maneras vamos a pelear para quitar esa palabra que está causando mucho daño a nuestros compañeros que depositaron su confianza en la Alianza. Y no nada más los jornaleros de San Quintín, esa confianza fue depositada a nivel nacional e internacional, los más de 5 millones de jornaleros en el país, su esperanza está en el movimiento de San Quintin”. Pero el engaño del salario “integrado” que invalida las prestaciones que ya se habían ganado en abril y que se revalidaron en la maratónica jornada del 13 y 14 de mayo será solo el principal del resto de los reclamos en el próximo encuentro entre la Alianza de Jornaleros y el gobierno federal, pues resulta que la mayoría de los compromisos signados por el subsecretario de Gobernación Miranda Nava no se han cumplido. No se ha iniciado con la revisión para categorizar a las empresas, no se ha liberado a los 14 encarcelados por los disturbios del 9 de mayo, no se ha iniciado la afiliación al Seguro Social ni la construcción del hospital de especialidades para la mujer, tampoco ha auxiliado para reparar los daños de los comerciantes afectados en la primer revuelta, incluso y la autoridad federal tampoco ha confirmado el nuevo encuentro ni puesto cita para próximo encuentro. Por lo tanto la lucha continúa y los reclamos para el gobierno federal se mantienen por la sencilla razón que no han resuelto: “Con lo que conocemos en el campo nos basta y sobra para demostrar que están violando la ley, y si las empresas tienen buenos abogados y asesores, saben perfectamente que están violando la ley”, resumió Justino Herrera.

La puerta se abrió repentinamente por las altas temperaturas que provocaban las llamas que llegaron hasta los 15 metros de altura. Eso despertó a María de la Luz Piña Santos, una mujer de 87 años de edad que al sentir un fuerte golpe de calor en su cara y brazos, alcanzó a ver humo y se levantó. “Luego, luego agarre mi silla (de ruedas), descalza, y así como andaba me salí del cuarto. Quise ir a salvar a mi hijo pero ya no se pudo, ya estaba creciendo mucho la lumbre”, dijo la mujer que vivió la tragedia donde un incendio acabó con la vida de 17 personas de la tercera edad en el asilo de ancianos “Hermoso Atardecer”. En su cuarto, Doña María de la Luz no estaba sola, compartía habitación con Conchita Esqueda, de 84 años, y María Luisa González Soria, esta última no pudo salir, su invalidez visual le impidió escapar ante el desconcierto que se generó. El fuego rápidamente se propagó hasta su recámara. Murió calcinada. Piña Santos narró que a la hora del incidente solo se encontraba una persona para cuidar a los 44 ancianos que vivían en el lugar, muchos de ellos discapacitados, por lo que el siniestro fue una pena de muerte para 17 personas que nunca tuvieron oportunidad de salir. “Desde que entró a trabajar yo ya no la vi (al personal del asilo), yo sola salí, sin ayuda de nadie, pero cuando llegué afuera, ya varios se encontraban  entre las yerbas, unos tirados, otros sentados” afirmó la mujer, quien había vivido por dos meses en el lugar. Para su desgracia, su hijo Rogelio Medina Piña no sobrevivió, fueron horas de angustia hasta que por la tarde le comunicaron que había fallecido. “Lo anduvimos buscando en el hospital, en el Seguro (Social) y en varias partes, a ver si alguien lo había rescatado, pero ayer (23 de junio de 2015) regresamos al asilo y ahí nos dijo la directora que había fallecido,” aseguró la mujer cuando fue entrevistada en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mexicali. Comentó que varios de sus compañeros que tenían años en el asilo le dijeron que ya los habían amenazado en dos ocasiones de que les iban a quemar el lugar, promesa que al parecer se cumplió, según arrojaron las primeras pesquisas. María de la Luz vivía sola con su hijo, por lo que ella misma pidió ser trasladada al asilo, debido a que ya no podía hacerse cargo de Rogelio, quien nació con retraso mental, lo que le impedía hablar, posteriormente perdió la vista y, por último, la esclerosis múltiple le impedía caminar. “Era muy pesado para mí, yo decidí acompañarlo, mi familia me decía que lo fuera a dejar allá, pero no lo quise dejar solo, dije ‘yo me voy con él’”, platicó María de la Luz. El incendio inició a las 3:45 am del martes 23 de junio, en la zona sureste del asilo de ancianos, en el Ejido Querétaro del Valle de Mexicali, a unos 25 kilómetros  al Oriente de la ciudad capital de Baja California. Vivian 44 personas de la tercera edad, una gran parte eran indigentes, otros no tenían familia y solo un grupo reducido era visitado con regularidad por parientes que pagaban cuotas de 2 mil a 4 mil pesos.   Gobierno responsable   Una línea de investigación apunta a que el incendio ocurrido en el asilo de ancianos se pudo evitar. El centro no había sido revisado por autoridades municipales ni estatales, además, para la Federación, era un establecimiento clandestino, ese fue el término que refirió Alberto Bravo Quintero, delegado del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en Baja California. Por ello y pese a que las primeras versiones apuntan a un incendio intencional, no existen hasta el momento elementos suficientes para señalar a un culpable. Una versión derivada de las primeras indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del Estado no descarta la posibilidad de una falla eléctrica, aunque tendrá que ser el dictamen oficial el que pudiera dar certeza sobre esta hipótesis. Como muchos otros asilos, albergues e incluso orfanatos y guarderías, el asilo “Hermoso Atardecer” no había sido supervisado por gobierno alguno. Ni el estatal ni el municipal, ambas entidades que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, proveen recursos a ese tipo de instituciones para subsistir. A la fecha, mientras el director de Bomberos de Mexicali, Fernando Olvera, informó que los análisis indicaban que, en efecto, se trató de un incendio provocado, cuando alguien utilizando cerillos o encendedor prendió fuego a unas cajas de cartón, los gobiernos se echan unos a otros la bolita. El Gobierno del Estado, donde desde Desarrollo Social y el DIF, atienden asilos de ancianos y otros albergues, refiere que la supervisión y regulación del asilo era potestad del Ayuntamiento de Mexicali, y el Gobierno Federal califica la instalación “Hermoso Atardecer” como clandestina. La realidad es que la falta de supervisión y regulación gubernamental, influyeron en las condiciones de escasez, que volvieron el lugar vulnerable al siniestro. Como el hecho de que solamente una persona estuviese al cuidado de 44 ancianos, o como que no se encontrase un equipo para poder hacer frente a la contingencia con extinguidores y otras herramientas de auxilio. Si bien, aún no se determina la responsabilidad de quien prendió fuego o los motivos para cometer tal atrocidad, la responsabilidad del gobierno es evidente al no asegurar que los asilos, albergues o guarderías estén en condiciones de seguridad para quienes ahí residen.   Acusan a Gobierno Federal <p>  La coordinadora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Cabildo de Mexicali, Alicia Martínez, envió un comunicado donde señala que es obligación del INAPAM, bajo la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores aprobada en 2012, la capacitación, inspección y vigilancia, así como el registro único y obligatorio de las casas hogar. “Como Municipio, las dependencias municipales se trasladaron al lugar para primeramente brindar el apoyo ante esta situación, a lo cual estaremos pidiendo una investigación, para conocer si los dueños realizaron las autorizaciones pertinentes ante el Municipio y la Federación al aperturar  este asilo” dijo la regidora. Pidió que la tragedia no quede impune y se debe sancionar a los responsables así como obligar al Ayuntamiento en el ámbito de su competencia a destinar más recursos y programas para favorecer a este sector social, tan desprotegido. Por su parte, el delegado del INAPAM, Alberto Bravo Quintero, informó que “Hermoso Atardecer” se encontraba en la “clandestinidad”, al no contar con registro en la institución federal. Vía telefónica, el funcionario declaró que el otorgamiento de permisos en cuestión de medidas de seguridad, corresponde a los ayuntamientos y gobiernos estatales, además de que, de manera oficial, no tenían conocimiento de la existencia del centro. Bravo Quintero refirió que por los medios de comunicación se enteró que la línea de investigación tiene que ver con una disputa entre la actual y la anterior administración del centro, lo que deberá de servir como un foco de atención para que se regulen los demás centros, no solo asilos, sino de menores y de adictos. El funcionario reiteró la disponibilidad de coordinarse con autoridades municipales y locales para apoyar en lo que sea necesario a las víctimas sobrevivientes del incendio.   Las disputas legales   El asilo de ancianos estaba registrado bajo el nombre de Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar, A. C., con número de inscripción CIB030626SU1, pero perdió su inscripción por no realizar la declaración anual en 2013, según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicada en el diario oficial del 9 de enero de 2015. De igual manera, en el padrón de beneficiario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, bajo la cuenta “Montos Pagados por Ayudas y Subsidios”, en 2014, el asilo recibía mensualmente 10 mil pesos de la dependencia, así como apoyos del Congreso del Estado, aunque todavía no es claro el monto. Derivado de los recursos, la actual administración dirigida por Lourdes Sánchez Cabrales acusó penalmente al ex titular  Humberto Cota Cota -quien se hace llamar Pastor Santana- por administración fraudulenta, ante un presunto desfalco de 200 mil pesos por el manejo del programa “65 y Más” del Gobierno Federal. La organización surgió como un centro contra adicciones, pero ante la necesidad cambió de giro por asilo de ancianos. Los adultos mayores que tenían familiares pagaban cuotas. Por ello, la primera línea de investigación fue en ese sentido, ya que la administradora, Lourdes Sánchez Cabrales, acusó a las anteriores responsables, versión que trascendió en diversos medios de comunicación y fue retomada por las autoridades, entre ellas el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, quien informó que no se descartaba un siniestro provocado.   Sin embargo, las primeras pesquisas no concuerdan con la versión; de las 28 cámaras de video, entre ellas varias con infrarrojo, no detectaron a ninguna persona en los alrededores, además de que las supuestas amenazas que hiciera la administradora las escuchó “de manera indirecta”. Testigos de los hechos hablan sobre una supuesta camioneta que se encontraba cerca del lugar, en lo que no existe concordancia es en el color, rojo o verde, según información proporcionada de manera extraoficial por un agente ministerial. El subprocurador en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, aseguró que hasta el momento no se tienen pruebas contundentes de lo ocurrido en el lugar, y expuso que la procuradora general de Justicia, Arely Gómez, envió a dos peritos especializados en materia de incendio para trabajar en el lugar y, aunque no lo dio a conocer, trascendió que eran expertos en dictaminar peritajes de incendio. Ramírez Amador agregó que ese día trabajaron dos mujeres y un hombre, de los cuales ya habían declarado a dos personas, pero se entrevistaría a todos. En cuanto a las amenazas que denunciaron los administradores del lugar., indicó: “No hubo ningún acelerante, no hubo ninguna bomba molotov, no se encontraron rastros de botella quebrada y por eso preferiría optar por la prudencia y esperar a los dictámenes que nos van a señalar el origen del incendio. (Sobre las amenazas) Se hizo una búsqueda en archivos de Procuraduría sobre alguna denuncia por amenazas o maltrato hacia algún anciano, pero no tenemos nada”.  Las cámaras de videograbación, dijo, funcionaban, pero hay un momento en que se apagan, por lo que periciales estaban trabajando, aunque de manera preliminar, citó que no arrojaban ningún indicio El funcionario estatal no quiso abundar en cuanto a tener sospechosos por el incidente, pero reconoció que uno de los administradores afirmó que existe una sospecha sobre una persona, mas no quiso dar mayores detalles cuando se le cuestionó sobre la existencia  de una camioneta roja al momento del incendio. “Estuve en el lugar y sí le puedo comentar que hay una parte quemada en el zacate al exterior, pero los peritos son los que determinarán como corrió (el fuego), si fue de afuera hacia adentro, o hacia afuera, tendremos que esperar los dictámenes”, infirió el subprocurador. Por su parte, la actual dirigencia de la Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar (SOCIBS, A.C., antes “Hermoso Atardecer”), Lourdes Sánchez Cabrales solicitó el apoyo a favor de la asociación, pero también su preocupación porque “diversos actores” estaban pidiendo apoyo para el asilo de ancianos. “Estarán leyendo, escuchando y viendo diversas notas relacionadas al manejo del asilo, sobre esto dejamos que las autoridades realicen las investigaciones que estime pertinentes, por lo que no podemos hacer ningún tipo de declaración para no entorpecerlas, llegado el momento se harán. Mientras a las personas que han apoyado este proyecto, les consta la forma en que se atendía a todos nuestros ancianitos y me permito decir nuestros, porque arropamos a cada uno con el mismo cariño y atención sin hacer distinciones, esperando siempre darles lo mejor tuvieran o no familia, porque eran parte de nuestra familia, era el propósito siempre de este asilo, brindarles la mejor calidad de vida, sacarlos de la calle y/o darles el cuidado que requerían” afirmó en su cuenta de Facebook.   Autoridad culpable por omisión   Un perito del Cuerpo de Bomberos de Mexicali entrevistado por ZETA, aseguró que el Ayuntamiento, por lo menos en los últimos cinco años, no ha realizado inspecciones a ningún asilo en la ciudad o el Valle. El entrevistado, quien decidió mantener el anonimato, indicó que la administración municipal solo realiza las inspecciones a centros comerciales, antros e industrias, ya que se trata de una cuestión meramente recaudadora. Que los inspectores no reciben viáticos para realizar los peritajes, por lo que son muy específicos los ejidos en el Valle de Mexicali donde se realizan operativos, principalmente en Los Algodones, donde existe gran cantidad de comercios y, por lo tanto, es redituable para las arcas municipales. También, que esporádicamente se han realizado inspecciones de seguridad en ejidos como Nuevo León o Kilometro 43, pero por el tema comercial. En cuanto a las escuelas, solo se realizan si la propia institución educativa lo solicita, y nunca se ha realizado en instituciones de gobierno como Palacio Municipal, Congreso o Gobierno del Estado, simplemente porque ahí no pueden cobrar. Incluso familiares entrevistados por ZETA corroboran la situación, alegan que en sus visitas al asilo jamás pudieron observar extintores, salidas de emergencia, señalización de rutas de evacuación, ni detectores de humo. Leticia Alarcón señaló que el lugar no contaba con un médico de planta, aunque por el servicio pagaba 4 mil pesos más la pensión de su tía Herminia Alarcón, de 91 años, quien esta inscrita al programa “70 y Más” que recibía por parte de Gobierno Federal. “Tenía una sola salida, no tenía ventanas, no tenía extinguidores ni salidas de emergencia, nada, no había rutas de evacuación, eso yo miré como para sismo; para  incendio, nada”, acusó. “Me enteré que nomás había una persona, ¿tú crees que iba a poder apoyar para poder sacar personas? Para mí fue clave porque, si hubiera habido mucho personal, hubieran sacado a todos, el dormitorio tenía una ventana, pero da para una sala grande”. Además, las instalaciones no eran las adecuadas, debido a que solo existía una salida de las habitaciones, las ventanas no daban para el exterior, sino a una especie de galerón por donde tenían que salir todas las personas, expuso otro familiar. La familia Alarcón esperó por más de siete horas afuera del lugar sin recibir noticas de su pariente, por lo que cuando acudió el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, uno de ellos, Alejandro Mata, le lanzó una botella y una piedra para detener el convoy en el que viajaba y les informara del paradero de Herminia Alarcón, posteriormente se enteraron de que había muerto. “Yo lo que le pedí al gobernador que no quedara impune, como en la guardería ABC, yo nunca miré salidas de emergencia o sistemas contra incendios que van en la parte de arriba, solamente había una puerta. Nosotros sabemos a ciencia cierta que dejaban a los ancianos encerrados por fuera y que una o dos personas se quedaban cuidando”, manifestó el joven. El personal que trabaja no era suficiente para atender a los 44 ancianos, muchos de ellos incapacitados. Pese a que en el testimonio de los familiares se menciona que solo una persona se encontraba en el lugar el día de los hechos, la PGJE asegura que eran tres los que permanecieron en esa trágica noche. La misma administradora del lugar comentó a un reportero que muchos de los ancianos eran encerrados bajo llave por medidas de seguridad, al padecer Alzheimer, por lo que al momento del incendio no pudieron salir. Guadalupe Flores Espinoza llevaba comida al asilo, apenas el domingo 21 de junio habían realizado un desfile del Día del Padre, por lo que habían hecho unas ollas de mole. Indicó a ZETA que 35 de los adultos mayores no tenían familia, por lo que ellos organizaban los festejos de cumpleaños el 26 y 27 de junio. En las primeras declaraciones aun en el asilo, el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, informó que 23 sobrevivientes fueron trasladados al asilo del Ejido Janitzio y que no descartaba la posibilidad de que el incendio pudo ser provocado. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, dijo que los tres órganos de gobierno son responsables de apoyar a las asociaciones civiles en coordinación con la sociedad civil. En el caso de “Hermoso Atardecer”, argumentó que al recibir apoyos gubernamentales se tienen que verificar las condiciones mínimas de seguridad. “Este centro había recibido apoyos muy importantes y estaba en un proceso de mejora de las mismas instalaciones con apoyo mucho de la comunidad (…), se atenderá principalmente a las familias de los que fallecieron, y de los que sobrevivieron en otro centro”, adelantó el funcionario. El segundo al mando evadió responder ante los cuestionamientos de los medios cuándo fue la última visita para verificar la seguridad del inmueble: “La información que tenemos por parte de los responsables, es que estaba en buenas condiciones y que no había ningún problema que pudiera presentarse una situación con este escenario, hoy vemos entonces, hay una presunción que se está investigando y, por el dicho de los propios responsables del centro que hacían un señalamiento, nos toca a nosotros hacer las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en su caso”, estableció Francisco Rueda. Agregó que de los 44 internos, solamente 11 tenían familiares, y cinco de ellos fallecieron, el resto eran personas que llegaban, recogían y se desconoce el contacto con algún pariente. Para el director de Bomberos de Mexicali, Fernando Rivera, el punto de ignición se originó en el cerco del lado poniente, donde se extendió rápidamente debido al tipo deconstrucción. “La línea de investigación más cercana es que pudiera ser provocado”, estimó el bombero. Complementó que era un cuarto grande donde se encontraba la mayoría de las personas que fallecieron, además de otros cuartos que eran habitados por otras personas, pero por la rápida propagación del incendio murieron calcinados; los que presentaron intoxicación por monóxido de carbono se pudieron rescatar y fueron trasladados al Hospital General. Lucinda Imperial, vecina del centro, se percató del incendio alrededor de las 5:00 am, vio que las llamas alcanzaron los 15 metros de altura, además de escuchar gritos de desesperación, aunque desconoce si se trataba de los internos o de los cuerpos de rescate. “Me puse a ver la lumbre y oía ruido del agua, venía una ambulancia y se iba otra, me dio miedo de que se quemaran los postes de electricidad y se viniera hasta acá,  escuchaba los gritos pidiendo auxilio, pero yo creo que eran los que estaban acarreando”, refirió la mujer que reside a menos de 50 metros del centro.   Cuerpos a SEMEFO   Los peritos de la PGJE tardaron hasta las 6:00 pm en recoger el último de los cuerpos, debido a que no lo habían localizado en la última inspección. Se encontraba totalmente calcinado. Los 17 cuerpos fueron llevados al SEMEFO y recibidos por el jefe del departamento, Francisco Acuña Campa. “Las condiciones del cadáver estaba destruido como un 30 por ciento, no tenía los miembros inferiores, ni las manos, definitivamente es un calcinamiento”, contestó ante las características de la última persona trasladada al lugar. Según Acuña, solo cuatro pudieran ser identificables por tener señas muy particulares, uno de ellos por tener una prótesis en la cadera, en otro cuerpo se localizó un tatuaje en el lado derecho y una más con trabajo de los dientes superiores. “Por el perfil de calcinamiento que tienen, es necesario hacer DNA, no los hacemos nosotros, pero en promedio tardan tres semanas”, destacó el médico legista. Sin los familiares, se complicarían los exámenes, debido a que es necesario tener una muestra genética para compararlo con los cuerpos, por lo que si nadie los reclama, sería muy difícil reconocerlos y probablemente queden sin identificación. Hasta el miércoles 24 de junio, solo cinco personas habían acudido a buscar a sus familiares.     Las víctimas   Personas hospitalizadas 1. Germán Ramón Pavón, 64 años (en estado grave). 2. Mario Garibay, 81 (estable). 3. Luis Venegas Madero, 75 (estable). 4. Manuel Amparano, 78 (estable).   Personas por identificar de entre los cuerpos localizados 1. Cecilia Ceceña Fernández 2. María del Carmen Valencia Martínez 3. Rogelio Medina Piña 4. Rosario Gastélum 5. Herminia Alarcón 6. María González Ortiz 7. María de los Ángeles León 8. Marcos Benítez Chávez 9. Felipe Campos Chávez 10. Jesús Villa Robles 11. Juan Salgado 12. Guadalupe Ríos 13. Francisco Monge 14. Esteban Cejudo Cerros 15. Lázaro Sotelo Pino 16. Jesús Villa Salgado 17. María Luisa González Soria     Búsqueda de pruebas   Relación de solicitudes por parte del Ministerio Público, realizadas y pendientes por realizar: 1) Certificado de integralidad física en hospital (cuatro lesionados). 2) Informe en materia de criminalística de campo del lugar de los hechos. 3) Dictamen químico en materia de sustancias acelerantes de los indicios recabados en el lugar de los hechos. 4) Búsqueda en AFIS de cuerpos sin vida. 5) Obtención de los perfiles genéticos de los cuerpos sin vida. 6) Dictamen en materia de comparativa genética con probables familiares. 7) Informe de la extracción de videos de las cámaras del lugar inspeccionado. 8) Necro-reseña de los cuerpos sin vida. 9)  Dictamen en materia de odontología. 10) Dictamen en materia de incendios.  

Un Juzgado de Distrito le dio la razón a Petróleos Mexicanos (PEMEX) sobre la imposición que pretendía realizar la Procuraduría General de la República (PGR) para que en aquellos delitos en los que la paraestatal sea víctima, presente junto con su denuncia el formato de cadena de custodia.   Esta exigencia del Ministerio Público de la Federación, que apercibe a los representantes legales de la empresa con posibles responsabilidades administrativas o penales, la Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia de Penal del Estado de Jalisco, la calificó como trasgresora de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.   Por lo anterior, le fue concedido el amparo y protección de la justicia de la unión al organismo público descentralizado -de la Administración Pública Federal- para que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 4, de la Agencia Federal Número 1 de Procedimientos Penales “A” de la PGR, deje sin efectos el oficio 515, con fecha 18 de marzo de 2015.   En dicho documento, el fiscal requería a la parte quejosa para que acompañe en sus denuncias presentadas, ya sea por escrito o por comparecencia, “el correcto llenado de la cadena de custodia”, además de dar cumplimiento al acuerdo A/009/15, emitido por el procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero.   Del análisis realizado por la juez Fabiola Moreno Pérez, se desprende que el acuerdo en cuestión “está dirigido a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, y por otra deja establecido quienes son los sujetos que deben intervenir en la aplicación de la cadena de custodia, y evidentemente no figuran en la misma los presuntos ofendidos o víctimas de delitos”.   Efectivamente, el acuerdo A/009/15 establece las directrices que deberán observar los funcionarios de la PGR que intervengan en la custodia de los indicios o elementos materiales probatorios de hechos presuntamente delictivos y esos sujetos, son: el Agente del Ministerio Público de la Federación, el coordinador del grupo de peritos, los propios peritos, elementos de la Policía Federal Ministerial, el policía federal ministerial responsable, el primer respondiente (primera autoridad en el lugar de los hechos o el hallazgo), y el responsable de la recepción de indicios en la bodega.   A decir del fallo de amparo, el Ministerio Público Federal -que suscribió el oficio 515- infringe también la garantía de acceso a la justicia, puesto que exige que sus denunciados lleven consigo un requisito que legalmente se exige a la autoridad y no a los posibles denunciantes, con independencia del carácter de personal moral oficial, “ya que ello no debe implicar un trato distinto o una restricción para acceder a la justicia con el fin de que se investiguen hechos probablemente constitutivos de delito en contra de su patrimonio”.   A pesar de que el robo y sustracción ilícito de combustible continúa a lo largo del país y de que PEMEX realiza un conteo de las tomas clandestinas detectadas en sus redes, el número de denuncias o querellas pudo haber descendido en caso de que las autoridades ministeriales obligasen a los representantes legales de la paraestatal a cumplir con el requisito aludido.   En la PGR Delegación Jalisco, voces anónimas de la cuestionada fiscalía señalaron que el oficio fue girado a PEMEX porque cuentan con un grupo especial de Seguridad Física, que en muchas ocasiones, es el primero en llegar a los puntos de la ordeña de hidrocarburos, lo que facilitaría la preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso.   La legislación procesal penal establece que en la averiguación previa deberá constar un registro que contenga la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes estén autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito para asegurar la integridad de los mismos.   La Ley añade que la cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levante la evidencia física, y finalizará por orden de autoridad competente. Para el personal de la PGR, la duda que queda es con qué carácter actúan los elementos de Seguridad Física de PEMEX que patrullan, investigan, realizan detenciones y aseguramientos de vehículos, contenedores e inmuebles con hidrocarburo robado.

Hasta el momento no se conoce la motivación que llevó a Delfino Zavala Aispuro de 61 años a matar a su esposa María López de 70 años y María del Carmen López de 42 y luego quitarse la vida la madrugada del lunes 15 de junio del 2015 en el ejido Villa Zapata en el Valle de Mexicali. Delfino habló con su hermano Faustino entre el sábado 13 y domingo 14, le dijo que tenía problemas y que ocupaba de su ayuda, pero no abundó en detalles, pese a la desesperación que escuchó en su hermano, Faustino no lo atendió el mismo día,  y fue hasta el lunes 15 que decidió ir a buscarlo. Llegó pasada la una de la tarde, cuando no le abrieron la puerta empezó a sospechar y de inmediato marcó al número de emergencia 066, en su llamada informó que tenía dos días sin ver a su hermano y que cuando llegó encontró las puertas cerradas y los carros en el interior, se imaginó lo peor. Acudieron elementos de la policía municipal adscritos al ejido Hechicera a la vivienda ubicada en la calle 16 de septiembre, ahí localizaron a 3 personas muertas, por lo que acordonaron el área y notificaron al equipo de periciales de la PGJE y al Servicio Médico Forense (Semefo). En la escena, los peritos observaron los cuerpos de la madre y su  hija, ambas habían recibido un disparo de arma de fuego, los cuerpos estaban en la sala de la vivienda, el cuerpo de Delfino estaba en un sofá con un tiro atrás de la cabeza. Las autoridades asumieron en el primer momento que el hombre les disparó a las mujeres, las cubrió con una sábana y posteriormente tomó asiento en el sofá y se disparó atrás en la cabeza. Según la investigación, la familia residía en Estados Unidos y se trasladaban al ejido los fines de semana. En esa ocasión no fue la excepción.   La versión oficial   El Coordinador en Mexicali de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada (SCDO), David Lozano afirmó que en el mencionado expediente, solo fue utilizada un arma calibre .380 que fue localizada en el lugar. También mencionó que tras una revisión se dieron cuenta que Delfino no tenía antecedentes de consumo de drogas, por lo que aún no tienen definida una hipótesis respecto a los homicidios y calificó el hecho como una tragedia familiar. De acuerdo a los análisis periciales en la escena, las mujeres no habrían tenido tiempo de oponer resistencia, ya que ambas recibieron disparos en la cabeza a corta distancia tipo tiro de gracia. Según las estimaciones de los peritos el homicidio pudo ocurrir cerca de las 5 de la mañana del lunes 15 de junio,  porque al ser localizados, los cuerpos aún no se encontraban en estado de descomposición. Lozano abundó que no existían huellas de violencia en la escena del crimen además de que la vivienda se encontraba cerrada por dentro, por lo que presumen en primera instancia,  que no hubo otra persona involucrada. Agregó que ninguno de los involucrados tenía antecedentes penales.   Vinculados a proceso   Con las muertes de María López y su hija María del Carmen López suman hasta el momento 12 homicidios de féminas en lo que va del año 2015 en la capital del estado bajacaliforniano. En marzo se presentaron cuatro asesinatos de los cuales, en dos, las autoridades ya detuvieron y presentaron a un presunto responsable, durante la semana pasada, ambos  fueron vinculados a proceso. El primero de ellos fue Pablo García Gutiérrez de 26 años de edad, acusado del homicidio de Ana Leticia Zatarain, quien desapareció la noche del jueves 5 de marzo y fue localizada muerta hasta el lunes 9 del mismo mes. Su cuerpo fue reportado en un dren del ejido Pólvora, envuelto en una cobija, en avanzado estado de descomposición y tenía un cable eléctrico atado en el cuello. Fue hasta el primero de junio que García Gutiérrez fue vinculado a proceso, el joven supuestamente tenía una relación sentimental con Ana Leticia, a la cual la contactaba vía internet. Según el fiscal, Ana Leticia estuvo con el ahora imputado entre las 20:30 horas del 5 de marzo hasta las 9:30 del día siguiente, tiempo en que García atacó a la mujer estrangulándola con un cable eléctrico y posteriormente envolviéndola en una cobija y bolsas negras, sin embargo, el joven se quedó con el carro de la víctima y no fue sino hasta que intentó venderlo que fue detenido por la PGJE. En el juicio se ventiló a propósito de la pareja, que ya habían convivido en varias ocasiones y ese día habían tenido una pelea, en la que presuntamente el hombre agredió físicamente a la mujer, por ello el Ministerio Público pidió que se le vinculara a proceso por homicidio calificado con ventaja, y robo de vehículo. Pero el juez de garantía desechó el último cargo. La defensa solicitó el acta de procesamiento pericial de la escena, como medida para desvincular a García Gutiérrez, además de que anteriormente había diferido la audiencia del 28 de mayo al primero de junio para presentar a tres testigos, mismos que finalmente  no acudieron a la cita. La fiscalía tendrá hasta el 1 de diciembre para presentar todas las pruebas y alegatos en contra del imputado el cual durante ese tiempo permanecerá en prisión preventiva. En el segundo homicidio con detenido, el 9 de junio la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a Francisco Javier Castellanos Ávalos de 40 años acusado de homicidio calificado con premeditación y ventaja en contra de Erika López de 46 años. Según los hechos relatados por el fiscal, Erika López se dedicaba a la prostitución con el conocimiento y explotación de su marido. Por lo que previo a su homicidio, se habría contactado para tener un encuentro sexual con Castellanos Ávalos el 9 de marzo al filo de la media noche en un centro comercial de la plaza Santa Bárbara en el poniente de Mexicali. Sería el mismo esposo de Erika, Javier Cerros, quien la llevó hasta el lugar para que tuviera relaciones con el ahora inculpado, como medida de seguridad apuntó las placas de la camioneta Aerostar color azul, mismas con las que finalmente darían con el paradero del presunto responsable. El 11 de marzo, luego de 2 días ausente, el marido reportó a la mujer como desaparecida ante la PGJE, fue hasta el 13 de marzo que fue localizado el cuerpo. De acuerdo a los hechos relatados por la fiscalía, el presunto responsable Francisco, llevó a la señora a su domicilio en la calle Zacatecas del fraccionamiento Colosio, fue ahí en donde se  presumen que la agredió, poseedor de mayor fuerza física, logró someter a Erika con una conexión eléctrica en el cuello. Según la autopsia realizada el 14 de marzo por el Servicio Médico Forense, fue una obstrucción de las vías respiratorias la causa final de la muerte. Y la relatoría de la PGJE indica que el homicida utilizó cinta adhesiva color gris para cubrirle el rostro, nariz y boca por lo que la mujer no pudo respirar y finalmente murió. Con los datos proporcionados por el esposo, la PGJE corrió el número de placas dando como resultado que Castellanos Ávalos era el dueño por lo que se entrevistaron con él para que aclarara los hechos. Dijo que se había contactado con Erika por medio de la red social Facebook y que mantenían una relación de un año, además que la mujer le había pedido dinero prestado y que se lo pagaría con favores sexuales. En su testimonio afirmó que el día de los hechos había salido de trabajar a las 4 de la tarde y se dirigió a su vivienda, junto con su esposa salió del domicilio regresando hasta las 10:30 de la noche y que ya no salió, pidió que se realizaran pruebas en el vehículo y en la casa con el fin de aclarar la situación además de que colaboraría en lo que fuera necesario. El 31 de marzo se le realizó una entrevista a la esposa del imputado, dijo que se había separado de su esposo días previos pero que aún mantenían un vínculo aunque ella vivía en otro domicilio. Al día siguiente la PGJE realizó un cateo en donde encontró cinta adhesiva de la misma que se había utilizado para amarrar a Erika, además de que en la prueba genética 176/2015 se encontró ADN del acusado en las uñas de la mujer. Ante las pruebas, la juez determinó vincularlo a proceso pese a que no se tomó en cuenta la declaración del imputado debido a que no había un abogado defensor al momento en que se realizó la entrevista con la PGJE. El caso se tendrá que resolver el 15 de diciembre, mientras tanto Francisco Javier permanecerá en prisión preventiva.   Hace falta prevención: De la Rosa   El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa indicó que se requiere fortalecer y consolidad los esquemas de prevención social en todo aquello que tiene que coadyuvar con la formación de las familias. “Como ha habido este caso (doble homicidio-suicidio) hemos tenido otros tanto aquí como el de Tijuana y algunas otras regiones del Estado, ahí particularmente no es únicamente a través de las instancias policiales como se resuelve porque ahí estamos hablando de esquemas de violencia familiar”, afirmó el funcionario. Dijo que es necesario que los diversos sectores sociales y las entidades de los 3 niveles de gobierno atiendan a la prevención social del delito y  factores de riesgo como violencia doméstica, esquema de adicciones y pandillerismo. De la Rosa puso como ejemplo el programa “Comunidad Segura” para fortalecer los mecanismos de prevención y afirmó que son casos “concretos y aislados”.     Liberan a joven involucrada en caso “Charly”   Cristina “N”, la joven acusada de cómplice en el homicidio de Carlos “Charly” Oceguera, de 16 años, ocurrido en 2011, fue liberada tras cumplir casi cuatro años interna en el Centro de Tratamiento para Adolescentes. La joven de  20 años recibió una sentencia de amparo a favor, luego de haber completado tres quintas partes de su sentencia, además de cumplir con buena conducta, por lo que recibió el beneficio de la Ley. La audiencia privada se llevó a cabo el lunes 15 de junio en el Juzgado de Primera Instancia Especializada en Justicia para Adolescentes, donde familiares de “Charly” Oceguera esperaron a la joven para amedrentarla y acusarla de homicida, por lo que alrededor de 50 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali tuvieron que escoltarla. feminicidiosSegún la confesión de  los en ese entonces menores Adrián “N” y Cristina “N”, Carlos acudió al domicilio del primero bajo engaños y, en un ataque de celos, Adrián le quitó la vida, por lo que finalmente fue juzgado a cumplir una sentencia de 10 años; mientras que la menor recibió seis años, pero finalmente salió por buena conducta. Luz Adriana Macías Molina, primer secretaria de Acuerdo en Funciones, dijo que la sentencia de amparo 33/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito en Tijuana, en favor de Cristina, le daba oportunidad de continuar con el resto de la sentencia en libertad,  con la única condicionante de que debe recibir orientación y protección para continuar sus estudios y, cada tres meses, presentará un informe; de lo contrario podría volver a ser internada. La sentencia le permite continuar con sus estudios en México o en cualquier otra parte.

Las 41.6 toneladas de marihuana que fueron decomisadas en Tijuana el viernes 12 de junio, eran, de acuerdo a las autoridades de Baja California, propiedad de Ismael “El Mayo” Zambada. La droga había sido trasladada hasta esta frontera en varios viajes de camiones que cruzaron retenes, puestos de revisión e inspección desde Sinaloa hasta Tijuana. Pero nunca fue detectada ni por policías federales, ni por elementos del Ejército en los pocos retenes que tienen instalados en carreteras mexicanas. De hecho, para transportar los paquetes de enervante, las autoridades bajacalifornianas requirieron cinco camiones de carga. Los primeros en llegar a la casa en la colonia Granjas Familiares de Tijuana fueron -según vecinos y testigos- elementos de la Policía Estatal Preventiva. Una investigación tras una detención, aparentemente después de una denuncia ciudadana, llevó a los agentes de la PEP a la localización del mega decomiso. Lo que encontraron y que fue resguardado por el Ejército, además  de puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, fueron paquetes de marihuana incluso etiquetados con los nombres de los narcotraficantes y células criminales a quienes serían entregados paquetes específicos. En total, eran diez nombres los destinatarios. Algunos “conocidos” criminales locales, otros no identificados y en investigación. El decomiso se suma a los que ocultos entre plátanos, cajas de pollo, bodegas clandestinas, tráileres, vehículos abandonados, así como en aviones ultraligeros, la II Zona Militar ha informado que se han asegurado hasta dar con casi 80 toneladas de marihuana. A la vez se han destruido más de diez plantíos de enervante entre Sonora y Baja California durante los meses de abril a junio de 2015, según ha informado la II Región Militar a cargo del Comandante General de División, Moisés García Ochoa. Durante el periodo señalado también se han asegurado más de 300 kilogramos de cristal, 500  kilos de cocaína, producto marino en veda como langosta roja y en peligro de extinción como caguama, así como millones de pesos y dólares. Las 41.6 toneladas de marihuana aseguradas el viernes 12 de junio presumían un buen cuidado y quizás una llegada reciente a la ciudad; además, por los 15 diferentes símbolos -algunos de dibujos animados- que se estamparon en los 5 mil 271 paquetes, se presume tenían destinos distintos, afirmó el Comandante de la Segunda Zona Militar, Gabriel García Rincón. En la Procuraduría General de la República (PGR), las investigaciones están en curso, pero la pareja que afirmó estar encargada de la marihuana y que además fue sorprendida en posesión de 54 paquetes de hierba, ya fue consignada al Juzgado Segundo de Distrito. En su momento declararon que recibían alrededor de 2 mil pesos por semana. Sus hijos, con los que vivían en el predio donde tenían oculto el enervante, fueron puestos a la disposición del DIF. García Rincón señaló que de acuerdo a investigaciones de la PGR, puede suponerse que la droga fue traída a la ciudad de Tijuana desde de Sinaloa. Hasta el momento no ha trascendido qué medio de transporte se utilizó para el traslado ni cuánto tiempo transcurrió para que los más de 5 mil paquetes pudieran llegar al domicilio de la colonia Granjas Familiares. “Depende del medio de transporte que utilicen, por ejemplo, una avioneta carga un promedio de 500 kilos, pero por tráiler hasta 20 toneladas. Entonces, con las investigaciones que hagan las autoridades correspondientes vamos a poder determinar por dónde llegó y qué medio de transporte utilizaron, a lo mejor es por mar”, indicó el mando. Durante la presentación oficial del enervante en el 28 Batallón de Infantería, García Rincón destacó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Arellano Félix como los que siguen teniendo mayor presencia en la entidad. Este decomiso es el más grande del año 2014 y de lo que va de 2015. El año pasado terminó con 97 toneladas incautadas, 390 kilogramos de cocaína y cuatro narcotúneles. Mientras que en el transcurso del presente año,  hay registro de 80 toneladas de marihuana, 509 kilogramos de cocaína y cinco narcotúneles.   Decomisos recientes   18 de junio.- Personal de la II Región Militar y la 2/a Zona Militar detectaron en la playa del poblado de San Quintín, cinco costales que en su interior contenían 219 paquetes de marihuana, con un peso de 220 kilogramos.  17 de junio.- En operativos distintos, elementos del Ejército Mexicano aseguraron más de 400 kilos de marihuana y destruyeron plantíos del enervante en diversos puntos de Ensenada. En el primer decomiso, elementos del 67/o Batallón de Infantería en San Quintín, aseguraron en el poblado de Vicente Guerrero un vehículo marca Toyota 4 Runner modelo 1996 color gris, que contenía 388 paquetes de marihuana, con un peso total de 400 kilogramos. El mismo Batallón de Infantería ubicó y destruyó 10 plantíos de marihuana sembrada en una superficie de casi 5 mil metros cuadrados. Estaban ocultos entre vegetación de una cañada situada en las inmediaciones de la Sierra de San Pedro Mártir. Elementos de la II Región Militar en Mexicali y la 45/a  Zona Militar en Nogales, Sonora, destacamentada en Puerto Peñasco, localizaron una caja de tráiler con 14 toneladas de marihuana, abandonada en las inmediaciones de un centro recreativo. La caja y el enervante asegurado fueron puestos a la disposición del Ministerio Público Federal de Puerto Peñasco. 16 de junio.- Más  de 3 mil kilos de droga oculta en cajas de pollo. Personal de la 45/a. Zona Militar destacamentada en el puesto militar “Cucapah”, en el Kilómetro 176.5 de la Carretera Federal Número 2, tramo Sonoyta- San Luis Río Colorado, Sonora, aseguraron mil 16 paquetes de marihuana en un tractocamión, las cuales arrojaron un peso aproximado a 3 mil 527 kilogramos. La unidad marca Kenworth, modelo 2008 y de color rojo, placas 279-DV-Z SPF, con razón social “César Jaime Avendaño Chan”, era conducida por Alejandro Navarrete Miramontes, procedente de la ciudad de Hermosillo, Sonora y con destino a Tijuana. 12 de junio.- Decomiso de langosta y caguama. Durante los recorridos de patrullaje realizados por personal de la II Zona Militar en la delegación San Vicente, municipio de Ensenada, detuvieron a dos civiles que conducían un pick-up y producto marino de veda federal: 653 kilos de langosta roja, 23 kilos de caguama y una caguama viva de 28 kilos, especies que se encuentran en peligro de extinción. 8 de junio.-. Poco más de una tonelada de marihuana oculta entre cajas de plátanos, fue asegurada por elementos de la II Región Militar en Mexicali  y la 2/a. Zona Militar en Tijuana, en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “El Centinela”. El total del decomiso consta de mil kilos 59 gramos de marihuana, una persona civil (conductor), un tractocamión con razón social “Ramón Antonio Silva Carrillo”.  El enervante iba oculto en el embalaje de cajas conteniendo plátanos de la empresa Maradol Chiapas. 2 de junio.- Elementos de la II Región Militar y la II Zona Militar  aseguraron un avión ultraligero con un remolque en el Ejido Mérida, en Mexicali. El artefacto pretendía transportar 20 kilos de marihuana hacia los Estados Unidos. 25 de abril.- En dos acciones por separado, el Ejército Mexicano decomisó nueve toneladas de marihuana e incautó casi 3 millones de pesos y 2 millones de dólares, en Mexicali y Sonora.  El primer aseguramiento ocurrió en las inmediaciones del Ejido Monterrey del Valle de Mexicali, cuando personal adscrito a la II Región Militar, detuvo un vehículo marca Ford, el cual transportaba 9 mil 895 kilogramos de marihuana, contenida en 703 paquetes. Dos personas fueron detenidas en el lugar, una de nacionalidad estadounidense. Tanto los detenidos como el vehículo, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente Posteriormente, personal del Ejército Mexicano destacamentado en la garita aduanal de San Emeterio en el municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora, en coordinación con personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras realizaban labores de revisión al cruce vehicular que ingresaba a territorio mexicano, incautaron 2 millones 834 mil pesos y 2 millones 49 mil 900 dólares.  En este caso, por la portación de recursos de procedencia ilícita, se detuvo a dos personas, así como el tractocamión donde se encontró el dinero en efectivo. Tanto los detenidos como los millones de dólares y pesos, así como el vehículo, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal de Sonoyta, Sonora.  18 de abril.- En la delegación Vicente Guerrero de Ensenada, elementos de Ejército Mexicano y de la Policía Municipal del puerto, aseguraron 790 kilos de marihuana, 300 kilogramos de cristal y 20 kilogramos de cocaína. La droga era transportada en dos camionetas una tipo van Express y la otra modelo Bronco. 17 de abril.- Elementos de la II Región Militar y de la 45/a. Zona Militar, decomisaron en el  Puerto Fronterizo Nogales III, 757 paquetes de marihuana oculta en un tractocamión. La droga, que dio un peso total de 8 mil 030 kilógramos, estaba en paquetes de diferentes formas y tamaños. 16 de abril.- 399 kilos de marihuana envueltos en cinta canela, fueron asegurados en la delegación municipal San Vicente, en un recorrido de vigilancia que realizó la Base de Operaciones Mixtas de la Dirección de Seguridad Pública y elementos del Ejército Mexicano.  El enervante estaba abandonado en una camioneta Dodge Ram 2500 color azul, placas de circulación ZJA- 345L fronterizas, donde encontraron 219 paquetes de droga en la cabina y en la caja. 14 de abril.- 56 paquetes de droga oculta en un vehículo, que contenían casi media tonelada de marihuana, fueron incautados en la delegación municipal Vicente Guerrero, al sur de Ensenada. En la zona comercial, Fuerzas Armadas  localizaron un vehículo tipo vagoneta marca Ford que fue intervenido por no respetar la luz roja del semáforo. La Excursion color verde, placas de circulación AKS2246 de Baja California, conducida por Joel Alonso León Limón de 33 años de edad, ignoró la señal de alto que le marcaron las autoridades y trató de darse a la fuga por la carretera Ensenada- La Paz, con rumbo al norte. Tras una persecución de 5 kilómetros, a la altura del Ejido Emiliano Zapata, lograron cerrarle el paso y al realizar una revisión precautoria del vehículo, hallaron que estaba cargado con 56 paquetes de envueltos en cinta canela color café. El chofer de la vagoneta manifestó ser originario de Guasave, Sinaloa.