En Baja California, en el período 2009-2010, la precipitación pluvial en promedio fue de 220 milímetros y, conforme han pasado los años, consistentemente ha disminuido a 130 milímetros anuales. De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los pronósticos indican que en la región lloverá cada vez menos. Las disminuciones en futuros años podrían ser hasta en un 20 por ciento. El municipio de Mexicali registra la menor precipitación (50 milímetros) en todo el país. A esta situación se suma la inconsciencia de quienes desperdician a diario el líquido vital y aquellos que no pagan el servicio en tiempo y forma. De acuerdo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana (CESPT), de 525 mil cuentas residenciales, solo 120 mil saldan sus adeudos mensuales puntualmente; el resto lo hace con atrasos de tres a cinco meses o más. Cabe destacar que en cartera vencida, actualmente aparecen 74 mil cuentas.   Ante una emergencia por la escasez de agua en Baja California, se anticipa un problema de desabasto, advirtió el investigador del Departamento de Geofísica Aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), doctor Rogelio Vázquez González. Si bien es cierto, el agua que se destina para Baja California proviene del Río Colorado y se tiene un tratado binacional para contar con el líquido, se contempla la posibilidad de disminuir el porcentaje del suministro, así lo dijo a ZETA el titular de la CESPT, Alfonso Álvarez Juan. De entrada,  afirmó que la situación de California, Estados Unidos, y de Baja California es diferente, pues el problema básico del estado vecino se da en el Valle de San Joaquín (con vocación agrícola), donde no están recibiendo agua debido a la sequía y falta de nevadas. Afirmó que el tema del uso correcto del agua lo tiene implementado la dependencia desde 1990, y tiene que ver con el uso responsable, sin embargo, Álvarez no precisó los impactos directos y los ahorros generados. “Por plan de gobierno tenemos meta de llegar a 95 mil multiplicadores, que son los niños en escuelas. El Día Mundial del Agua (22 de marzo) tomamos protestas a 400 niños como guardianes del agua que llevaran el mensaje. En restaurantes de Tijuana distribuimos en los manteles para que los niños los coloreen y los adultos tomen conciencia. El director de la CESPT mencionó que el Gobierno Federal emitió un decreto el 9 de abril de 2015, en el cual la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determina que hay 388 municipios en sequía donde se encuentran los cinco municipios bajacalifornianos; a raíz de eso instalaron una mesa de trabajo para determinar acciones que lleven a multiplicar el buen uso y re-uso, por lo que en dos semanas esperan lanzar un programa de socialización. Agregó que en Tijuana, el consumo es de 169 litros por día, y a nivel nacional, de 350 litros. Aunque quizás no sea lo óptimo, sí advierten un uso responsable, pero no por parte de todos los ciudadanos. En torno al número de cuentas, el funcionario estatal indicó que tienen 604 mil usuarios, de los cuales 524 mil (79%) son residenciales, el resto es industrial, comercial y de gobierno. Del total de las cuentas residenciales, solo 120 mil paga puntualmente, el resto se atrasa por varios meses.    Alfonso Álvarez expuso que la estrategia del gobierno estatal en torno a la generación y ahorro del líquido es el establecimiento de una desaladora (250 litros por segundo) en Playas de Rosarito, además de la generación de estudios para utilizar el agua de re-uso, mientras que al sector industrial le pedirán hacer más eficientes los procesos.  Por lo que respecta a Tijuana, en la colonia Libertad se aplicó un plan piloto con la instalación de una válvula que reduce el suministro en un 20%, arrojando efectos positivos. Para instalar 100 mil válvulas se necesitan aproximadamente 120 millones de pesos, cantidad que ha sido solicitada al Gobierno Federal y están en espera de la respuesta. En tanto, el titular de la CESPT reconoció que de ser necesario tandear el agua en la ciudad, lo llevarán a cabo.   El difícil escenario   En diciembre de 2014, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) generó un estudio de proyecciones de la mayor sequía en el vecino Estado de California en los últimos mil años, empero, las gráficas muestra mayor deterioro en la parte Norte de México, y anota que en el año 2060 el país sufrirá escasez de agua, siendo la frontera norte la más afectada. De acuerdo al organismo, el país recibe el 10% del agua del Río Colorado, que usan los estados del Noroeste (principalmente Baja California y Sonora), cuenca que además dota de agua a un estimado de 40 millones de estadounidenses. Por su parte, el investigador del Departamento de Geofísica Aplicada del CICESE, Rogelio Vázquez González, citó que existe una problemática con recursos hidráulicos en la región, y que probablemente tiene que ver con cambios climáticos a nivel mundial. Lo estamos viviendo, hay información donde nos indican que la precipitación ha ido disminuyendo de 2009 a la fecha, podría decir que de 2007, tenemos menor recarga de nuestros mantos acuíferos. Por otro lado, desde 2012, al Norte de la frontera se publicaba un escenario  de sequía, eso conlleva una reducción de recursos hidráulicos. “Es un problema serio; tenemos solamente el acueducto del Río Colorado-Tijuana, en caso que tenga un problema por efectos de temblor o falla, no hay infraestructura que lo supla. No podemos estar sin un plan b, que pueda en dado caso hacer frente a una falla o escasez. Si se quedan sin líquido en nuestras casas por más de 24 horas, se convierte un problema”, expresó. Ante tal situación, es necesario buscar alternativas como el tratamiento de aguas para el uso en la agricultura y la desalinización del mar, que no es otra cosa que la evaporación.   Sin plan de contingencia   El senador Víctor Hermosillo Celada dijo a ZETA que Baja California no cuenta con un plan de contingencia ante la demanda del líquido en mayores cantidades, por lo que se debería tener un plan de emergencia, al no descartare la situación que pudiera darse a futuro. Agregó que ante la sequía que se ha presentado desde hace cuatro años en California, y dado a la disminución del agua que tiene el Río Colorado que también abastece al vecino Estado, se podría limitar el líquido a Baja California. El  racionamiento en la distribución del agua tendría que ser igual para las entidades que la reciben, y podría ser del 10%. “En México no se previenen las cosas. Hasta que no se tiene el problema hacen algo, cuando se pueden hacer tomar acciones con anticipación”, consideró. Según el legislador, el problema fundamental es que en el país no se cuenta con planes de contingencia y existe un constante desperdicio de agua por parte de los ciudadanos, sobre todo, no tienen la cultura del pago para que con esos recursos, se generen obras necesarias de infraestructura. Por otro lado, opinó que de darse las reducciones, la parte más dañada sería la agricultura, debido que el 91% del agua que se suministra en Baja California, debe destinarse a las tierras de cultivo.   Consumo en agricultura deberá reducirse   En torno al tema, el investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), doctor Óscar Alberto Pombo López, detalló que California tiene un sistema complejo de reservas y acueductos interconectados para suministrar agua a sus ciudades, que en teoría, permitiría amortiguar alrededor de diez años de precipitaciones menores a la media regional y, cuando se llega a cierto nivel de las reservas, se activa la alerta. “El consumo urbano de California es muy superior al de Baja California,  en números rápidos, una persona promedio de San Diego usa la misma cantidad de agua que una familia tipo de Tijuana… y en California hay personas que consumen varias veces el promedio, especialmente para mantener grandes áreas verdes en propiedades lujosas, la mayoría de las medidas van dirigidas a ese sector”, argumentó. Se debe tener en cuenta que la mayor parte del agua es consumida por la agricultura (aproximadamente el 80%) pero, a diferencia de Baja California, por el sistema de permisos de derechos de agua vigente, no es posible reducir el consumo del sector, por lo que las ciudades compiten en desventaja con el sector agrícola. “El consumo promedio por habitante de Tijuana se sitúa alrededor de 140 litros por día, el límite inferior de lo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera el suministro necesario para mantener una población saludable, es decir, que no se puede reducir el consumo por habitante de la ciudad, so riesgo de generar condiciones insalubres para la población” Pombo López recordó que el agua que recibe el Estado desde el Río Colorado es producto de una negociación binacional, los volúmenes son fijos e inamovibles, como en casi todas partes del mundo. “A nivel Estado, el Río Colorado proporciona aproximadamente el 65% del total, mientras que el 35% es extraído de acuíferos y algunos ríos de muy bajo caudal, como el Río Tijuana. Aproximadamente el 90% del agua que consumen Tijuana, Tecate y Rosarito, proviene del Río Colorado”. — ¿Estamos en riesgo de quedarnos sin el líquido?, se le preguntó. “Hay que ver qué es lo que Usted considera quedarse sin el líquido, ¿de quién está hablando, de los agricultores  o de las ciudades? Es posible que en un futuro sea necesario reducir los volúmenes que hoy se destinan a la agricultura para divertirlo a las ciudades, pero con una reducción del 10% del agua que hoy se destina a la agricultura, se puede duplicar la población urbana del Estado”. Respecto a los tandeos de agua, el investigador de El COLEF opinó que es una respuesta parcial a un problema de inadecuada infraestructura, solución momentánea que no vale la pena utilizar por tiempo prolongado, ya que al poco tiempo, todo mundo tiene tinacos que compensan cualquier reducción. Al igual, comentó que Tijuana recibe del Río Colorado la mayor parte del agua (cerca del 90%), en tanto que las presas son para almacenar excedentes y aprovechar el agua de las lluvias; sin embargo, la Presa “Abelardo L. Rodríguez” en Tijuana luce escuálida. Para la provisión de agua a la ciudad, la clave es el acueducto que comunica con Mexicali, el cual se encuentra muy cerca de ser utilizado en su totalidad,  y a futuro será necesario ampliar la capacidad del mismo.   La sequía de California   Por cuarto año consecutivo, California entra en un estado de sequía y, en busca de generar medidas de ahorro para hacer frente al problema, el Estado ha decretado medidas de ahorro del agua desde el viernes 15 de mayo. La portavoz de la Junta Estatal de Recursos del Agua de California, Miriam Barajas, informó a ZETA que en 2014, el gobernador Jerry Brown declaró un estado de emergencia y autorizó a la Junta de Agua del Estado de California, tomar las medidas pertinentes para enfrentar la situación climatológica. Por lo anterior, el plan de conservación se retomó en el presente año y, si bien termina en 2016, a futuro podría ser permanente. Éste se asocia a la temporada de calor, que arribó desde la primavera de 2015 y se aplica a negocios, proveedores y ciudadanos (38 millones), con lo anterior se busca una reducción general del 25% de agua que se convertiría en una disminución de 1.2 millones de acres (un pie de acre es igual a 325 mil 851 galones) de pies de agua en los siguientes nueve meses. La entrevistada abundó que tienen diversas fuentes primarias para hacer frente a las demandas de agua, como son el agua importada, agua de mar desalinizada, agua no potable reciclada, así como agua potable reciclada y la conservación de la misma. La Oficina de Recursos Hidráulicos de California, habría decretado acciones de ahorro del líquido que se relacionan con nueve tasas de reducción, las cuales oscilan entre el 8 y hasta el 36%.      El programa de ahorro en California establece las siguientes restricciones para los ciudadanos   Uso de agua para lavar la calle y banquetas Escurrimientos cuando sea con agua potable El uso de mangueras sin boquillas de cierre para lavar coches El uso de agua potable en elementos fuentes que no tengan una bomba para que recircule Uso de riesgo al aire libre durante y 48 horas después de la precipitación mensurable   Restricciones para los negocios   Restaurantes y otros establecimientos de servicios de alimentos, solo pueden servir agua a los clientes bajo petición Hoteles y moteles deben ofrecer a los huéspedes la opción de no tener toallas y ropa lavada diario   Lo que los proveedores de agua deben hacer   Imponer restricciones en el riego al aire libre Notificar a los clientes acerca de filtraciones que están dentro del control del cliente Entregar un informe mensual sobre el consumo de agua del cliente Informar sobre el cumplimiento y aplicación de las medidas   Agua con la que cuenta Baja California   Volumen disponible 3,584.8 mm3 Uso consuntivo 89.4% Remanente 10.6%   Utilización del agua disponible en Baja California   Agrícola 91.4% Urbano 7.7% Pecuario 0.6% Industrial 0.3%     Multas   De acuerdo a la Dirección de Servicios Públicos Municipales (DSPM), en el periodo de mayo de 2014 a mayo del presente año se han efectuado 939 multas por derrame de agua por parte de los ciudadanos que residen en Tijuana. El monto total por dichas infracciones asciende a 385 mil 181 pesos. El importe promedio de cada multa es de 410 pesos.  

Ciudad de México.- Tras la declaración del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, del involucramiento del director de la Policía de Ciudad Juárez, Jesús Antonio Reyes Ramírez en el atentado en su contra, la Fiscalía General de Chihuahua, abrió ésta como una nueva línea de investigación para integrarla al caso. Así lo declaró el ex titular de Seguridad Pública en Tijuana en entrevista con ZETA. Han pasado trece días desde que fue atacado a balazos mientras viajaba con su familia. Su salud ha mejorado. Ahora puede sostener una conversación hasta por treinta minutos sin agitarse. Todavía en el Hospital Militar de la Ciudad de México, habla sobre los avances de la investigación, de la preocupación por la seguridad de su familia, de su estado de salud, pero también de la parcialidad de la Fiscalía en la investigación del atentado ocurrido el 8 de mayo que lo mantiene en cama. – Teniente, ¿cómo sigue de salud? “Afortunadamente en recuperación. Ya no me fatigo tanto al hablar, ya puedo respirar bien, las heridas externas van cicatrizando. Todavía tengo un problema en la columna, eso con la rehabilitación física para poder recuperar movilidad, pero me dicen que va por muy buen camino, que voy recuperando rápido la estabilidad”. – ¿Y de ánimo cómo está? “Como siempre, yo nunca he tenido el ánimo bajo”. – ¿Ya rindió su declaración ministerial? El 19 de mayo, la Fiscalía envió un comunicado de prensa para decir que cuando acudieron al Hospital Ángeles en Ciudad Juárez, Usted se negó a rendir su declaración y que por eso no se integró a la carpeta de investigación. “Yo no me enteré que ellos hayan ido porque la situación médica en que yo estaba, no permitía que yo tuviera contacto con personas al exterior. Estaba entubado, tenía medicina por todos lados. No tenía la capacidad de hablar, no podía expresarme. Si ellos dicen que estuvieron ahí, no lo dudo, pero no había la manera en ese momento de que yo los pudiera atender, porque si hubiera dado una declaración en ese momento, no hubiera sido congruente porque no podía organizar mis ideas. Fue el domingo (dos días después del ataque) cuando estaba en terapia intensiva. De alguna manera, era mejor que no diera declaraciones en ese momento”. – Desde que llegó al Hospital Militar de la Ciudad de México, ¿han contactado con Usted, le han llamado? ¿Cómo ha sido el interés por contar con su declaración? “No sé si porque no tenían la forma de comunicarse conmigo, pero fue mi esposa quien estableció contacto con ellos ayer (miércoles 20 de mayo), y hoy pude comunicarme con el MP que asignaron a mi evento. Me dice que me puede tomar la declaración en breve, nada más que le autoricen el traslado para acá. Me dice que en lo que se refiere a la actuación material, no le ve problema que mi declaración vendría únicamente a redondear la información que ellos tienen, porque la detención fue en el mismo lugar del evento y por los testigos oculares en sí. Con esa información, los autores materiales ya quedaron sujetos a proceso, entonces, por ser un delito grave, no alcanzan fianza y están sujetos a proceso. De cualquier manera, le comenté al MP, le agradecí que hayan podido mantener el proceso y que estas personas no pudieran evadir la acción de la justicia, pero me queda la inquietud, en lo particular, de que se tiene al ejecutante material, pero no al autor intelectual. En el segundo caso del autor intelectual, me siento con la incertidumbre porque la vida de mi familia y la mía propia, se mantiene en un riesgo”. – Cuando el MP habló con su esposa, no le pidieron o integraron esa parte de la declaración que hizo en la entrevista que sostuvo con ZETA, en la que responsabiliza al director Reyes como parte de la carpeta de investigación. “De hecho me dijo el Ministerio Público que en base de la declaración que hice yo y la publicación del Semanario ZETA, les dieron instrucción de abrir las líneas de investigación”. – Al respecto, el alcalde de Ciudad Juárez, Enrique Serrano, declaró que espera Usted haga una denuncia formal contra el director Reyes y no solo lo comente a la prensa. ¿Ha considerado esa posibilidad, Teniente? “No que yo haga una denuncia formal, yo creo que en la declaración ministerial que tengo que hacer, va implícita. La denuncia debe abrirse automáticamente, la línea de investigación. No tengo que decirles que ‘investíguenlo por esto’, le puedo decir al Ministerio Público lo que me pasó a mí y ellos tienen la obligación de iniciar de oficio, la investigación respectiva”. – Entonces, le interesa que el MP tome su declaración lo antes posible… “Ya está hecha la integración del enjuiciamiento de los ejecutantes materiales, pero el intelectual es el más peligroso, considero yo…”. – Que sería, en este caso, el director Reyes… “Pues no sé si sea él, pero por lo que me dijo el que me atacó directamente, pues algo tengo que pensar así, porque me dijo ‘mensaje del Dire Reyes’, y el único Dire Reyes del que tengo conocimiento es él. Por eso lo asocio inmediatamente, no creo que haya otro Dire Reyes ni nadie más a quien se le apode así. Espero que con la declaración ministerial, sin que exista la necesidad de una denuncia física directa, el Ministerio Público es conocedor de la Ley y saben que esto es suficiente”. – Por cierto, esta semana el director Reyes comentó que optó por retirarse de la Secretaría de Seguridad Pública “por las cuestiones de abusos que se estaban generando”. “Él fue policía municipal en un tiempo. Después supe que volvió a ser ministerial, pero recuerdo que lo saqué de la Policía por actos de corrupción. Serían abusos de él mismo, porque si no, permitirle cometer actos de corrupción es un abuso, entonces estoy totalmente de acuerdo con él que fue abusado”. Esta semana, el actual instructor de tiro de la Academia de Policía y ex agente municipal de Ciudad Juárez, José Luis Arreola Rodríguez, fue detenido por participar en el homicidio de cuatro personas en 2012, cuando en funciones, de acuerdo a medios de comunicación, Arreola Rodríguez fungía como escolta personal del entonces secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola. Al Teniente se le preguntó del caso. – ¿Ha tenido información de su ex escolta, detenido esta semana por el homicidio de tres detenidos? “Esa persona que detuvieron y dicen que fue mi escolta en su tiempo, le puedo asegurar: nunca fue mi escolta”. – ¿No trabajó con Usted entonces? “Él fue escolta de un subjefe de un distrito, nunca llegó a ser escolta de ningún titular de la Secretaría. Lo ponen como escolta mío porque intentan deteriorar la imagen o de desviar la atención a otros rumbos. No lo reconozco siquiera como policía municipal, no lo recuerdo. Pregunté después, ya que me dicen que lo detuvieron, pues dicen que fue policía municipal, pudo haber sido y después me dijeron que había estado de escolta de un subjefe de distrito, pero si a mí me lo presentaran directamente, jamás lo reconocería. Imagínese, había 2 mil 600 policías, para recordar la cara y nombre de cada uno, está un poco difícil”. – Esta semana y luego de las declaraciones que Usted hizo la semana pasada a ZETA, la prensa circuló un vídeo en el que aparece Jesús Antonio Castañeda Álvarez, quien confesó disparar en su contra, en el que asegura que el móvil del atentado fue un asunto personal, una venganza por una agresión contra su hermana y que Usted perpetró. ¿Qué opina de esta entrevista que se le realizó al detenido? “No tenía conocimiento de la entrevista. Me parece aberrante que tenga más derechos un reo confeso de una agresión con intención de homicidio que la propia víctima. A una persona que pública, física y materialmente, ha sido comprobado que es un asesino, le están dando un derecho a réplica que no me están dando a mí. Ni siquiera han tomado mi declaración. Lo que le estoy diciendo es lo que pasó, y si se sienten ofendidos o con la necesidad de protegerse, aun a pesar de que hay una víctima y prefieren sostener su calidad moral de que están entredicho, me parece aberrante y poco profesional”. En el video, el detenido aparece con su uniforme penitenciario, a primer plano para decir “yo no pertenezco a ningún crimen organizado, no pertenezco a ninguna banda, no soy nada, simplemente fue por venganza… porque él trato de violar a mi hermana… no me arrepiento de haberlo cometido”. El Teniente Leyzaola se sorprendido de que la Fiscalía permitiera la exhibición pública de declaraciones que forman parte de una investigación en proceso, con lo cual puede poner en riesgo el proceso para enjuiciar a quienes atentaron contra su vida. “Qué lástima que eso hagan las dependencias que deberían estar encargadas de defendernos”, lamentó. -¿Cuál es el pronóstico de su salud? ¿Ya inició terapias de rehabilitación? “Me siento agradecido con Dios por permitirme seguir con vida, muy agradecido con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano porque me ha acogido como siempre, como miembro de sus filas y me han dado la atención y trato excelentes. En el Hospital, los amigos que tengo aquí dentro del Ejército y los funcionarios, son personas muy honestas, muy justas y siempre me han dado una atención excelente. Estoy rodeado de especialistas que tienen interferencia en mi recuperación, están poniendo todo su esfuerzo en que eso suceda. No me queda más que agradecerle a ellos y a Dios que me tenga aquí, y, desde luego, espero yo tener una recuperación pronta y volver a la batalla como siempre”. Por su parte, la pareja del Teniente Coronel afirmó que el principal interés de la familia es que el crimen no quede impune: “No se nos hace justo lo que le hicieron y que todavía esté en riesgo mi familia. El miedo está ahí, latente, solo pedimos que se aclare la investigación, que se llegue a donde se tenga que llegar para dar con el verdadero autor”. De manera oficial, la Fiscalía General de Chihuahua informó que el caso lleva dos líneas de investigación, la primera relacionada a una posible venganza y la segunda, a un delito de índole sexual. Pese a que Leyzaola se le informó que el Agente del Ministerio Público a cargo de su caso, debe esperar una autorización de viáticos para poder viajar a la Ciudad de México y tomar su declaración y la de su esposa, el fiscal general de Zona Norte, Enrique Villarreal, declaró para ZETA, que este procedimiento puede realizarse incluso por medio de una videoconferencia, ya que así está avalado en Ley. Ninguna de las dos opciones ha sido tomada por la Fiscalía. – Por cierto, Teniente, ¿tiene pensado regresar a Tijuana? “Claro que sí.” – ¿Qué planes tiene pensado seguir en Tijuana? “El primer paso sería que Dios me levante de esa mano, ya después veremos qué sigue” – Gracias.  “Gracias a ustedes por toda la atención, también quiero agradecer a la gente de trabajo del Partido Encuentro Social, yo siendo asesor con ellos, aunque sigo aquí, me mantienen en el mismo puesto”.

Divididos en dos bloques -uno matutino y otro vespertino-, los 21 aspirantes a encabezar la presidencia de la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos, comparecieron ante los diputados del Congreso del Estado. Del total de solicitantes solo uno quedó fuera al no cumplir con los requisitos. El siguiente en la elección, le tocará a la Junta de Coordinación Política, y seguramente el jueves 21 de mayo será electo el titular del órgano de Derechos Humanos. Caldeados los ánimos entre los Legisladores locales, la CEDH aún no tiene perfil. Si al arranque de la PDH con Ernesto Ruffo Appel en el Gobierno Estatal, el organismo se perfiló para ser encabezado por miembros de la izquierda mexicana, más apegados a las luchas sociales; al paso del tiempo el Partido Acción Nacional, ya con 26 años en el poder, obtuvo para sí esa posición. Politizada la institución de Derechos Humanos, el PRI derrotado en Baja California y manejado por Fernando Castro Trenti, logró hacerse, en una cuota de poder para su partido y a cambio de votos para iniciativas de los gobiernos del PAN, de la selección del procurador de los Derechos Humanos entre otras posiciones –dos consejeros ciudadanos en la Judicatura, por ejemplo-. Pero fuera Castro Trenti, derrotado por Francisco Vega en 2013 y designado ese mismo año embajador de México en Argentina, el PRI en manos de Nancy Sánchez, dirigente estatal, y René Mendívil, líder de la fracción tricolor en el Congreso del Estado, ha ido perdiendo negociaciones. Hoy día el nombramiento del comisionado estatal de Derechos Humanos se ha vuelto una rebatinga política, donde no se ponen de acuerdo los panistas con los priistas, mucho menos con el PRD. La última consigna para unificar ánimos, habla del acuerdo para otorgar la CEDH a una mujer, y convertir la titularidad esa institución en una cuota de género, aun cuando la convocatoria se lanzó para que se inscribieran hombres y mujeres sin distingos de género. Así, con una historia politizada, los actuales diputados continúan por el camino del compromiso, los intereses y las negociaciones, una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nace viciada.   Las presentaciones de los 21 ante la Comisión   En dos bloques y durante un día, los diputados integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos escucharon a quienes tienen el deseo y cumplieron con los requisitos, para convertirse en el primero comisionado estatal de Derechos Humanos. A continuación, los datos y los puntos medulares de las presentaciones de los aspirantes: Francisco Torres Sevilla. Abogado y asesor fiscal en Ensenada, donde ha sido jefe de la Unidad de Capacitación de la PDH, ha impartido cursos a corporaciones policiacas, tiene experiencia en la investigación, seguimiento y denuncias en proyectos de recomendación hacia los funcionarios públicos y en acompañamientos y gestiones ciudadanas. Busca lograr que los ciudadanos logren atención y asistencia y el respeto a sus derechos humanos por parte de las autoridades, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y promover la capacitación permanente de los servidores públicos para que observen y protejan los derechos humanos; fomentar la capacitación de organizaciones no gubernamentales. De los recursos dijo que se deben de ejercer con eficiencia, eficacia y transparencia y propuso la construcción de edificios para la  nueva CEDH. También elaborar manuales para la calificación de quejas y procedimientos y los diagramas de flujo como controles de eficiencia y calidad. María Isabel Herrera Covarrubias. Abogada tijuanense, ha participado en grupos de apoyo social, mencionó la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”; en la PDH encabezaba la Dirección de Quejas, de donde fue despedida, asegura que injustificadamente, por lo que interpuso una demanda laboral. Su plan de trabajo incluye tres ejes. La protección y defensa de los derechos humanos, la capacitación en derechos humanos y en el nuevo sistema de justicia penal y programas especiales a grupos vulnerables. Comentó que el mayor número de asuntos que se tienen en la PDH son con grupos vulnerables, luego seguridad pública y en tercero sistemas penitenciarios. Mencionó la necesidad de programas especiales para mujeres y niños, las víctimas de violencia, migrantes y la población indígena, en este último caso propone la creación de una Visitaduría para San Quintín. Refiere la importancia de la capacitación, y que el reto para la CEDH es contar con un indicador sobre quiénes son los presuntos violadores de derechos humanos con una base de datos y un registro que sirva de precedente. Francisco Castro Trenti. Abogado, ex funcionario público, ex director de Seguridad Pública en Rosarito, donde fue señalado por detenidos, policías y jueces de tortura, violación de derechos humanos y violación del procedimiento de detención, con denuncias en diferentes instancias, incluso en la PDH, donde funge como subprocurador, el hermano del priista derrotado en 2013 y hoy embajador de México en Argentina, se declara apartidista. Dijo estar motivado por la desesperanza ciudadana en relación a la falta de respeto en materia de derechos humanos del estado mexicano en general y de Baja California en particular, que existe un punto crítico no solo por la inseguridad sino por la impunidad que prevalece en el ámbito de seguridad y justicia. Mencionó rubros de importancia como el derecho a la salud, los derechos de las personas con discapacidad, la falta de atención en los derechos de los niños y la actitud del estado en relación a poblaciones vulnerables como los migrantes y los trabajadores indígenas. Consideró que la transición de Procuraduría a Comisión debe resultar en una instancia fuerte, prestigiosa, efectiva y eficiente, sustraída su reestructuración de vicios del pasado para privilegiar el profesionalismo, la honestidad y la ética y su funcionamiento debe basarse en la eficacia y eficiencia. Mencionó la importancia de la transparencia, como producto de la actividad vigilada y supervisada del personal de la procuraduría. Gabriel González Celestino. Abogado penalista, maestro en Ciencias Penales y estudiante de Doctorado en Derecho, radicado en Tijuana, participó en la defensa de un joven a quienes agentes municipales torturan y tratan de extorsionar al endilgarle la presunta posesión de un kilo de marihuana, acusación que fue desestimada por el juez, logrando su libertad y la suspensión de los agentes. Mencionó que la PDH no está cumpliendo con la función para la que fue creada, lo que  implica que los derechos humanos no estén siendo representados por dicho organismo protector. Por eso dice espera que ahora el nuevo organismo represente los derechos humanos de la sociedad. Participa en el Consejo Ciudadano de Protección de Justicia. En lo administrativo, propone una homologación salarial y un plan de austeridad. En su comparecencia ante los diputados dijo que, finalizando su participación, se trasladaría hasta San Quintín para dar seguimiento al tema de los jornaleros agrícolas. Benito Velázquez Hernández. Licenciado en Derecho, maestro en Administración Publica, académico en la UABC y funcionario en el XXI Ayuntamiento de Tijuana, participa en barras y colegios de abogados, miembro del consejo de seguridad pública. Dijo buscar la presidencia de la CEDH porque se asume como un ciudadano comprometido con la promoción del derecho, la justicia y el bienestar social. Que la CEDH debe ser una institución transparente y de cara a la sociedad ya que ése es el camino para recuperar la confianza ciudadana. Además que la eficiencia es primordial, con resultados logrados a través de políticas públicas, de programas de protección, de defensa y capacitación a los sectores sociales y a la función pública. Mencionó que con resultados a corto plazo se sentarían las bases para una mejora continua, sin pasar por alto el tema de la rendición de cuentas donde la CEDH implemente un sistema que obligue al presidente a informar y justificar ante el congreso todas sus acciones. Consideró que se debe realizar un diagnóstico institucional que permita trazar una ruta operativa, asertiva y funcional, con una reingeniería de la institución que lleve al fortalecimiento institucional y el equilibro entre la administración de recursos y los procesos organizacionales.  Manuel Jaramillo Rodríguez. Abogado por la UABC, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, ha laborado en la esfera pública y privada, así como en la academia; ha buscado ser titular de la PDH, consejero del Instituto Electoral, y preside Migrantes sin Fronteras. Entre las actividades prioritarias mencionó el sesionar con el Consejo Consultivo de la CEDH así como el personal técnico y administrativo para analizar el ejercicio de sus funciones con reuniones mensuales. Mencionó el Programa de Quejas y denuncias de los particulares afectados u organizaciones sociales consistente en el registro, procedencia y sustanciación, coordinación con las autoridades. Además incluir la expedición por parte del organismo de documentos de no responsabilidad para aquellas autoridades que no hayan sido culpables en su desempeño. También incluyó una singular forma para resolver la conflictiva social –además de las opiniones y recomendaciones-, la llamada “amigable composición” donde el representante de los Derechos Humanos se convierte en mediador entre las partes. Miguel Ángel García Leyva. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, activista social en apoyo a pepenadores, vendedores ambulantes, indígenas, periodistas y otros defensores de derechos humanos. Fundador de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad; cada miércoles instala una mesa afuera del Congreso del Estado para la recepción de quejas ciudadanas. Dijo que no buscaba participar para llegar a un cargo en un organismo público autónomo, sino que llegaba con el respaldo de organizaciones sociales, con liderazgos legítimos de la sociedad civil, “pero sobre todo de ciudadanos agraviados en una entidad donde se ha desvirtuado la defensa de los derechos humanos en un estado donde de manera sistemática hay una violación constante de los mismos”. Refirió que la Comisión debe apuntar hacia la búsqueda de un cambio, con un perfil real de defensor, de ombudsman. “Considero que ustedes tienen una tarea que deben de cumplir y que debe ser el compromiso con la sociedad”, enfatizando que el rasgo fundamental de quienes buscan encabezar la CEDH debe ser el compromiso social, orientado para defender la dignidad de las personas y que se respeten los derechos humanos. Jaime Escamilla Castañeda. Licenciado en Derecho por la UABC, con experiencia en el sector público y el privado, así como en la academia, laboró en el Consejo de Prevención de Accidentes y en Desarrollo Social en vinculación con organismos de la sociedad civil, así como en el Ayuntamiento de Tijuana en el área jurídica. Presentó un juego de fotos de la situación de sectores marginados. Mencionó que las imágenes contravienen a los principios emanados de la Constitución –Artículo 4– referido a la vivienda digna, el salario decoroso y la condición de vida basada en una remuneración socialmente útil. Sobre la (adversa) situación social en mucha gente dijo que no solo sucede en San Quintín, sino en los cinco municipios del Estado. “La participación que debe de tener la CEDH es sumamente importante para recuperar la credibilidad, el defensor debe ser interlocutor, emisario, conciliador y debe buscar alternativas para resolver esas graves violaciones a los derechos humanos”. En su plan de trabajo mencionó  ejes rectores, como el desarrollo institucional, el fortalecimiento de los derechos humanos y la vinculación con los organismos de la sociedad civil.  Gabriela Navarro Pereza. Ha participado en grupos de apoyo a la mujer, fue la primera titular del Instituto de la Mujer, ha laborado en la Procuraduría Estatal, el Poder judicial, la Academia –estudia un Doctorado en Derecho– y se desempeña como titular de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Baja California. Dijo comprometerse a conciliar el respeto a los Derechos Humanos, a seguir haciendo alianzas con la sociedad civil, las cuales han impulsado grandes cambios en la entidad, además de promover el cumplimiento del Artículo 3 Constitucional, donde se asienta que la educación debe ser basada en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y traslado no solo a las autoridades educativas, sino a la familia, la sociedad y los grupos intermedios. De igual manera, refirió la necesidad de una intensa jornada de capacitación en Derechos Humanos para tratar de revertir la criminalización de algunos grupos bajo la falaz premisa de que los defensores de Derechos Humanos defienden criminales. Cuestionó la criminalización social que se hace del migrante, del indígena, de las mujeres, de los pobres, al adicto, lo cual se tiene que revertir. En una segunda propuesta mencionó la necesidad de intervenir en los sistemas penitenciarios. También incluyó la idea de buscar alianzas con colegios de médicos, de psicólogos para implementar el llamado Protocolo de Estambul, ya que una verdadera política criminal no puede estar basada en la falta de respeto a los Derechos Humanos. Nohé Ramos Balderas. Consideró que el desarrollo en materia de Derechos Humanos en México se ha venido dando a través de la reforma a la Constitución Política en el contexto de violaciones graves a los derechos fundamentales en el pasado. Eso implica enormes retos para asegurar la seguridad pública del país sin comprometer la validez de los derechos fundamentales. Para lograrlo es necesaria una protección efectiva salvaguardando los Derechos Humanos de segunda generación –económicos, sociales y culturales– que velan por las condiciones de una vida digna, por lo que sin libertad y dignidad, la persona no podrá asumir su responsabilidad para una vida en sociedad. Agregó que la CEDH requiere al frente a una persona dinámica, que vaya a la par de las constantes reformas que atañen a los Derechos Humanos, con visión y comprobada experiencia en la defensa y promoción de los mismos, con un compromiso especialmente en los sectores más vulnerables.  Everardo Estrada Armenta. Licenciado en Derecho por la UABC con especialidad en Finanzas Publicas por la UNAM, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, y especialista en Impuestos por la UABC, ha laborado en despachos de abogados en Mexicali y en la Ciudad de México, así como en firmas privadas, en el gobierno estatal, ISESALUD y en el área académica. Es profesor en Derechos Humanos en el CUT. Admitió que su desempeño en el área ha sido en la academia, sin trayectoria en el activismo. “El motivo por el cual estoy participando es que como catedrático en las materias de Maestría me he dado cuenta de que la cultura de los Derechos Humanos no es parte aún de la esencia de los mexicanos”. Mencionó incongruencias relativas a la adopción en México de un verdadero sistema de Derechos Humanos o los casos omisos en los Juzgados federales ante la sola mención de estos preceptos. “Por eso considero  muy importante realizar acciones para concientizar y educar sobre la cultura de los Derechos Humanos para que sea parte esencial, atávica, del mexicano”. Rosa Elena Mares Cossío. En su opinión, a Comisión tiene varios pendientes, entre ellos la creación de la Quinta Visitaduría de grupos indígenas y el ejemplo es San Quintín, también es necesario reforzar el área de capacitación para que las personas conozcan sus derechos. Indicó que se tienen que sistematizar los archivos para tener los datos y darle transparencia a la dependencia; que la Comisión pueda emitir sanciones a las personas que violen los Derechos Humanos,  y recalcó el tema de los jornaleros, donde se observa mucha incidencia en cuanto a expedientes abiertos. La abogada y catedrática afirmó que desde hace cuatro años es asesora de la Red Binacional de Corazones, que atiende a víctimas de trata.  Los temas que le apremian son la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia que se tiene que revisar y promover, otro de los puntos es la vigilancia preventiva de las irregularidades con el fin de tener mayores garantías. Cuestionada sobre un propio órgano de control interno, se pronunció a favor no solo en la Comisión, sino en todas las dependencias gubernamentales.   Miguel Ángel Mora Marrufo. Para el egresado del CETYS Campus Tijuana, actualmente existe una crisis de Derechos Humanos no solo en el Estado, sino en todo el país, refiriendo que  el titular de la CEDH tiene que ser totalmente independiente para actuar de la mejor manera; para ello se debe involucrar a todos los actores de los diversos órganos de gobierno.  Mora laboró en la PDH en Tijuana y fue responsable del Programa Nacional de Víctimas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que estudió y aplicó la Ley, con lo que pudo observar buenas y malas prácticas de los ombudsman en todos los Estados.  Resaltó que el trabajo del titular es el seguimiento a las recomendaciones que se emitan para cambiar la actitud de los servidores públicos y reparar el daño, por lo que deben centrar su atención a las víctimas. Entre las acciones que implementaría, destaca el crear un órgano de control interno, vigilar el servicio público, crear protocolos en integración de expedientes para unificar criterios, seguimiento a las recomendaciones, victimología de lo expuesto para una mejor intervención en crisis, promoción de los Derechos Humanos, una aplicación en teléfonos inteligentes para denuncias, y aumentar el presupuesto al presentar programas y lineamientos para bajar recursos nacionales e internacionales.  En cuanto a la calificación del titular de la PDH, externó que “perdió el sentido…”.  Eduardo de la Peña Sánchez. Afirma que colaboró con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde ayudó a liberar iraquíes detenidos y aseguró que el perfil del nuevo titular de la CEDH tendrá que ser ciudadano. Trabajó en el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), por lo que su principal tarea será la promoción de Derechos Humanos, combatir el bullying y promover la igualdad de trato para evitar la homofobia.  Otros temas de compromiso: deportados, medio ambiente y deporte, además de la problemática de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín. Cuestionado sobre las bodas entre personas del mismo sexo, aseguró que este sector y los heterosexuales tienen “derecho a amar”, por lo que son sus obligaciones y derechos. En cuanto a su prioridad, estimó necesario un cambio en el consejo consultivo por equidad de género, además que tiene un programa de televisión que le ayudó para acercarse a la comunidad y  no pretende pelearse con el Gobierno del Estado ni el Congreso, sino exhortarlo con sus recomendaciones.  En caso de ser comisionado, ponderaría el diálogo con los jornaleros para evitar el trabajo infantil.  Melba Adriana Olvera Rodríguez. Hizo una presentación digital donde preponderó el diagnostico situacional, institucional y las propuestas de trabajo. En cuanto las cifras que atendió la PDH, en su último informe se dijo que fueron 11 mil asuntos, pero calificó que hace falta fortalecer la institución para generar confianza, por lo que se debe contar con la participación activa de la sociedad civil, ya que no se puede hablar de Derechos Humanos desde un solo frente.  Del tema de San Quintín criticó que el personal destinado para la atención de quejas es muy poco en comparación al porcentaje de los asuntos que se atienden. Que es necesaria la transparencia, además de calidad y calidez a las personas afectadas. En su perspectiva, prevalecen las violaciones de derechos sociales y políticos, además, en el tema ambiental, la dependencia debe enfocarse y atender a los grupos vulnerables. De sus líneas de trabajo: emisión de recomendaciones, seguimiento, informes de supervisión y capación a los Derechos Humanos, ya que la mayoría de las víctimas desconocen que están siendo violentadas. Sobre las violaciones cometidas por las fuerzas públicas respondió que es preocupante la tortura y abusos policiales, por lo que se tiene que reforzar con políticas públicas y el seguimiento a las recomendaciones para promover cambios. Calificó de positivo lo que ocurrió en San Quintín, ya que hizo voltear a ver a la comunidad de todo el país.   Nahúm Bautista Gallardo.  Sugiere que la CEDH debe ser más vinculante para poder sancionar, ya que en la violación de Derechos Humanos no se puede quedar solamente en recomendaciones. Refirió “no ser activista” en el sentido que se concibe, que su principal tarea como abogado es respetar y hacer respetar los Derechos Humanos.  En cuanto a sus propuestas, manifestó que lo más importante es educar en ese sentido con lo que se mejora la calidad de vida. Fueron pocas las preguntas que le formularon los diputados miembros de la Comisión. Rogelio Aros Guzmán. Ensenadense y ex funcionario estatal  -subprocurador de la PDH en el puerto-, dijo nunca violar los Derechos Humanos mientras trabajó en la dependencia, enfatizó en que los derechos sociales, económicos y culturales no se priorizan; en los métodos que utilizó el gobierno en el tema de San Quintín, no se mostró de acuerdo, pero dijo entenderlo. Afirmó que la PDH no trabaja adecuadamente, que no se tienen manuales operativos para su funcionamiento, que se tiene que pensar como “mujer, homosexual, lesbiana” de manera integral. Que el Estado mexicano fue obligado a cumplir con una actualización de Derechos Humanos por diversas violaciones, como el caso de las muertas de Juárez y, aun así, existe atraso en Derecho constitucional. Indicó que la injusticia social es el principal problema del país. Desde su punto de vista, el futuro titular de la CEDH tiene que reformar una nueva Ley estatal y coordinarse con los gobernantes, amén de ser congruente; propuso bajar el 25 por ciento del sueldo al titular, que sea progresivo y vea por los grupos vulnerables. De los jornaleros: se tiene que trabajar con políticas públicas para atender el problema de la niñez, y es justa la demanda de aumento de sueldo. Está a favor de los matrimonios del mismo sexo, y contra criminalizar a mujeres que abortan.   José Álvaro Ochoa Orduño. El docente de la Facultad de Derecho de la UABC afirmó que la PDH carece de un rumbo, por lo que trabajaría en una nueva Ley en conjunto con el Congreso del Estado, además de trabajar en transparencia y rendición de cuentas. De la integración de quejas, opinó que se tiene que dar seguimiento y crear un manual de calificación del servicio. Buscaría crear un Departamento de Servicios Periciales para clasificar las evidencias y personal calificado en el Protocolo de Estambul.  Asimismo, estimó que se tendrá un mayor vínculo y consultas con las asociaciones civiles, acercamiento a la gente, programas especiales, en temas como familia, niños, periodistas, indígenas y otros. Crear una contraloría interna de la CEDH, que los funcionarios de la PDH cumplan con una declaración patrimonial. Que Procuraduría debe contar con finanzas públicas sanas y que el titular sea un defensor de tiempo completo, ejemplo de legalidad, transparencia y experiencia. El docente enfatizó que se tiene que trabajar en la elaboración de la Ley para la CEDH. Fidel Alfaro Meléndrez. Docente de la Facultad de Derecho de la UABC  y Rotario por 25 años, mexicalense, aseguró trabajar en temas de medio ambiente, al ser Mexicali una de las preocupaciones de la población. En caso de ser designado realizará un estudio minucioso, entre éstos, de los jornaleros agrícolas ya que la solución al conflicto corresponderá a la actual dependencia.  Su programa lo basa en tres ejes: educativo, vinculación e investigación; visitas programadas para entregar folletos y dar a conocer los Derechos Humanos, levantar encuestas de la problemática delictiva en las colonias, además de crear un programa criminólogo de la zona en participación de las Policías Municipales Coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, ya que los diputados reciben muchas de las quejas. En el tema del matrimonio homosexual: debe analizarse desde el punto de vista constitucional, de igual manera el tema del aborto. Dijo que se ocupa conocimiento y experiencia para dirigir la dependencia, además de actitud y el coraje para hacerlo.   Heriberto García García. Ex titular de la PDH, considera que se debe tener una visión holística, integral e integradora de la sociedad y las instituciones. En 1991 se desempeñó en la PDH; dijo que se tiene que velar para que todas las instituciones conozcan todas las reformas constitucionales, ya que también las omisiones son violaciones.   Que ninguna persona debe esperar más de cinco minutos para ser atendida por la institución, por lo que se debe tener indicadores de control y un órgano de control. Que Baja California está en la vista de los órganos internacionales, ya que existen 60 grupos étnicos de todo el país. También priorizó el trabajo legislativo, ya que los Derechos Humanos se deben ver como una forma de vida. Expuso que debe tener una segunda oportunidad, al tener una vocación docente y creer en la transformación de las personas. Entre sus propuestas: formar personal altamente capacitado. Comentó que cuando estuvo en la PDH dejó 22 programas, de los cuales ya no funciona ninguno, uno de ellos derivó en la recomendación relacionada con las personas desaparecidas.  Lorenzo Moreno Moreno. Reconoció no tener experiencia, “en cuanto a Derechos Humanos conozco poco”, pero explicó que intentaría aplicar la Ley. Enfatizó en los abusos a trabajadores agrícolas, menores a los que se niega acceso a la educación, la burocracia donde se promueve el compadrazgo  y los abusos de las autoridades de fuerza pública. Se consideró honesto y con los conocimientos básicos necesarios, por lo que podría contribuir a disminuir la violación a los Derechos Humanos. En cuanto a  su plan de trabajo, piensa que se  tiene que basar en objetivos y recursos con los que se trabaja, además de observar para que se cumpla la normatividad. Hacer cumplir los supuestos normativos que existen y, en relación a la estructura organizacional, tendría que conocer el reglamento interno para saber si pudieran hacer cambios técnicos. Fue una declaración del diputado Gustavo Sánchez, donde afirmó que no sería un botín político, lo que lo animó a participar.   

La del 13 de mayo, fue una noche larga en Ensenada, precedida de un fin de semana conflictivo como pocas veces se había visto en San Quintín. Los reporteros amanecidos recibieron solo al final, una copia tamaño carta con los temas acordados. La jornada terminó en zafarrancho en los exteriores de la Administración Portuaria Integral (API), pero ahora no entre jornaleros y policías, sino entre jornaleros y periodistas. A pesar de la intensa jornada de negociación que se extendió hasta las cinco de la mañana del jueves 14 de mayo, las partes no pudieron concretar un incremento salarial de 200 pesos diarios, y pospusieron la negociación para el próximo 4 de junio, tres días antes de las elecciones intermedias en Baja California para elegir candidatos federales. La fecha del encuentro entre jornaleros y gobierno originalmente estaba pactada para el viernes 8 de mayo, pero el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava dejó plantados a los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, lo que desembocó en actos vandálicos como la quema de dos patrullas, la unidad  táctica especializada “El Tiburón”, el incendio de las instalaciones de la Delegación Vicente Guerrero, el bloqueo de vialidades a la colonia “La Misiones” y el enfrentamiento físico entre policías y civiles, amén de la serie de desdichos entre autoridad y jornaleros. Re agendada entonces para el miércoles 13 de mayo y con la condicionante de no meterse a “la línea de fuego” en San Quintín, Miranda Nava puso como requisito que el sitio para la nueva mesa de acuerdos fuera en la zona urbana de Ensenada. Y hasta minutos antes del encuentro se dio a conocer como sede  la Administración Portuaria Integral, edificio custodiado por el Ejército Mexicano y Armada de México. A las tres de la tarde llegaron cinco camiones cargados con simpatizantes de la Alianza de Jornaleros. Entre éstos y reporteros sumaban unas 300 personas que se mantuvieron a la espera de los resultados del encuentro. Llegaron el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, el dirigente de Confederación de Trabajadores de México, Eligio Valencia Roque, la delegada federal del Trabajo, Minerva Torres. Atardeció y el frío de diez grados centígrados apretaba y el ambiente se tornó tenso entre manifestantes, guardias de seguridad privada y representantes de los medios quienes insistían en ingresar a la sala a juntas como lo prometieron en un inicio las autoridades del Gobierno del Estado, incluso con un conato de violencia. A diferencia de las reuniones anteriores celebradas en el sur del municipio, los líderes se presentaron esta vez con otro rostro y actitud distante con los reporteros. Durante los recesos se les pudo ver sonrientes y amigables en los pasillos del edificio público, mientras que con la prensa demostraron una actitud evasiva. “¡Periodistas!… van a pensar que somos nosotros los que tenemos el escándalo, no echen a perder lo que hemos estamos esperando por 20 años. Más respeto por favor”, gritaban a lo lejos los simpatizantes de los líderes llevados hasta allí por un convoy de cinco autobuses y escoltados por patrullas federales. Afuera del edificio, en la madrugada del 14 de mayo, los presentes hicieron sus casas de campaña en las banquetas, jardineras y la entrada al edificio, donde tendieron chamarras, chalecos y hasta con cartones se cubrieron de las bajas temperaturas y la brisa marina. “Lo que tiene que hacer uno por unos cuantos pesitos más, pero ojalá y Dios nos den lo que pedimos porque no alcanza para nada”, mencionó Luisa, una mujer de Tapachula, Chiapas, quien viajó sola para apoyar al grupo.   Tensa expectativa en el valle   “A la expectativa…” definió muy bien Luis Barrita la actitud de los cientos de jornaleros y sus familias que desde el mediodía del miércoles 13 se apostaron a ambos lados de la avenida principal de la colonia “Las Misiones”, en donde permanecieron hasta el amanecer del día siguiente para recibir a sus líderes. Era una muchedumbre y la expectativa tensa: “Estamos esperando los resultados”, se referían muchos como si del marcador final de un partido de futbol se tratara.  Desde Maneadero, y en puntos como Punta Colonet, Camalú, Ejido Díaz Ordaz, Vicente Guerrero y fuera del Centro de Gobierno, los jornaleros a la espera iban de los unos cuantos a decenas, con el mismo sentir: “Esperando que ya haya respuesta”. ¿Y si no la hay?, se les preguntaba y ahí la reacción era variada: “No sabemos aún…”, “los de arriba van a decidir”, “se va armar chido…”, “se va a hacer el desmadre”, “vamos a cerrar las carreteras”, “ser pacíficos ya no funciona”. También había preocupación por Fermín, Fidel, Justino, Bonifacio y Lucila, “por qué se los llevaron para allá…”, “Dios quiera y los regresen con bien”, “cuál fue la idea de llevárselos a Ensenada”. Oscureció en la colonia “Las Misiones” y la cantidad de gente se duplicó. Con oradores al micrófono, comida, fogatas aquí y allá, toda la comunidad se congregó en la calle en una tierra sin ley ni vigilancia: “No…aquí los policías ya no entran…De hecho desde antes de lo del sábado nunca han entrado…”. Los golpes, pedradas, balazos y gritería con que amaneció el sábado pasado la “Nueva San Juan Copala” ahora eran anécdotas para el recuerdo: “Del tiburón saliendo corriendo los policías, los tupieron a patadas y unos hasta lloraban, pedía clemencia que también tenían familia”, narra una residente. Pese a que los líderes de la Alianza se han deslindado de los disturbios, todos los habitantes de la comunidad festejan la forma en que los policías y sus vehículos fueron atacados y echados de la zona. Y hasta revelan datos para la nota: “En la Delegación Vicente Guerrero que quemaron, entramos y encontramos en las oficinas de todo…condones…revistas para adultos, tangas…ahí quedaron por la calle regados todos los condones…¡qué bien se la pasaban los policías adentro!”.    O lo más grave aún. Cuentan que al huir el personal de la Delegación, así como los policías estatales en la calle, dejaron regadas algunas pistolas, chalecos antibalas, y otras armas que se llevaron los jóvenes que vandalizaron… “y nadie, ni el gobierno, ha mencionado de eso”. En medio de la romería, la espera continuaba, y la desesperación y ganas de una respuesta definitiva; si no… “¡lo que venga!” “¿Con qué nos vamos a defender?” “¿Con llantas quemadas?…no queremos votaciones…no queremos gobierno. Hemos sido muy respetuosos…”.   Jornaleros vs. Autoridades: Dichos y desdichos   “Sabemos que el crimen se ha cometido desde hace muchos años en el ámbito laboral, y ahora ya es un asesinato directo de parte de la Policía Ministerial, coordinado por el Gobierno de Baja California y el subsecretario de Gobernación”, señaló directamente Fidel Sánchez, uno de los cinco voceros de la Alianza de Jornaleros, tras los disturbios que dejaron una Delegación en ruinas, dos patrullas, carbonizados varios carros de empleados municipales y la tanqueta “El Tiburón” de policía estatal vandalizada. Acusó al Enrique Miranda Nava de propiciar detenciones masivas para denostar su movimiento: “Los compañeros jornaleros han guardado la compostura, hasta ahorita, sin embargo por parte de la Policía Ministerial no, ya hay tres muertos”, aseveró. Al día siguiente el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, hubieron de dar una conferencia de prensa con lujo de detalle que la intervención de la Policía Estatal Preventiva había acudido a una llamada de emergencia al C4 tras la llamada de auxilio del propietario del “Rancho Seco”, a quienes unos muchachos le estaban quemando el cerco y amenazaban con incendiar todo el campo. Al llegar los elementos aparecieron más atacantes de la colonia aledaña, “Las Misiones”, y es cuando se suscitó el enfrentamiento y les elementos tuvieron que responder con balas de goma para salvar su humanidad, dijeron oficialmente. Pero nunca explicaron lo de la presencia del “Tiburón”, del que los jornaleros reiteran: “Por qué traen un tanque, si no somos narcos, ni estamos de guerra”. También desmintió el Gobierno del Estado que hubiera muertos, “ni siquiera hay un solo herido en las distintas clínicas del sector salud en Ensenada”. Mientras en las calles los líderes y jornaleros exigían la liberación de los detenidos y la cabeza de Kiko Vega: “¡Que caiga el gobernador!”. En los días siguientes los líderes de la alianza aceptaron que, en efecto, no había muertos, pero sí algún herido “de bala de verdad al que le dispararon en las piernas”, así como otros dos que al quedar tirados por el impacto de las gomas de bala y al no reaccionar, “pensamos que habían muerto”. Lo que no aminoró el agravio, aclaró: “Claro, no son heridas graves, pero está el compañero al que le quebraron la cabeza, la compañera a la que le tumbaron los dientes, este niño de 7 años que fue golpeado brutalmente por la Policía Estatal…”. Pablo Alejo Nuñez, subsecretario de Gobierno y Arnulfo de León Lavenant, quien incluso hasta estuvo a punto de llorar al tratar de convencer a los jornaleros de estar ayudándolos en su calidad de Procurador de los Derechos Humanos de Baja California –“nadie ha atendido más quejas en la historia de la PDH”–, trataron de calmar los ánimos al comprometerse por lo pronto a atender cada uno de los casos de los detenidos y proceder a liberar de inmediato a los menores, con la condición de que los jornaleros desbloquearan las vías en las colonias, a la vez que éstos pidieron el retiro de las decenas de patrullas y policías estatales y municipales intimidándolos en la carretera, en una tregua que se prolongó al miércoles 13.   Los jornaleros callaron   Amanecidos y con el atuendo del día anterior, la mañana del 14 de mayo, los dirigentes Fidel Sánchez Gabriel, Fermín Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez y Lucila Hernández, caminaron abrazados por las calles de la colonia “Las Misiones” en San Quintín, donde fueron ovacionados. Igualmente habían sido recibidos horas antes, a las 5 de la mañana afuera de la API, con música en vivo y aplausos por parte de los compañeros agrícolas, tras 15 horas de negociaciones con  el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Rafael Avante Juárez y el Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay Maldonado. Apresurados por retirarse los voceros de los jornaleros, e impacientes los reporteros de obtener información de lo que ocurrió dentro, derivó en jaloneos, caídas y golpes. Los dirigentes, con escolta conformada de entre los mismos jornaleros, abordaron rápido los camiones y cerraron las puertas en las narices de los reporteros para despedirse con un “sígannos a San Quintín si quieren entrevista”.      Los acuerdos   1. Iniciar una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al IMSS, sin costo para los trabajadores. 2. Por ningún motivo se retendrá ni condicionarán los salarios de los trabajadores. Se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran. 3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores 4. Garantizarán el respeto a los derechos laborales contenidos en la LFT y a los derechos humanos integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares con inspecciones. 5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil. 6. Creación de un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no mayor a sesenta días. 7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos. 8. La STPS otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social. 9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona. 10. El Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo. 11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho. 12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación  y la conciliación. 13. Gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza. El documento fue firmado por el Subsecretario de Trabajo, el representante de la SEGOB y los Senadores de la República  Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Adriana Dávila Fernández, Víctor Hermosillo Celada y Fidel Demédicis Hidalgo.      Los detenidos y la CDI   El delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Juan Malagamba Zentella, llegó de la mano con los dirigentes de la Alianza de Jornaleros y a la prensa se escudó en el proceso electoral: “No puedo hablar, tengo prohibido porque estamos en proceso de elecciones”. Más tarde el delegado tuvo que responder a los cuestionamientos respecto al pago de fianzas de 11 jornaleros detenidos que fueron pagadas por el Gobierno Federal, a través de la CDI, por un monto de 14 mil pesos por cada uno. “Nosotros tenemos un programa de fianzas y tenemos la posibilidad, conforme a las reglas, para ayudar a gente que por primera ocasión comete un delito, aunque no nos metemos en cuestiones sexuales”. Mencionó que tienen instrucciones de atender a cualquier persona en este conflicto de jornaleros y que estarán al pendiente de cualquier detenido. La liberación, dictó, se apega al Artículo 2 Constitucional que refiere a la Nación Mexicana con Única e Invisible. “La nacional tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio nacional actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”. Reconoció que apoyó al grupo de trabajadores del campo porque tiene más de 30 años de conocerlos y no han tenido un incremento salarial en más de 20 años. El Procurador de Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, informó que hasta el jueves había siete personas detenidas, entre ellas una mujer, y que la fianza en total supera los 21 millones de pesos. Según los certificados médicos, los reclusos presentan lesiones ocasionadas durante el arresto, algunos por resistirse. Sobre la defensa, manifestó que, tanto policías como manifestantes, se acusan mutuamente ya que los oficiales aseguran que se tuvieron que defender debido a que por lo menos 400 personas se les aproximaron para atacarlos con piedras. En total la oficina recaudó 30 quejas del día 9 de mayo por heridas causadas con balas de goma.  

En el Hospital Militar en la Ciudad de México, al Teniente Coronel Julián Leyzaola, lo están revalorando. Los médicos de la Secretaría General de la Defensa quieren confirmar los daños causados por los tres balazos que el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana recibió en su cuerpo el viernes 8 de mayo, cuando sicarios lo atacaron en Ciudad Juárez. Una vez determinado el daño, iniciará terapia de rehabilitación. “Poquito a poco ya está mejor”, asegura una de sus hijas que le cuida en el hospital, y concluye: “Pero sí necesitamos más oraciones”. Fue precisamente la familia de Leyzaola, la que tramitó ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la atención al militar en el retiro. Ligado al Ejército aun fuera de la estructura, en los cargos de seguridad que ha ostentado, en todo momento Julián Leyzaola se ha coordinado con el Ejército, y laborado con ellos. Incluso y por seguridad, residía en cuarteles militares tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez. Desde su cama de hospital, dolorido físicamente, Leyzaola concede una entrevista vía telefónica a las editoras de ZETA: – Cómo está, Teniente… ¿Fuerte? “Pues quisiera más, pero no se puede”. – Pero dentro de todo… “Sí, sí, sí. Pues me pegaron estos canijos… a la mala, pues. Ah, pero yo creo que no lograron el objetivo”. – Lo agarraron con la guardia baja, Teniente. “Lo que pasa es que yo iba para Estados Unidos, yo iba con mi familia y pues no podía entrar con arma”. – ¿Y cómo sabían (que iba desarmado)? “Pues quién sabe”. – Usted normalmente andaba armado. “Siempre. Siempre ando armado. Y me rodearon; me rodearon, cuando me di cuenta ya tenía uno a un lado de mí, apuntándome a la cabeza y le jaló la primera vez, no tronó… y alcancé yo a hacérmele a un lado, le pegué con la mano, y volvió a cerrujear, y ahí sí me volvió a pegar. Como traía yo el bebé atrás, Diana se había bajado, se bajó a comprar dólares para cruzar. Viendo al bebé pues yo ya mejor me hice bola, pues que me pegara a mí, para qué pongo en riesgo al bebé”. – Teniente, ¿Usted no se dio cuenta antes de lo que lo hubieran estado siguiendo? “Fíjese que sí, hubo una. Antes de eso yo llevé al niño a la guardería, fue Día de las Madres, bueno, les festejaron el Día de las Madres y yo los llevé a ellos a la guardería y de ahí yo me fui a comprar, a cambiar un control de televisión que según esto no traía el código que yo buscaba y me fui al Home Depot. Cuando salí del Home Depot había dos patrullas de la Policía Estatal, fíjese. Me pareció raro porque casi nunca hay dos patrullas de la Policía Estatal ahí, pero bueno, normal, es un centro comercial. Salí del centro comercial y me volví otra vez allá donde estaban mis hijos, pasé por ellos, agarré por una avenida que se llama Gómez Morín, sobre esa avenida que va, se supone que da vuelta hacia donde da el Puente Zaragoza, que es para cruzar a Estados Unidos. Sobre la avenida esa, a un lado de mí iba otra patrulla de la Policía Estatal, atrasito, pues. Llegamos a un puente, yo di vuelta en el puente, a la izquierda para agarrar el Puente Zaragoza, ahí perdí la patrulla esa y, antes de llegar a las casas de cambio, vi que cruzó otra patrulla”. – ¿Estatal? “Sí, Estatal. Y ya. Crucé, me paré sobre la avenida, ¿no?, en lo que se bajó Diana a comprar los dólares; no me estacioné, me paré sobre la calle. Cuando me estacioné vi que enfrente de mí se paró un carro y atrás de mí se paró otro. Pero, insisto, como es una vía rápida y todo mundo se para a eso, seguí sin sospechar, ya de repente vi que se pasó corriendo una persona por enfrente de mi camioneta, de camiseta azul, sí lo vi bien, y yo venía hablando con mi hija por teléfono, con Indira. Cuando volteo hacia un lado, él mismo, que corrió para enfrente, ya lo tenía en la ventanilla del lado izquierdo, mía, fue cuando vi que ya me había apuntado e hizo el jalón. Digo, afortunadamente la primera vez no funcionó, porque si no, ahí me hubiera pegado en la cabeza. Vuelve a jalar y cuando jala, yo alcancé a escuchar que me dijo, me dijo así bien claro: ‘Mensaje del director Reyes’, me dijo”. – Y el director Reyes de dónde es. “Es el director de Policía de ahí de Juárez”. – ¿De la Municipal? “Ey”. – Sí andaba esa versión que algún jefe policiaco estaba implicado por unos detenidos… “Pues no sé, pero eso fue, eso yo lo escuché bien, me dijo ‘mensaje del jefe’, ‘del director Reyes’, ‘del Dire’, me dijo ‘mensaje del ‘Dire’ Reyes’ y le volvió a jalar. Ahí fue donde ya me pegó”. – ¿Sospecha entonces colusión de las policías Estatal y Municipal?, porque Reyes es de la Municipal. “Es de la Municipal, pero viene de la Estatal”. – ¿Él estaba en la Estatal cuando Usted se encontraba allá? “Sí. A ese policía yo lo corrí cuando yo llegué a la Policía Municipal, él era policía municipal comisionado de Tránsito, entonces yo llegué y lo corrí porque es un malandrín, pues, es un malandrinazo, entonces lo corrí y todavía cuando ya lo corro yo de ahí yo le dije… Supe después que se quería meter a la Policía Estatal y yo hablé con el Estado, y le dije ‘no lo dejen entrar, es un malandrín’, y lo dejaron entrar al final. Y la consecuencia fue ésa, lo dejaron entrar; pasa el tiempo, me salgo yo de la Policía y él llega como director de la Policía”. – ¿Y él lo amenazó en algún momento, Teniente? “No, fíjese que no”. – Y con qué grupo delictivo está este hombre… “Opera con ‘Los Aztecas’”. – Porque los detenidos dijeron que eran de “Los Mexistles”. “No sé. Yo sé que esta persona operó siempre con ‘Los Aztecas’”. – ¿Y Usted no había recibido amenazas? Previo a esto ¿qué le hicieron, Teniente? “Nada, nada, nada. Completamente nada”. – Y días anteriores, Usted ¿no se dio cuenta si lo seguían? “No, pues está canijo, porque ya sabe Usted que yo soy muy cuidadoso. En cuanto veo yo un carro dos veces, luego, luego le corto la ruta, ¿no? No, no, no. No sé. Realmente no sé qué pasó ahí”. – Parecía que sabían que Usted estaba desarmado, porque si Usted hubiera tenido un arma en ese momento… “No, no me pegan. No me hubiera hecho eso. Claro que no. Pero como iba yo hacia El Paso, o sea, cuando uno va para El Paso pues uno va desarmado”. – Esa vía solo lleva a El Paso, por donde Usted iba. “Ey. Esa vía sale directo a El Paso”. – Y la residencia en Juárez de Usted, ¿ya era permanente, Teniente? “No, fíjese, porque me la pasaba yo, ya ve que ando asesorando a un partido político, entonces me la paso yo en Baja California, me la paso en Jalisco, me la paso en Veracruz, en Guanajuato, en muchos estados, ¿no?” – Pero entonces tuvieron que ponerle cola prácticamente, ¿no? “Tuvieron que estarme cuidando antes. Sí”. – Cuando Usted estuvo allá, ¿afectó mucho con detenidos, con investigaciones a “Los Aztecas”? “Pues Usted sabe que cuando yo agarro, agarro parejo, pues yo no puedo decir le pegué más a éste o le pegué más a aquél, yo llegué a pegarles a todos”. – Incluidos los policías. “Ah no, claro. Al primero que le pego”. – O sea, estaba a tres fuegos. “Pues sí, diríamos”. – ¿Y ahorita qué le dijeron los médicos, Teniente? “Ahorita yo traigo tres impactos en la espalda, uno de ellos fue el que me dañó más, que me pulverizó la espina dorsal, ése es el que me está lastimando, que no puedo moverme, donde estoy entrando a rehabilitación, pues con ése. Lo demás, el otro me perforó un pulmón, parece que ya me pusieron sello, ya se arregló ese asunto, el otro me atravesó del lado a lado, está todavía alojado ahí la ojiva, pero sin problema”. – Teniente, y ¿ya rindió su declaración? “Fíjese que no. Parece que hasta a propósito lo hicieron porque cuando recién pasó esto, esto fue el viernes, el sábado me llegaron dos ministeriales dizque a tomarme una declaración inicial que realmente no fungió como declaración inicial, porque pues no pasó nada, ¿no? Me iban a mandar un MP para ampliar mi declaración y para dar en forma mi declaración, y no llegaron, parece que estaban esperando que yo saliera lo más pronto posible de allá para evitar el escándalo allá”. – ¿Se lo llevaron a México, por la seguridad? “Sí, creo que por la seguridad pero hubo tiempo para, no, yo sé, esto fue el viernes; sábado, domingo, lunes, martes, pues yo creo que una declaración preparatoria sí la hubiera podido sacar, pero no mandaron nada”. – Entonces, la gente que está ahorita en la Procuraduría, ¿es de confianza o no es de confianza? “No, claro que no. Desde luego que no. ¿La gente que está en la Procuraduría, allá, en la fiscalía?”. -Sí. Allá en Ciudad Juárez. “No, no, no, No, no. Nada de confianza, completamente. “Ellos lo que, yo creo que tenían la esperanza de que me sacaran lo más pronto posible de allá, para evitar un escándalo, y pues, bueno, salió una nota por ahí donde parece que el fiscal general de Chihuahua estaba diciendo que mi resultado, que el problema mío era resultado de un pleito de una mujer, que tuve en el Home Depot, imagínese”. -¿Ese mismo día? “Ey”. -¿Entonces no tiene confianza de que se haga justicia en Chihuahua? “No. Definitivamente. Allá no. Totalmente no”. -A los dos detenidos ¿no los conoce, no le suenan, no están ahí en sus archivos? “No. Fíjese que no. A ninguno de los dos. Yo reconozco a uno pues porque lo vi de frente. Desde luego que cuando me dijeron, los ministeriales que me los presentaron, éste fue, directamente se los dije, ‘éste fue el que me disparó’. Al final de la entrevista, el Teniente Coronel Julián Leyzaola, agradece y habla de sus necesidades: “Lo principal ahí es que se requiere el apoyo moral y espiritual, más que nada, ¿no? Gracias, mucho apoyo, siento mucho apoyo ahí de toda la gente. Viera, toda la gente está atenta, toda la gente está orando y no nada más orando, si se requiere de apoyo económico, de lo que fuera, la gente está siempre dispuesta a todo. Me da mucho gusto que tengan esa intención, ¿no?”. Después de la recuperación, dice, “sí tengo pensado regresar allá (a Baja California), y ya establecerme como gente normal, ¿no?”