A inicios de este 2014, el Gobierno del Estado de Baja California, como en su momento Francisco Vega de Lamadrid lo hizo cuando fue alcalde de Tijuana, anunció la aplicación de exámenes antidoping a sus funcionarios, todo con el objetivo de demostrar que quienes llevan las riendas de la administración pública, están centrados en ello, en pleno uso de sus facultades mentales, o por lo menos alejados de los influjos de droga alguna. Con los reactivos y la infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública de Daniel de la Rosa, los exámenes para la detección de drogas en el organismo fueron aplicados por la Contraloría, en manos de Bladimiro Hernández. Así, uno a uno, se supone que todos los funcionarios, incluido el gobernador, fueron sometidos al examen. Pero, como ocurre con la mayoría de las investigaciones y declaraciones de funcionarios públicos, los resultados se quedaron en lo oscuro de algún cajón en la oficina de Bladimiro Hernández. Se dijo que se practicarían, se tomaron algunas fotos para dar prueba de ello, pero jamás se informó de los resultados. Resulta que debemos confiar en el Gobierno del Estado, debemos confiar en que, efectivamente, ninguno de los servidores públicos dio positivo en el consumo de las drogas, dado que no se ha despedido a alguien argumentando su salida por haber fallado la prueba de las drogas. Cuando se trata de las declaraciones patrimoniales, la situación es similar. Por Ley, los funcionarios, otra vez incluido el gobernador, están obligados a presentar su declaración patrimonial a los organismos supervisores de la administración pública estatal, municipal y por supuesto, federal. La idea es demostrar que quienes trabajan para el pueblo, demuestren que han sostenido un modo legal, decente y correcto de vida, que su fortuna no proviene del enriquecimiento ilícito, de la transa, la corrupción o la criminalidad. Además, que las declaraciones patrimoniales sirvan de parámetro para medir el crecimiento económico de los servidores al día de su entrada al gobierno y al día de su salida del mismo, pues la diferencia permite analizar e investigar si hubo peculado o enriquecimiento ilícito mientras se prestó el servicio público. Pero como los resultados de los antidoping, los bajacalifornianos no conocemos las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. No sabemos si son ricos ni cómo han hecho su dinero, si es que lo tienen. Vaya, con todo y que el gobernador se construye una mansión más grande que la “Casa Blanca” de la familia Peña Rivera que, según la ex actriz, tuvo un costo de 59 millones de pesos. Mientras Vega dice que es un empresario exitoso y ello le permite la majestuosa y costosa construcción, los bajacalifornianos desconocemos su fortuna, porque él -a diferencia de su mentor, Don Héctor Terán Terán- no ha querido hacer pública su lista de bienes y cuenta de dineros. La de Baja California, como la de la mayor parte de México, sin menospreciar al Gobierno de la República, es una transparencia a medias. Es una apertura muy cerrada. Los gobiernos que carecen de credibilidad, debido a los muchos casos de corrupción y los pocos que sí han llegado a cortes y Juzgados sobre enriquecimiento ilícito, peculado o cohecho, pretenden que los ciudadanos creamos en su buena fe. Y que si ellos nos aseguran que pasaron el antidoping, y tienen una fortuna legal, les creamos sin ver las pruebas ni hacer las cuentas. En estos días, a ZETA llegó la información extraoficial que al señor Modesto Ortega, titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, lo habían corrido del cargo bajo el argumento que salió positivo en el examen antidoping. Que incluso el funcionario, en su derecho, no aceptaba el resultado que no le favorecía y se negaba a dejar la posición. En la confirmación de la información, hablamos tanto con el secretario de Seguridad como con el contralor. El primero declaró que él no es responsable de los exámenes y que los resultados los tenía el segundo, mientras éste dijo que no tenía la información por el momento. Total, ni uno ni otro sabían cuáles eran los resultados, no solo del señor Ortega, sino de la totalidad de los funcionarios -incluido el gobernador- en relación al antidoping. De hecho, Bladimiro Hernández informó que la aplicación de exámenes y los resultados es un largo proceso. En caso de positivo se envía a un segundo examen que se realiza en la Procuraduría, y que conlleva un largo proceso interno donde el funcionario tiene la posibilidad  de defenderse bajo el principio de presunción de inocencia. Es hasta el final, ya con una última decisión tomada cuando el caso “Causa Estado”, cuando se hace público y se sube al registro de sancionados, el cual es público. Hernández insistió: “No tenemos a nadie sancionado”. Y de hecho la información no se ha hecho pública. Así que si el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quiere empezar bien el año 2015, sería bueno que fuera transparente con los bajacalifornianos que le confiaron la administración estatal, que haga públicas las declaraciones patrimoniales para poder medir la honestidad de quienes con él trabajan -además de la propia-, y que haga públicos los resultados del antidoping a sus colaboradores. Sería, pues, un acto de confianza para los bajacalifornianos y un acto de transparencia de un gobierno que necesita de acciones para tener credibilidad y respeto. ¿No?    

En un año, Alfredo Castillo, el Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, acabó con la clase política y los ciudadanos organizados en autodefensas en Michoacán. Bueno salió Castillo para enfrentar a quienes a la vista de todos se unieron para defenderse del crimen organizado, primero de La Familia, luego de Los Caballeros Templarios y hasta de Guerreros Unidos,  luego que su gobierno federal los había dejado vulnerados ante los delincuentes, y una parte importante de las autoridades locales estaban coludidas con las agrupaciones mafiosas. Castillo no ha salido bueno para poner un alto y enfrentarse a quien fue el origen y el detonador no solo de la organización de las autodefensas, sino de la corrupción institucional: Servando Gómez La Tuta. Este criminal, que tenía y tiene azorados a los michoacanos en su guerra con otras organizaciones criminales, y debido al desarrollo de su actividad ilícita con la extorsión y el tráfico, se elevó la inseguridad y la violencia en aquel estado, se incrementó la infiltración del narco en gobiernos y corporaciones policíacas. Don Alfredo Castillo encuentra a los que están visibles, a alcaldes y ex gobernadores corruptos, a funcionarios infiltrados, a policías deshonestos, y encarcela a quienes él fomentó a la legalidad y les proporcionó armas, a las autodefensas que encabezaron el doctor José Mireles, Hipólito Mora y hasta Luis Antonio Torres El Americano. Acaba pues con todos, y le limpia el camino a la impunidad de La Tuta. Lo que se ha vivido en Michoacán es tan terrible como lo que ocurre en Guerrero, en Tamaulipas, en Baja California Sur, en el Estado de México, pero en ninguna de estas entidades hay un Comisionado Federal, ni los criminales están plenamente identificados, ni los funcionarios están siendo investigados para llevarlos a proceso. Alfredo Castillo presume que sin disparos “logró” la deposición de las armas y la entrega de los protagonistas del enfrentamiento en La Ruana que dejó 11 muertos incluido el hijo de Hipólito Mora, cuando todos esos disparos se dieron luego que él mismo autentificó a las autodefensas como policías comunitarias; dar charola, vehículos y legalizar armas y acciones de prevención de la seguridad sin exámenes de control evaluación y confianza, como lo hizo Castillo, es un cóctel que era evidente, terminaría en el caos y generaría mayor inseguridad y violencia. Pero cuando llegó el enviado de Enrique Peña Nieto no deshizo los escudos que la población se había creado para defenderse, al contrario, los apoyó y los fortaleció. Es tanta su responsabilidad de lo sucedido en La Ruana, como lo es de los protagonistas. La de él, por permisivo, por incompetente. Como buen miembro de un gobierno priísta, Alfredo Castillo empoderó a los ciudadanos organizados –y algunos infiltrados- para después presionarlos, dividirlo y encarcelarlos, sin tocar al enemigo público número uno de Michoacán: Servando Gómez La Tuta. Seis alcaldes están en prisión, un ex gobernador, y el hijo de otro ex gobernador también tras las rejas. Todos son acusados de colusión con el crimen organizado. Todos han sido exhibidos, a partir de la llegada de Castillo, en videos y grabaciones telefónicas, todas hechas de manera ilícita, sosteniendo reuniones con La Tuta. Lo cierto es que a la fecha ninguna de las acciones de Castillo, ni la entrega de los tres líderes autodefensas y más de 50 de sus seguidores, ni el proceso a los ex alcaldes, el ex gobernador y el hijo del ex gobernador, ha llevado tranquilidad y seguridad a Michoacán. Michoacán es el quinto estado con más ejecuciones en 22 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, con 2 mil 649 muertos. Y todavía el emisario del Presidente se atreve a decir que Michoacán está en paz y que la sangre solo corre en La Ruana a raíz del encono in crescendo de dos grupos rivales: el de Hipólito Mora, y el de Luis Antonio Torres El Americano. Ojalá fuera así de simple, dirían los michoacanos. Es encomiable desmantelar las instituciones corrompidas por el crimen organizado, es terrible empoderar a los ciudadanos para luego presionarlos, pero lo peor, es que en un año hayan logrado detener a Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa, a Vicente Carrillo Fuentes en Coahuila, a Fernando Sánchez Arellano en Tijuana, y a Héctor Beltrán Leyva en Guanajuato, estados todos sin comisionado federal, y que en Michoacán, donde existe un enviado del Presidente, no puedan detener a Servando Gómez La Tuta. O será que no pueden, porque no quieren.  

Francisco Arturo Vega de Lamadrid no es el gobernador de la seguridad. Tampoco es el gobernador de las obras, mucho menos el gobernador de los programas sociales. Ni él se considera el gobernador del Mando Único; ni siquiera el gobernador de la salud. Vaya, ni al gobernador de las guarderías ha llegado, con todo y que fue su promesa. Si en el primer año de gobierno nos basamos, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ha sido el gobernador del borrón y cuenta nueva, el gobernador del Teletón/Televisa, el gobernador de los viajes, y el gobernador de las inversiones… en Baja California Sur. En el año al que ya le quedan pocos diítas, el gobernador no ha brillado por su acuciosidad, no se le ha visto en todos los temas sensibles que aquejan a los bajacalifornianos dando la cara por ellos, defendiéndolos y promoviendo acciones que beneficien a las mayorías. Cosa contraria y para confirmar lo anterior, sus empleados han de salir de semana en semana a defenderlo. Ya dice uno que debe dedicar el 40 por ciento de su tiempo a viajar y que trae carretadas de dinero cada viajecito, como otro justifica que no debe ser popular, y que lo de las encuestas que le han reprobado en su primer año, es cosa subjetiva. A inicios de 2014, incluso la administración de las finanzas del gobierno se puso en entredicho. Convenios ventajosos para empresas de nueva creación, convenios millonarios para empresas terceras, todo desde la oficina del secretario de Planeación y Finanzas, defendido por el gobernador, no investigado por los diputados y con la impunidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS). En este gobierno desorganizado, resalta la falta de apoyo y solidaridad hacia empresarios, comerciantes y pequeños negocios que mueven la economía local. La ausencia de inversión, y, más grave, la evasión por parte del gobernador en materia de seguridad. Poco a poco, porque se les ha permitido, las bandas de criminales han ido transitando hacia células de secuestradores, de sicarios, de narcomenudistas y de contrabandistas. En las últimas semanas los bajacalifornianos, los tijuanenses en particular, hemos visto acciones criminales que hace años no veíamos. Nos hemos encontrado con casos que hacía años, unos cuatro o cinco, no veíamos en Baja California. Balaceras a cualquier hora y en lugares públicos. Harto concurridos. Primero en un restaurante en el Bulevar Agua Caliente, después en una plaza comercial en la Chapultepec y luego en una plaza comercial en el Soler. Balaceras con armas largas, heridos, ciudadanos inocentes, ciudadanos organizados, vulnerados ante las balas. Bandas independientes de criminales que en la no intervención policíaca, en la falta de liderazgo en materia de procuración de justicia y de investigación ministerial, ven a Baja California como caldo de cultivo criminal. Recuerdo cuando hace cuatro, cinco años, el gobernador del Estado era, junto al Comandante de la II Zona Militar, el líder de la coordinación policíaca, ministerial y de procuración de justicia, y juntos, daban frente a los criminales no solo con declaraciones, cuanto más con acciones. Me llega el caso cuando en un decomiso -que había muchos más de los que hoy suceden- encontraron proyectiles calibre .50, y cómo se alarmaron los líderes de la coordinación en materia de seguridad -que después serviría de modelo al ex Presidente  Felipe Calderón para instaurar el Mando Único- porque esas balas eran para un rifle de asalto de los llamados “mata policías”, debido a su alcance a más de mil metros y su capacidad para perforar el blindaje. Tanto gobernador, General, como procurador y secretarios, se afanaron a buscar el arma a la que iban destinados esos proyectiles. Sabían que estaba en Baja California, porque hasta acá llegaron los cartuchos útiles. No descansaron hasta encontrarla y confiscarla. Hoy día, el gobernador no es el líder de la coordinación en Baja California, ni siquiera aspira a instaurar un Mando Único, y ello se refleja en lo relajado que están los operativos conjuntos, no solo por su falta de liderazgo, sino porque ha confiado ciertas corporaciones -la PEP, pues- a una persona que no es de confianza ni de General, ni de secretario. Estas acciones, y la falta de las mismas, hacen que Baja California sea, otra vez, una tierra fértil para los criminales. Para los narcotraficantes, para los secuestradores, para los traficantes de armas, para los extorsionadores y para los criminales organizados. El decomiso de 18 armas entre largas y cortas que se dio en la semana -no por un seguimiento y una investigación específica al respecto- deja ver cómo los delincuentes se están rearmando. Nos pueden vender -o pretender vender- la idea que las armas entraron por esta frontera para ser vendidas al sur del país, pero los ataques en plazas comerciales, las balaceras a diestra y siniestra, confirman lo contrario. O que por lo menos, algunas de las armas se quedan aquí, para gozo criminal de miembros del Cártel de Sinaloa, de lo que queda del CAF, de las cada vez más bandas independientes y para las representaciones de otras organizaciones criminales. Es muy lamentable que la falta de liderazgo por parte del gobernador en materia de seguridad, acabe con la coordinación y estrategia que durante años, se tuvo con otras corporaciones e instituciones. Muy grave. De seguir ignorando el delicado tema, la violencia puede escalar.

El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República es, por norma, un funcionario que vive a la sombra del presidente. No en el sentido peyorativo tanto como en el sentido literal. Está tras el presidente, a un lado del Presidente y nunca frente al presidente.  La figura de Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República puede ser relativamente nueva en México, pero ha sido clave en otros gobiernos, en otros países. En los Estados Unidos por ejemplo, el Jefe de la Oficina del Presidente, es el supervisor de su equipo, el que maneja la agenda, coordina a los asesores, filtra la información que se ha da a conocer, protege los intereses del presidente, negocia con el Congreso y asesora al primer mandatario.  Algo muy similar debió tener en mente el Presidente Carlos Salinas de Gortari cuando en 1988 se estrenó con la creación de la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la República, donde ubicó a quien se conocía como “El Monsieur” José Córdoba Montoya. Una especie de consiglieri –en el estricto sentido de la mafia siciliana- que asesoraba y le hablaba al oído al presidente para la toma de decisiones. El mismo Salinas y en 1992, le dio el rango de Oficina de la Presidencia de la República, y hasta 1994 la tituló Córdoba Montoya que fue sucedido por Santiago Oñate Laborde.  Cuando Ernesto Zedillo arribó a la Presidencia de México mantuvo la Oficina de la Presidencia de la República con Luis Téllez al frente hasta que se cansó de la política, la grilla y la burocracia, y eliminó tal jefatura para dar paso a una unidad más administrativa de su oficina que de acciones de política interna.  Vicente Fox en el año 2000 la revivió como la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, y ahí metió a todos los comisionados que se le ocurrieron para dar atención especializada y específica a grupos vulnerables como migrantes, indígenas, del norte, discapacitados, y un etcétera de asesores que al final, solo funcionaron para dar discursos sin tener facultades ni presupuesto.  Con Felipe Calderón la situación no cambió mucho. Regresó la Oficina de la Presidencia con atribuciones en el manejo de la política interior, el enlace con el legislativo, la asesoría general, la coordinación con el gabinete, el manejo de la información, así como la concentración de la información en materia de seguridad y sectores especializados.  La Oficina de la Presidencia de la República de Felipe Calderón la encabezó Juan Camilo Mouriño, de donde tomó suficiente experiencia en la grilla política y la asesoría para después convertirse en Secretario de Gobernación, hasta el día de su fallecimiento al caer la avioneta en la que se trasladaba de San Luis Potosí a la Ciudad de México.  El segundo Jefe de la Oficina de la Presidencia de Calderón fue Gerardo Ruíz Mateos, quien también sería parte de su gabinete. Terminaría como titular en tan privilegiada posición la nunca bien ponderada Patricia Flores Elizondo.  Desde la llegada de Enrique Peña Nieto, la Oficina de la Presidencia de la República, que concentra áreas de asesores, secretaría particular, coordinación de comunicación, y manejo de información, así como enlace con el legislativo, asesoría y manejo de la agenda presidencial entre muchas otras, está el joven Aurelio Nuño. A diferencia de cualquier Jefe de la Oficina de la Presidencia de este o de cualquier otro país, Aurelio Nuño en las últimas semanas ha hecho suyos los reflectores públicos. A veces parece vocero presidencial, a veces asesor del presidente, y en ocasiones defensor de Enrique Peña Nieto, pero le ha dado por hablar mucho. El Presidente por supuesto, se lo ha permitido. Quizá en un dejo de que ya muchos de sus colaboradores perdieron la credibilidad y el respeto de la población, pero Peña le está cediendo espacios y discursos a Nuño.  Así, desde la penumbra de la Oficina de la Presidencia de la República, el priísta Nuño brincó a los escenarios de la política pública y se postró ante los reflectores, sin una estrategia de comunicación, o de manejo de crisis en materia de inseguridad y violencia, acaso con el discurso hueco para esquivar el principal problema que aqueja a la administración de Enrique Peña Nieto.  Primero y en España, dio una entrevista a los editores de El País, donde justificó la falta de resultados en la estrategia federal en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos, defendiendo las reformas “transformadoras” del presidente mexicano, con una frase ya clásica en las metidas de pata federales: “No nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. Y de la bravuconería que él mismo demostró con esa declaración, pasó hace unos días a pedir la unión de la sociedad y el gobierno para evitar que “barbaries” como la sucedida el 26 de septiembre en Iguala se repitan. Justo en el aniversario luctuoso 199 del héroe de la patria José María Morelos y Pavón, Peña Nieto dejó que su muchacho, su jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, saliera una vez más a dar la cara por él. A él le encomendó el mensaje a la nación, a él le cedió su voz.  Y “haciendo suyos” los ideales y principios de Morelos, Aurelio Nuño habló por primera vez de la batalla que libra el Presidente de la República. Y dijo así: “… quienes tenemos el honor de acompañarlo en su Gobierno, estamos unidos por la lealtad y por el compromiso de su liderazgo, y al proyecto que encabeza para democratizar las oportunidades de los mexicanos.  “…Nos honra ser parte de una nueva generación reformadora de este país. Por eso, con gran convicción y con gran emoción en esta batalla interminable, estamos con usted…”. Ya envalentonado y lisonjero con su jefe, se unió al clamor popular para deslindar a Peña de la responsabilidad como Jefe Máximo del Ejecutivo Federal: “…sociedad y Gobierno debemos luchar codo con codo en contra de los verdaderos enemigos de México: la impunidad, la pobreza, la desigualdad, la violencia y la corrupción”.  Así es como Aurelio Nuño ha salido de las sombras, como el soldadito de plomo de un Presidente que al menos sabe que enfrenta una batalla aunque aparentemente no tiene palabras para explicarla ni mucho menos resolverla. Qué cosas nos esperan. 

Vaya, cualquiera podría pensar que el Presidente Barack Obama ha tomado dos medidas, de manera unilateral -sin el consenso del Congreso-, para favorecer a las minorías que podrían ser la diferencia en la elección de 2016 para que su partido, el Demócrata, gane las elecciones, luego de la estrepitosa derrota que sufrió en noviembre pasado. Así se ven a la distancia sus dos decisiones, la de abrir la posibilidad a la documentación de millones de migrantes hispanos en territorio estadounidense, y la de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Pero resulta que en lo de Cuba, las pláticas entre funcionarios de la Unión Americana y la Isla castrista, llevaban 18 meses. Así lo dieron a conocer los intermediarios, o los residentes del territorio neutro en el que se reunieron gringos y cubanos, los canadienses. El cese de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se remonta a 1960, durante 54 años quedó prohibido a los norteamericanos, e incluso a terceros socios de éstos, establecer relaciones comerciales con cubanos. Nada de intercambio comercial, ni visitas autorizadas a la Isla por parte de residentes del vecino país. Amén de la importación de productos como puros, azúcar y otros, o permitir el envío de dólares a territorio cubano. Ha sido icónica la enemistad del líder máximo de la revolución cubana, Fidel Castro, con cuanto Presidente los Estados Unidos han tenido desde 1960 a la fecha, como anecdóticos los intentos de asesinato a los que sobrevivió por parte de agentes de la CIA, espías, policías y voluntarios. La ausencia de libertades en Cuba, la falta de democracia, el no respeto a los derechos humanos, y por supuesto la distinta ideología de la Isla comunista frente al capitalista Estados Unidos, mantuvieron primero tensas y después distantes las relaciones entre ambos países. Hasta que llegó Obama, Presidente de este siglo, que vio un trato desigual de país a país, que solo afecta a los ciudadanos. Y así, sin más exigencias que la liberación de presos políticos tanto de un lado como de otro, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba están a punto de restablecerse. La Casa Blanca (la de Washington, no la de número 150 en Sierra Gorda, Las Lomas en Ciudad de México), anunció una serie de medidas a tomar para flexibilizar la relación, principalmente de los Estados Unidos, sus poderes, sus ciudadanos y sus socios hacia Cuba. En total, el presidente de los Estados Unidos dio a conocer doce medidas para flexibilizar las relaciones entre su país y la Isla: 1.- Establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, abrir en los próximos meses una Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba. 2.- Reforma del marco normativo para empoderar al pueblo cubano con mayor eficacia, en materia de viajes, remesas, fuentes de información, trabajo, propiedad privada e independencia. 3.- Ampliación de permisos generales de viaje a Cuba para 12 categorías existentes autorizadas por la Ley; la única que no se menciona es la turística. 4.- Facilitación del envío de remesas a Cuba por parte de personas de los Estados Unidos, limitado de 500 a 2 mil dólares por trimestre en calidad de donativos a ciudadanos cubanos, excluidos funcionarios y partido comunista. 5.- Expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios desde los Estados Unidos. 6.- Autorización para que las personas que viven en Estados Unidos importen bienes adicionales de Cuba, hasta 400 dólares, no más de cien en tabaco o alcohol. 7.- Facilitación de transacciones financieras, con tarjetas de crédito y débito autorizadas entre Estados Unidos y Cuba. 8.- Incrementar el acceso de Cuba a las comunicaciones, y su capacidad para comunicarse de manera libre. 9.- Actualización de la aplicación de sanciones de Cuba en países terceros, licencias para prestar servicios y hacer transacciones financieras. 10.- Negociaciones con los gobiernos de Cuba y México para discutir la frontera marítima no resuelta en el Golfo de México. 11.- Revisión de la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, en miras a incluir a la Isla en otra categoría. 12.- Discusión de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá. Del compromiso del Presidente de Cuba -el segundo desde 1959-, Raúl Castro, poco se sabe. De hecho, en su discurso habló más de la necesidad de acabar con el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, que de la mejoría de estas doce consignas y los cambios que habrá en la política al interior de la Isla. Yoani Sánchez, activista por los derechos civiles y la libertad de expresión en Cuba, bloguera por pasión y filóloga de oficio, escribió el mismo 17 de diciembre: “… tanto las declaraciones de Obama como las de Castro tuvieron el dejo de la capitulación. El presidente estadounidense anunció una larga lista de medidas flexibilizadoras para acercar ambas naciones, antes que se dieran los ansiados y muy exigidos pasos de democratización y apertura política en nuestro país. El dilema de qué debía ser primero, el gesto de La Habana o la flexibilización de Washington, acaba de ser respondido, aunque aún queda la hoja de parra del embargo norteamericano para que nadie pueda decir que la resignación ha sido completa. “Raúl Castro, por su parte, se limitó a anunciar los nuevos gestos por parte de Obama y referir el canje de Alan Gross y otros prisioneros de interés para el Gobierno norteamericano. Sin embargo, en su alocución ante las cámaras de la televisión nacional no evidenció ningún acuerdo o compromiso de la parte cubana, como no fuera el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La agenda del lado de allá del estrecho de la Florida la supimos al detalle pero la interna se quedó, como tantas veces, escondida y en secreto”. A Cuba pues, ahora le falta lo de siempre. El respeto a la libertad, a los derechos civiles, humanos, a la libre expresión, a la diversidad ideológica y a la dignidad humana. ¿No?   PD.- Bajo la máxima que los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses, la flexibilidad de Obama hacia Cuba ha sido calificada, por la comunidad internacional, también como una medida de presión para Vladimir Putin, el Presidente de la Federación Rusa; pues la Isla comunista podría seleccionar a Norteamérica como el socio principal. La falta de condiciones para abrir la política interna en Cuba, por parte del Presidente de los Estados Unidos, podría darles la razón.

Era el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias de la X Legislatura y el gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, emitía un discurso. Año de 1852. Le preocupaba el intervencionismo en México a propósito que “un país vecino” pretendía apoderarse del Istmo de Tehuantepec para construir un canal que comunicara los mares Atlántico y Pacífico. Hacía el político y a la postre Presidente de México, un llamado a los legisladores a defender la integridad del territorio nacional, e incluso prepararse para la guerra de ser necesario. Aquel discurso es una de mis lecturas asiduas, no sólo por la narrativa y la poética manifestación en defensa del territorio, además por el lenguaje y la estructura de un discurso directo, concreto y sustancioso. La parte que más me agrada tiene que ver con la responsabilidad, el compromiso, los valores y los principios que deben tener los hombres y las mujeres que se desarrollan en el servicio público. Dijo, don Benito Juárez: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”. Me viene hoy a la mente, de nueva cuenta el discurso de Juárez al ver la corrupción que priva en las gobierno en México, particularmente el tufo de tráfico de influencias y corrupción en el círculo del Presidente Enrique Peña Nieto, que la mayoría de los mexicanos vemos, que en el extranjero se reporta, pero que nuestras autoridades no quieren investigar. Los casos de las residencias que filiales de Grupo Higa –del evidentemente consentido y consentidor Juan Armando Hinojosa Cantú- financiaron, vendieron y rentaron a colaboradores cercanísimos a Enrique Peña Nieto, recuerdan los casos de hombres o mujeres buscados por la Ley que inscriben todos sus bienes a nombre de su cónyuge o de su santa madrecita, para salvaguardar el patrimonio, en muchos casos, producto del lavado de dinero. Hace no mucho tiempo la madre de los hermanos Arellano Félix, introdujo un amparo para recuperar una propiedad que le fue confiscada a su hijo Rafael Arellano Félix, cuando el cártel encabezado por sus hermanos era el más poderoso y el más violento (por allá de 1994). La señora deduce que a la muerte de su hijo –fue asesinado en Los Cabos en octubre 2014- ella es la propietaria y la PGR debe devolvérsela. Con esa acción, con la muerte del ex capo, se legitima la propiedad producto –para la autoridad- de los dividendos de la organización criminal. Es decir, Enrique Peña Nieto pretende permanecer impoluto solo porque a él no le vendieron, ni le rentaron, ni le financiaron una casa los de Grupo Higa, cuando a todas luces él ha gozado, utilizado, usufructuado y ocupado, tanto las residencias de origen en Juan Armando Hinojosa en Las Lomas en la Ciudad de México como los aviones que para recorrer el país siendo candidato abordó. Dar la vuelta al tráfico de influencias no debería ser asunto fácil en México. Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda que nada había dicho de su casa con origen en Grupo Higa hasta que fue exhibido por The Wall Street Journal, es evidente que pensaba que calladito se veía mejor. O que así no levantaría olas. Pero su acto de discreción parece una argucia de ocultamiento ¿Por qué Videgaray no hizo pública la adquisición de la casa cuando a Angélica Rivera su esposo la obligó a “aclarar” a la sociedad mexicana la transacción de –según ella- 59 millones de pesos? ¿Por qué esperar a ser investigado por periodistas para dar razón de las operaciones inmobiliarias con Grupo Higa? La realidad es que la clase política mexicana no vive en la “honrosa medianía” a la que llamó en 1852 Benito Juárez. No; los políticos en México son los nuevos ricos, se enquistan en la clase adinerada y viven con lujos que mexicanos de trabajo no pueden alcanzar ni en cientos de años. Es común ver cómo cambian los comensales de los restaurantes de lujo de la Ciudad de México o de cualquier capital o ciudad importante en los estados de la República, cada seis años. Los que tienen para pagar los mejores vinos y los más exclusivos alimentos son los políticos de sexenio. Hace dos años veíamos a los panistas, a los secretarios con sus séquitos y sus automóviles blindados de lujo, pavonearse por la zona restaurantera de Polanco o los lobys y cafés de los hoteles de lujo e internacionales. Hoy día aquellos comensales comen en su casa, en sus despachos o con quien les invite, y en los sitios públicos ahora se ve –en la misma condición de suntuosidad- a los priistas. La corrupción en México inicia con los políticos. Son ellos los que abusan de la posición para sacar provecho particular, y son ellos quienes deciden no investigarse los unos a los otros. Hace unas semanas el Comité para la Protección a los Periodistas con sede en Nueva York, entregó un reconocimiento a la trayectoria y los logros del periodista Jorge Ramos. En su discurso, explicó a su audiencia, mayormente periodistas del orbe reunidos en Estados Unidos: “¿Se imaginan qué pasaría si un contratista del gobierno financiara secretamente la casa de privada de Michelle Obama? Bueno, eso es lo que está sucediendo en México, y créanlo o no, pero no hay ni siquiera una investigación independiente al respecto. Por la llamada “Casa Blanca” en México y la desaparición de 43 estudiantes, miles de mexicanos quieren que el Presidente Peña Nieto renuncie. Nosotros tenemos que reportar eso. No, Peña Nieto tampoco quiere hablar conmigo”. Y en efecto, a punto de concluir 2014, ni la Secretaría de la Función Pública, ni la PGR, ni la Cámara de Diputados mucho menos la de Senadores, ha motivado la apertura de un expediente para investigar el evidente tráfico de influencias en el caso de las tres residencias de Grupo Higa para los tres más cercanos al Presidente. La de la señora Angélica Rivera, la de Luis Videgaray y la rentada a Humberto Castillejos Cervantes, para ser utilizada como centro de operaciones del equipo de transición cuando Peña Nieto ya era Presidente electo de México. La corrupción son ellos. Aquellos que pretenden pasar como operaciones transparentes las que mantuvieron ocultas, y aquellos que voltean para el otro lado y se niegan a investigar lo que la sociedad exige. Ricardo Anaya, dirigente del Partido Acción Nacional, habló ante los senadores de su partido de la corrupción, e instó a la creación de “un Sistema Nacional Anticorrupción”, al tiempo solicitaron la instauración de una comisión que investigue el probable tráfico de influencias y que la Fiscalía Anticorrupción se estrene con esa indagación. Nada de eso ha sucedido. Los legisladores afines al presidente de la República defienden la transacción de la señora Rivera –aun no lo hacen con la de Videgaray o la de Castillejos pero ahí van- politizando el tema. Dejan de lado la sospecha de corrupción y la que debería ser una investigación apegada a derecho y en aras de la transparencia, para ponderar que la izquierda, los periodistas y los “desestabilizadores” del sistema, quieren sacar raja político. Pero la realidad es que en estos tiempos de caos, violencia, inseguridad e ingobernabilidad en indistintas regiones de México, así como la pérdida de credibilidad y el decaimiento de la figura presidencial, una investigación para aclarar que no hubo –de ser así- tráfico de influencias del círculo presidencial, le urge a Peña, la requieren los mexicanos y es importante para el estado de derecho. Los funcionarios, Peña a la cabeza de todos ellos, “no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”. Urge, Presidente Enrique Peña Nieto.