A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad Federal informó que este sujeto era uno de los objetivos prioritarios de la citada entidad, por ser considerado como uno de los principales generadores de violencia en varias colonias y municipios tabasqueños.
Además, Sheinbaum Pardo subrayó que los connacionales no cometieron delito alguno, más que el sólo hecho de entregar ayuda humanitaria, por lo que debían regresar de inmediato al país.
No obstante, la titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que los nuevos amparos, de casos pasados, deberían estar regidos bajo la nueva ley y que no fueran aplicables a la retroactividad.
Mientras que los grupos parlamentarios del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que se debilitaba el juicio de amparo y se dejaba en la indefensión a la ciudadanía, frente a los abusos de poder.
Norman Carlson, ex director de la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. dijo una vez, que ADX Florence fue construido para “un muy pequeño grupo de la población de presos que no muestra ninguna preocupación por la vida humana”.
La intermediaria -en la actualidad intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)- dijo, en un comunicado, que la medida permitiría proteger a sus clientes, ya que sus cuentas estarían en una institución con más de cinco décadas de trayectoria.
"No puedo asegurar si los aliados o algunos otros estarán a favor o en contra, pero todo en su momento, ella ha anunciado que hasta febrero [de 2025] podría enviarla", dijo Monreal Ávila.
La reforma determinó que el acceso a playas marítimas y la zona federal marítimo-terrestre contigua debería ser libre, gratuita, permanente y sin distinción de origen, nacionalidad y condición social.
Horas antes, el mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el mensaje anticorrupción que la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, lanzó en el Senado, el 30 de septiembre de 2025, no estuvo dirigido al coordinador de Morena en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
El sobrino político del ex titular de la SEMAR se encontraba prófugo de la justicia por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, un ilícito que tiene prevista la prisión preventiva de oficio, es decir, sin posibilidad de llevar el proceso en libertad.
