La deuda de corto plazo de Sinaloa, en manos de Banorte, Santander y BBVA, quedó bajo escrutinio especial ante posibles restricciones al crédito comercial.
La SRE y la FGR revisaron la solicitud del DOJ y determinaron que carece de pruebas suficientes para actuar conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
