En la demanda de amparo presentada por Carlos Torres Torres, para descongelar sus cuentas, dio a conocer estados de cuenta donde se observan transferencias dudosas con empresas bajo sospecha
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Transferencias bancarias, por hasta 400 mil pesos en un mes, son las que registra el exesposo de la gobernadora Marina Ávila Olmeda y exdirector de Proyectos Estratégicos, Carlos Torres Torres; algunos de estos movimientos bancarios están vinculadas a empresas de funcionarios y otras a negocios de dudosa procedencia.
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Torres presentó varias evidencias en una demanda de amparo que presentó ante el Poder Judicial Federal —y se dio a conocer el pasado 22 de octubre— con la intención de descongelar las cuentas, que le bloqueó el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, debido a sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS), después que el Departamento del Tesoro de Estado Unidos lo sancionara oficialmente el 6 de octubre.
Entre los documentos que presentó el señalado, se encuentra un estado de cuenta en poder de este Semanario, donde se observa que Torres Torres recibió varias transferencias bancarias de empresas diversas.
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Una de ellas, la que más llama la atención, es RULAD Operadora Turística, cuya transferencia se realizó, primero, el 27 de junio del 2026, por un monto de 34 mil pesos, y otra el 28 del mismo mes, por 120 mil pesos; esa empresa es propiedad del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ricardo Daniel Garduño Barrera, encargado de conceder los cuantiosos contratos de la institución, con los que han sido beneficiadas constantemente las empresas vinculadas a otro de los sancionados por Estados Unidos, también como presunto “lavador y facilitador” de los crímenes del CDS, Marco Antonio Gómez Santelices.
Esa empresa también es propiedad de Juan Manuel Lameiro Camacho, socio de Torres, y de Marco Antonio Pérez Sánchez, actual subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación de Baja California. En ninguno de los casos se establece el motivo de la transferencia en específico.
Pero no es la única transferencia que genera suspicacias, pues también se identifica una empresa llamada La Gozadera Emiliano Zapata, radicada en Puebla; ésta realizó un depósito de 110 mil pesos en beneficio del político expanista ahora morenista.
Igual, la empresa Payefy Promotora de Inversión S.A. de C.V., radicada en Ciudad de México, registró un depósito para Torres Torres, por un monto de 70 mil pesos; mientras que el negocio llamado Gastronómica Esmeralda, radicada en Tlalnepantla, en el Estado de México, llevó a cabo una transferencia bancaria de 55 mil pesos en favor del exmarido de la mandataria estatal.
En el mencionado estado de cuenta del banco Banorte, también se ven retiros de cientos de miles de pesos en un sólo mes por parte del propietario, además de compras diversas. Desde gastos familiares, trayectos en Uber, compras en farmacias y diversos movimientos habituales de cualquier persona, lo que confirma que es su cuenta de uso común.
En los movimientos bancarios mencionados, es preciso considerar que, además de las presuntas ilegalidades que vinculan a Torres Torres con la red de lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa, también son irregulares —y necesarios de investigar— sus vínculos con empresas de funcionarios favorecidos en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, dado que estos mismos, autonombrados “servidores del pueblo”, son los encargados de manejar las cuentas, avalar las licitaciones y determinar las necesidades materiales del gobierno, así como repartir los millones del erario con las empresas.
En un escenario donde hay dudas por parte de los contratos millonarios otorgados por la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Baja California, es imposible no pensar en que exista un conflicto de interés y posibles actos de corrupción.
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