El Senado de la República aprobó, el 3 de noviembre de 2026, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor conocida como “Ley Antimemes”, con 72 votos a favor de Morena y sus aliados y 37 en contra de la oposición. El decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, con los que incorpora la figura de responsabilidad secundaria para las plataformas digitales y los proveedores de servicios de internet frente a la difusión de contenido que infrinja derechos de autor.
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Entre las obligaciones, las empresas deberán retirar de manera expedita el material señalado como infractor y establecer mecanismos para suspender o cancelar las cuentas y el servicio de internet de los usuarios que incurran de forma reiterada en esas conductas.
Los proveedores que incumplan esas obligaciones podrán enfrentar multas de hasta 40 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 4 millones 692 mil 400 pesos con el valor vigente en 2026. Para quienes infrinjan los derechos de autor, el texto contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA, cerca de 1 millón 173 mil 100 pesos.
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La titular del Poder Ejecutivo Federal ha sostenido que la reforma no prohíbe los memes y que su propósito es proteger los derechos de autor y combatir la piratería.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Gina Gerardina Campuzano González advirtió que el nuevo marco legal podría usarse para retirar investigaciones periodísticas, denuncias de corrupción y contenidos críticos del Gobierno Federal bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual, y lo calificó como “el botón más cómodo” para blindar a funcionarios.
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El dictamen había sido avalado horas antes, el mismo día, por las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera, con 19 votos a favor y siete en contra, en una sesión de menos de 40 minutos. El debate en el pleno duró poco menos de dos horas.
El decreto entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el DOF.
