Una llamada puede someter la voluntad de una persona sin encerrarla. Bastan una amenaza contra un familiar y la orden de no colgar. No hay cautiverio, pero sí hay coacción. El derecho penal debe tomar en serio esa diferencia: la gravedad del daño no autoriza a prescindir del principio de legalidad.
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ZETA documentó más de 25 casos de los llamados secuestros virtuales entre estudiantes del campus Otay de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), durante agosto y septiembre de 2026. Dos terminaron en pago de rescate. En otro, un alumno atemorizado rechazó la ayuda del personal universitario y de la policía municipal, que no pudo obligarlo a colgar. El episodio exhibe los límites institucionales frente a una coacción psicológica ejercida a distancia.
Primero. La etiqueta periodística no es un tipo penal. El artículo 14 constitucional prohíbe imponer penas por analogía o por mayoría de razón. No todo episodio es secuestro. Tampoco toda llamada intimidatoria es extorsión consumada. La tipicidad exige hechos, resultados y dolo acreditados conforme al proceso. El nombre vende; la prueba condena.
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La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en vigor desde noviembre de 2025, ofrece la respuesta normativa precisa. Su artículo 15 sanciona a quien, sin derecho, obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un beneficio o causar un daño. El injusto no se agota en recibir dinero. Pero el daño psicológico tampoco se presume: requiere prueba idónea y, en su caso, peritaje.
El artículo 17 agrava la pena en supuestos que calzan con exactitud en estos hechos. La fracción IV castiga el uso de información privada de la víctima o de sus familiares, real o alterada, para coaccionar. La V, el empleo de dispositivos, plataformas o medios electrónicos. La VII, afirmar falsamente que se tiene privada de la libertad a una persona y exigir dinero por su liberación. Las agravantes se prueban, no se presumen.
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Esa precisión importa porque los bienes jurídicos en juego son distintos. Libertad ambulatoria, integridad psíquica, patrimonio y libertad de decisión no son lo mismo. Esconderse en una plaza comercial por instrucciones telefónicas no equivale, sin más, a estar secuestrado. Pero la ausencia de encierro no vuelve irrelevante la coacción. El agresor fabrica un peligro inminente, dicta instrucciones sucesivas y bloquea toda verificación. El aislamiento es funcional al delito: impide que un familiar desmienta la amenaza. La víctima conserva el movimiento, pero no la decisión. Investigar obliga a distinguir, sin inflar la imputación ni minimizar el daño.
Segundo. La obligación de investigar no se cumple contando denuncias. El artículo 6 de la ley general ordena perseguir la extorsión de oficio. Ninguna autoridad puede condicionar su actuación a que la familia haya pagado o a que la víctima presente un relato jurídicamente perfecto. Ante una noticia criminal plausible, el Ministerio Público debe conducir la investigación. El artículo 25 ordena actuaciones inmediatas y contempla estudios periciales.
Una investigación eficaz reconstruye las llamadas, preserva mensajes, sigue la ruta del dinero y establece el origen y uso de los datos personales. El propio artículo 25 exige verificar si una línea o una cuenta fue utilizada sin conocimiento de su titular. Imputar a alguien por el solo hecho de figurar como titular de un número es técnicamente insuficiente. Los artículos 8 y 9 reparten competencias entre la Federación y los estados; el 10 obliga a prestarse auxilio y compartir información. Que la llamada provenga de otra entidad no extingue el deber de la autoridad competente. Coordinarse significa diligencias, no reuniones.
El artículo 1.º constitucional añade un deber transversal: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, en el ámbito de cada competencia. No convierte todo delito entre particulares en responsabilidad estatal. Sí proscribe la indiferencia institucional.
Hay, además, un problema de datos personales. Algunos alumnos sospechan que los contactos salieron de cuentas de WhatsApp hackeadas. La UABC negó contar con una base única de teléfonos. Ninguna de esas versiones permite, por sí sola, atribuir una filtración a la institución. Precisamente por eso se requieren peritajes informáticos y trazabilidad de accesos. Si la investigación revela un tratamiento indebido de datos, el artículo 14 de la ley general ordena dar vista a la autoridad competente. La sospecha no sustituye a la prueba.
Y el artículo 16 constitucional marca el límite del otro lado. Intervenir comunicaciones y practicar diligencias intrusivas exige presupuestos legales y control judicial. Perseguir la extorsión no autoriza a vigilar indiscriminadamente a los estudiantes. Una prueba ilícita no fortalece el caso: lo destruye.
Tercero. El daño no empieza ni termina con el dinero. El artículo 20, apartado C, constitucional reconoce a la víctima el derecho a recibir información, asesoría jurídica, atención médica y psicológica, protección y reparación. La ley general lo desarrolla: el artículo 30 prevé medidas de protección y resguardo de identidad; el 33 ordena ponderar, al individualizar la pena, las afectaciones a la salud de la víctima y su condición de vulnerabilidad; el 34 exige que toda sentencia condenatoria cuantifique la reparación integral.
La consecuencia es clara. Los más de veinte casos sin pago no pueden descartarse como episodios inocuos. Pero tampoco debe presumirse que todos produjeron idénticos resultados jurídicos. Las investigaciones deben distinguir entre tentativas, hechos consumados, daños documentados y medidas de atención otorgadas. Sin estadística diferenciada, la política pública camina a ciegas.
La universidad no es fiscalía. Su responsabilidad es preventiva: protocolos de detección, intervención no coercitiva, protección de datos y acompañamiento. El rector informó que se creó un área de ciberseguridad. Esa área se evalúa por tiempos de respuesta, capacitación y coordinación con la autoridad, no por su sola existencia.
El estudiante que rechazó la ayuda policial exhibe un límite delicado. El miedo no autoriza a restringirlo por la fuerza. Pero tampoco impide ofrecer contención, localizar a su red de apoyo y activar protocolos. Hay un parámetro concreto para exigir cuentas: el artículo 40 de la ley general obliga a todas las autoridades con atribuciones preventivas a brindar orientación inmediata a quien enfrenta una extorsión en curso, con independencia de la investigación posterior. Tijuana necesita una política medible: prevención permanente, canal de atención inmediata, preservación de indicios, seguimiento de denuncias y evaluación de resultados.
El delincuente ya no necesita encerrar un cuerpo para capturar una voluntad. Le basta fabricar una amenaza y sostenerla por teléfono. El Estado de derecho debe impedir la impunidad sin sacrificar garantías. Llega tarde cuando desatiende a las víctimas. Cruza la línea constitucional cuando usa el miedo de ellas para justificar una investigación sin límites. Las dos formas de fracaso tienen el mismo beneficiario: el agresor.
@evillanuevamx
