El órgano jurisdiccional otorgó la suspensión de plano contra la incomunicación de Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado tras sufrir una crisis hipertensiva antes de su traslado
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, emitió una prevención dentro del segundo juicio de amparo promovido por la concubina de Rafael Álvarez Ayala, alias el R2, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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La demanda de garantías fue interpuesta contra actos de detención e incomunicación atribuidos al administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco y a diversas autoridades ministeriales del orden federal.
En la resolución, el órgano jurisdiccional otorgó la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.
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No obstante, la autoridad judicial requirió a la promovente informar en un plazo de tres días la situación jurídica actual de su concubino, precisando a disposición de qué autoridad se encuentra detenido o si fue puesto a disposición judicial, apercibida de tener por no presentada la demanda en caso de omisión.
Este segundo juicio se suma al expediente del Juzgado Tercero de Distrito en Jalisco, donde se concedió previamente la suspensión de plano contra la incomunicación y la suspensión provisional contra la extradición hacia las autoridades de los Estados Unidos.
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El R2 permanece en Hospital Civil de Guadalajara por complicación médica
En aquel primer trámite, el juzgador comisionó actuarios judiciales para acudir al nosocomio Fray Antonio Alcalde a fin de lograr la ratificación directa del quejoso.
Álvarez Ayala permanece hospitalizado en dicho centro público en estado grave pero estable, bajo resguardo de fuerzas federales, tras resultar herido en el abdomen, brazo y fémur durante un enfrentamiento en un restaurante de Guadalajara.
Una crisis hipertensiva impidió su traslado programado a Puente Grande, mientras el Ministerio Público Federal amplió el plazo constitucional a 96 horas por delincuencia organizada para resolver la situación legal del R2 y otras 20 personas aseguradas durante el operativo militar.
