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miércoles, noviembre 18, 2026
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Protestar no requiere permiso del gobierno

El protocolo de manifestaciones publicado en Baja California el 25 de julio de 2025 enfrenta serios cuestionamientos constitucionales. ZETA ha documentado más de veinte amparos en su contra. No está en duda la facultad estatal de prevenir la violencia, sino sus límites. ¿Puede una disposición administrativa habilitar vigilancia, dispersión y detenciones sin vulnerar la libertad de protesta? La respuesta exige parámetros jurídicos verificables, no las buenas intenciones de sus autores.

Primero. La protesta social se sustenta en los artículos 1, 6, 7 y 9 de la Constitución y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comprende expresión colectiva, participación política y control ciudadano del poder. La Suprema Corte la reconoció como derecho humano autónomo al resolver, el 6 de enero de 2026, la acción de inconstitucionalidad 55/2024. La jurisprudencia P./J. 127/2026 (registro 2032258) fijó ese criterio.

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En ese asunto, la Corte invalidó las porciones de los artículos 109 y 110 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Sonora que exigían autorización para manifestarse. La jurisprudencia 2032271 rechazó ese control previo; la 2032270 precisó que un aviso puede facilitar la organización, pero su falta no autoriza a impedir una protesta. Publicadas el 12 de junio de 2026, confirman que la licitud de la protesta no depende del consentimiento administrativo.

El protocolo bajacaliforniano no exige expresamente permisos y declara, en su apartado I.6, que obliga a los servidores públicos estatales. Pero las facultades que les confiere recaen sobre los ciudadanos. El control constitucional alcanza los efectos previsibles de una norma, no sólo su redacción.

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Concurren dos exigencias. La primera es la competencia reglada: el artículo 16 constitucional impide ejercer potestades que el ordenamiento no confiere. La segunda es la reserva de ley: un protocolo coordina instituciones, pero no crea supuestos de restricción de derechos ni de coerción. El artículo 30 de la Convención Americana exige que toda restricción se funde en ley. Las competencias no se presumen. La finalidad protectora no convalida el exceso de poder.

Tampoco basta invocar la seguridad pública. La jurisprudencia 2032257 exige escrutinio estricto cuando una norma interfiere con la protesta. La autoridad debe acreditar finalidad imperiosa, idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Si existe una alternativa igualmente eficaz y menos lesiva, debe preferirla. La carga corresponde al poder. Una manifestación no es lícita porque el gobierno la tolere: lo es porque la Constitución la protege.

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Segundo. El apartado III.4 crea una Agenda de Previsiones que registra el nombre de la manifestación, sus convocantes, sus demandas, la instancia aludida, el recorrido y la «reincidencia de manifestación». Admite fuentes abiertas y avisos voluntarios; prohíbe medidas invasivas a la privacidad y acciones ilegales. La finalidad puede ser legítima. Lo discutible es la amplitud y el destino de la información.

El artículo 16 constitucional tutela los datos personales. Su tratamiento exige licitud, finalidad, proporcionalidad y seguridad. Conocer la ruta de una marcha para abrir paso a las ambulancias es una cosa. Integrar registros persistentes sobre quienes convocan y lo que demandan es otra. Esos datos revelan opiniones políticas y vínculos asociativos. Requieren justificación reforzada.

La expresión «reincidencia de manifestación» no atribuye, por sí misma, reincidencia infractora a una persona. Puede aludir a protestas periódicas. Pero su indefinición permite convertir la reiteración del disenso en indicador de riesgo. Protestar con frecuencia no es indicio de ilicitud. Confundir persistencia con peligrosidad abre la puerta a la discriminación política.

La Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2020) admite, en su párrafo 61, recopilar información para facilitar reuniones, pero prohíbe que ello produzca intimidación o efectos disuasorios. Exige controles de obtención, acceso y conservación. La misma Observación añade que una reunión pública no priva de privacidad a sus participantes.

La prueba es concreta: ¿qué datos son indispensables, quién los consulta, cuándo se eliminan y qué impide su uso político? Prohibir métodos invasivos no responde estas preguntas. Se requieren plazos de conservación, fiscalización independiente y remedios efectivos.

El artículo 13.3 de la Convención Americana proscribe las restricciones indirectas a la expresión. Un registro aparentemente neutro desalienta la participación si permite identificar o clasificar a los inconformes. Planear la protección es legítimo. Construir expedientes sobre el disenso no lo es.

Tercero. El apartado VI.5.11 permite dispersar una protesta ante un peligro real e inminente de daño irreparable a la vida y la integridad, o frente a una amenaza o afectación real y objetiva a instalaciones estratégicas o bienes. Exige persuasión previa. Pero «bienes» demanda lectura restrictiva: no toda interferencia urbana ni toda afectación patrimonial autorizan disolver una reunión pacífica.

El artículo 21 constitucional y los artículos 4, 27 y 28 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza fijan los límites. El artículo 27 prohíbe usar armas contra manifestantes pacíficos con objeto lícito; el 28 somete la intervención ante la violencia a los niveles de fuerza previstos en la ley. El protocolo no puede rebajar ese umbral: rigen la absoluta necesidad, la legalidad y la proporcionalidad.

Debe acreditarse gravedad e inminencia, descartar alternativas y distinguir conductas. Obstruir temporalmente una calle no equivale a violencia: el propio protocolo lo reconoce en su apartado III.3. Los actos de unos participantes no extinguen el derecho de los demás. La Observación General 37 y la CIDH, en su informe Protesta y derechos humanos (2019), rechazan la imputación colectiva. La policía debe individualizar conductas y proteger a los pacíficos.

Más delicada es la cláusula VI.5.10: prohíbe las detenciones masivas salvo cuando sean «estrictamente necesarias» y las autorice el mando de seguridad. La excepción queda subordinada al artículo 16 constitucional: una orden superior no crea causas de detención. Cada detención exige causa individualizada, registro y puesta a disposición inmediata. La necesidad operativa no reemplaza la flagrancia ni el mandato legal. Pertenecer a una multitud no suple la motivación individual.

El protocolo contiene garantías de diálogo, identificación policial y protección periodística. No eliminan las ambigüedades sobre vigilancia, dispersión y detenciones. Una dispersión no se legitima por anunciarla con altavoces: requiere competencia, causa, documentación y control judicial. Sin ellos, la coordinación encubre discrecionalidad.

Los amparos no demuestran por sí solos la invalidez general del protocolo. Sí obligan a examinar su compatibilidad constitucional y a corregir toda habilitación excesiva. En un Estado constitucional, el ciudadano ejerce su derecho y el gobierno responde por sus límites. Las libertades no necesitan permiso. Las restricciones, sí: ley, prueba y justificación.

@evillanuevamx

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