Cuestionan la falta de transparencia en contrataciones de equipamiento y piden aclarar si los productos fueron entregados y adquiridos a precios de mercado.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) advirtió sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema Penitenciario, ante la adquisición de equipamiento a empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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Luego de que el gobierno estadounidense señalara, en septiembre, a empresas proveedoras por presuntamente participar en operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Estatal, comentó que darán un tiempo prudente para que se desarrollen las investigaciones, aunque no descartan recurrir a instancias legales ante posibles irregularidades y la falta de transparencia en las contrataciones.
Entre las empresas señaladas se encuentran Inteliproof Efficient y Private Equity Baja, relacionadas por las autoridades estadounidenses con una presunta red empresarial utilizada para realizar operaciones de lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.
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Una investigación publicada por ZETA documentó que Inteliproof Efficient y Private Equity Baja recibieron contratos de distintas dependencias estatales y municipales para suministrar patrullas, software de reconocimiento facial, binoculares, chalecos antibalas, esposas policiales, uniformes y otros equipos tecnológicos y operativos.
Flores Campbell refirió que, entre la Fiscalía y el Sistema Penitenciario, se habrían contratado adquisiciones por más de 200 millones de pesos con una o varias de las empresas señaladas, entre ellas equipo táctico, sistemas para teléfonos celulares, cámaras e inhibidores de señal, por lo que planteó revisar parte del equipamiento destinado.
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Ante estas contrataciones, el representante del CCSPBC cuestionó la capacidad operativa y el alcance comercial de las empresas proveedoras, a las que calificó como negocios “todólogos” y “estrella”, debido a la diversidad de productos y servicios que ofrecen a las dependencias.
“Ver más de 200 millones de pesos en la Fiscalía y otras dependencias con proveedores que te venden desde un clip hasta un helicóptero genera suspicacia, nos indigna y hemos recibido quejas, desde la calidad de los uniformes policiales hasta el equipamiento”, explicó.
Flores Campbell indicó que, para emprender acciones judiciales contra la Fiscalía, primero necesitan contar con elementos que permitan acreditar posibles omisiones, la comisión de algún delito o que la autoridad haya incumplido con sus responsabilidades.
“Lamentablemente no tenemos mayores dientes en términos de auditoría de revisión. Pero sí en las sesiones del consejo hay muchas preguntas pendientes que hacer al respecto, a efecto de que se clarifique. Y si no, pues yo he dicho que voy a hacer valer las facultades del Consejo Ciudadano. Si tenemos que presentar denuncia, lo vamos a hacer”, expresó.
El representante del organismo consideró que la Fiscalía y el Sistema Penitenciario deben aclarar qué tipo de equipamiento fue suministrado y bajo qué modalidad se realizaron las contrataciones, además de verificar si los productos y servicios fueron efectivamente entregados, si sus precios correspondieron a los valores del mercado y si continúan vigentes las relaciones contractuales con las empresas señaladas.
“Delicado es si lo que se dice que se suministró no se suministró, si lo que se suministró se suministró fuera del precio de mercado y, en su caso, si se continúa con una relación de adquisición, arrendamiento, servicio u obra”, comentó.
Flores Campbell indicó que el Consejo mantendrá la revisión de las adquisiciones tanto de la Fiscalía como del Sistema Penitenciario, para verificar qué equipos fueron suministrados, si son suficientes y si se encuentran en funcionamiento, además de buscar aclaraciones directamente con la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, durante una reunión que tenía prevista para esta semana.
