El 20 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expidió el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que limita a seis el número de armas automáticas o de grueso calibre que podrá autorizarse a las dependencias de seguridad de cada entidad federativa. El ordenamiento sustituye al que se expidió en 1972, durante el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.
El texto establece que la cantidad de armas automáticas y de grueso calibre por entidad federativa “no deberá exceder de seis piezas”, aunque prevé que ese número se incremente según la cantidad y la frecuencia de las agresiones que reciban las corporaciones. El reglamento no define qué debe entenderse por grueso calibre. Los policías que empleen ese armamento deberán acreditar al menos cinco años de experiencia operativa, aceptar un adiestramiento anual a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y someterse a evaluaciones médicas, toxicológicas y psicológicas.
La dependencia que solicite el armamento tendrá que acreditar infraestructura para almacenarlo, con construcción de concreto y varilla, sensores de movimiento, alarma sonora, puertas de acero con cerraduras y candados de alta seguridad, circuito cerrado de videograbación las 24 horas conectado a una central de monitoreo con vigilancia permanente y armeros metálicos empotrados en piso y pared, entre otros requisitos. Además deberá suscribir una carta compromiso en la que se obligue a concentrar las armas, en un plazo de 30 días hábiles, en la instalación militar que determine la SEDENA cuando desaparezca la justificación que originó la solicitud.
El permiso lo otorgará el comandante de la zona militar correspondiente, quien deberá justificarlo con factores como la incidencia delictiva en la región, el número de agresiones con armas de grueso calibre atribuidas a grupos criminales y el armamento con el que ya cuenta la dependencia solicitante. Entre los requisitos para pedir la compra de ese armamento figuran las circunstancias que sustenten la necesidad, la comprobación de las acciones legales y las medidas de seguridad adoptadas en casos de robo o extravío de armas, la estadística de bajas del personal operativo en el año previo con los motivos que las originaron, las acciones de resguardo y de apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a los derechos humanos, y la relación del personal al que se asignará el armamento, con ocho documentos por cada persona.
Algunas de las características exigidas al personal autorizado ya estaban previstas en el modelo de la SEDENA para solicitar la licencia colectiva, pero el nuevo reglamento resulta más detallado y riguroso. En el caso de los cuerpos de seguridad auxiliares, que prestan servicios de custodia y vigilancia, los gobiernos estatales tendrán seis meses para tramitar nuevas licencias colectivas. Quienes soliciten una licencia individual de portación también deberán cumplir pruebas más estrictas que las vigentes, porque el documento detalla todas las características físicas, de salud y psicológicas requeridas.
El reglamento precisa asimismo los requisitos para establecer stands o campos de tiro privados, cubiertos o subterráneos, que la ley permite desde 2025 a los clubes y las federaciones registrados ante la SEDENA. También fija nuevas reglas para coleccionistas, cazadores, turistas, tiradores deportivos y otros usuarios, en cuyos trámites se presentan con frecuencia controversias con la dependencia por falta de claridad en las normas vigentes.





