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jueves, noviembre 19, 2026
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Denuncian presunta privatización de área verde en Playas de Tijuana

Residentes de Playas de Tijuana denunciaron el cercamiento de un área verde por particulares y exigieron al Ayuntamiento esclarecer la situación legal del terreno ante presuntas irregularidades catastrales.

 

Una nueva disputa por un área verde en Playas de Tijuana fue denunciada por residentes de la zona este jueves 19 de noviembre, quienes señalaron la presunta privatización de un espacio público por parte de particulares.

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De acuerdo con integrantes del colectivo Defendamos Playas, la situación estaría relacionada con Raúl Gerardo Farías Arizpe, a quien identificaron como presunto propietario del terreno, según la información catastral que les fue proporcionada por el gobierno municipal.

Farías Arizpe es presidente del Consejo de Administración de Vector Casa de Bolsa, señalada en junio de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado. Estos antecedentes generaron preocupación entre los residentes ante la posibilidad de que el empresario esté relacionado con la apropiación del espacio público.

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De acuerdo con lo relatado por los denunciantes, el área verde, ubicada a la altura del faro del inconcluso malecón, fue cercada por particulares desde la noche del miércoles 18 de noviembre, lo que, según los residentes, tendría como propósito la construcción de un inmueble.

Al respecto, Sarah González, representante del colectivo Defendamos Playas, explicó que durante años el espacio había sido destinado a áreas verdes, por lo que la colocación de la cerca generó preocupación entre los vecinos, quienes desconocen la situación legal del predio.

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Fotos: Rubén Vázquez

La activista indicó que, al consultar el caso con el Ayuntamiento de Tijuana, particularmente con la Dirección de Administración Urbana (DAU), les informaron que los presuntos propietarios no contaban con los permisos necesarios para delimitar el terreno.

“Lo que tenemos de conocimiento es que van a venir a clausurar la barda. Para construirla se necesita un permiso de la DAU y no habían tramitado ninguno. Ellos van a tener que presentar las pruebas de que sí son los dueños y que el documento que ostentan corresponde a este espacio. También es un tema técnico en el que estará involucrado Catastro”, explicó.

Agregó que meses antes, en junio, particulares intentaron cercar por primera vez el mismo terreno; sin embargo, la delimitación fue retirada por el gobierno municipal. En aquel momento, los ciudadanos solicitaron la intervención del Ayuntamiento para que se esclareciera la situación legal del predio.

En ese sentido, González señaló presuntas irregularidades en la información catastral proporcionada por el gobierno municipal a los residentes, pues, de acuerdo con la documentación que les compartieron, un grupo de personas habría vendido a Farías Arizpe, mediante un juicio de sucesión testamentaria en 2023, un lote de 936 metros cuadrados perteneciente a la manzana 18-A, cuya existencia fue cuestionada por los vecinos.

“Estaban llevando a cabo un juicio de sucesión testamentaria y le venden un lote. Lo que queremos saber es si realmente corresponde a este lugar, porque pudieron haberle vendido un terreno en algún punto de Playas de Tijuana y desconocemos su ubicación exacta. Se trata de un lote de 936 metros cuadrados, identificado como los lotes del 1 al 10 de la manzana 18-A. Hasta donde sabemos, y de acuerdo con lo que me han comentado personas que tienen décadas viviendo aquí, no existe ninguna manzana 18-A. En el documento aparece como un terreno de 936 metros cuadrados sin construcción”, dijo la residente.

Los residentes lamentaron la posibilidad de que se construya un inmueble en el lugar, pues consideran que, ante los antecedentes de los últimos años, en los que distintos desarrollos inmobiliarios han puesto en riesgo la calidad de vida de la zona, podría perderse otro espacio de uso público.

“Independientemente de todo esto, es un área verde que ha existido durante muchos años. Es preocupante que lo poquito que queda, además de ser un espacio turístico durante muchos años, pueda terminar en manos de una empresa como 7-Eleven, que pretende instalarse cuando ya tiene otra tienda”, expresó Eduardo, residente de la zona.

Ante esta situación, los vecinos manifestaron sus sospechas sobre un posible esquema de corrupción inmobiliaria en el que, presuntamente, estarían involucrados peritos, notarías y personal de Catastro Municipal, a partir de los antecedentes relacionados con quien identifican como propietario del predio.

Por ello, el colectivo vecinal hizo un llamado a las autoridades municipales para esclarecer la situación legal del terreno y determinar, en caso de que sea propiedad privada, por qué se destinaron recursos del erario público a su mantenimiento durante años.

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