Regidores del Cabildo de Ensenada cuestionaron la ampliación de los criterios para regularizar predios en Baja California, mediante un convenio entre el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), debido a los beneficios fiscales que representan principalmente para zonas de plusvalía.
La manifestación surge porque la exención de impuestos y derechos municipales, que contempla este convenio, incluye zonas donde confluyen predios de bajo valor catastral y otros en la misma área con una alta plusvalía, como sucede en la zona del Valle de Guadalupe que comprende las delegaciones de El Porvenir, Francisco Zarco y una parte de San Antonio de las Minas.
La firma del convenio se concretó el 11 de diciembre de 2025, en la que participó Mónica Palacio García, representante regional del INSUS nacional, quien afirmó en ese momento que el propósito es brindar certeza jurídica al patrimonio familiar ante la problemática que existe en Baja California.
Regidores informaron que el padrón de colonias beneficiadas fue presentado por la Secretaría del Ayuntamiento en la última reunión de la comisión.
El acuerdo presentado por la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, señala que se trata de una propuesta del Gobierno Federal como parte del Plan de Justicia para atender el rezago “histórico en materia de vivienda, regularización territorial, bienestar social, acceso a servicios públicos y seguridad para los más necesitados”, dicta textual el documento.
Para la alcaldesa, en la exposición de motivos, la propuesta es importante porque Ensenada enfrenta retos en materia de ordenamiento territorial, regularización de asentamientos humanos, acceso a la vivienda digna y dotación de servicios públicos, lo que aseguró limita a los ciudadanos a tener acceso a los programas federales de vivienda e infraestructura.
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Agustín Muñiz también mencionó que, una vez regularizados los predios, será factible garantizar la entrada de agua potable, energía eléctrica, drenaje, obras de cabecera y atender los temas de seguridad.
De acuerdo con el documento, quienes cumplan con los criterios establecidos podrán acceder a la exención del pago de derechos y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) para la incorporación de asentamientos, la regularización de la tenencia de la tierra y el acceso a los servicios básicos en favor de personas propietarias o poseedoras de un inmueble dentro del fraccionamiento, asentamiento o desarrollo habitacional en proceso de regularización ante el INDIVI y el INSUS.
El tema se encuentra en discusión dentro de comisiones en el Cabildo de Ensenada y ha generado cuestionamientos entre los regidores debido a que, además de zonas con rezago habitacional y de certeza jurídica, la propuesta contempla localizadores en la conocida Ruta del Vino.
Al respecto, se le cuestionó al titular de la Comisión de Coordinación Política, el regidor Isaias Bertín, quien afirmó que se trata de un asunto que se está discutiendo al interior. Consideró que una solución para evitar que esta propuesta termine por favorecer a los que más dinero tienen, según consideró el edil, es que se hagan públicos los polígonos involucrados.
De acuerdo con el planteamiento, se contempla aumentar la superficie de los terrenos susceptibles de regularización al pasar de lotes de 250 a 400 metros cuadrados, además de extender su alcance a zonas como San Antonio de las Minas y El Porvenir, localidades que forman parte del entorno vitivinícola de Ensenada.
La propuesta indica que el valor del predio a regularizar más la construcción no deberá exceder el equivalente a 10 mil Unidades de Medida Actualización (UMA) y solo podrán regularizar un predio por persona física.
La preocupación que han expuesto los ediles es que ésta dinámica facilita la regularización de terrenos que actualmente se encuentran en situación irregular y, después, esto pueda abrir la posibilidad de incorporarlos al mercado inmobiliario o desarrollar nuevas lotificaciones.
Entre los aspectos que se consideran pendientes de aclarar en la propuesta están los criterios para seleccionar los predios, los polígonos que quedarían comprendidos en el convenio, el impacto sobre el crecimiento urbano y la disponibilidad de agua, servicios públicos y vialidades.
Asimismo, los regidores plantearon la necesidad de transparentar los expedientes, antecedentes de las propiedades y los posibles beneficiarios de estas medidas para determinar si existen intereses patrimoniales, directos o indirectos, de funcionarios o personas vinculadas a los gobiernos federal, estatal o municipal en terrenos que pudieran resultar favorecidos.
De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en Ensenada hay 22 colonias consideradas con mayor rezago económico, y es donde más invasiones se han detectado. Dentro del padrón aparece el poblado de Francisco Zarco, dentro del Valle de Guadalupe.
Otras colonias con rezago con Arcoíris, Colinas del Pedregal, Ejido Nacionalista en la delegación de Maneadero, la delegación de El Sauzal, Francisco Villa I y II, Francisco Zarco en el Valle De Guadalupe, Gómez Morin, José María Morelos y Pavón, las Arboledas, Lázaro Cárdenas en Valle de la Trinidad, Lomas de Mendoza, Lomas de Sánchez Taboada, Parcela 3 en el Adolfo Ruiz Cortínez, delegación de San Vicente, Popular 1989, Popular Todos Santos, delegación de Punta COLONET, Rancho Cañón Buena Vista en El Zorrillo, Real De Castillo Nuevo en la delegación de Ojos Negros, San Miguel y Santa Juquila.
Finalmente, cuestionados acerca de cuándo liberarán el convenio, los ediles manifestaron que lo van a blindar para evitar filtraciones de algunas colonias o zonas que no requieren estar dentro de dicho padrón, tema que aún se analiza en la Comisión de Coordinación Política.






