Cuando en julio de este 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió retirarle la visa de turista para ingresar a su territorio al titular del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Fragozo López, terminó de asestarle golpes internacionales a los poderes del Estado 29.
En mayo de 2025 ya le habían revocado la visa de turista norteamericana a la titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres. Meses después, en diciembre del mismo 2025, le fue revocada la visa al diputado local Jaime Eduardo Cantón Rocha, quien en agosto de ese año había sido nombrado titular de la mesa directiva del Poder Legislativo de Baja California.
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Así, los titulares de los tres poderes que integran el Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, fueron despojados de sus visas de turistas para internarse a los Estados Unidos, ante la sospecha de relaciones con grupos criminales.
Desafortunadamente para el Estado, no son los únicos en Baja California. A la fecha, por lo menos nueve personas han sido desprovistas de su documento migratorio: Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora; Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora; Araceli Brown Figueredo, diputada federal; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la presidenta municipal de Mexicali; José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe; Jaime Eduardo Cantón Rocha, diputado local; Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana; y ahora Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
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Alcaldes, exalcaldesas, diputados locales, diputados federales, gobernadora y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, todos declarados personas no gratas para el Gobierno de los Estados Unidos, situación que para la entidad es totalmente insólita. Nunca había sucedido que tantos funcionarios públicos, y de todos los poderes, estuviesen comprometidos para una autoridad, así sea en el extranjero.
El quebranto de los poderes en Baja California, al poner en duda la honorabilidad y compromiso de los titulares de los mismos, inició con la revocación de la visa de la gobernadora Marina del Pilar, quien el 10 de mayo de 2025 informó que su documento había sido revocado. Aunque ella adjudicó el hecho a cuestiones administrativas y lo comunicó después que lo hizo su entonces esposo, Carlos Torres Torres, ahora se sabe que no fue un mero trámite administrativo.
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El último día de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió, a través de su Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, una serie de sanciones a personas a las cuales ligó al Cártel de Sinaloa en Baja California. Entre esas personas se encontraba Carlos Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, ambos señalados de apoyar la actividad criminal del cártel en la célula de los Rusos. En ese documento se especificó que la visa se le había retirado al entonces esposo de la gobernadora, precisamente por la sospecha de sus ligas con el cártel de Sinaloa. No fue, pues, un trámite administrativo.
Hasta donde se sabe, extraoficialmente, Carlos Torres Torres intentó recuperar su visa haciendo solicitudes de nueva cuenta, acudiendo al Consulado de los Estados Unidos, pero no tuvo éxito, la visa le fue negada de nueva cuenta. La gobernadora —y es conocido por todos los que escucharon los audios liberados por el periodista Héctor de Mauelón— entró en pláticas con representantes de agencias de los Estados Unidos, para cooperar en un intento por recuperar su visa, lo cual no ha sucedido a pesar de que ofreció proporcionar información sobre lo comentado en las Mesas de Seguridad, que en Baja California ella encabeza.
El diputado Jaime Cantón también aseguró a compañeros de la prensa que su revocación se debía a un trámite administrativo, y que ya tenía la fecha para recuperar su visa, lo cual, es evidente, tampoco ha ocurrido.
Otros políticos, como Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, también con la visa revocada, fueron mencionados en la red del Cártel de Sinaloa junto a empresarios del Quinto Municipio, como Candelario Arcega, Jesús González. O en el caso de Tijuana, el empresario y proveedor de los gobiernos locales, Marco Moreno Santelices.
Ahora, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Fragozo, entró a ese grupo de políticos, funcionarios de Baja California a quienes el Gobierno de los Estados Unidos les ha perdido la confianza y le niega la entrada a su país. Fragozo tuvo conocimiento, desde mediados de julio de 2026, de que su visa había sido revocada; aun así, optó por el silencio. A diferencia de la gobernadora (por cierto, la única funcionaria en hacerlo público ella misma), el titular del Poder Judicial se quedó callado, ocultó lo que ahora se sabe, que su visa fue revocada.
Fragozo López —para nadie en Baja California es un secreto— es muy cercano a la gobernadora del Estado, y lo fue a su entonces esposo, Carlos Torres. El presidente del Tribunal ha preferido ser un aliado del gobierno de Morena, a ejercer a plenitud la autonomía que el Poder Judicial tiene constitucionalmente. Ahora, esa cercanía, y la duda de las relaciones con grupos ilícitos que pesa sobre quienes encabezan las entidades de gobierno en Baja California, le ha llevado a ser parte de los desvisados.
Baja California, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas son los cuatro estados a cuyos titulares del Poder Ejecutivo les ha sido revocada la visa de turistas por parte del Gobierno de los Estados Unidos, pero la entidad, el Estado 29, es el único donde los titulares de los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, son personas no gratas para el vecino país, algo que en Baja California nunca, nunca, nunca había sucedido: el quebranto de los poderes del Estado. Y esto es un hecho histórico nada honroso.
