El 1 de octubre de 2026 Tijuana registró nueve asesinatos. El 2 de octubre no hubo asesinatos en la ciudad. El 3, la cifra llegó a cuatro. Y el 5 sólo hubo un registro de homicidio doloso. Para el 6 de octubre, ninguna persona fue asesinada en la fronteriza ciudad; y así, los días posteriores, los crímenes tipo ejecución comenzaron a disminuir.
Pero esa reducción no fue gratuita. Tampoco es que los criminales hayan desarrollado una conciencia y dejaran de actuar de forma violenta, muchos menos que hubiesen alcanzado un acuerdo de no agresión entre cárteles, y la inseguridad se haya descartado en Tijuana. No. Lo que sucedió fue que en los días 3, 5 y 6 de octubre, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana se pusieron las pilas y detuvieron a tres sicarios del Cártel de Sinaloa.
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Es decir que sí se puede combatir a los criminales, proveer seguridad y disminuir la violencia; la cuestión es que quieran.
La primera aprehensión sucedió el 3 de octubre, cuando un grupo de Inteligencia de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana realizaba patrullajes para detener al Ranchero, un tipo llamado Franklin Ernesto Huezo Hernández, que delinque para el Cártel de Sinaloa, pero en su lugar aprehendieron a Luis Adán Torales Castillo, el 500, que era algo así como el encargado de las venganzas del primero. El que encabezaba una guerra contra otro cártel, dejando muertos a su paso por tres municipios, Tijuana, Tecate y Rosarito.
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Luego el 5 de octubre, otra detención. Esta vez de una banda de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que encabezaba un joven de 21 años, Felipe de Jesús Sifuentes Medina. Detenidos con armas, sus celulares fueron confiscados, y lo que los agentes encontraron en la galería de imágenes y videos sobrepasa cualquier escena gore de película de horror. Evidencia de desmembramiento de cuerpos, de armas utilizadas para crímenes, de cargamentos de droga distribuidos.
Y finalmente, el 6 de octubre, otro joven de 21 años fue detenido. Jorge Said Salgado Mendoza, el Serafín. Confesó a botepronto haber participado en más de 35 asesinatos y ser parte de la criminalidad organizada desde los 14 años. Lo detuvieron junto a su padre y otro hombre.
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Todos ya fueron vinculados a proceso. En el caso del 500, él ya había sido detenido en 2023, pero fue liberado en 2025, absuelto de los cargos que en su momento le fincaron por el asesinato de un agente de la Fiscalía General del Estado. De los descuartizadores poco se sabía, pero el Serafín sí contaba con tres órdenes de aprehensión, la más añeja de 2024, por homicidio calificado… sin embargo, todos andaban libres y engrosando la estadística de muertes.
Y la respuesta siempre ha estado ahí: sí se puede, si la autoridad quiere, si tiene compromiso con la sociedad y si tiene la intención de cumplir con la Ley que están obligados a seguir y respetar.
Todas las corporaciones, incluidas las Fuerzas Armadas, tienen en su organigrama áreas o jefaturas de Inteligencia que se dedican al análisis de la información que van obteniendo, sea por sus propias investigaciones, sea por los dichos de otros detenidos, para determinar quiénes y desde dónde están haciendo daño a la sociedad.
La realidad siempre ha estado ahí también: las estructuras del narcotráfico, el crimen organizado o bandas dedicadas al asesinato, al robo, a la extorsión, al cobro de piso, entre otros delitos, gozan de impunidad porque nadie los persigue, o porque corrompen las estructuras de las corporaciones policíacas, de prevención o investigación.
Porque con los claros ejemplos de inicios de octubre se demostró que sí se puede combatir a los criminales, detenerlos, encarcelarlos y dar con ello seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Por eso llama mucho la atención que, por ejemplo, ninguna corporación, ni estatal ni federal, haya logrado detener a los miembros del crimen organizado, y del Ayuntamiento de Tijuana (de Reglamentos), que cobran piso a los yonqueros de la ciudad. 650 dólares mensuales a más de 300 personas. Las víctimas los han denunciado, han proporcionado imágenes de los cobradores, pero siguen en la impunidad, cobrando los dólares según para el Cártel de los Arellano y los pesos para los oficiales del ayuntamiento de la ciudad que a la menor provocación los extorsionan.
Llama también la atención que, sabiendo de voz de empresarios desarrolladores inmobiliarios, de los moches que les solicitan en el Ayuntamiento de Tijuana para la emisión de permisos de construcción, uso de suelo y otras autorizaciones, la irregularidad persista y siga sucediendo a pesar de las denuncias públicas de los afectados.
Que hayan disminuido los asesinatos por tres detenciones de células de asesinos de un cártel es la muestra clara de que sí se puede. Los mismos agentes saben ya quiénes son los extorsionadores, los que cobran piso y delinquen; es cuestión de que quieran ir por ellos. De que se hagan responsables de la autoridad que ostentan, y que, caiga quien caiga, como les gusta decir, aprehendan a todos los delincuentes, sean del cártel que sean o de la administración municipal de la que se trate.
Las detenciones de octubre fueron un buen inicio, pero no deben ser el fin. Las investigaciones policiacas deben continuar hasta que aquellos que amenazan a los ciudadanos estén en prisión, y por supuesto, que la Fiscalía General del Estado haga su parte, porque en muchos de los casos los “objetivos prioritarios” (o “generadores de violencia”, como llaman a narcotraficantes y asesinos) no tienen siquiera una orden de aprehensión; andan prófugos en la impunidad no porque se vean amenazados, sino porque podrían detenerlos en flagrancia y entonces sí ser privados de la libertad en alguna prisión.
Con las tres detenciones de los primeros días de octubre demostraron que sí se puede; ahora a seguirle para no evidenciar el brazo corruptor, y, finalmente, hacer su trabajo.
