“No nos importa si eres el gobernador o si eres la persona que trabaja en la plaza en una tiendita pequeña. Te vamos a encontrar, vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio”, sentenció de forma categórica la funcionaria estadounidense conocida como la “zar antidrogas” en una entrevista concedida a Voz News.
Con estas declaraciones, el gobierno de los Estados Unidos dejó en claro que la ofensiva contra las estructuras del narcotráfico y sus redes de apoyo en territorio mexicano no contemplará excepciones de ningún tipo ni respetará jerarquías políticas o administrativas.
Publicidad
La funcionaria detalló que esta persecución involucrará a todo el aparato gubernamental estadounidense, abarcando desde agencias de seguridad nacional hasta dependencias enfocadas en la salud y el bienestar social.
EXIGE WASHINGTON MAYOR INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y RECHAZA MOTIVACIONES ELECTORALES
Publicidad
Frente a los señalamientos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien había atribuido las recientes presiones de la Casa Blanca a la coyuntura electoral y a los comicios intermedios en Estados Unidos, la zar antidrogas descartó categóricamente cualquier trasfondo político o electoral detrás de estas acciones.
“Lo que estoy diciendo es: únanse a nosotros. Detengan esto. Podemos ponerle fin a los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas de terreno común sobre las cuales construir”, afirmó la funcionaria durante el diálogo con el medio.
Publicidad
Asimismo, reconoció que existen operaciones conjuntas en marcha, pero insistió en que la administración del expresidente Donald Trump exigió formalmente a México incrementar sustancialmente la inversión de recursos públicos en sus Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad.
TENSIONES BILATERALES POR EL CASO ROCHA MOYA Y LA SOBERANÍA NACIONAL
Este intercambio de posturas se da en medio de una marcada tensión diplomática detonada por los señalamientos públicos contra figuras políticas mexicanas, entre ellas el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios vinculados por agencias estadounidenses con el Cártel de Sinaloa.
La fricción aumentó luego de que la administración de Claudia Sheinbaum se negara a ejecutar detenciones inmediatas con fines de extradición directa, decidiendo canalizar cualquier indagatoria a través de la Fiscalía General de la República (FGR).
Paralelamente, el gobierno mexicano exigió a Washington la entrega de pruebas físicas y documentales que respalden dichas acusaciones, un material que —hasta el momento— no ha sido remitido a Palacio Nacional.
Por su parte, altos funcionarios de la administración estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio, calificaron la estrategia de seguridad mexicana como insuficiente, argumentando la existencia de amplias regiones del país bajo el control de los grupos criminales.
