Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), informó el 30 de octubre de 2026, durante una reunión de trabajo ante comisiones de la Cámara de Diputados, que cinco servidores públicos del instituto ya fueron imputados de manera formal por faltas administrativas graves relacionadas con conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés.
El titular del OIC detalló que el organismo que encabeza integró alrededor de 18 expedientes por diversas irregularidades en el INE. De ese total, 13 permanecen en etapa de investigación y cinco ya se encuentran en procedimiento de responsabilidades administrativas.
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“Cinco personas ya están determinadas por faltas graves, estos ya iniciaron su procedimiento de responsabilidad administrativa”, afirmó Carvente Contreras ante los legisladores.
El funcionario explicó que en los cinco casos con procedimiento abierto ya se dejó el citatorio para la audiencia inicial, paso con el que se formaliza la imputación. Según detalló, el OIC realiza el emplazamiento y, una vez agotada esa etapa, remite los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que asume competencia, admite y desahoga pruebas, abre un periodo de alegatos y emite la resolución.
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Carvente Contreras agregó que ocho de los 13 expedientes en investigación derivaron del área de auditoría del propio OIC y que cada uno corresponde a una persona en lo individual.
En la misma comparecencia, el contralor confirmó que detectó un presunto esquema de simulación de competencia entre cinco empresas proveedoras que comparten representantes legales y socios, y que entre 2014 y 2025 recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos. Las compañías señaladas son Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, esta última, dijo, una de las principales proveedoras de la administración anterior del INE. Esas empresas también han trabajado con al menos 20 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
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“Estamos en un escenario de colusión o, bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, aseveró el titular del OIC, quien identificó a José Alfredo Hernández Casillas y a Raymundo Francisco Hernández Casillas como apoderados o representantes legales compartidos entre las compañías.
El contralor confirmó además la inhabilitación y la sanción económica impuestas a la empresa Bell-Krom por incumplir un contrato de chalecos. Según expuso, la compañía estaba obligada a entregar 25 mil 302 piezas, entregó en tiempo 7 mil 267 y dejó pendientes 18 mil 35. Explicó que los proveedores incumplidos pueden ser sancionados por la vía del Reglamento de Adquisiciones del INE o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Carvente Contreras señaló que los contratos que han tenido difusión pública representan 4 por ciento del universo de contrataciones del INE y que el 96 por ciento restante también requiere ser fiscalizado.
La comparecencia se realizó después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, señalada por un presunto conflicto de interés por su relación con José Alfredo Hernández Casillas, contratista del instituto.
