Desde el 2018, Baja California no ha dejado de vivir procesos electorales, ya sean de carácter político o judicial; y los pocos años en que no hubo proceso, se adelantaron las precampañas. No hay Estado que soporte esta nueva realidad
En 2014, cuando el Pacto por México concretó la última gran reforma política del país, una de las principales propuestas era homologar los procesos electorales con el fin de que se celebren cada tres años. Mediante esta reforma, en Baja California se definió que la próxima gubernatura sería de dos años, con el objetivo de empalmarla con la elección federal intermedia en 2021.
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La intención de la reforma era reducir gastos y brindar procesos políticos más ordenados, que también ofrecieran una mayor estabilidad a los gobiernos estatales. Porque había entidades, como Baja California, que entre 2012 y 2018 vivieron y pagaron cinco elecciones en seis años, lo que representaba movilización, candidatos, campañas y aspirantes que abandonaban sus cargos para competir.
Localmente, para empatar los procesos electorales, el gobierno estatal del morenista Jaime Bonilla Valdez fue electo por un bienio en lugar del sexenio. Políticos y legisladores manifestaron que esto resolvería el tema de los múltiples procesos, pero no fue así.
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Desde el 2018 a la fecha (un total de ocho años), los votantes de la entidad han sido sometidos a ocho procesos electorales, que van desde elecciones ordinarias, revocaciones de mandato, consultas y demás ejercicios promovidos desde el oficialismo. Algunas elecciones armadas con lo intención de desviar la atención; y otras para generar grandes cambios políticos afines al movimiento que actualmente ostenta el poder.
En 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República luego de una estrepitosa e histórica victoria electoral. Un año después, Baja California giró a la alternancia, al sepultar 30 años del PAN, para dar espacio a Jaime Bonilla Valdez, expriista convertido en aliado del líder moral de Morena.
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Ese mismo año, diputados morenistas se inventaron una consulta popular para “solicitar” la opinión de la ciudadanía sobre la duración de dos años del mandato de Jaime Bonilla Valdez, un ejercicio que generó una movilización y la instalación de casillas a lo largo de la entidad.
En 2020, el presidente López Obrador ordenó someter la instalación de la planta cervecera Constellation Brands a otra consulta ciudadana, un recurso legal entonces inexistente, pero que provocó la movilización de un gran número de ciudadanos para definir la viabilidad del proyecto, que finalmente fue rechazado por más del 90 por ciento de la población.
Un año después, en 2021, el mismo mandatario federal convocó —y concretó— una consulta popular para conocer la opinión de la población sobre enjuiciar a los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto; ese mismo año también se llevó a cabo la elección donde la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda ganó la gubernatura, al aplastar a Jorge Hank Rhon, quien abanderaba al PES.
En el año 2022, AMLO sometió a consulta la revocación de mandato, alcanzando una mayoría abrumadora de respaldo, aunque con una poca participación.
En 2023, inició el proceso interno de Morena para la designación del candidato presidencial, donde resultó ganadora la hoy mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, en 2024. Junto con esa elección, se ejercieron todos los procesos locales ordinarios de cada tres años.
La estabilidad no duró mucho, debido a que la misma Presidenta emprendió una agresiva reforma judicial que tenía como objetivo cambiar el método de designación de los juzgadores dentro del Poder Judicial, para que ahora la ciudadanía los designe, mediante voto popular, libre y secreto. Esta fue una de las elecciones más extrañas, complicadas y de poco interés que se materializaron, y a un año de este proceso aún existen dudas sobre si deberá continuar con este nuevo método.
Este 2026, el ánimo electoral no se detuvo, porque, adelantados, los partidos están eligiendo a sus candidatos, y las campañas, supuestamente internas (como en la que ya se levantó la mano a la senadora con licencia, Julieta Ramírez Padilla, para coordinar los trabajos de la Defensa de la 4T en Baja California), están invadiendo el espacio público, a través de pintas de muros, anuncios espectaculares, redes sociales, la prensa y etcéteras.
Así, Baja California, una entidad que usualmente ocupa los últimos lugares de participación electoral —entre el 38 y 48 por ciento del padrón en las dos últimas elecciones ordinarias—, se ha visto impactada por la ambición política de los actuales líderes del vinotinto, principalmente. Esta inestabilidad es palpable en la sociedad.
