La historia que se escribe es de una precariedad increíble en México. Un país que se colapsa entre apagones, sequía, una deficiente Nueva Escuela Mexicana, un derruido sistema de salud, una precaria infraestructura para la energía eléctrica, y una pésima conducción de la estrategia en materia de combate a la inseguridad
La que sigue puede ser la historia criminal de un fracaso no aceptado… pero padecido por los ciudadanos.
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Mientras los últimos ocho años la narrativa oficial ha sido de una transformación beneficiosa para el país, la realidad denota otro escenario: a veces de retroceso, la mayoría de las ocasiones de precariedad, y, en suma, de necesidades básicas y pérdida en la garantía de los servicios.
La última semana, la segunda de septiembre de 2026, y Baja California, son el mejor ejemplo. Por lo menos en cuatro ciudades, Mexicali, la capital; Tijuana, la más poblada, Ensenada, el puerto; y Tecate, el Pueblo Mágico, carecen de condiciones para garantizar a los residentes el acceso a la salud.
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Los cuatro hospitales generales en cada una de esas ciudades están colapsados, de manera particular desde que fueron trasladados al Gobierno Federal para introducirlo al sistema IMSS-Bienestar, ya de suyo de mala fama. Médicos tratantes y familiares de pacientes evidencian con imágenes, videos, recetas y mensajes, la precariedad en que medio funcionan los hospitales, y lo oneroso que resulta garantizar para las familias, no para el gobierno, la debida atención de los suyos.
No hay jeringas, no hay sueros, no hay vendas, no hay reactivos para química sanguínea, no hay medicamentos; no se pueden realizar ultrasonidos porque no sirven los aparatos; no hay ni omeprazol ni ketorolaco; no hay parches, tampoco contraste para realizar tomografías, ni propofol para anestesiar; tampoco circuitos de ventilación, ni siquiera jabón para manos de uso en el quirófano, entre muchas, muchas otras carencias.
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Las condiciones físicas de los hospitales son deprimentes. Suciedad, desperfectos, bodegas vacías, laboratorios sin reactivos, elevadores que no funcionan, fallas en los sistemas eléctricos que impiden la realización de cirugías, sistemas de aire acondicionado que no funcionan, médicos y enfermeras sin insumos de protección personal o para proveer auxilio a emergencias y pacientes.
En la misma semana, el estado, como otras entidades, registró altísimas temperaturas. En Mexicali superaron los 50 grados, con humedad de 40 grados, lo que incrementó la cifra de afectados por golpe de calor, las muertes por lo mismo, y los pacientes que pasaban del infierno de la calle y el sol, al del hospital sin aire, sin medicamentos y sin insumos.
En un mismo día en Tijuana, a la carencia de medicamentos e insumos se sumó en el Hospital General un apagón que dejó a nueve personas atrapadas en los elevadores que apenas funcionan; además, se quedaron sin el poco aire acondicionado que tenían, y sin energía eléctrica para continuar atendiendo pacientes en la precariedad.
Al mismo tiempo, en las escuelas de todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, del sistema público educativo, los estudiantes sudaban fuerte ante la inclemencia de las altas temperaturas y la falta de una infraestructura adecuada que los resguardase del calor y del riesgo de enfermarse por ello. Aquellas unidades académicas, las escasas que sí contaban con equipos de climatización, hubieron de suspender clases debido a los apagones provocados por la falta de mantenimiento a las redes de distribución de la Comisión Federal de Electricidad.
Todavía a media semana, el miércoles, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la suspensión de clases de todos los niveles educativos, debido a las altas temperaturas registradas en la región, y los condenó a tomar clases en línea, cuando cientos de colonias en todo el estado carecen de energía eléctrica por las constantes fallas de la CFE.
El mismo día, la zona financiera de Tijuana, la Zona Río, sufrió un apagón por más de seis horas. No era la primera ocasión que ello ocurría en la semana; así había sido el lunes, el martes y ese miércoles. Sin semáforos, el tráfico se intensificó; las oficinas cerraron por no tener energía eléctrica, los comercios lo mismo; los trabajadores fueron enviados a sus casas porque no sabían cuándo se solucionaría el problema. Igual ocurrió en céntricas colonias, sin luz por más de 12 horas.
Y luego… los cortes en el suministro de agua. También debido a una falta de mantenimiento en las redes de distribución, cientos de colonias en los siete municipios de Baja California se quedan hasta semanas sin agua, sin luz, sin escuelas y sin hospitales para atender a los enfermos.
La irresponsabilidad de los gobiernos, del federal, el estatal y el municipal, para proveer los servicios básicos a la población es tan grande y alarmante, que ya atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos, la vida digna, y se acerca a una política criminal de desabasto en cualquier materia, salud, agua, energía eléctrica, educación y de seguridad. Pues increíblemente, mientras las administraciones, empezando por la Presidencia de la República, presumen disminución de delitos de alto impacto como los homicidios, con cifras de hasta 53 por ciento menos, cada vez la población en el país, de manera mayoritaria (74 por ciento), se sienten inseguros de vivir en su ciudad. Toman medidas para no ser víctimas, para autoprotegerse ante la indolencia de un gobierno que presume cifras manipuladas ante los ríos de inseguridad y violencia ahogando a los ciudadanos, aniquilando a los sectores productivos.
La historia que se escribe es de una precariedad increíble en México. Un país que se colapsa entre apagones, sequía, una deficiente Nueva Escuela Mexicana, un derruido sistema de salud, una precaria infraestructura para la energía eléctrica, y una pésima conducción de la estrategia en materia de combate a la inseguridad.
Como Baja California esta semana, sin agua, sin luz, sin clases, sin hospitales y sin servicios. Una historia criminal que se escribe desde la “administración pública”.
