A poco más de un año de concluir su gestión, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acumula en las estadísticas oficiales de su gestión, 10 mil 827 homicidios violentos, tres mil 056 personas desaparecidas no localizadas y 10 mil 829 víctimas registradas como “otros delitos que atentan contra la vida”.
En esta danza numérica, en julio pasado, la mandataria estatal presumió, una reducción de 48 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026. El problema es que esa cifra que no hace un análisis correcto de los resultados de su gobierno.
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En entrevista con ZETA, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), explicó que “al comparar los 57 meses del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, con los 57 meses anteriores -para hacer una comparación justa- que incluyen parte de las administraciones de Jaime Bonilla y Francisco Vega, de acuerdo a las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional, la cifra es significativamente menor”.
“Hay 28 por ciento menos homicidios y feminicidios, sumados. Pero lo que se disparó fue la estadística de ‘otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal’, que esas aumentaron en un 50 por ciento, y eso es un dato absolutamente anómalo, porque esta categoría contempla nada más dos tipos delictivos: uno son los embarazos no voluntarios; otro es la inducción o la asistencia al suicidio”.
“Entonces, todo apunta a que hay homicidios que los están registrando en ‘otros delitos que atentan contra la vida’. Basado en los datos, la impresión en general es que esas reducciones que todo mundo está profiriendo son reducciones extremadamente marginales”.
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“Luego, homicidio culposo tiene un aumento del tres por ciento. Y cuando volteas a ver los feminicidios, nada más los feminicidios, hay un aumento del 9.3 por ciento. Entonces sus estadísticas no se ven tan reales. Aunque el homicidio doloso de mujeres sí va la baja, en un 19 por ciento aparentemente”.
Adicionalmente, las estadísticas de la fiscalía bajacaliforniana son las más discordantes con los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, explicó Francisco Rivas: “Baja California es la entidad en donde si volteas a ver a INEGI, en tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, es donde hay más diferencia entre lo que establece el Secretariado Ejecutivo Nacional- basado en cifras de la FGEBC- y lo que establece INEGI en términos de cuántos homicidios hay, es en todo el país, pero Baja California es la peor”.
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10 MIL 829 VÍCTIMAS DE “OTROS DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA”
De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, del 1 de noviembre del 2021 al 31 de agosto del 2022, en Baja California, se han iniciado 10 mil 829 carpetas por “otros delitos que atentan contra la vida”.
Conforme a los parámetros del Secretariado Ejecutivo Nacional, el apartado de “otros delitos que atentan contra la vida” corresponde a cuando una persona incita a otra a suicidarse y la víctima se desvive; y a casos como la trata de jóvenes que convierten en vientres subrogados, y “alquiler de vientres a manera de explotación reproductiva, como se vio en Tabasco y San Pedro, hace 10 años, donde tenían algunas víctimas de trata que las embarazaban para ser vientres subrogados de los extranjeros que venían a México” ejemplificó Francisco Ramírez.
A detalle, en Baja California: de noviembre a diciembre del 2021 se contabilizaron 206 de otros delitos contra vida; en el 2022, fueron dos mil 408; en el 2023 sumaron dos mil 615; en 2024 fueron dos mil 640 investigaciones abiertas; otras dos mil 317 en el año 2025; y sumaron 643 carpetas entre enero y agosto del presente 2026.
De acuerdo a las cifras oficiales, significaría que por ejemplo en el 2024, se abrieron 216 carpetas al mes por incitación al suicidio o por explotación reproductiva, “…y la pregunta es: ¿Es esto lo que está sucediendo en Baja California? No creo; aquí deben estar incluyendo algunas muertes violentas, el problema es que no lo explican”, replicó Rivas.
FOSAS CLANDESTINAS
Antes existía un registro de fosas clandestinas, estaba albergado en la Fiscalía General de la República. “Desde 2010 ese conteo lo han ido desapareciendo, ahora ya de a plano no existe. Y una de las cosas que tenemos la evidencia en el Observatorio es que muchas fiscalías, ya no están contabilizando a la mayor parte de personas encontradas en fosas clandestinas”, detalló Rivas, presidente del ONC cuyo objetivo es “mejorar las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en México mediante la vigilancia, el análisis y la evaluación de la incidencia delictiva y las políticas públicas”.
“Antes tenían la obligación de registrarla como una víctima de un accidente doloso. Y eso ya no lo están haciendo casi ninguna. Y se puede decir que lo mismo pasa tanto para el tema de las fiscalías de los gobiernos del oficialismo como las de oposición”.
Una de ellas es Baja California. En numerosas ocasiones, ZETA ha constatado que los cuerpos encontrados en fosas no se suman a la incidencia de homicidios, ni las decenas de víctimas encontradas en fosas en el cañón de las carretas, colonia Natura o la colonia Sánchez Taboada en Tijuana; en las 22 fosas clandestinas que contenían 44 cuerpos, localizadas a partir del año 2023 a la fecha, en predios del Ejido Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali; o el hallazgo de cinco cuerpos humanos localizado el pasado 8 de septiembre, enterrados ilegalmente en el cerro del Rancho Santa Anita, en la delegación El Sauzal, en Ensenada. Ninguno.
Además del registro de fosas clandestinas de la Fiscalía General de la República que ya no existe, Elementa DDHH, una organización feminista y multidisciplinaria de consultoría y litigio especializada en derecho internacional y constitucional, que opera en México y Colombia, ha llevado un programa llamado “Desaparecer en Baja California”, que incluye un análisis estadístico, y regional del tema de fosas desde el año 2014, alimentado con información solicitada a la fiscalía bajacaliforniana; de acuerdo a esos registros “oficiales”, el peor año ha sido el 2021 con 73 fosas encontradas.
Ya en el gobierno de Ávila: en 2022 se encontraron 40 fosas; em 2023 fueron 45 fosas; en 2024 otras 63 fosas; y hasta febrero del 2025, una fosa. Después, la FGEBC se negó a entregar la información solicitada por transparencia, argumentando que afectaba las investigaciones.
CIFRAS MANIPULADAS
A finales de 2023 y durante 2024, al final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, implementaron una estrategia de “actualización y búsqueda” para reclasificar casos, y de un plumazo eliminaron de la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) a 11 mil desaparecidos, sin embargo esa es la única herramienta oficial del Gobierno de México para buscar y consultar datos sobre personas no localizadas.
En el caso Baja California, de acuerdo al RNPDNO el gobierno marinista registra tres mil 056 personas reportadas como desaparecidas que no han sido localizadas. En el mismo período, 888 ciudadanos han sido localizados: 667 con vida y 201 sin vida.
Al comparar las cifras de desaparecidos a lo largo de los casi cinco años de la gestión de Marina Ávila con los cinco años previos, hay un aumento del 345 por ciento en las desapariciones, que significan más de dos mil 300 denuncias adicionales en el presente quinquenio.
“El año más dramático para las desapariciones de Baja California fue 2025, en donde se registraron 991 personas desaparecidas. Es un momento muy importante respecto a 2024, donde se registraron 766. En lo que va del año, si se mantiene la actual tendencia, probablemente va a haber una disminución mínima porque el año probablemente va a terminar con alrededor de 600 y cacho”, expuso Francisco Rivas del Observatorio Ciudadano.
“Y esas desapariciones, al gobierno le gusta decir que la mayoría son voluntarias, pero lamentablemente, un alto porcentaje sabemos que muchos ya perdieron la vida”.
“No podemos asegurar que todos los desaparecidos son víctimas de un accidente dolosos, o los ‘otros delitos contra la vida’ son homicidios, pero la autoridad está obligada a explicar qué son. Tienen que explicar qué están registrando”, requirió Rivas.
OPACIDAD INFORMATIVA
A través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el gobierno publica información genérica sin posibilidad de ser revisada o analizada, pero se ha negado a negado a entregar la información estadística de los desaparecidos y las fosas, a organismos externos.
Elementa DDHH, la organización multidisciplinaria que gestiona el programa llamado “Desaparecer en Baja California”, llevaba también un registro de desapariciones en el estado norteño desde el año 2009, alimentado con información de la Fiscalía de Baja California (FGEBC)
Pero la última solicitud que la FGEBC respondió fue en julio de 2023; entonces se les había requerido información de enero de 2022 a diciembre de 2022. Cuando se hizo la nueva solicitud en 2024, reservaron la información como clasificada, “argumentado, que es información reservada, porque tiene datos personales”, explicó Roberta Cortés Ruiz, una de las responsables del proyecto en Elementa DDHH, “aunque nunca pedimos datos reservados”.
La actual fiscal general, Ma. Elena Andrade, tomó posesión en agosto de ese mismo año, 2023.
“Entonces, por supuesto también hay una coincidencia, con el inicio de esta administración, con la opacidad, y los obstáculos para acceder a la información que debería de ser pública, de acuerdo también con la Ley General de Desapariciones”, consideró Cortés.
“Sobre todo, si lo enmarcamos en este contexto en donde, además, se habla de que hay una reducción de la violencia considerable. Es problemático e ilógico, hablar de que se reduzca, cuando no incluyen en la ecuación a las personas desaparecidas”.
“Porque la falta de información o falta de transparencia, es muy paralela al hecho de que disminuyen los homicidios, pero a la vez no dicen nada de las desapariciones; y cuando una solicita esta información, al menos en Baja California, los datos ahora ya no son disponibles. Estas dos formas de actuar de la autoridad, pues es paralela, para poder seguir manteniendo ese discurso de la disminución, entre comillas, de la violencia”, enfatizó Cortes Ruiz.
CON TRAMPA
Valeria Gutiérrez, otra de las responsables del proyecto “Desaparecer en Baja California”, explicó que ha sido un proceso largo para exigir transparencia, “y aún no termina”.
“No están negando la información, porque información estadística afectaría el desarrollo de investigaciones. Entonces, implícitamente la fiscalía estaría afirmando que de todos los años que pedíamos información y la han negado, la del 2023, 2024, 2025-, no ha cerrado ninguna carpeta de investigación. Como si todas las investigaciones estuvieran abiertas; entonces toda la información que vayan a dar, pone en peligro el desarrollo de estas investigaciones”.
Ante la negativa en 2023, presentaron un recurso de revisión y les respondieron la solicitud con deficiencias; referían un número general de carpetas iniciadas, que no distinguía entre abiertas y cerradas, entre personas localizadas y no localizadas. “Eso no servía para analizar la información”.
Por eso en 2024 la organización solicitó ante el Poder Judicial un amparo, “…y más de un año después tuvimos una sentencia que fue a nuestro favor, la fiscalía bajacaliforniana apeló, y un juez confirmó la sentencia. Y bueno, lo mismo sucedió con las fosas, pero esa información nos la negaron a partir del 2025”.
Obligados mediante sentencia de juez, la FGEBC “se tardó mucho, pidió plazos para la entrega de la información, y finalmente por la resolución del juez les entregaron la información el pasado agosto del 2026. Pero en este momento no podemos hacerla pública, porque la entregaron con un carácter de ‘confidencialidad’. Y es muy contradictorio porque se estaría hablando de información pública que es confidencial. Entonces, estamos viendo qué es lo que podemos hacer, para volver pública algo de esta información”, explicó Gutiérrez.
“Además, no es la información qué solicitamos y cómo la solicitamos; es muy distinta de la que daban en años anteriores, y no es útil para hacer el análisis comparativo que antes hacían”.
En Elementa están revisando si deben recurrir al juez para que dé seguimiento y verifique que la FGE no está dando seguimiento puntual a la sentencia, y analizando otras alternativas legales. “porque estamos solicitando información que debe ser pública por Ley, que sirve a las familias de las víctimas para dar seguimiento, a la misma comisión de desaparecidos, y la Fiscalía de Baja California continúa poniendo trabas”, finalizó Valeria Gutiérrez.
