A principios de la próxima semana, la empresa concesionaria de la Supervía Bajacaliforniana Sube-T propondrá un nuevo frente de trabajo para la construcción del segundo piso Otay-Nodo Morelos, mientras se liberan los temas legales del área gastronómica de Otay, en Tijuana.
En el tramo que se comenzó a construir el 1 de abril pasado, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas (a la altura del Consulado de Estados Unidos) se observa poca actividad. Menos de una decena de trabajadores permanecen cerca de las oficinas móviles instaladas, con todo y que legalmente la obra no fue suspendida para continuar conforme a la Declaratoria de Necesidad y la Manifestación de Impacto Ambiental.
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Hace unas semanas –relató una locataria– se oía un “mega escándalo” cuando la maquinaría hacía perforaciones y no estaba permitido estacionarse en la lateral del bulevar Lázaro Cárdenas, pero ya fueron retiradas las retroexcavadoras y camiones de volteo.
Los hoyos hechos en el camellón del área gastronómica de Otay y en el bulevar Alberto Limón Padilla fueron tapados. Sobre la avenida Centro Comercial persisten carteles en rechazo al proyecto: “El viaducto en Otay es una obra irresponsable y mal planificada. Además, están cometiendo un ecocidio en el camellón Lázaro Cárdenas”, se lee en uno de ellos.
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El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), Arturo Espinoza Jaramillo, consideró que el tramo de la vialidad elevada que podría estar listo para octubre de 2027, cuando concluya el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda; sería el de Otay al bulevar Benitez, pues, más hacia el Nodo Morelos “hay temas de servicios y de energía eléctrica que hay que empezar a mover dentro de poco”.
El funcionario negó que se esté analizando dejar de construir la vialidad elevada por la avenida Centro Comercial (área gastronómica de Otay), ya que en el nodo donde confluyen la avenida Tecnológico y el bulevar Lázaro Cárdenas habrá subidas al viaducto.
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Argumentó cuestiones de seguridad el que el trazo vaya por encima del área gastronómica de Otay. “La velocidad para que puedas tomar una curva de 90 grados, o muy cerrada, contra una curva a 45 grados o algo parecido, es muy diferente, y la seguridad. La verdad no vemos la necesidad de hacer algún cambio”, dijo.
No obstante, reconoció que el trazo de la Supervía Bajacaliforniana Sube-T fue “ajustado un poco”, para que la vialidad elevada no toque ni abajo, ni arriba, ninguna propiedad privada, con lo que “cualquier persona que quiera hacer algo vertical hasta la altura que quiera lo pueda hacer”.
Con las cinco columnas que se instalarán en el camellón de la avenida Centro Comercial se perderían “cuando mucho” cinco de los 213 cajones de estacionamiento que hay en la zona, pero pueden recuperarse si se hace un “pequeño” reacomodo. “Están muy avanzados en el proyecto ejecutivo, pero como hay puntos delicados como éste, pues, se está revisando más a detalle”, añadió.
Recientemente, locatarios inconformes señalaron que la vialidad elevada afecta su propiedad privada. En ese sentido, el ingeniero civil Ulises López Torres aseguró que el trazo del proyecto no va centrado en el camellón de la avenida Centro Comercial, sino que se recarga hacia el restaurante Guiseppis por cuestiones técnicas y de cumplimiento de velocidad y de radios de curvas, por lo que el proyecto sí impactará el área comercial.
“La proyección de la vialidad que mide 23.50 metros, casi colinda, casi son centímetros, con el límite de las banquetas y en algunos casos está arriba de ellas”, por lo que se limita al propietario de un predio a construir un edificio de varios niveles, porque a cierta altura “ya vería el paso de los vehículos a un metro”.
A decir del especialista, el trazo de la vialidad estipulado en la Declaratoria de Necesidad fue cambiado para que pase por la zona gastronómica porque “cuesta más barato” y es más rápido hacerlo con la nueva configuración, ya que son menos columnas y cuestiones técnicas. No obstante, aseguró: “no hay duda de la garantía de la empresa. Ellos saben lo que están haciendo”.
“Sí es posible” respetar el trazo de la Declaratoria de Necesidad estableciéndose una curva en la intersección del bulevar Lázaro Cárdenas y el Limón Padilla. “Quizás se recargue un poco al hotel Gamma, pero luego vuelve a agarrar el carril central donde está el Carl’s Junior y se va por el camellón central” hasta el parque de La Amistad.
Los ascensos y descensos previstos en el bulevar Garita Otay y en el Limón Padilla (en inmediaciones del Parque de La Amistad donde empezará la vialidad) suponen un conflicto, porque “hasta allá llega la fila de los de ready lane”, previó.
Sobre lo expresado por los presidentes de los Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles y la Sociedad de Urbanistas de Tijuana respecto a que la concesionaria tiene que dar a conocer los programas de manejo social, de sostenibilidad laboral, y de acompañamiento socioeconómico para que los comerciantes afectados sean indemnizados, Espinoza Jaramillo indicó: “No veo la afectación”.
Se les presentó información de cómo se harían los trabajos en el camellón de la zona gastronómica; que se harían en tres intervenciones, en un lapso de 45 días por cada una de ellas, de tal forma que los vehículos sigan circulando y sean afectados 15 estacionamientos durante ese trabajo en el camellón.
DIEZ SUSPENSIONES PROVISIONALES EN JUICIOS DE AMPARO
Del 25 de mayo al 21 de julio de 2026, se interpusieron once juicios de amparo contra el proyecto de la Supervía Bajacaliforniana Sube-T. En diez de ellos, jueces federales otorgaron la suspensión provisional.
Su efecto es para que continúe la construcción “en los términos emitidos en la Declaratoria de Necesidad y en la Manifestación de Impacto Ambiental, y en algunos casos –porque no en todos se reclamó igual– que se abstengan de tala de árboles que no se haya autorizado en la Manifestación de Impacto Ambiental”, por lo que la obra continúa, aseveró la consejera jurídica del estado, Claudia Torrres Molina.
La funcionaria dijo tener conocimiento de que en algunos juicios de amparo no se ha podido notificar a la empresa porque su domicilio no habría sido indicado por los demandantes; situación que podría retrasar los juicios en tanto sea notificada y comparezca la empresa. “Es un tema técnico que no han podido hacer una notificación formal, pero la empresa sí está realizando la obra”.
En el expediente 471/2026 radicado en el Juzgado Decimoséptimo se señala que la empresa no ha sido localizada, toda vez que en el título de concesión no fue establecido su domicilio. Ello, pese a que la empresa Supervía Bajacaliforniana (Indisa y Prodemex) fue constituida para el proyecto el 17 de febrero de 2025, en Tijuana, Baja California. Su principal accionista es Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V.
En entrevista, Torres Molina aseguró que la empresa concesionaria cuenta con los permisos municipales, por lo que previó no se otorgará la suspensión definitiva.
ZETA tuvo acceso al oficio del 19 de febrero de 2026 en que la Dirección de Administración Urbana de Tijuana otorgó la licencia de urbanización definitiva para el proyecto, con una vigencia de 365 días naturales. El perito responsable de la obra, el ingeniero Luis Eliel García, adscrito con número 2960, será el encargado de revalidarla anualmente.
El documento –firmado por el titular de la DAU Fernando Sánchez Muñoz– indica que la empresa presentó una fianza a favor del gobierno del estado por mil 778 millones 210 mil pesos, el 7 de marzo de 2025, planos del proyecto ejecutivo digital, memoria técnica descriptiva y la resolución de Impacto Ambiental de la Semarnat.
No obstante, en el recurso de queja 292/2026 se indica que se ha omitido presentar permisos correspondientes a la modificación del trazo y a la ocupación de la avenida Centro Comercial. Además, el derecho de vía estimado entre 40 y 50 metros “excede manifiestamente cualquier corredor vial existente sobre bienes de dominio público estatal”.
Datos de la consejería señalan que cuatro juicios están radicados en el Juzgado 17 de Distrito; dos en el juzgado 11; dos en el Juzgado 12; y uno en el Juzgado 14, 15 y 16.
RETIRARÁN MIL 600 ÁRBOLES
El 13 de marzo de 2025, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California resolvió autorizar de manera condicionada el proyecto del segundo piso de Otay al Nodo Morelos.
El documento expresamente señala que la resolución “no autoriza construcción, operación y/o ampliación de ningún tipo de infraestructura u otra superficie que no esté comprendida en el término primero de este oficio”; el cual establece que la construcción del segundo piso tramo Distribuidor Morelos-Garita de Otay, irá a través de vialidades principales como bulevar Garita Otay, bulevar Alberto Limón Padilla, bulevar Lázaro Cárdenas (también conocido como Periférico y/o Libramiento Sur) hasta llegar al cruce con la carretera Tijuana-Rosarito.
Según la MIA, la Secretaría del Medio Ambiente estatal identificó 72 impactos ambientales a lo largo de las etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento. Algunos serán mitigados por acciones de la empresa. Entre ellos destacan el retiro de mil 600 individuos del estrato arbóreo (964 en el eje del trazo y 636 en salidas y entradas), por lo que el paisaje se verá impactado a lo largo de los 12 kilómetros de la vialidad.
El 42 por ciento de los árboles corresponde a la especie Washingtonia robusta (palma blanca). La empresa deberá reponer 2:1 los individuos retirados.
Con los trabajos en el bulevar Lázaro Cárdenas ya fueron retirados cerca de 90 árboles. “Se han trasplantado 70 árboles” y se han entregado más de 500 árboles al área ambiental del Ayuntamiento, indicó Espinoza Jaramillo.
Locatarios consultados lamentaron que árboles grandes con décadas de existencia fueran quitados. “Qué bueno que haya más vialidades, pero que no tumben tanto árbol”.
Otros dos impactos ambientales identificados son: que el segundo piso “generará una sombra” a lo largo de 12 kilómetros, la superestructura constituirá una mole de material que visiblemente impacta al espectador por su altura y dinamismo cambiando el paisaje urbano; se construirán columnas en el río Tijuana y el arroyo Alamar, por lo que se podrá afectar la calidad y el cauce de éstos; además, se emitirán emisiones a la atmósfera por la cimentación profunda de las columnas, de 15 a 25 m.
El segundo piso fue diseñado con un ancho total de 23.5 metros (m). Alojará tres carriles por sentido. Cada carril tendrá de ancho 3.10 m. Habrá un acotamiento de 1.07 m y una división de sentido de 1 m. La altura de la vialidad será de al menos 5.5 m. Pasarán mil 750 vehículos por hora en condiciones normales, a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora (42 mil 000 al día).
La autorización de Semarnat tiene una vigencia de 33 meses para la etapa de preparación y construcción de la vialidad y de 40 años para la operación, mantenimiento y abandono del sitio.
CRITICAN QUE SEA DE PEAJE
“Cómo es posible que hayan hecho un viaducto que costó 14 mil millones de pesos al gobierno federal, y ya van a hacer el segundo y ése tiene que ser de paga. No hay congruencia, por qué ése sí y por qué este no, si este nuevo va a servir para gente local, que viene de Rosarito y va a Otay a trabajar”, señaló el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Francisco Franco Casas.
En ese sentido, consideró que debió gestionarse ante la Federación el recurso para hacer la obra, pues ya se demostró que hay dinero en la Federación. “Si ya se demostró, ¿por qué no se siguió con el otro?, si la ciudad lo pide a gritos”.
