La seguridad de Seguritech en BC

Del 2019 a la fecha, la empresa Seguritech Privada ha acaparado un total de 104 contratos de diversos tipos, que van desde sistemas de videovigilancia y botones de pánico, hasta servicios de telecomunicación y geolocalización de embarcaciones. La empresa favorita del expresidente Enrique Peña Nieto no ha sentido que los gobiernos de la Cuarta Transformación le representen un problema. Por el contrario, tan sólo en el año 2025 recibió un total de 35 contratos, todos de varios miles de millones de pesos. Los contratos son firmados por gobiernos locales y federales, por dependencias centralizadas y paraestatales, y la mayoría otorgados por adjudicación directa o invitación cerrada, donde -obvio- resulta ganadora la empresa de Ariel Zeev Picker, presidente del emporio que hizo su dinero a la sombra del poder. Más allá de lo que ya se ha denunciado en estas páginas en varios reportajes, resulta interesante que los 104 contratos signados por la empresa Seguritech Privada con los gobiernos morenistas, todos sean documentos públicos y de libre disposición para su consulta… menos los de Baja California, donde la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda decidió reservar la información del contrato entre el Poder Ejecutivo y la empresa mexiquense, bajo el argumento de que pondría en riesgo la seguridad de la entidad al darse a conocerse. Con argumentos ridículos, como que revelar la ubicación de las cámaras y los arcos permitiría que los grupos delictivos pudieran diseñar estrategias para burlar la seguridad de la entidad, cuando los mismos postes donde descansan las cámaras de vigilancia tienen los logos y letras del Gobierno de Baja California, dejando claro que la discreción no es tema de interés. En ese entendido, esta entidad es la única en el país, que ha decidido reservar la información por cinco años sin ningún sustento e ignorando la exigencia del extinto ITAIP para brindar versiones públicas del contrato por mil 200 millones de pesos a pagarse en cinco años, más los poco menos de 800 millones pendientes de pago signados en la gestión de Francisco Vega de Lamadrid. Los contratos de Seguritech Privada habitualmente están plagados de sobreprecios, inoperancia y corrupción, además de usar tráfico de influencias para adquirirlos, por lo que no resulta raro que, bajo el argumento de la seguridad, intenten ocultar posibles actos ilícitos o de corrupción… al menos durante la actual administración.