Una comunidad integrada por 27 familias estuvo a punto de ser desalojada, con apoyo de la fuerza pública, a raíz de un conflicto agrario en la delegación El Porvenir, en el Valle de Guadalupe.
El pasado 9 de julio, la jueza Marta Flores Trejo desechó diez juicios de amparo promovidos por los habitantes y ordenó ejecutar el desalojo para restituir de manera definitiva una superficie de 8.4 hectáreas a favor de José Enrique, Carlos y Edith, identificados en el expediente como las presuntas víctimas.
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“Se autoriza el uso razonable de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, en lo estrictamente necesario para la práctica de la diligencia de restitución”, señala la orden judicial.
La diligencia finalmente no se realizó ese día, pero los abogados de las familias cuestionaron la legalidad del procedimiento y la decisión de desechar las suspensiones otorgadas por jueces federales.
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Inconformes con la actuación de la juzgadora, los habitantes también promovieron la queja 117/2026 ante el Tribunal de Disciplina Judicial, donde permanece radicada desde hace dos meses. En ella sostienen que la jueza Flores Trejo no respetó las suspensiones concedidas dentro de los juicios de amparo.
Además, afirman que la juzgadora no analizó el contenido de los expedientes, ya que en la orden de desalojo desestimó los amparos con argumentos que, a su juicio, no corresponden a lo resuelto por los tribunales federales.
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“No estamos pidiendo nada, sólo que se respeten nuestros derechos, que se respeten nuestras suspensiones y que se nos demande por las vías legales, para ser oídos y vencidos en juicio, mediante un procedimiento que no desconozca nuestro derecho de posesión”, declaró Marilda Teresa Cañas Alatorre, abogada y una de las afectadas.
Los habitantes también detectaron otras inconsistencias en la resolución judicial, como un error en la superficie a restituir, porque excede en aproximadamente dos hectáreas el área en litigio, afectando a terceros ajenos al conflicto, quienes ya promovieron amparos para evitar ser desalojados.
Los habitantes de la parcela adquirieron los terrenos a Evaristo Morales Castro, quien antes de fallecer se ostentaba como propietario con documentos inscritos en el Registro Agrario Nacional (RAN) y en el Registro Público de la Propiedad.
El otro desatino institucional ocurrió en 2019, cuando el Registro Agrario inscribió una sentencia que reconocía derechos a favor del ejidatario Evaristo Morales, a quien ellos le compraron los terrenos.
Tiempo después, el propio RAN emitió una corrección al señalar que la resolución en realidad favorecía a otra persona, identificada como Tomás Villa.
De acuerdo con la documentación exhibida por los residentes, esa modificación no sólo impactó los certificados parcelarios, sino que también llevó a funcionarios del RAN a cancelar escrituras públicas.
Consultado sobre el caso, el Poder Judicial de Baja California únicamente informó que el procedimiento permanece suspendido debido a que existe un recurso de apelación pendiente de resolución dentro de la causa penal.
Mientras tanto, los residentes iniciaron una serie de movilizaciones para exigir que se respete su derecho de audiencia.
Los conflictos por la tenencia de la tierra y las amenazas de desalojo con apoyo de la fuerza pública son cada vez más frecuentes en la Ruta del Vino. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no reconoce oficialmente esa región como una zona de conflicto por la propiedad de la tierra.
El fiscal regional en Ensenada, Miguel Ángel Pérez Rojas, informó que entre 2024 y mayo de 2026 la institución recibió 63 denuncias por el delito de despojo en las delegaciones de San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco.
El funcionario reconoció que el número de vinculaciones puede parecer reducido frente al volumen de denuncias y argumentó que este tipo de litigios suele prolongarse durante años debido a la complejidad de los procedimientos civiles y agrarios.
“NO SOMOS PARACAIDISTAS”
Alejandra Alonso, una de las afectadas demostró que tiene una carta de liberación de que su familia pagó por completo el terreno, también el contrato de compraventa, levantamiento topográfico, paga el predial desde el 2010, el terreno está bardeado y construyeron una casa.
“Ahí están obviamente todas las convivencias de la historia familiar que tiene la propiedad. No somos paracaidistas, no somos invasores. Tenemos documentos en regla, se investigó al momento de comprar y pues se me parece una injusticia”, expresó.
Por otro lado está Emilia; ella tiene aproximadamente 23 años viviendo en ese predio, lo compraron a “Don Evaristo”, quien les otorgó papeles supuestamente legales; pero tras su fallecimiento empezaron a tener problemas.
“Este señor está peleando terrenos. Nosotros estamos peleando por nuestros hogares porque ahí vivimos”, manifestó.
Claudia Romo también es residente desde el 2002, y aseguró que aunque su familia compró de buena fe bajo un este certificado parcelario, los quieren sacar sin ser escuchados en juicio.
“Entonces somos más que merecedores de que seamos escuchados por la jueza y que no nos quiten nuestro terreno”, exigió.
María del Socorro Serrano dijo sentirse muy triste porque es la segunda vez que la autoridad intenta sacarlos.
“No me parece, no estoy de acuerdo, porque parte de mis ahorros están invertidos ahí. No tengo a dónde irme, y la verdad (es) que queremos que nos escuchen; la jueza está cometiendo muchos atropellos”, indicó.
Mercedes Salas Torres habló a nombre de su marido, quien falleció, y según contó, él ahí dejó todo el dinero de su trabajo en la construcción de la casa.
“No es del dinero, no es la casa, es que ahí están nuestros recuerdos. Nada más eso”, lamentó.
Rodrigo, otro de los habitantes, exigió que se respeten sus derechos.
“Que nos hagan valer nuestros derechos que tenemos sobre esa posesión, esa pequeña posesión”, pidió al Poder Judicial.
En ese mismo problema está Antonio Abraham, quien describió que compró una fracción de la parcela en el 2009 y cuando hizo la transacción le enseñaron el título parcelario vigente del con fecha de enero de ese año.
“Nunca supe que hubiera un problema legal atrás, porque este problema tiene desde más tiempo atrás y que nadie nos dijo; o sea, compramos de buena fe, esa es la palabra. Y pues ha sido una caminata de problemas. Todos estamos en el mismo problema”, exhibió.
Miguel es afectado y recalcó que los vendedores sí les mostraron un título de propiedad.
“No era un certificado parcelario, era un título de propiedad. Y hay una constancia de Ejido en el que dice que -esa superficie- ya no pertenece al Ejido, que está fuera. Todos para tener una vejez tranquila y miren cómo andamos aquí”, declaró desanimado.
Raúl Ramos es otro que compró unos años después, en el 2016, por medio de un título parcelario.
“Pasaron los años, yo contento con mi propiedad porque soy persona retirada que ahí invertí todos mis pequeños ahorros y es mi residencia. Entonces ahora están jugando con mi patrimonio y nos lo quieren arrebatar. Y todo lo que hemos hecho ha sido defendernos legalmente. Porque la contraparte, queda bien claro que está usando la ley para violar la ley”, recordó.
ESTADO Y MUNICIPIO TRAS COMPRA DE TERRENOS Y CRECIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS IRREGULARES
Los recientes desalojos de familias en distintos puntos del Valle de Guadalupe evidencian problemas que van más allá de los litigios por la posesión de la tierra y reflejan deficiencias en la adquisición de los terrenos, pues hay una proliferación de fraccionamientos irregulares y la falta de supervisión de las autoridades.
El presidente del Colegio de Abogados de Ensenada A.C., Alejandro Reyes Pérez, afirmó que cuando un predio alberga a decenas de familias se configura como un fraccionamiento, por lo que las autoridades estatales y municipales no deberían permanecer al margen del problema.
“Está prohibido crear fraccionamientos irregulares y vender lotes sin cumplir con la ley. Después llegan los problemas sociales porque esas familias demandan agua, luz, drenaje y otros servicios públicos”, expresó.
Reyes Pérez sostuvo que tanto el Gobierno del Estado como la Federación tienen la obligación de vigilar el crecimiento de los asentamientos humanos y evitar que proliferen desarrollos irregulares que posteriormente deban ser regularizados con recursos públicos.
Cuestionó que algunos terrenos cuenten con claves catastrales y paguen impuesto predial sin cumplir con los requisitos legales para su subdivisión, situación que genera entre los compradores la falsa percepción de que ya son propietarios.
Reyes Pérez indicó que con frecuencia los compradores celebran contratos con personas que se ostentan como propietarios, sin corroborar que el inmueble realmente esté inscrito a su nombre.
“La buena fe no sustituye la obligación de verificar la propiedad del inmueble”, señaló.
Aclaró que el pago del predial o la asignación de una clave catastral no constituyen prueba suficiente de propiedad ni de posesión dentro de un juicio de prescripción, es decir, cualquier persona puede cubrir ese impuesto sin ser titular del inmueble
Sobre los predios de origen ejidal, explicó que los asuntos corresponden al ámbito federal y son atendidos por los Tribunales Agrarios, mismos que enfrentan rezagos por falta de presupuesto y se refleja en los largos litigios.
