El presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. opinó que con ese proceder la FGR quiso “demostrar total sometimiento”
El presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C., Francisco Castro Trenti, afirmó que la forma en que el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue introducido a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana, el jueves 16 de julio, en presencia de reporteros y sujetado de la cabeza por un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se constituyó como un trato indigno.
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“Por trato indigno me refiero a su exhibición ante medios cual trofeo de caza, siendo que pudo haber sido ingresado por el sótano de la FGR, y la sujeción indebida e innecesaria de la cabeza para demostrar el total sometimiento”, refirió a ZETA el presidente de la organización profesional este viernes 17 de julio de 2026.
Consideró que con la exhibición de Ruffo Appel, quien en 1989 asumió como el primer gobernador emanado del Partido Acción Nacional en el país, se vició el proceso abierto bajo la presunción de que el ex mandatario estatal incurrió en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, en razón de su participación en una empresa, Ingemar S.A. de C.V., vinculada al decomiso de combustible (gasolina, diésel, destilado de petróleo) ejecutado el año pasado en Coahuila.
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“Definitivamente y con el trato indigno también. No le alcanza para la libertad per se, pero si vicia el proceso”, manifestó el exdirector de Seguridad Pública de Tecate.
Además, estimó: “No se debe permitir la justicia selectiva, porque cuando se pierde la igualdad ante la ley en igualdad de circunstancias el Estado de derecho se vulnera y se pierde el respeto y la confianza ciudadana a las instituciones y a las autoridades que las integran”.
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El día de ayer el Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. emitió un pronunciamiento en el que cuestionó que habiendo otros casos de presuntas prácticas delictivas se haya girado la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo, mandato que se cumplimentó ayer por la tarde en Ensenada.
La orden se cumplimentó con el antecedente de la presunta disposición de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a proveer información generada en las Mesas de Seguridad estatales a autoridades norteamericanas, tal cual quedó registrado en un audio difundido el lunes 13 de julio por Héctor de Mauleón en El Universal. La propuesta de colaborar con el gobierno estadounidense aparentemente obedeció a la posibilidad de que la mandataria estatal emanada de Morena enfrentara cargos en Estados Unidos.
Se trató de una grabación difundida luego de que el 22 de junio se difundiera un primer audio. A esta sucesión de grabaciones se sumaron dos, el día de ayer, en las que igualmente se escuchó a Ávila Olmeda tratar con supuestos agentes o intermediarios norteamericanos.
“No se trata de partidos políticos sino del Estado de derecho de derecho y en ese sentido hay casos actuales, vigentes y más relevantes: El asunto del gobernador de Sinaloa -con licencia- Rubén Rocha Moya (acusado de narcotráfico en Estados Unidos) y el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es una clara muestra de ello”, manifestó el Emilio Rabasa A.C.
La organización profesional consideró en alusión a Ruffo Appel que “sin entrar en la valoración procesal de los hechos -ni en el fondo del asunto-, la exhibición de su captura no es solo reprobable sino indigna para cualquier ser humano”.
El Colegio, exigió al gobierno de México “actuar en igualdad de circunstancias” y “en respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”.
