Tras el asesinato del abogado Javier López Reyna en Tijuana, colegios y barras de abogados exigieron justicia y la implementación urgente de un protocolo de protección
En un ataque directo registrado la noche del jueves 23 de julio, el abogado Javier López Reyna, de 51 años, fue ejecutado a balazos al momento de ingresar a su domicilio ubicado en la colonia Granjas Familiares La Esperanza, en la delegación Playas de Tijuana. A la fecha no hay detenidos.
Los hechos se reportaron al número de emergencia alrededor de las 20:28 horas, informando que sobre la avenida C, a la altura del predio marcado con el número 7206 había una persona con heridas en la espalda, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio como primeros respondientes.
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Al arribar a la escena, los agentes localizaron a la víctima, vestida con un pantalón de mezclilla azul, calzado negro y una camiseta tipo polo del mismo tono, en el área del patio del inmueble con múltiples impactos proyectados de proyectil de arma de fuego en la espalda y la cabeza. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja declararon formalmente al litigante sin signos vitales.
De acuerdo con información obtenida por ZETA, la esposa de la víctima declaró que cerca de las 20:25 horas regresaban de realizar compras a bordo de un vehículo tipo vagoneta marca Nissan Xterra color verde, con placas ALJ5465 de Baja California, del que el abogado descendió para abrir el portón de acceso, momento en que un sujeto desconocido se le aproximó por la espalda y abrió fuego de manera reiterada contra el jurista para posteriormente darse a la fuga.
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En la escena del crimen se localizaron siete casquillos sobre la avenida C número 7206 con la leyenda en base 9mm.
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A la fecha, según información de fuentes allegadas al caso, no hay personas detenidas por este hecho delictivo.
Barras y colegios exigen justicia por asesinatos de abogados
Tras el violento homicidio del litigante Javier López Reyna, barras y colegios de abogados en Tijuana lamentaron su pérdida y realizaron un llamado a la Fiscalía General de Baja California (FGE) para realizar una investigación pronta, exhaustiva y profesional que permita esclarecer el hecho y brindar justicia, no sólo a éste abogado, sino al resto que al igual que él también fueron asesinados y cuyos casos no avanzan.
A través de un pronunciamiento, Estefanía Campos García, presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, expresó sus condolencias a los familiares del abogado y remarcó que el gremio vive en un estado de hartazgo y vulnerabilidad. Recordó que con anterioridad se trabajó en la creación de un Protocolo de Atención y Protección para las y los Abogados, el cual contempla mecanismos de prevención, coordinación entre autoridades y respuesta oportuna ante amenazas o situaciones de riesgo. No obstante, dicho instrumento continúa sin ser aprobado por las instancias gubernamentales.
“Desde luego, exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta, exhaustiva y profesional que permita esclarecer este crimen y llevar a todos los responsables ante la justicia. Pero hoy quiero decir algo más: siento que esa exigencia, por sí sola, ya no basta. Llevamos años reaccionando de la misma manera. Ocurre un hecho tan doloroso como este, exigimos justicia y, con el tiempo, otro caso vuelve a sacudirnos. Primero fue la Lic. Emilia, después el Lic. Scully y hoy el Lic. Javier López Reyna. No podemos seguir viendo estos hechos como casos aislados”, señaló Campos.
Campos García aclaró que los abogados no buscan un trato preferencial, sino garantías básicas para desempeñar su labor en el sistema de justicia, puntualizando que el homicidio de un profesional del Derecho debilita el Estado de Derecho y mina la confianza en las instituciones.
“Hoy, los hechos nos demuestran que la prevención no puede seguir esperando. No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo condiciones mínimas de seguridad para ejercer una profesión indispensable para el acceso a la justicia. Cuando asesinan a un abogado, no solo pierde una familia; también pierde la sociedad, porque se debilita el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones”, expresó Estefanía Campos.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. lanzó un reclamó a las autoridades de Baja California tras darse a conocer el homicidio del licenciado López Reyna, pues además de él otros dos litigantes han sido asesinados en menos de un año en Tijuana.
La Licenciada Emilia Ortega Aceves, de 59 años, miembro de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C., especialista en asuntos civiles, mercantiles y familiares, dedicada por más de 20 años al litigio, fue asesinada el 18 de noviembre de 2025, mediante un ataque armado cuando se encontraba en su vehículo Toyota Corolla color gris, placas de California 9SYS373, sobre la calle Mulegé y Cañón K, en la colonia Altamira, en Tijuana. Las balas perforaron el tórax de la abogada, provocándole la muerte.
El abogado Arturo Pérez Anguiano Scully, fue asesinado la noche 29 de diciembre de 2025 en la colonia Los Españoles, en Tijuana, se encontraba acompañado de su asistente a bordo de un vehículo Volkswagen Amarok, color gris, con placas BG-1855-A, cuando fue ultimado tras un ataque directo.
Por ello, a través de un comunicado el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. reprochó la falta de respuesta operativa por parte del Ejecutivo y de los mandos de seguridad, señalando que el gremio ya ha buscado directamente al Secretario de Gobierno, a la Fiscal General del Estado y al Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.
A pesar de haber presentado propuestas concretas para consolidar un Protocolo de Protección y Seguridad y crear una comisión institucional dedicada al riesgo del litigio, el colegio señaló que las autoridades han mantenido una postura de hermetismo mientras la delincuencia rebasa a las instituciones.
“Hasta este momento, no existe ese protocolo, no existe una comisión institucional que atienda de manera específica la seguridad del gremio y no hemos encontrado la respuesta que una situación de esta gravedad exige”, acusó la organización.
Ante la escalada de violencia, el Colegio de Abogados formalizó cinco demandas prioritarias para evitar que los crímenes queden impunes y se reconozca a la abogacía como una profesión de alto riesgo en la entidad:
- Esclarecimiento inmediato del homicidio del Lic. Javier López Reyna.
- Resultados contundentes en las investigaciones pendientes por los casos de Emilia Ortega Aceves y Arturo Pérez Anguiano Scully.
- Cero impunidad, evitando que los expedientes de sus litigantes caigan en el olvido institucional.
- Reconocimiento público del riesgo que implica el ejercicio de la abogacía en el clima actual de inseguridad y que se implementen medidas concretas de protección para quienes ejercemos esta profesión.
- Mesa de trabajo urgente para la aprobación e implementación formal del Protocolo de Protección a Abogadas y Abogados.
El Colegio concluyó advirtiendo que mantendrán la exigencia pública hasta obtener garantías reales de seguridad para el desempeño de su labor en Baja California.
Otros casos
Aunque los casos de los litigantes Ortega Aceves, Pérez Scully y López Reyna son los más recientes, no son los únicos. Durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda han sido asesinados 14 litigantes.
- Tania Pamela Pizarro Herrera (6-diciembre-2021, Mexicali)
- Octavio Ulises Valdez Figueroa (25-febrero-2022, Ensenada)
- Evaristo García Memije (26-mayo-2022, Tijuana)
- Óscar Francisco Aguirre Rubio (8-agosto-2022, Tijuana)
- Antonio Sánchez Sánchez (10-octubre-2022, Ensenada)
- Víctor Hugo López Ramírez (15-febrero-2023, Tijuana)
- Gerardo Wilfrido Trujillo Barraza (23-julio-2023, Tijuana)
- Gabriel Agustín Fuentes Huasca (25-enero-2024, Ensenada)
- José Luis Camarena Flores (27-noviembre-2024, Mexicali)
- Natanael Velázquez Graciano (19-marzo-2025, Tijuana)
- Antonio Hernández Espinoza (13-agosto-2025, Mexicali)
- Emilia Ortega Aceves (18-noviembre-2025, Tijuana)
- Arturo Pérez Anguiano Scully (29-diciembre-2025, Tijuana)
- Javier López Reyna (23-julio-2026, Tijuana)
