La Fiscalía General de la República (FGR) amplió su investigación por presunto huachicol fiscal a nuevas empresas y empresarios que habrían participado en el almacenamiento y la distribución de combustible introducido de manera irregular al país, informó el 24 de julio de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Cuernavaca, Morelos. La mandataria nacional precisó que las indagatorias ya no se limitan a los ferrotanques asegurados en Coahuila, sino que alcanzan otros cargamentos vinculados a la misma red de contrabando.
Sheinbaum Pardo explicó que, conforme avanzaron las pesquisas, la FGR reconstruyó la operación posterior al ingreso del combustible al territorio nacional, incluidos los sitios de almacenamiento y la forma en que el hidrocarburo llegaba a estaciones de servicio. “La Fiscalía investiga estos ferrotanques que pasaron la frontera sin declarar la cantidad de diésel que traían, sino que hay muchos otros relacionados con esta empresa que también lo hicieron”, señaló la titular del Poder Ejecutivo Federal.
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La presidenta de la República sostuvo que la indagatoria abarca ahora a un universo más amplio de participantes en la cadena de contrabando y comercialización. “Hay una investigación para muchas más empresas, empresarios que están vinculados con esta red de contrabando de combustibles y distribución de los mismos”, añadió la mandataria nacional.
Sheinbaum Pardo indicó que la amplitud de la red obligó a desarrollar una investigación de aproximadamente un año antes de solicitar las órdenes de aprehensión. “La investigación duró un año”, dijo, al señalar que las diligencias permitieron seguir la ruta del combustible desde su ingreso al territorio nacional hasta su comercialización.
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La indagatoria comenzó tras el aseguramiento, en julio de 2025, de 15.4 millones de litros de gasolina y diésel transportados en 129 ferrotanques localizados en Coahuila. Según la FGR, el combustible se importaba mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o con volúmenes inferiores a los realmente transportados, con el fin de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La ampliación de la investigación se enmarca en el caso que derivó en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aprehendido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, y vinculado a proceso el 23 de julio de 2026 junto con otras siete personas, por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos. La FGR señala a Ruffo Appel como uno de los presuntos líderes de una organización que operaba mediante la empresa Ingemar, S.A. de C.V.
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De acuerdo con la imputación, la red declaraba en los pedimentos aduanales cantidades menores a las reales o registraba productos distintos a los efectivamente transportados. El daño a la hacienda pública derivado del esquema fue estimado por las autoridades en más de 166 millones de pesos por el volumen asegurado, dentro de una operación que, según la Fiscalía, constituye la mayor red de contrabando de combustible por ferrocarril detectada en el país.
