Mientras que la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y siete coimputados quedó definida tras una audiencia que se extendió por un periodo de 36 horas, el paradero de Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono, uno de los principales contrabandistas de combustible se desconoce. El jueves 23 de julio de 2026, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó el auto de vinculación a proceso en contra del exmandatario por su presunta responsabilidad en delitos en materia de hidrocarburos, contrabando y delincuencia organizada.
La resolución judicial incluyó la confirmación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que determinó la permanencia del político y empresario en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”. El Ministerio Público de la Federación fundamentó la imputación en la existencia de una red de huachicol fiscal que operó mediante la alteración de pedimentos de importación de hidrocarburos procedentes de refinerías ubicadas en el estado de Texas, Estados Unidos.
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Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, es identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como un presunto operador estratégico y líder de una red de contrabando de hidrocarburos. La captura se ejecutó la semana previa, el jueves 16 de julio, en la ciudad de Ensenada mediante un operativo que derivó en su traslado a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La imputación ministerial establece que la organización supuestamente liderada por el exgobernador utilizó la empresa Ingemar S.A. de C.V. para internar gasolina y diésel al país mediante declaraciones aduanales falsas. El expediente penal consigna un daño patrimonial a la hacienda pública superior a los cuatro mil millones de pesos, calculado a partir de la subdeclaración de volúmenes de combustible importado desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos. Según las indagatorias de la FGR, el esquema permitía evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al reportar cantidades menores a las reales o clasificar el hidrocarburo bajo fracciones arancelarias de productos químicos exentos de gravámenes. La fiscalía fundamentó la acusación con más de un centenar de datos de prueba contenidos en 18 cajas físicas de expedientes presentados ante el juzgado de control.
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Dentro de la estructura operativa que investiga la FEMDO, se establece un binomio criminal que vincula a Ruffo Appel con el empresario coahuilense Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono Muñoz. La FGR sostiene que ambos personajes integraban eslabones complementarios de la misma red: mientras Ruffo Appel gestionaba el ingreso del combustible mediante la falsificación de pedimentos de importación y logística aduanal en la frontera, las empresas gasolineras de Muñoz Luévano, entre ellas Cargo Gas, funcionaban como uno de los destinos finales para la distribución y venta del producto. Sin embargo, poco se señala de la corrupción en las Aduanas que han permitido el ingreso ilegal de mercancías.
Las investigaciones indican que esta colaboración permitió el movimiento sistemático de millones de litros de combustible a través de la infraestructura ferroviaria nacional. El inicio del proceso judicial se desarrolló en un entorno de hermetismo, con audiencias celebradas a puerta cerrada y bajo la modalidad de videoconferencia desde las oficinas de la FEMDO, y posteriormente desde una sala anexa al penal de máxima seguridad del Altiplano. La defensa legal de Ruffo Appel, encabezada por Fernando Gómez Mont, solicitó la duplicidad del término constitucional para analizar la evidencia, pero la gravedad de los delitos de delincuencia organizada motivó la restricción de la libertad del imputado. Las penas establecidas por estos cargos, al considerarse funciones de dirección y administración, oscilan entre los 20 y 40 años de prisión.
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Este caso representa la investigación de mayor impacto económico vinculada al huachicol fiscal en la administración federal actual, que conecta aseguramientos de combustible en Tamaulipas, Coahuila y Baja California, integrándose en una macroinvestigación que conecta decomisos ferroviarios y marítimos de combustible ilícito en nueve entidades de la República.
IMPLICADO
La vinculación de Ernesto Ruffo Appel con la red de contrabando se sustenta en su participación como socio fundador, accionista con el 30 por ciento del capital social y secretario del consejo de administración de la empresa Ingemar S.A. de C.V. La Fiscalía General de la República documentó que esta compañía obtuvo permisos federales de la Secretaría de Energía (Sener) entre 2023 y 2024 para la importación y comercialización de hidrocarburos, infraestructura que presuntamente fue utilizada como fachada legal para el blanqueo de operaciones de origen ilícito. El modus operandi consistía en internar combustible desde los Estados Unidos mediante el uso de pedimentos incompletos o alterados en las aduanas, reportando volúmenes de carga mínimos o registrando el producto como solución de cloruro de calcio o lubricantes.
La red de suministro de Ingemar S.A. de C.V. involucraba a una decena de compañías energéticas estadounidenses localizadas en Texas, con sedes en Corpus Christi, Houston, Pasadena y Laredo. Entre los proveedores identificados en la investigación federal se encuentran Belar Fuels Company LLC, Maverick Terminals Corpus LLC, L Energy International LLC, Deer Park Refining LP, Rhodes Energy Services LLC y Flint Hills Resources LP. La fiscalía utilizó certificados de origen e informes de salida de estas refinerías para contrastar el volumen real de exportación contra el volumen subdeclarado ante las autoridades mexicanas, confirmando que el combustible era transportado en buques petroleros internacionales como el “Challenge Procyon” y el “Torm Agnes” hacia puertos mexicanos.
Una de las evidencias materiales centrales en la causa penal 253/2026 es el aseguramiento de un tren en Ramos Arizpe, Coahuila, ocurrido en julio de 2025, el cual transportaba 33 ferrotanques con más de 3.7 millones de litros de combustible. Al realizar la inspección, las autoridades confirmaron que nueve de esos contenedores tenían como consignatario final a la empresa de Ruffo Appel y portaban rombos de seguridad con las claves 1202 y 1203, correspondientes a diésel y gasolina, respectivamente. La FGR rastreó el actuar sistemático de la organización y contabilizó un total de 163 ferrotanques vinculados a la red, a través de los cuales se introdujeron de forma ilícita más de 18 millones de litros de petrolíferos, y en su momento se señaló que uno de los destinatarios de la mercancía era Juan Manuel el “Mono” Muñoz.
La trazabilidad logística también conecta a Ingemar S.A. de C.V. con la firma Transportadora Kevinson S.A. de C.V., una empresa originaria de Monterrey, Nuevo León, identificada como el eslabón operativo encargado del traslado físico del combustible contrabandeado mediante carrotanques de ferrocarril. La hipótesis de la fiscalía señala que Ingemar proporcionaba la cobertura legal con sus permisos federales mientras que Kevinson ejecutaba la movilización de los excedentes no reportados al SAT. Los reportes de inteligencia financiera integrados en el expediente registran además la presunta triangulación de 18 millones de pesos directamente hacia cuentas vinculadas al exgobernador, lo que para el Ministerio Público acredita un beneficio económico derivado de la actividad delictiva.
EL “MONO” MUÑOZ
Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como el Mono Muñoz, es un empresario gasolinero originario de Coahuila señalado por autoridades nacionales e internacionales como operador financiero y enlace -en años pasados- del Cártel de los Zetas. Su historial judicial registra una detención en Madrid, España, en 2016, por lavado de dinero y narcotráfico, y una posterior extradición a Estados Unidos en 2019, donde se convirtió en testigo cooperador tras firmar un acuerdo de culpabilidad. Tras su regreso a México, Muñoz Luévano fue aprehendido en Torreón en mayo de 2025 por robo e introducción ilegal de hidrocarburos, pero un juez local le otorgó libertad condicional al determinar que sus cargos iniciales no constituían delitos graves según el código vigente.
La infraestructura empresarial de Muñoz Luévano en México comprende entre 14 y 15 compañías, principalmente ubicadas en Saltillo y Torreón, las cuales funcionaban como fachada para la distribución de hidrocarburos ilegales. Su emporio incluye la franquicia Cargo Gas, Comercializadora Cargo México y Servicios Parque B Carranza, estaciones de servicio que han sido objeto de cateos por sospechas de distribución de huachicol fiscal. En el rancho “Paola”, ubicado en Arteaga, Coahuila, las autoridades aseguraron más de 15 megatanques de almacenamiento masivo y químicos utilizados para la adulteración de combustibles antes de su envío a los puntos de venta. Fuentes de la FGR refieren que estas empresas eran las destinatarias finales de los vagones cargados con combustible ilegal que ingresaba al país bajo el esquema aduanal gestionado por Ernesto Ruffo Appel.
En su momento, la investigación de la Policía Nacional de España reveló una red de corrupción aduanal y política que facilitaba las operaciones de Muñoz Luévano mediante sobornos a altos funcionarios en el norte de México. Las grabaciones interceptadas en Madrid vincularon al empresario con los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, así como con exprocuradores de justicia en Coahuila y Nuevo León. Según sus propias declaraciones ante autoridades estadounidenses, Muñoz Luévano inyectaba dinero ilícito a campañas políticas a cambio de protección territorial para el libre tránsito de hidrocarburos robados.
A pesar de ser identificado como una pieza central de la red, políticos y analistas cuestionan los privilegios judiciales que le permiten enfrentar sus procesos en libertad condicional mientras Ruffo Appel permanece en prisión de máxima seguridad. En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la legalidad del proceso contra el ex gobernador panista, afirmando que “no hay justicia selectiva” y que el caso se fundamenta en evidencias fiscales acumuladas durante más de un año. La mandataria señaló que la empresa Ingemar S.A. de C.V. logró operar mediante amparos del Poder Judicial tras habérsele retirado previamente sus permisos de importación.
No obstante, la opinión pública señala una disparidad en la velocidad con la que la FGR actúa frente a opositores políticos como Ruffo, fundador y miembro del consejo del nuevo partido Somos México, en comparación con funcionarios emanados de Morena, como el ex gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, cuyas investigaciones no presentan avances penales similares, o la gobernadora bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila, que ni siquiera es investigada por los audios filtrados de su presunta intención de dar información sensible al Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, se cuestionan las pesquisas del hallazgo de ocho millones de litros de diésel ilegal en El Sauzal, Ensenada, cuyo predio pertenece al ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna, quien argumentó desconocer las actividades ilícitas realizadas en su propiedad y no es investigado.
COIMPUTADOS
El proceso penal iniciado no se limita a la figura de Ernesto Ruffo Appel, pues la Fiscalía General de la República obtuvo un total de 25 órdenes de aprehensión relacionadas con la estructura de huachicol fiscal de la empresa Ingemar S.A. de C.V. Junto con el exgobernador, fueron vinculados a proceso sus socios y colaboradores directos: José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Asimismo, figuran como coimputados los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, señalados por facilitar las declaraciones fiscales falsas y la alteración de pedimentos en los puertos de entrada al país. De este grupo, seis personas permanecerán bajo custodia en centros penitenciarios federales, mientras que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales recibieron el beneficio de resguardo domiciliario debido a su precario estado de salud. Adriana Magali Bárcenas Guillén fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur, mientras que el resto de los varones imputados permanecen en el penal del Altiplano.
La estructura delictiva descrita por la autoridad ministerial identifica capas operativas que involucran a accionistas, representantes legales, administradores y personal operativo. Dentro de la investigación también destaca Guadalupe Hernández Hinojosa, identificada por la fiscalía como directora de la empresa central y presunta testaferro encargada de gestionar las transacciones financieras y la firma de contratos operativos. La fiscalía utilizó registros del Instituto Mexicano del Seguro Social para demostrar la relación de subordinación de choferes y operadores logísticos con la firma Ingemar S.A. de C.V., reforzando la hipótesis de una organización jerárquica y cohesionada.
El expediente penal detalla que cada uno de los coimputados desempeñaba un papel específico en el ciclo del contrabando, desde la gestión de permisos ante dependencias federales hasta la comercialización final del combustible. Los agentes aduanales Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez son acusados de omitir intencionalmente la verificación de las cargas reales, permitiendo que el diésel y la gasolina fueran registrados como lubricantes para evadir aranceles.
Por su parte, los socios Thompson Navarro y Merino Valdés Cuervo son señalados por su participación en la toma de decisiones financieras que facilitaron la movilización de recursos hacia el extranjero. La jueza de control validó la medida de prisión preventiva para este grupo bajo el criterio de que los delitos de delincuencia organizada requieren dicha restricción de forma oficiosa según el marco legal vigente.
La red de coimputados se extiende a un total de 17 empresas que cubrían distintas fases del delito, incluyendo firmas de transporte ferroviario y operadoras logísticas cuyos nombres permanecen bajo reserva por disposición de la fiscalía para no entorpecer las investigaciones en curso. Entre los investigados también se encuentra Cristian Noé Amaya Olvera, dueño de la razón social AMOL, detenido en Matamoros, Tamaulipas, y vinculado con el almacenamiento ilícito del diésel asegurado en El Sauzal, Ensenada. También se menciona a Mefra Fletes, del empresario regiomontano Roberto Blanco Cantú, el Señor de los Buques.
La fiscalía sostiene que la cooperación entre estos actores permitió que el contrabando fluyera de manera constante desde la frontera norte hacia el centro del país, integrando a socios comerciales y empleados en una misma maquinaria de evasión fiscal y tráfico de hidrocarburos.
DEFENSA Y FAMILIA
La defensa técnica de Ernesto Ruffo Appel, dirigida por el abogado y exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, calificó la imputación como un montaje político y sostuvo que las acusaciones de la fiscalía carecen de sustento documental directo contra su cliente. Gómez Mont argumentó que la empresa Ingemar S.A. de C.V. operaba con licencias y permisos de importación vigentes y que cualquier irregularidad en el volumen del combustible es responsabilidad exclusiva de terceros, específicamente de la empresa transportista Kevinson.
Según la postura defensiva, no existe un solo documento firmado por el exgobernador que demuestre que ordenó la alteración de pedimentos aduanales, por lo que la fiscalía incurre en el error de fincar responsabilidad criminal basándose únicamente en su calidad de accionista del 30 por ciento. Además, señaló que los movimientos bancarios expuestos corresponden a actividades comerciales legítimas y no a beneficios derivados del contrabando.
En el ámbito financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de Ruffo Appel, incluyéndolo en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El bloqueo afecta una cuenta en la institución BBVA y dos más en Intercam Grupo Financiero, acción que se ejecutó de forma paralela al inicio del proceso penal por delincuencia organizada y huachicol fiscal.
Verónica Ruffo Sánchez, hija del exmandatario, denunció públicamente estas acciones como parte de una estrategia de intimidación por parte de agentes del Estado, señalando que la familia ha sido objeto de hostigamiento tras la detención de su padre. Verónica Ruffo calificó a su progenitor como un “preso político” y criticó el traslado de un hombre de 74 años a una prisión de máxima seguridad alejada de su lugar de residencia.
La estrategia legal incluyó la presentación de diversos juicios de amparo en Ensenada, Tijuana y el Estado de México para evitar el traslado de Ruffo y garantizar su integridad física. El primer juicio de garantías reclamó actos de incomunicación, tortura y malos tratos, obteniendo una suspensión de plano para que cesaran dichos actos en caso de existir. Un segundo amparo fue promovido el 16 de julio para impugnar la legalidad de la orden de aprehensión y la omisión de informar a la familia sobre su ubicación exacta, entre un total de 17 actos reclamados.
Durante la audiencia inicial y la de formulación de imputación (viernes 17 al domingo 19 de julio), la defensa volvió a interponer una demanda de amparo bajo el argumento de que el imputado se encontraba incomunicado en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada mientras comparecía de forma virtual. Los familiares y el equipo jurídico también manifestaron preocupación por la salud del exgobernador, denunciando que durante las 36 horas de esa primera audiencia se restringió la administración de sus medicamentos y el acceso a alimentos.
Verónica Ruffo aseguró que su padre siempre estuvo dispuesto a colaborar, habiendo comparecido meses atrás ante las autoridades para aclarar los señalamientos contra Ingemar S.A. de C.V. sin que se ejerciera acción penal en ese momento. La defensa sostiene que la fiscalía obstruye el derecho a la adecuada defensa, al impedir el acceso a las instalaciones de la empresa para recabar documentos que servirían como prueba de descargo en la controversia. Pese a estas acciones legales, los amparos preventivos no evitaron el procesamiento del exmandatario, y la defensa ahora se enfoca en desvirtuar la trazabilidad financiera presentada por la autoridad ministerial.
Mientras Ernesto Ruffo y socios se encuentran en prisión, no hay directivos detenidos de Transportadora Kevinson, empresa encargada directa del manejo físico del hidrocarburo bajo sospecha, ni tampoco está detenido Juan Manuel Muñoz Luévano. La defensa sostiene que el caso atiende a discursos políticos que vulneran la presunción de inocencia y el debido proceso de su representado.
