Apenas a 1.8 kilómetros afuera del polígono del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de Biosfera Sierra de la Laguna, y en uno de los arroyos más importantes y de escurrimiento del agua de la sierra conocido como El Salto, rancheros de la comunidad de Caduaño, en el municipio de Los Cabos, detectaron maquinaria pesada extrayendo piedra de manera ilegal; así lo confirmó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California Sur.
El 12 de mayo del 2025, habitantes de la zona interpusieron la denuncia CNA-DEN-458-2025 mediante el portal de denuncias de Aguas Nacionales de la dependencia federal por el delito de explotación, uso o aprovechamiento de bienes nacionales o materiales pétreos (arena, grava, entre otros), sin contar con título de concesión o permiso de obra.
Publicidad
Bajo la presión ciudadana, la Conagua por fin ordenó una primera inspección en la zona el 12 de febrero de 2026, fecha en que “detectaron” actividades irregulares y fuera de norma, efectuando medidas de seguridad y por consiguiente la suspensión de actividades de extracción pétrea.
“Hicimos una visita de inspección, se llevó a cabo la clausura en virtud de que existe un permiso de extracción en la zona que se otorgó en el 2021. Sin embargo, los extraccionistas se salieron del polígono y por eso fue la clausura. Se ha vertido en redes de que ese sitio está dentro del polígono de la Sierra de la Laguna, lo cual es totalmente falso; no está dentro del polígono de la Sierra de la Laguna, sin embargo, con nosotros tomamos las acciones necesarias para pues los procedimientos administrativos correspondientes”, sostuvo Julio César Villarreal Trasviña, director local de la Conagua.
De acuerdo con la denuncia, la maquinaria fue detectada operando sobre el arroyo desde el 5 de febrero del 2025, en las fotografías se aprecia agua y en las fotos satelitales hay presencia constante; por ello el interés ciudadano, ya que pone en riesgo la zona debido a los daños graves que podría provocar en la vegetación, pues el derrame de aceites y la extracción de piedra está alterando los escurrimientos y afectando el ecosistema.
Publicidad
La queja ciudadana expone que la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), según el oficio bajo el número de folio FPA/10/3S.6/0403/2025, sospechosamente no admitió inicialmente la denuncia presentada en febrero de 2025 contra la compañía responsable del saqueo.
“El suscrito venía circulando por la vialidad Ejido Caduaño – El Salto, en el municipio de Los Cabos; según me pude percatar, diversas personas venían realizando extracción de material pétreo en el interior y márgenes de lo que se conoce como Arroyo El Salto. Según pude conocer, luego de entrevistarme con algunas de las personas que se encontraban haciendo dicha extracción, así como con habitantes de la zona, no se cuenta con permiso o concesión para realizar dicha extracción”, se lee en la demanda ambiental.
Publicidad
A pesar de la intervención de la Conagua y agentes de seguridad de la Guardia Nacional, la empresa regresó a las andadas, incluso ampliaron el terreno de extracción en el área cercana a la reserva natural. Ante esto, los rancheros de la localidad robustecieron la demanda ciudadana y la acompañaron de datos de prueba, como la ubicación del despojo, fotografías y videos del sitio.
Haciendo una revisión de la zona, fue corroborado que se trata de una zona de arroyo, punto muy cercano al área protegida y que es un canal natural de escurrimiento que funciona como recarga de los mantos acuíferos que abastecen casi el 67 por ciento de la población de todo el estado (incluyendo los municipios de La Paz y Los Cabos).
“Hacer de su conocimiento que, no obstante que se comisionó personal y a la Guardia Nacional para desalojar a las personas que han estado extrayendo ilegalmente el material pétreo, es el hecho de que éstas regresaron y continúan, ahora en un área más extensa. Siendo un ciudadano con residencia cercana al lugar de los hechos, he tomado noticia de que la extracción ilegal ha continuado, causándole un daño irreparable al medio ambiente, así como conllevar un riesgo para los mantos acuíferos y ecosistemas aledaños”, alertó el denunciante.
INVESTIGAN CIUDADANOS POR OMISIÓN DE LA CONAGUA
A nueve meses del inicio del saqueo de piedra, la autoridad apenas inició las investigaciones, desalojaron el sitio y se marcharon, pero las actividades mineras continuaron en otro punto más cercano y más amplio, lo que obligó a la ciudadanía a actuar por voluntad propia y hacer el trabajo de la autoridad.
Según la querella, los habitantes se tomaron la libertad de dar seguimiento a camiones de la empresa responsable de la extracción de piedra, y pudieron constatar que dichas unidades ingresaron a las instalaciones de la Constructora GUSA, S.A. de C.V., empresa que mantiene las operaciones mineras a escasos mil 800 metros del ANP Sierra de la Laguna.
La constructora se especializa —según su objeto social— en la construcción de toda clase de obras de ingeniería civil, de urbanización y fraccionamientos, obras públicas o privadas, así como la adquisición de transporte, maquinaria y materiales de construcción entre otras.
“Que para efectos de desentrañar la verdad de los hechos, se hizo el seguimiento de uno de los camiones que realizan el retiro del material pétreo, encontrando que éste está siendo trasladado al Kilómetro 51 de la carretera San José del Cabo – La Paz, al interior de las instalaciones de la empresa GUSA”, indicó el denunciante.
La parte ciudadana, como afectado directo por vivir en la zona, hizo hincapié que la denuncia por la actividad mineral que desarrolla GUSA, presuntamente ilegal, se fundamenta según los artículos 1, 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 189 y 190 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA):
* Artículo 189.- Podrán denunciar todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales.
* Artículo 190.- La denuncia será admitida si se presenta por escrito, conteniendo datos generales del denunciante, actos u omisiones, datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante, y las pruebas.
“Por mi interés en la conservación de los recursos naturales de la nación y para efectos de prevenir una erosión que afecte el cauce de los arroyos, otros fenómenos provocados por la mano del hombre, se hace esta denuncia, por la probable violación a los derechos humanos de los habitantes del Estado para que se investiguen los hechos, se deslinden responsabilidades y se sancione a los responsables del hecho que está afectando el área sobremanera”, manifiesta la denuncia.
Conforme a los datos obtenidos, se sabe que la Constructora GUSA pertenece a la familia Gutiérrez Bazua, una de las familias más poderosas de Los Mochis, Sinaloa y que lleva años operando en Baja California Sur. La empresa es administrada por el contador público Martín Peimbert Escobedo, originario de Ciudad Obregón, Sonora; y fue fundada por Alfredo Sampayo Gómez y Jorge Gutiérrez Aguilera el 15 de mayo de 1965 como Constructora GUSA, S. de R.L.
El director local de la Conagua admitió que la clausura de la empresa en aquel momento fue por la extracción indiscriminada y sin cumplir las condicionantes de las autorizaciones correspondientes, aun cuando actualmente sigue operando según los habitantes.
“Definitivamente tiene que ser a través de un permiso de extracción, no puede ser de manera libremente, por eso es que nosotros llevamos a cabo la clausura en virtud de que —se advirtió— no se cumplieron las condicionantes del permiso respectivo. Entonces, por eso fue que se llevó la clausura para llevar a cabo la explotación de manera racional y sobre todo medida, ese es el objetivo de la vigilancia que llevamos a cabo”, puntualizó Julio Villarreal.
SAQUEO CLANDESTINO EN EL PIOJILLO
Una nueva denuncia ciudadana de extracción de arena ilegal se registró en el municipio de La Paz, esto en el Arroyo El Piojillo. A escasos 200 metros del puente “Mano Amiga” o avenida Forjadores, fue detectada sustracción de material pétreo del arroyo que viola la Ley de Aguas Nacionales y enciende las alarmas por posibles daños estructurales al puente y al Parque Lineal El Piojillo.
Mediante una denuncia ciudadana recibida por ZETA, los habitantes de la colonia Agua Escondida revelaron que temen que la temporada de huracanes 2026, pronosticada con una actividad de moderada a alta en el Océano Pacífico, pueda generar lluvias fuertes y que afecten la infraestructura vial.
“Llevan ya un año; hemos llamado a las autoridades mediante el 911, llegan las patrullas y se arreglan rápido y se van, cuando por sentido común no pueden estar sacando la arena como negocio tan cerquita del puente, se va a caer. Eso no está bien y se nota fácilmente. Ahora, las autoridades lo saben, aquí anduvieron recorriendo por el parque El Piojillo e hicieron caso omiso del llamado. ¿Entonces qué esperan, que se caiga el puente?”, lanzó Gilberto.
De acuerdo con el material recibido, hay dos puntos de extracción de arena en el Arroyo El Piojillo:
* Uno de ellos a 500 metros, donde se puro corroborar la presencia de una criba de gravedad, o también conocida popularmente en el ramo de la construcción como zaranda o cribadora artesanal. Esta es una herramienta que utiliza la maquinaria para cernir la arena a gran escala, es decir, clasificar o separar materiales como piedras y basura de la arena para la construcción.
* En el otro punto, apenas a unos 200 metros, fue captada una retroexcavadora de color amarilla con el número económico “580M”; también un camión de volteo en color blanco con la leyenda en las puertas de “Kikis” y que estaba siendo cargado de arena en el punto.
Estos datos fueron proporcionados a Julio César Villarreal Trasviña, directo local de la Conagua, quien dijo desconocer que en esa parte del arroyo extraigan arena, aun cuando es una zona despejada y muy visible por miles de autos al día; incluso defendió la extracción ilegal y dijo que están limpiando el punto, a simple vista, de arena fina y comercial.
“No tengo conocimiento de esa zona, pero lo que sí sé decirles es que se está llevando a cabo unas campañas de limpiezas y desazolves por parte de los tres niveles de gobierno, para justamente evitar alguna situación de riesgos. Hay que recordar que esa zona en particular en algún año estuvo a punto de desbordar el río, me parece que fue en un huracán por allá de los 90, y es importante mantenerla libre de azolves, de cualquier obstrucción que pueda haber”, asumió Julio Villarreal.
La LGEEPA en su Artículo 28, Fracción X, establece que la explotación de materiales pétreos en ríos, arroyos y cauces federales requiere obligatoriamente de una autorización previa en materia de Impacto Ambiental por parte de la Federación. Operar sin ella o fuera del polígono autorizado es una violación directa.
El Artículo 170 faculta a la autoridad (Profepa) a imponer la clausura temporal, parcial o total de la actividad de manera inmediata al detectarse un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño a los recursos naturales.
En la Ley de Aguas Nacionales, según el Artículo 113 BIS, prohíbe explícitamente la extracción de materiales de los cauces de propiedad nacional (como el Arroyo El Piojillo) sin contar previamente con el Título de Concesión emitido por la Conagua.
El Artículo 119, referente a las infracciones y sanciones administrativas, califica como infracción grave (sancionada con multas severas y decomiso de maquinaria) el explotar estos materiales sin concesión o alterar la sección
