Un juez de control del Centro Penal de Justicia Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó este domingo 19 de julio de 2026 la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como contra Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través del comunicado FGR 455/26, que durante la audiencia inicial se expusieron casi un centenar de datos de prueba y que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación correspondiente. Tras diversos recesos, el MPF logró que la jueza impusiera prisión preventiva a Ruffo Appel, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes deberán cumplir la medida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 “Altiplano”, en el Estado de México. José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” quedará interna en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Nezahualcóyotl Sur.
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La audiencia, seguida de forma remota, se extendió por más de 32 horas desde el viernes 17 de julio de 2026, celebrada desde instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, con el objetivo de que la jueza determinara la legalidad de la detención, la Fiscalía formulara la imputación y se continuara con la audiencia de vinculación a proceso dentro del plazo constitucional de 72 horas. La prolongación se debió a la complejidad del caso, que la FGR calificó como la red de evasión fiscal de combustibles más grande detectada en el país, así como al número de imputados: al menos otras seis personas detenidas y más de veinte no localizadas por las autoridades, señaladas de integrar la misma organización.
Según la FGR, las personas detenidas fueron aseguradas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de una investigación de más de un año relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. El esquema consistió en introducir combustible al país mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas, reportando menos de lo que realmente se transportaba, para evadir impuestos.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló el viernes 17 de julio de 2026 que ya habían sido cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, entre ellas la del exgobernador de Baja California. El funcionario federal detalló que la red declaraba prácticamente solo el diez por ciento de la capacidad real de cada ferrotanque, y que 33 unidades aseguradas en julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, contenían en conjunto más de 15 millones de litros de hidrocarburo. “Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República”, declaró García Harfuch.
Entre los otros implicados en la red ya detenidos se encuentran Armando III Riestra Fernández, preso desde enero de 2026, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Rosales, Adriana Magali Bárcenas Guillén, el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente Luis Antonio Barrientos Juárez.
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La FGR precisó que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
