El CCE de Baja California llaman al Gobierno de México a aplicar la ley “sin distinción de filiación partidista, trayectoria política, posición económica o cercanía con el poder”
Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE de Baja California, hizo un llamado al Gobierno de la República y a las instituciones de procuración de justicia para que respeten el Estado de derecho, la presunción de inocencia, el debido proceso y la privacidad del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel; detenido ayer en Ensenada por su presunta participación en delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante operaciones de la empresa Ingemar, en la que figura como uno de los accionistas.
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En representación de los empresarios agrupados los CCE del estado, Sandoval López expresó su “preocupación por las condiciones en las que se ha desarrollado el procedimiento” contra Ruffo Appel.
“Sin entrar en la valoración de fondo del asunto ni en las actuaciones procesales que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales, sostenemos que ninguna investigación puede realizarse al margen del debido proceso. Una orden de aprehensión no representa una sentencia y toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una resolución definitiva emitida por un tribunal competente”.
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La exhibición pública de imágenes de personas detenidas y de actuaciones procesales “no debe utilizarse para anticipar condenas, vulnerar la privacidad ni distraer la atención de otros hechos relevantes que acontecen en Baja California”, indicó el CCE de Baja California; sin señalar expresamente los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón, en los que se escucha a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda mostrar su disposición a compartir información de las mesas de seguridad con autoridades estadounidenses a cambio de que le sea devuelta la visa y/o presuntamente evite cargos.
Escándalo por el que la propia Ávila Olmeda acusó a su antecesor -también de extracción morenista- Jaime Bonilla Valdez de haberle puesto una “trampa” al ofrecerle una reunión con personas que se hicieron pasar como agentes o intermediarios del gobierno estadounidense y le plantearon supuestos cargos. Acusación que rechazó Bonilla Valdez, quien dijo que la mandataria estatal se encuentra en medio de una “crisis de pánico” por las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo en Estados Unidos.
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En un comunicado, difundido este 17 de julio de 2026, el CCE de Baja California indicó que “el Estado de derecho pierde legitimidad cuando su aplicación se percibe selectiva o desequilibrada”, por lo que, señaló, la ley debe aplicarse con el mismo rigor, transparencia y celeridad para todos, “sin distinción de filiación partidista, trayectoria política, posición económica o cercanía con el poder”.
El sector empresarial agrupado en el CCE de Baja California reiteró el llamado al Gobierno de la República y a las instituciones de procuración de justicia para que respeten el Estado de derecho, la presunción de inocencia, el debido proceso y la privacidad de las personas”.
Por la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el caso contra el primer gobernador de oposición en el país se trate de un asunto político.
“Es falso que haya un asunto político aquí, es derivado de una investigación que tiene un año en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, dijo.
