En el 2020 y 2021, un ciudadano promovió tres juicios de prescripción por 161 hectáreas sobre un terreno en el Valle de Guadalupe, dentro del reconocido Rancho Sordo-Mudo de Ensenada y del hotel-restaurante Mira Fireside, condecorado con una estrella Michelin.
El predio se localiza en el kilómetro 75 de la carretera Ensenada-Tecate, en una de las zonas agrícolas y vitivinícolas más importantes de Baja California.
Publicidad
“En este rancho, mi familia y yo hemos estado por casi 50 años (1985), y durante todo este tiempo nunca habíamos sido molestados o perjudicados en nuestra propiedad y posesión”, señaló Edward Bateson Everett Robbins, representante legal de Rancho Sordo-Mudo A.C., según consta en el Registro Público de la Propiedad (RPP).
Otros de los afectados son los propietarios de uno de los restaurantes y hotel más populares en la Ruta del Vino, Mira Heard, que recientemente ganó el distintivo internacional y se llevó los primeros en tres categorías durante el festival del Pescado y el Marisco 2026.
El ciudadano que promovió los juicios está identificado como Fidel José, es el ciudadano que promovió los tres juicios, radicados en el Juzgado Primero Civil de Ensenada, con número 178/2020, 597/2021 y 598/2021.
Publicidad
En los tres juicios copió la misma narrativa de hechos para obtener la prescripción: que el 15 de septiembre de 2001 ingresó a esos terrenos con la única finalidad de criar y resguardar caballos.
Que con apoyo de diez hombres colocó “cercos de alambre de púas de tres hilos, postes de madera y bebederos para agua” en un total de 161 hectáreas.
Publicidad
En otro juicio, afirmó que al día siguiente de nuevo delimitó otras 19 hectáreas, utilizando el mismo tipo de cercado y con el apoyo del mismo grupo de trabajadores.
Para el tercer procedimiento replicó lo mismo: que cercó más de 11 hectáreas bajo las mismas condiciones, horas y en fechas coincidentes con los anteriores expedientes.
Mediante oficios dirigidos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el juzgado buscó a los propietarios, pero al no existir un domicilio, se ordenó emplazamiento por edictos.
Nadie se enteró y los juicios concluyeron con sentencias favorables al promovente, donde la juez reconoció la prescripción y en julio de 2023 declaró a Fidel como propietario.
CON CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO “AMAÑADOS” JUECES OTORGAN POSESIÓN
Una vez que el demandante, Fidel, obtuvo sentencias favorables, tuvo que iniciar otro proceso judicial para tomar posesión física del rancho que siempre estuvo ocupado por la familia de Sordo-Mudo (desde 1985).
Aquí, optaron por elaborar un contrato de arrendamiento con un trabajador, quien supuestamente pagaría 240 mil pesos al año por el uso ganadero del predio, además de otros 120 mil pesos por distintos conceptos.
Según la versión presentada ante el juzgado, apenas un mes después de firmado el acuerdo, el arrendatario (su trabajador) al parecer dejó de cumplir con los pagos pactados.
Aunque ambas partes tenían domicilio en Tijuana, Fidel promovió una demanda por incumplimiento de contrato dentro del expediente 123/24, cuyo procedimiento se llevó a cabo en Ensenada.
Después ambos firmaron un convenio en el que el arrendatario se comprometió a devolver el terreno en un plazo de diez días pero no lo hizo, según la demanda.
Y al no concretar la entrega, Fidel solicitó la intervención de la autoridad judicial para recuperar la posesión del inmueble (que es la superficie de Sordo-Mudo).
El 11 de diciembre de 2024 una actuaria acudió al lugar acompañada del representante que recibiría la posesión y de un ingeniero que participó en la diligencia.
Dos días después, personal contratado acudió al rancho para intentar tomar posesión del terreno.
La representación legal de Rancho Sordo-Mudo afirma que este tipo de procedimientos suelen seguir un mismo patrón donde primero se firma un contrato de arrendamiento, después se presenta una demanda por incumplimiento y finalmente se obtiene una orden judicial para recuperar la posesión del terreno. Dos días después se reportó el derribo de un cerco en las inmediaciones del Rancho Sordo-Mudo.
CONFLICTO POR LA POSESIÓN DEL TERRENO TERMINA EN PROCESO PENAL CONTRA INTEGRANTES DE LA FAMILIA EVERETT
La disputa por más de 145 hectáreas en el Valle de Guadalupe escaló del ámbito civil al penal y derivó en un proceso judicial contra integrantes de la familia Everett, vinculada al histórico Rancho Sordo-Mudo.
Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2024, apenas dos días después de que Fidel José obtuviera una resolución judicial que le reconocía la posesión de tres fracciones de terreno en disputa.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, trabajadores de Fidel se encontraban en el predio cuando llegaron personas identificadas como integrantes de la familia Everett y otras personas relacionadas con el rancho.
Según la acusación, ese día fueron expulsados de los terrenos que previamente les habían sido entregados mediante una diligencia judicial.
Por estos hechos se inició la causa penal 4343/2025 por el delito de despojo. Entre los señalados se encuentran Edward Bateson Everett Jr. Landín y Samuel Andrew Everett Muñiz, hijo y sobrino, respectivamente, del representante legal de Rancho Sordo-Mudo.
La carpeta también incluyó señalamientos contra otros integrantes y colaboradores relacionados con la propiedad, aunque el proceso avanzó sólo contra Edward Jr. y Samuel.
Como parte de la investigación, la Fiscalía presentó testimonios de trabajadores que aseguraron haber estado presentes durante el incidente. Uno de ellos declaró que fue retirado del lugar, mientras que otro afirmó que personas encapuchadas amenazaron al operador de una máquina que realizaba trabajos en el predio.
La versión de la familia Everett es distinta. Según su defensa, Edward y Samuel acudieron al lugar acompañados por residentes de la zona para impedir el ingreso de personas que consideraban ajenas a la propiedad.
Durante el proceso también surgieron diferencias sobre la identificación exacta de las superficies en disputa. La defensa argumentó que existían inconsistencias entre las medidas, colindancias y ubicación de las tres fracciones reclamadas.
Además, sostuvo que Rancho Sordo-Mudo ha mantenido la posesión material del predio desde hace décadas y que la propiedad se encontraba delimitada con cercos desde años atrás, situación que, aseguran, fue documentada mediante una fe notarial realizada en 2019.
A pesar de esos argumentos, durante una audiencia celebrada el 19 de mayo de 2026, la jueza de Oralidad Penal de Ensenada, Lorena Vázquez Gómez, resolvió vincular a proceso a Edward Jr. y Samuel Everett por el delito de despojo.
En la misma audiencia también se solicitó la restitución de los terrenos reclamados por la presunta víctima. Finalmente, la jueza ordenó la restitución de los terrenos y el proceso penal continúa su curso
