La diputada del Partido del Trabajo (PT), Karina Olivas Parra, presentó una reforma al Código Penal ante la XVII Legislatura de Baja California Sur, con la que busca establecer una pena de hasta 13 años de prisión y multa de hasta 400 días de salarios mínimos a quien incurra en el delito de fraude en programas sociales.
Como tal, propone agregar la fracción XXIV al artículo 241 del Código Penal, apartado que dice textualmente que incurre en este delito “quien, por sí o por interpósita persona, a través de plataformas digitales, simulando ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales del gobierno federal, estatal o municipal, o utilizando logos o imágenes oficiales, obtengan un beneficio económico indebido o datos sensibles con la intención de practicar el robo de identidad, vaciar cuentas o vender bases de datos personales”.
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Se prevé que en caso de tipificarse estas conductas que vienen en la fracción XXIV, la pena que se establece en el artículo 240 del Código Penal aumentarán en una tercera parte. El incremento en la sanción también se aplicará si la víctima es una persona adulta mayor, con discapacidad, pertenece a un pueblo o comunidad indígena o es de escasos recursos.
En el artículo 240 se anticipa una sanción de tres a 10 años de prisión y multa de hasta 300 días de salarios mínimos, por lo que, al aplicar el agravante del fraude en programas sociales, la sentencia aumentaría hasta los 13 años y 400 días de multa.
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En su exposición de motivos hizo hincapié en que, uno de los sellos más importantes que caracterizan a los gobiernos de la cuarta transformación es el fortalecimiento de los programas sociales para generar mejores condiciones para los grupos más vulnerables, los cuales son entregados directamente a los beneficiarios sin ningún intermediario.
Recalcó ante tribuna que los programas, así como sus reglas de operación, son difundidas a través de canales oficiales como el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las redes sociales de las instituciones correspondientes.
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“Desafortunadamente existen personas que, sabiendo que muchos mexicanos se informan a través de redes sociales, difunden información en la cual simulan ofrecer, afiliar u otorgar programas federales, estatales o municipales utilizando logos, imágenes, símbolos y páginas web oficiales o que se asemejan a ellas, para inducir en un error a la ciudadanía, cobrar una ’cuota’ y así obtener un beneficio económico indebido”, expresó al leer su iniciativa
Insistió en que hay quienes se aprovechan de la “buena reputación de las instituciones públicas”, así como de la confianza de la ciudadanía y de las necesidades de las personas más vulnerables.
