En México, la realidad se fragmenta en dos dimensiones irreconciliables. Por un lado, la fachada reluciente de un Estado que se viste de gala para la inauguración del Mundial de Futbol 2026, empeñado en proyectar una imagen de estabilidad y fiesta ante los reflectores internacionales; por el otro, la geografía de las fosas clandestinas y el eco de los más de 134 mil nombres que faltan en las mesas de las familias mexicanas por la falta de capacidad y de voluntad política para localizarlos.
Esta disparidad no sólo es estadística, sino moral, y ha quedado expuesta con una crudeza sin precedentes en las últimas semanas, revelando un sistema de procuración de justicia que opera con tiempos distintos dependiendo del apellido y la influencia política de la víctima. Mientras los colectivos de búsqueda son cercados por vallas policiales y amenazas de auditorías gubernamentales tras su movilización a la capital del país, la maquinaria federal demuestra que, cuando existe una orden del Palacio Nacional, las desapariciones pueden resolverse en cuestión de horas.
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El fenómeno de la desaparición en México ha dejado de ser una crisis para convertirse en una característica sistémica del territorio, una llaga que supura ante la indolencia de autoridades que prefieren gestionar la percepción pública antes que la verdad. En este escenario, la revictimización ha alcanzado un nuevo peldaño de infamia: el amago institucional de investigar el financiamiento de los colectivos de búsqueda que a malcomer y mal dormir hacen el esfuerzo por encontrar a quienes no se fueron por voluntad, se los llevaron grupos criminales.
La sospecha oficial no recae sobre los perpetradores de las desapariciones, sino sobre las madres y padres que, tras viajar a la Ciudad de México para visibilizar su tragedia durante el arranque de la justa mundialista los días 11 y 12 de junio, ahora son señalados como peones de intereses ajenos. Es la fiscalización del dolor; un gobierno que pregunta quién pagó el autobús de las víctimas mientras ignora quién financia las armas que arrebatan a sus hijos.
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La selectividad en las búsquedas ha terminado por dinamitar cualquier rastro de confianza en las instituciones. El contraste es grotesco: para algunos, el Estado despliega al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en operativos relámpago que devuelven al ser querido ileso antes de que se cumpla el primer día. Para el resto, para la mayoría que habita el México de a pie, la respuesta es el “protocolo de las 72 horas”, un tiempo muerto impuesto por la burocracia que a menudo permite que la vida se esfume y que las evidencias se diluyan en ciudades o zonas rurales.
El gobierno intenta maquillar las cifras, al grado de hacer complejas las consultas Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Son palpables las reacciones de una administración que se siente incómoda ante el reclamo de los deudos y la radiografía de una justicia que, en lugar de ser ciega, parece tener una vista privilegiada para distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda. La tragedia mexicana no es únicamente la cifra de los que faltan, sino la confirmación de que en este país, el derecho a ser buscado se ha convertido en un privilegio de clase.
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RADIOGRAFÍA TRÁGICA
Las cifras no mienten, aunque el discurso oficial intente matizarlas. El informe actualizado al 16 de mayo de 2026, elaborado por la Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), revela que México acumula ya 134 mil 257 personas desaparecidas. Este registro es el testimonio de una crisis que, lejos de disminuir, se reitera con una inercia alarmante en cada rincón del país, consolidando la desaparición como una práctica generalizada y sistemática. Desde que en 2022 se rompió la barrera de los 100 mil casos, la tendencia ha sido un ascenso imparable, con un ritmo de crecimiento promedio anual del 7.60 por ciento.
Tan sólo en el último año analizado, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las desapariciones registraron un incremento neto del 4.83 por ciento, demostrando que los mecanismos de prevención son, en el mejor de los casos, decorativos. El mapa de la ausencia se concentra con especial crueldad en cinco entidades: el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, que en conjunto aglutinan el 42 por ciento de los desaparecidos en todo el país. Sin embargo, el fenómeno está mutando y extendiéndose hacia zonas antes consideradas menos críticas.
Ahora la mancha se expande con saña en estados como Campeche, que registró un incremento del 59 por ciento en sus casos frente al año anterior, y Guanajuato, con un aumento del 54 por ciento. Curiosamente el estado de Sinaloa, donde se registra una guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, del Cártel de Sinaloa (CDS), sólo presentó un incremento interanual del 4.83 por ciento en la tasa interanual de desaparición de personas.
Estas cifras contrastan con extrañas disminuciones en Jalisco y Tabasco, donde los registros oficiales cayeron en dos mil 522 y mil 410 casos respectivamente, sin que las autoridades hayan podido ofrecer una explicación técnica o una política pública que sustente tan drástico descenso, lo que alimenta la sospecha de una depuración administrativa orientada a maquillar la realidad estadística ante la opinión pública.
La demografía de las víctimas revela un patrón persistente: la juventud está en la mira de la criminalidad. El rango de edad donde se concentran la mayoría de las desapariciones sigue siendo el de los 25 a los 29 años, aunque el informe advierte que existen casos en todos los rangos de edad, lo que confirma la vulnerabilidad de toda la población. Un dato particularmente doloroso es que el 18 por ciento de los registros totales corresponde a menores de entre 0 y 19 años, una estadística que debería haber activado alertas nacionales de emergencia hace tiempo.
En el caso específico de las niñas y mujeres, la crisis se acentúa en el rango de los 15 a los 19 años, que concentra el 20.70 por ciento de las desapariciones femeninas. Además, en 26 estados del país la cifra de mujeres desaparecidas aumentó en el último ciclo, siendo el Estado de México, Tamaulipas, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco los puntos de mayor riesgo para esta población.
El informe de la Red Lupa no es meramente un conteo de bajas, sino una evaluación de la implementación de la Ley General en la materia, y los resultados son reprobatorios. A pesar de los marcos legales existentes, el año 2024 se posicionó como el punto más negro de la crisis con 12 mil 632 casos reportados. La persistencia de estas cifras, año tras año, demuestra una desconexión total entre las estructuras de procuración de justicia y la realidad que se vive en las calles y caminos de México.
Los colectivos de familiares, al analizar estos datos, no ven sólo números, sino la confirmación de que la desaparición es una herramienta de control y terror que el Estado no ha querido o no ha podido erradicar, permitiendo que la cifra total de ausencias siga engrosándose mientras la atención nacional se distrae en festivales y eventos deportivos de talla mundial.
CRIMINALIZACIÓN
La llegada de los reflectores internacionales por el Mundial 2026 fue vista por los colectivos de búsqueda como la última oportunidad para que el mundo volteara a ver la realidad de sus tragedias. Familias de diversos estados, especialmente de Jalisco, se movilizaron hacia la Ciudad de México para protestar durante la inauguración del evento, buscando visibilizar lo que el gobierno prefiere ocultar bajo el césped de los estadios. Sin embargo, la respuesta del Palacio Nacional no fue de apertura ni de escucha, sino de una molestia administrativa que derivó en la criminalización de la protesta.
El 11 de junio de 2026, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la narrativa oficial se centró en minimizar la manifestación, alegando que había más personal institucional que manifestantes, y lanzando una amenaza directa: se investigaría quién financió el traslado en autobuses y cuál era el origen de esos recursos. La Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la titularidad de Rosa Icela Rodríguez, escaló el tono al declarar formalmente que se recabaría información para conocer el origen de los apoyos recibidos por los colectivos, sugiriendo que podría existir una intención ajena a la legítima exigencia de justicia.
Este anuncio cayó como un baldazo de agua sobre la herida de las familias. Héctor Flores, vocero de Luz de Esperanza, calificó de “muy penosa” la situación, criticando que desde la ideología de un movimiento político se juzguen luchas sociales que emanan de la propia ineficacia del gobierno. Flores señaló a ZETA que, mientras el Estado afirma no tener presupuesto suficiente para contratar policías investigadores o peritos para procesar la saturación de las fiscalías, los miles de millones de pesos fluyen sin obstáculos hacia la organización del mundial. Es una cuestión de voluntad política; hay dinero para la fiesta, pero no para la verdad.
Por su parte, Víctor Hugo Acosta Calzada, también activista de Jalisco, relató que la reacción del Estado fue de sospecha e interrogatorios sobre quién patrocinó los viajes, en lugar de preocuparse por investigar los casos individuales de desaparición que llevaron a las familias a la capital. Para los buscadores, esta fiscalización de sus carteras es un insulto, ya que la mayoría de ellos viaja utilizando sus propios y limitados recursos, enfrentando carencias económicas extremas para hacer el trabajo que las autoridades han abandonado.
Los colectivos denunciaron que el despliegue policial para cercar sus protestas y el discurso que cuestiona su financiamiento buscan revictimizarlos ante la opinión pública, intentando presentarlos como grupos manipulados por intereses oscuros en lugar de víctimas de un flagelo nacional. A pesar de que, un día después del anuncio, la Presidenta Sheinbaum intentó matizar las palabras vertidas en la mañanera anterior por ella y por Rosa Icela Rodríguez, asegurando que no se trataba de una investigación criminal sino de una función ordinaria de la Segob, el daño ya estaba hecho.
La sombra de la sospecha sobre el financiamiento de las víctimas quedó sembrada, mientras las investigaciones reales sobre el paradero de los desaparecidos permanecen estancadas. Los colectivos respondieron con firmeza que no tienen patrocinadores políticos y que su única motivación es encontrar a sus seres queridos, una tarea que realizan bajo el sol, la lluvia y la amenaza constante del crimen organizado, mientras el gobierno los vigila desde la comodidad de sus oficinas fiscales.
La movilización a la Ciudad de México, aunque incómoda para la imagen presidencial, logró su objetivo de visibilizar la crisis, pero también desnudó el rostro autoritario de un Estado que prefiere auditar el dolor antes que erradicar la impunidad.
BÚSQUEDAS VIP
El contraste entre el trato que recibe el ciudadano común y el que se le otorga a la élite política o empresarial es la prueba más contundente de la quiebra moral del sistema de justicia en México. El caso de Erick Sánchez Zertuche López, inspector del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California e hijo de la diputada federal de Morena Rocío López Gorosave, se ha convertido en el emblema de esta justicia de dos velocidades.
El miércoles 10 de junio de 2026, tras un “levantón” en Punta Colonet, en Ensenada, ejecutado por un comando armado con rifles de alto poder, el Estado activó una maquinaria de respuesta inmediata que involucró a la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la FGR. En menos de 24 horas, Sánchez Zertuche fue localizado ileso. No hubo protocolos de espera ni burocracia; hubo una orden de rescate coordinada desde las más altas esferas del poder, por la cual la propia diputada agradeció públicamente a la Presidenta Sheinbaum y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Esta eficacia fulminante resulta dolorosa cuando se compara con el destino de Jeremy, Brian Samuel y Edgar Jovani, tres adolescentes de Tecate que desaparecieron el 20 de abril de 2026 tras acudir a una supuesta oferta de trabajo. Cuando sus familias acudieron desesperadas a la Fiscalía Regional de Tecate, el personal les cerró la puerta con la frase que ha condenado a miles: “El protocolo se debe de cumplir y agotar las 72 horas”. Esas 72 horas de inacción institucional fueron fatales. Según los peritajes posteriores, los menores fueron asesinados apenas 48 horas después de su rapto.
Mientras para el hijo de la diputada el Estado se movilizó en minutos, para los hijos del pueblo de Tecate las autoridades impusieron un tiempo de espera que permitió que sus cuerpos terminaran en una fosa clandestina, envueltos en cobijas y con los rostros sellados con cinta adhesiva. La selectividad es aún más escandalosa cuando se analizan los antecedentes. En el caso de Sánchez Zertuche, informes de inteligencia militar y federal dados a conocer a ZETA señalan que la privación ilegal de la libertad estuvo motivada por una deuda de drogas de cinco millones de dólares.
Además, durante el operativo de búsqueda surgieron testimonios de empresarios que acusaban al hijo de la legisladora de exigir dinero a cambio de inmunidad para sus flotillas. A pesar de estas líneas de investigación que vinculan el entorno de la víctima con actividades ilícitas y grupos como el Cártel de Sinaloa operando en la zona, el despliegue federal fue masivo y sin cuestionamientos. Para el ciudadano común, cualquier sombra de duda sobre la conducta de la víctima se utiliza como pretexto para la criminalización y el abandono de la búsqueda; para la élite política, el Estado se convierte en un guardaespaldas personal sin importar el trasfondo de los hechos.
Víctor Hugo Acosta Calzada, quien busca a su hermano desde hace dos años y siete meses, resume este sentimiento de injusticia al recordar cómo a él también le exigieron agotar las 72 horas antes de iniciar la búsqueda en una zona serrana, ignorando que cada minuto perdido bajo temperaturas extremas era vital. Héctor Flores es tajante al señalar que la justicia en México está del lado del poder.
El sistema ha normalizado que las fiscalías operen saturadas y que sus agentes vean la búsqueda de desaparecidos como un castigo administrativo, mientras se reservan los operativos de precisión para quienes tienen conexiones con el Palacio Nacional. La liberación de Sánchez Zertuche, sin un solo detenido hasta la fecha, es la confirmación de que en el México del Mundial 2026, la seguridad y la vida son mercancías que se distribuyen según el peso del apellido y la lealtad partidista.
