El 27 de mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una Notificación Roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Mediante una publicación institucional difundida a las 12:08 horas, la dependencia federal precisó que la confirmación derivó de consultas directas con las instancias competentes.
Según el informe oficial de la dependencia federal, el estatus legal internacional del mandatario sinaloense fue verificado de manera exhaustiva en los sistemas de búsqueda global. “Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, señaló la SSPC Federal respecto a la situación jurídica del funcionario.
Publicidad
La aclaración institucional ocurrió horas después de que Omar Hamid García Harfuch, titular de la SSPC Federal, declarara durante la conferencia matutina desconocer si la Fiscalía General de la República (FGR) había gestionado la ficha roja internacional. Durante dicho encuentro en el Palacio Nacional, el secretario federal únicamente confirmó la existencia de una orden de detención emitida por el Gobierno de Estados Unidos.
El pronunciamiento se inscribe en la crisis institucional generada el 29 de abril del mismo año, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rocha Moya y nueve exfuncionarios y servidores públicos. El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) acusa a los implicados de presuntamente otorgar protección operativa a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, a cambio de apoyo político y sobornos.
Publicidad
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró durante la mañana del mismo 27 de mayo de 2026 que la FGR es la única autoridad responsable de informar respecto a las comparecencias y procedimientos derivados del caso. La confirmación de la SSPC Federal establece de forma definitiva que, por el momento, no existe un requerimiento de búsqueda y captura a nivel global contra el titular del Poder Ejecutivo estatal con licencia.
