La revisión podría derivar en cierres de consulados, en el peor momento de la relación bilateral en años recientes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) inició el 7 de mayo de 2026 la revisión del funcionamiento de los 53 consulados que México mantiene en territorio estadounidense, en una acción que podría llevar a Marco Antonio Rubio García, titular del DOS, a ordenar el cierre de algunas de esas representaciones diplomáticas, reveló en exclusiva la cadena CBS News.
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La revisión ocurrió en medio de una escalada en las tensiones bilaterales entre ambos países, agudizada tras la muerte de dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante una operación antidrogas en el norte de México el 19 de abril de 2026, cuando el vehículo en que viajaban se accidentó en una zona montañosa remota donde autoridades realizaban operativos contra presuntos laboratorios de drogas.
Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales del DOS, confirmó la revisión a CBS News sin precisar las razones específicas que la motivaron. “El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del Presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, declaró Johnson. Según un alto funcionario del DOS citado por CBS News, la revisión buscaría determinar si la autorización del funcionamiento de esas representaciones es compatible con el principio que orienta la política exterior de la administración del presidente Donald Trump.
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México mantiene la red consular extranjera más grande en EE.UU. Sus representaciones ofrecen documentación y asistencia legal a millones de ciudadanos mexicanos residentes en ese país, con mayor concentración en estados fronterizos y ciudades con alta población de origen mexicano, como California, Texas y Arizona.
La muerte de los dos agentes estadounidenses generó una controversia diplomática de primer orden. Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México, anunció el deceso de dos miembros del personal de la embajada el 19 de abril de 2026 mediante una publicación en la red social X. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló poco después que los funcionarios estadounidenses podrían no haber contado con autorización del Gobierno Federal mexicano para operar en el territorio nacional y exigió explicaciones a la administración Trump.
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La disputa se amplió en días subsecuentes cuando el Gobierno de EE.UU. dio a conocer cargos por tráfico de drogas y posesión de armas contra figuras políticas mexicanas de alto perfil, y presentó múltiples solicitudes de extradición, entre ellas una dirigida contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Rocha Moya negó las acusaciones, las calificó de falsas y anunció que se ausentaría temporalmente del cargo para concentrarse en su defensa y cooperar con las autoridades mexicanas. Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a Washington para solicitar al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) las pruebas en que se sustentan los señalamientos.
La revisión de los consulados mexicanos encontró antecedentes en decisiones similares adoptadas por Washington en períodos de tensión con otras naciones. En 2020, la administración Trump ordenó el cierre del consulado de China en la ciudad de Houston, Texas, al citar presuntas actividades de espionaje y robo de propiedad intelectual. En 2017, EE.UU. instruyó a Rusia cerrar su consulado en San Francisco, California, así como instalaciones diplomáticas en Washington D.C. y Nueva York, en respuesta a la expulsión de diplomáticos estadounidenses por parte de Moscú.
El contexto de la revisión incluyó además una expansión de las operaciones de la CIA en México bajo la dirección de John Ratcliffe, quien impulsó la profundización del intercambio de inteligencia y el entrenamiento de unidades antidrogas mexicanas, así como vuelos de drones de vigilancia sobre territorio mexicano para rastrear operaciones de los cárteles. Esa creciente presencia generó debate en México respecto a la soberanía nacional y los alcances de la cooperación en materia de seguridad con EE.UU. Medios conservadores estadounidenses habían señalado previamente, sin aportar pruebas concretas, que algunas representaciones consulares mexicanas habrían intervenido en política interna de EE.UU., incluso en favor de causas del Partido Demócrata.
