La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suspendió el 27 de mayo de 2026 la mesa de diálogo que sostenía con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la Ciudad de México, luego de que un bloqueo carretero de la Sección 22 en el municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, fue dispersado mediante disparos en un enfrentamiento con pobladores de la zona. El contingente magisterial, integrado por alrededor de 600 profesores, trasladó entonces su protesta al cruce de la Torre del Caballito con Paseo de la Reforma.
La confrontación ocurrió en el entronque de la carretera federal 190, en la localidad conocida como Rancho Zapata, donde habitantes de la zona encararon directamente a los docentes que mantenían el cierre como parte del paro indefinido iniciado a principios de esa semana. Los civiles abordaron físicamente a los manifestantes y los obligaron a replegarse y abandonar el punto de protesta. Según reportes ciudadanos de la región, los inconformes acusaron que los docentes habrían amenazado con detonar tanques de gas en el lugar. Tras ser retirados, los maestros reinstalaron su bloqueo sobre la misma carretera federal 190, a la altura del acceso al reclusorio de Tanivet, en Tlacolula, donde quemaron llantas.
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Desde la Ciudad de México, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, responsabilizó al presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, por su presunta participación en los hechos. “Responsabilizar al presidente municipal, Esaú López Quero, que con lujo de violencia llegó a donde estaban nuestros compañeros en este bloqueo, a amenazar que deberían de quitar este bloqueo. Nuestros compañeros ahí se mantienen, y por mantenerse en esa posición política, llegan entonces a agredirnos ahora con disparos”, denunció Pérez Martínez. La dirigente sindical señaló también al Gobierno del estado de Oaxaca como corresponsable de la represión. Hasta el momento, las autoridades no habían emitido un saldo oficial de personas lesionadas ni confirmado detenciones derivadas de los disparos.
Previo a abandonar la reunión que sostenía con César Yáñez, subsecretario de Gobernación, Pérez Martínez informó que la representación sindical exigió al funcionario federal garantías de seguridad para el magisterio movilizado en Oaxaca y en la capital del país. “Hemos declarado que deben garantizar la seguridad, la integridad física de nuestros compañeros movilizados, porque esta es una movilización pacífica. En ningún momento hemos llegado a agredir a ningún ciudadano, ni a ningún policía”, sostuvo. La dirigente adelantó que las movilizaciones continuarían y que la asamblea estatal de la noche del 27 de mayo de 2026 definiría los pasos a seguir. “Desde luego vamos a seguir accionando, esto, compañeras y compañeros, no puede quedarse en esta intimidación y en este acto violento”, advirtió.
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Horas antes del incidente, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), había informado desde Palacio Nacional que la Sección 22 presentó ante el Gobierno Federal un pliego de 79 peticiones, que el propio magisterio compactó a 39 puntos. “Hay 79 puntos, de los cuáles ellos hicieron un resumen, una compactación de puntos y quedaron en 39, entonces estamos checando uno por uno los puntos”, precisó Rodríguez Velázquez. La funcionaria federal detalló que la mesa del 27 de mayo de 2026 se concentraba en temas de justicia y que estaban previstas nuevas reuniones para el día siguiente y el posterior. “Han venido 40 años a las manifestaciones, hoy es un año más, en el que tenemos un diálogo respetuoso”, señaló.
Los bloqueos en Oaxaca afectaron desde las 09:00 horas del 27 de mayo de 2026 puntos neurálgicos de la conectividad estatal: la salida al Istmo de Tehuantepec, la salida a la Costa en dirección a los municipios de Zimatlán, Miahuatlán y Ocotlán, la salida hacia la Ciudad de México, la salida a Tuxtepec y la salida a Zaachila. Las autoridades permitieron únicamente el paso de ambulancias y personas en situaciones de emergencia, y emitieron recomendaciones a la ciudadanía para prever tiempos de traslado y mantenerse informados mediante canales oficiales.
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El conflicto entre el Gobierno Federal y la CNTE se extiende desde febrero de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que desencadenó movilizaciones y bloqueos en varios estados. Sheinbaum Pardo retiró esa iniciativa el 18 de marzo de 2025 y, el 24 de junio del mismo año, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para los burócratas que no cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), con un impacto presupuestal de 36 mil millones de pesos en el sexenio en curso. Pese a esa concesión, la Coordinadora sostuvo que la medida no atendía sus demandas de fondo, entre las que se mantienen la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial de 100 por ciento, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La SEGOB y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acumulan más de 140 reuniones sostenidas con distintas secciones de la Coordinadora.
La dirigente de la Sección 22 adelantó además que una comisión de la CNTE prepara una propuesta respecto a la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 en materia de pensiones, para presentarla en una mesa formal con el Gobierno Federal. Las movilizaciones del magisterio disidente transcurren a 15 días del arranque del Mundial de Futbol 2026, cuyo primer encuentro —México contra Sudáfrica— se disputará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, bajo la consigna que ha adoptado la Coordinadora: “Si no hay solución, no rueda el balón”.
