El 19 de mayo, el Ejército mexicano detuvo a siete hombres en flagrancia en una expedición para la cacería furtiva de borrego cimarrón dentro del Ejido 16 de Septiembre, en el Valle de la Trinidad, delegación de Ensenada, donde además les aseguraron armas de uso exclusivo del ejército.
Baja California es el único estado del país donde está prohibida la caza del borrego cimarrón desde la publicación del decreto de protección en 1990, cuando la especie fue catalogada en peligro de extinción, lo que ha generado un mayor valor para la caza clandestina.
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Bajo este estatus, cazadores y especialistas estiman que un ejemplar puede alcanzar un valor de entre 250 mil y 300 mil dólares en el mercado cinegético internacional y se considera un trofeo para el comprador. Los furtivos pagan estas grandes cantidades de dinero porque es garantía de que se llevarán un cimarrón.
El modo de operar de estas organizaciones aún está bajo investigación, ya que los cazadores ingresan sus armas al estado sin autorización y se llevan los ejemplares sin vida burlando las medidas de seguridad aéreas y terrestres.
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En el Valle de la Trinidad los hombres detenidos a inicios de esta semana pretendían salir de la zona poco después de las 21:00 horas del martes 19 de mayo, cuando los cazadores bajaban de la sierra, en una de las áreas de mayor presencia del crimen organizado en Baja California, que es el Valle de la Trinidad.
En una videograbación captada en el lugar del hallazgo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) leen los derechos a los detenidos quienes se identifican como Antonio González Escorich, originario de México; Ángel Antonio Bonilla Márquez, de Caborca, Sonora; Carlos Álvarez Guerrero, de Aguascalientes; y Juan Bonilla, de Mexicali; Carlos González, de Guerrero Negro; José Guadalupe, de Tijuana y uno más del Ejido Nuevo Rosarito.
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Junto a ellos se encontraba Carlos Andrés Álvarez Guerrero, hijo de un empresario de Aguascalientes, a quien se le señaló de haber intentado sobornar a los elementos del ejército ofreciéndoles 100 mil pesos en efectivo para evitar la puesta a disposición, sin embargo, este presunto delito de cohecho aún no ha sido consignado.
Hasta el mediodía del jueves 21 de mayo, el grupo de presuntos cazadores furtivos se encontraba a disposición de las autoridades de la FGR como probables responsables de la comisión del delito ambiental y portación de arma, en espera de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presente la denuncia penal.
De acuerdo con datos obtenidos del Registro Público de Comercio, Álvarez Guerrero y familia, ha formado parte de ocho empresas en Aguascalientes, dedicadas al desarrollo inmobiliario, construcción y arquitectura, agroindustria, importación y exportación de productos agrícolas, así como de papelería.
Los oficiales encontraron que en uno de los vehículos llevaban un ejemplar macho que de acuerdo con su complexión apenas entraba en la madurez y posiblemente tenía siete años de edad. En la inspección hallaron restos del ejemplar de borrego, entre ellos la cabeza con cornamenta, piel y carne del animal.
La especie endémica de Baja California está protegida bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT.
Además, las autoridades aseguraron un arma de fuego calibre .30-06, ocho cartuchos útiles del mismo calibre y dos vehículos: una camioneta Jeep Grand Cherokee color verde y un pick up Toyota color blanco, que estaban totalmente equipados para la actividad.
A bordo de dos unidades, los guías y cazadores transportaban maletas con ropa y calzado especial para cacería, hieleras, casas de campaña, cobijas y alimentos para permanecer en la sierra.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación FED/BC/ENS/0001323/2026 por delitos contra la biodiversidad y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
GOBIERNO FEDERAL IMPONE VEDA, PERO DEJA EN EL ABANDONO A LA SIERRA BORREGUERA
La cacería furtiva continúa siendo la principal amenaza para el borrego cimarrón en el estado, situación confirmada por el último estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en 2022.
“El estudio determinó que la cacería ilegal es un fenómeno que existe, no tiene control y sigue siendo la principal amenaza para la especie”, advirtió Enrique Ruiz Mondragón, coordinador operativo del Santuario del Borrego Cimarrón de la Fundación UABC.
Para los investigadores, este tipo de detenciones en flagrancia reflejan una problemática persistente que durante décadas no ha logrado ser controlada.
A esta amenaza, agregó el impacto del cambio climático y el aumento de temperaturas, considerados el segundo factor de riesgo más importante para la supervivencia del animal.
Ruiz Mondragón trabaja en la llamada sierra borreguera, donde realizan labores de investigación, monitoreo y vigilancia de la especie, además de acciones para mejorar su hábitat, como abastecimiento de agua y rehabilitación de oasis para que los ejemplares puedan mantenerse hidratados.
En Baja California existe una población estable de aproximadamente mil 600 ejemplares de borrego cimarrón, cifra que prácticamente no ha cambiado en casi tres décadas.
La población desde 1992 hasta 2021 no creció, pero tampoco disminuyó. No hemos tenido resultados alentadores para la especie, advirtió.
“Hay menos agua, más mortalidad y menos nacimientos. Como no hay medidas para atender estas condiciones, la población no crece. Hay que replantear la estrategia e implementar medidas para conseguir el objetivo estatal”, aclaró el investigador.
Lamentó que desde la publicación del decreto de protección en 1990 únicamente se reguló la cacería, pero no se desarrollaron programas integrales de conservación.
El gobierno sólo confió en que la gente iba a dejar de cazar al borrego y no se establecieron programas para el sostenimiento de la especie. Tampoco el gobierno federal ha destinado recursos económicos para la conservación y las sierras están abandonadas.
El especialista destacó que el borrego cimarrón posee un alto valor económico dentro de la cacería deportiva internacional, principalmente por sus cornamentas.
Recordó que en Nuevo México un permiso de caza de borrego de montaña alcanzó un precio récord de 1.3 millones de dólares, mientras que el borrego del desierto de Baja California, una subespecie distinta, también puede alcanzar altos valores en el mercado cinegético.
Las regiones con mayor concentración de ejemplares en Baja California se ubican en la sierra cercana a Puertecitos, entre San Felipe y Chapala, además de Santa Isabel y otras zonas del sur del estado.
En 2025, representantes ejidales sostuvieron reuniones con autoridades universitarias y el rector de la UABC en el Santuario Cimarrón para analizar alternativas relacionadas con la conservación y una posible cacería sustentable.
“La cacería deportiva o regulada es un mecanismo utilizado en distintas partes del mundo para la conservación de grandes mamíferos, pero debe estar bien regulada y sustentada científicamente”, reconoció.
EJIDATARIOS QUE VIGILAN LA SIERRA EXIGEN UN PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
Mientras en Sonora un permiso puede venderse entre 55 mil y 75 mil dólares en ranchos con ejemplares confinados, un permiso regulado para un borrego cimarrón de vida silvestre en Baja California podría alcanzar valores mucho mayores.
“Estoy casi seguro que un permiso bien manejado aquí podría valer entre 250 mil y 300 mil dólares”, estimó el ejidatario de Ejido Matomí, Sergio Loperena.
Explicó que las comunidades rurales tienen más de 25 años que han solicitado desarrollar un modelo de aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón.
“Sabemos que la autoridad no tiene la capacidad de vigilancia. La Profepa atiende pesca, flora y fauna en general, pero cada sexenio hay menos recursos económicos y cada año se agudiza más la problemática”, reprendió Loperena, ejidatario de Matomí, ejido contiguo al 16 de Septiembre donde fue detenido el grupo de presuntos cazadores furtivos.
El corredor natural del borrego cimarrón se extiende desde el Ejido Reforma Agraria Integral, Tierra y Libertad en Bahía de los Ángeles, Independencia, Cordillera Molina en La Rumorosa, la comunidad indígena de Santa Catarina, además de los ejidos Jamau, 16 de Septiembre, Delicias y Matomí.
Tras la colocación del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, los ejemplares modificaron su ruta ya que ésta quedó bloqueada por la estructura.
Recordó que los ejidatarios son propietarios de las tierras donde habita el borrego cimarrón y otras especies como el venado, por lo que consideran que deben formar parte de las decisiones sobre conservación.
Los recursos económicos obtenidos del aprovechamiento podrían utilizarse para instalar accesos controlados con tubos y candados, rehabilitar bebederos, conducir agua hacia oasis naturales, mejorar infraestructura y realizar monitoreos permanentes.
“Del cuero salen más correas. Ya debemos destrabar esto y avanzar con base en los estudios que ha realizado la universidad”, expresó.
De acuerdo con la experiencia en la región, el furtivismo inicia cuando personas con alto poder adquisitivo contratan guías conocedores de la sierra para localizar ejemplares.
“El borrego cimarrón es uno de los trofeos más importantes. Hay conocimiento de que se han robado ejemplares jóvenes para llevarlos a Sonora”, denunció.
Explicó que en ese estado existen políticas de apertura para desarrollar criaderos y ranchos cinegéticos donde se mantienen cientos de ejemplares confinados.
“Se los roban pequeños y los trasladan incluso en avionetas desde zonas como Punta Prieta, Reforma Agraria Integral, Matomí y 16 de Septiembre. Hemos constatado que el furtivismo sigue activo”, afirmó.
Sostuvo que un esquema de aprovechamiento sustentable permitiría incluso mejorar la reproducción natural de la especie.
Sobre el ciclo de vida del borrego, dentro de las manadas existe un macho dominante que impide la reproducción de ejemplares jóvenes, y cuando envejece disminuye su capacidad reproductiva pero mantiene el control del grupo.
Cuando el macho adulto llega a cierta edad y reduce su productividad, ése es el ejemplar que debería seleccionarse, puede ser sometido a sacrificio controlado, sugirió.
Por ello, insistió en la necesidad de establecer una mesa de trabajo entre universidades, autoridades ambientales y productores rurales para definir una estrategia integral de conservación.
Loperena consideró que existe desconfianza hacia los ejidatarios por parte de algunos investigadores y autoridades universitarias, quienes dudan de su capacidad para desarrollar proyectos sustentables.
“En los ejidos hay profesionistas y nuevas generaciones capacitadas. Nosotros también somos empresarios”, afirmó.
Cuestionó además la falta de capacidad gubernamental para vigilar las sierras donde habita la especie, donde ni el estado ni la Federación tienen capacidad de vigilar.
