El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó que sea resuelto de nueva cuenta el amparo interpuesto por Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, con el que pretende que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra la investigación por las torturas que alega haber sufrido a partir de su detención, ocurrida el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
Por unanimidad, y con base en un proyecto de sentencia elaborado por Nelly Montealegre Díaz, magistrada de elección popular, el colegiado determinó que Paloma Xiomara González, juez segundo de Distrito en Materia Penal, incurrió en una omisión grave al no notificar a un total de 28 indiciados sobre la demanda de amparo presentada por Aburto. El tribunal le instruyó dejar sin efecto su negativa original, reponer el procedimiento para emplazar a los denunciados y, una vez cumplido ese trámite, emitir una nueva sentencia. El colegiado precisó que la juzgadora conservará plena libertad de criterio para resolver el fondo del asunto.
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“No siguió (la juez) con el trámite respectivo para resolver el juicio de amparo indirecto sometido a su consideración, pues no emplazó ni escuchó a una de las partes que legalmente deben intervenir en el juicio constitucional, al omitir emplazar a las personas que tienen la calidad de indiciadas en la averiguación previa 2080/94”, señala la resolución del tribunal. El colegiado concluyó que dicha omisión “constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento que evidentemente trascendió al dictado de la sentencia”.
En su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Aburto señaló haber sido víctima de ocho actos de tortura entre el 23 y 24 de marzo de 1994 —el día de su detención y el siguiente—, perpetrados por agentes de la entonces Procuraduría General de la República por órdenes del presidente Carlos Salinas de Gortari y con la participación del entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera. En septiembre de 2021, la CNDH emitió una recomendación a la FGR para investigar esas presuntas torturas.
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Como consecuencia de esa recomendación, en julio de 2022 la FGR reinició diligencias en la averiguación previa abierta en 1994 y reactivó la llamada teoría del complot y del “segundo tirador”. Sin embargo, el 15 de febrero de 2024 la institución archivó el expediente al concluir que no se acreditaba acción dolosa alguna tendiente a infligir sufrimientos físicos o psíquicos a Aburto en cada uno de los actos específicos denunciados.
Aburto interpuso un amparo contra esa determinación de archivo, mismo que fue negado en primera instancia por la juez González. Con la resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, ese fallo queda sin efecto y el procedimiento deberá reponerse desde la etapa de notificación a los 28 indiciados, quienes podrán manifestar lo que a su derecho convenga antes de que la juzgadora emita un nuevo pronunciamiento.
