La exesposa de un coronel en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de apellido Márquez, quien además fue director de Seguridad Ciudadana en Tecate, espera justicia por las nueve denuncias penales que ha interpuesto contra el ex servidor público por los delitos de despojo, violencia intrafamiliar y abuso sexual.
La pareja contrajo matrimonio en el estado de Guerrero, y durante 30 años de relación la denunciante asegura que tanto ella como sus hijos vivieron violencia física y económica desde la infancia, hechos que quedaron plasmados en testimonios presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) desde 2018.
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Ante la falta de avances en las investigaciones, la familia de Márquez decidió hacer público su testimonio. Además de que, a pesar de estos antecedentes, el 25 de febrero de 2021, la entonces alcaldesa Olga Zulema Adams Pereyra nombró al exmilitar como director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tecate, con un sueldo de 66 mil pesos adicionales a su pensión por retiro, de acuerdo con información del Instituto de Transparencia.
Cuando el exmilitar asume el cargo como director de Seguridad en Tecate, la familia denunció con el NUC 0201-2018-08061 por el delito de Incumplimiento de Obligaciones, y le requieren el pago del 60 por ciento de la pensión alimenticia que había sido decretada y sentenciada por el Juez 7 Familiar en la Ciudad de México. Con todo y la queja en la visitaduría, no se cumplió con la sentencia.
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Además, existe otro proceso penal de 2018, cuando el excoronel sacó a la familia de la casa donde vivían en la delegación El Sauzal, misma que fue comprada en matrimonio.
Los muebles y las pertenencias personales quedaron dentro de la propiedad; derivado de este hecho se inició otro procedimiento con el NUC 0201-2024-12213, la cual no está pendiente de iniciar.
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Aunque un juez ordenó la restitución del inmueble en favor de la familia, la orden no se acató; por este caso, el exmilitar fue vinculado a proceso bajo la investigación con el NUC 0201-2021-04361, por el delito de despojo de la vivienda en El Sauzal.
Debido a que los familiares aseguran haber enfrentado violencia del padre y exesposo desde 1993, contrataron una defensa legal, quien no ha podido lograr que las autoridades escuchen los testimonios de las víctimas.
Leticia presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, dirigida al anterior general de división, Luis Crescencio Sandorval González, secretario de la Defensa Nacional en el 2024, por incumplimiento de servidores públicos por no rendir informe de autoridad solicitado.
De acuerdo con la queja sellada en agosto de ese año, la SEDENA se ha negado a entregar la información médica que consta en los expedientes del hospital militar donde ella recibió atención médica por lesiones durante su matrimonio.
Lo mismo piden a la Fiscalía de Justicia Militar (ahora Fiscalía General de Justicia Militar), solicitando los antecedentes de índole administrativa en los que incurrió el militar mientras estuvo activo dentro de la institución castrense, para que fuera integrado en las investigaciones.
Aunque algunas de las carpetas de investigación ya han sido judicializadas, el acusado ha recurrido a apelaciones y amparos, lo que ha alargado el proceso legal, narró Leticia, que es la exesposa.
Para ser atendida por el Poder Judicial, desde hace dos años la denunciante ha presentado oficios dirigidos al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde le documenta las presuntas irregularidades en el proceso, sin embargo, al cuestionar al magistrado Alejandro Isaac Fragoso López sobre este caso, dijo desconocer el asunto.
FAMILIAS LIDIA CON LA MOVILIDAD DE LOS MILITARES CASTIGADOS
Leticia describió su vida como esposa de un integrante de la milicia, donde lejos de castigar a quienes infringen las leyes castrenses, estos son enviados a otros estados mientras las mujeres reciben consejos de las cónyuges de los generales, quienes las convencen de permanecer en matrimonio y no denunciar.
A un año y medio de matrimonio (1995), fue citada en la Ciudad de México por personal de la SEDENA, donde la confrontaron con una mujer que mantenía una relación con su esposo y con quien había procreado dos hijos. Como consecuencia, se le informó que se descontaría un porcentaje del salario del militar para cubrir la pensión alimenticia de los menores.
Desde entonces, comenzaron los problemas económicos. A pesar de tener dos hijos dentro del matrimonio, la denunciante asegura que no recibía apoyo económico, por lo que consiguió empleo en el sistema educativo en Baja California para cubrir los gastos familiares.
Una de las querellas más graves ante la FGE, y de la cual no tiene ningún avance, la interpuso la hijastra por el delito de Abuso Sexual a Menores de 14 años (con el NUC 0201-2024-00159), donde narra las experiencias que enfrentó durante su adolescencia. En la denuncia narra con detalles una serie de eventos donde recuerda haber sido tocada de manera lasciva por el padrastro.
En este caso, la ahora mujer adulta no ha recibido ninguna atención por parte de las autoridades de la FGE; desanimada, porque esta situación la ha llevado a una revictimización, ha dejado de insistir para recibir la atención del poder judicial.
En las denuncias por violencia familiar y lesiones, los hijos coinciden en describir una infancia marcada por el maltrato. Uno de los testimonios señala:
“A mis hermanos y a mí, si no aprendíamos algo de la escuela, nos golpeaba en la cabeza con las manos y nos insultaba. Recuerdo que mi madre le reclamaba por el maltrato, pero él la ofendía y descalifican constantemente”.
MINISTERIO PÚBLICO PRESENTA PRUEBAS EXTEMPORÁNEAS EN CASO DE VIOLENCIA
Un ejemplo de cómo se han presentado errores en el proceso, es notorio en una segunda carpeta (con NUC 01-2022-11445) por violencia familiar y lesiones, donde la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género presentó pruebas fuera del plazo legal.
De acuerdo con el oficio NSJP/ENS/04537/2026, el agente del Ministerio Público Alberto Orozco Ruiz, adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales, presentó la acusación formal el 7 de febrero de 2024, fuera del tiempo establecido por la ley.
La investigación había concluido el 5 de enero de 2024, por lo que la Fiscalía tenía hasta el 26 de enero para presentar la acusación, pero lo hizo con retraso.
Debido a esta irregularidad, se ordenó a la Fiscalía emitir una nueva determinación en un plazo de 15 días hábiles; de no cumplir con este requerimiento, el caso podría cerrarse de manera definitiva.
