La Constitución mexicana no es un adorno para discursos patrióticos. Es un límite. Y el Artículo 32 es uno de los límites más contundentes: para ocupar cargos como Diputado Federal, Senador o Gobernador se requiere ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. No es una recomendación. No es un matiz. Es una prohibición absoluta.
Pero el caso de Jaime Bonilla Valdez no solo violó ese límite: lo pulverizó. Y lo más grave no es la violación en sí, sino la decisión del Estado mexicano —incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador— de encubrirla.
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Los registros electorales del condado de San Diego muestran a Bonilla como votante activo y afiliado al Partido Republicano. En Estados Unidos, solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse como votantes, afiliarse a un partido o participar en elecciones. Jurídicamente, Bonilla sigue siendo ciudadano estadounidense.
Y aquí surge la pregunta que ya no puede evitarse: ¿Cuál es la causa real de que López Obrador haya permitido una violación constitucional tan flagrante?
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La respuesta es devastadora: porque el poder decidió proteger a un cómplice político, aunque eso implicara traicionar la Constitución.
Para efectos constitucionales mexicanos, lo que determina si una persona mantiene una nacionalidad extranjera no es lo que declare ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ni lo que afirme en conferencias, ni lo que se publique en boletines oficiales. Lo único que importa es si el otro país la sigue reconociendo como ciudadana.
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En Estados Unidos, la única forma válida de perder la ciudadanía es mediante el Certificate of Loss of Nationality (CLN), emitido por el Departamento de Estado. Si ese certificado no existe, la ciudadanía permanece vigente. No importa si la persona afirma haber renunciado. No importa si la SRE acepta una renuncia. Sin CLN, la ciudadanía sigue activa.
Esto significa que, al momento de ser electo, Jaime Bonilla no cumplía los requisitos constitucionales. Su elección es inválida de origen. La doctrina constitucional es contundente: quien no cumple los requisitos desde el inicio nunca debió ocupar el cargo.
Además, ejercer derechos políticos en Estados Unidos —como votar, afiliarse a un partido o registrar comités electorales— constituye una violación directa al Artículo 32. No se trata de una falta menor. Es una incompatibilidad constitucional que puede derivar en nulidad de elección, juicio político o responsabilidad administrativa grave.
A pesar de ello, la SRE emitió un boletín afirmando que Bonilla “ya había renunciado” a la ciudadanía estadounidense. Esa afirmación no solo carece de sustento jurídico: contradice el derecho internacional. México puede recibir una renuncia, pero Estados Unidos decide si la acepta. Sin CLN, la ciudadanía sigue vigente. Y si la ciudadanía sigue vigente, la incompatibilidad constitucional también.
Entonces, ¿por qué el gobierno de López Obrador permitió esto?
Porque admitir la verdad implicaba reconocer que un aliado político violó la Constitución desde el origen de su candidatura. Implicaba aceptar que el Estado mexicano no verificó la pérdida de nacionalidad, que no exigió el CLN, que no cotejó registros electorales internacionales y que no activó los mecanismos constitucionales.
Y cuando el poder necesita a alguien, la Constitución deja de ser un límite y se convierte en un estorbo.
La causa es clara: la complicidad política se impuso sobre la legalidad constitucional.
La conveniencia se impuso sobre la soberanía.
El silencio se impuso sobre la verdad.
La conclusión jurídica es inequívoca: si un funcionario electo aparece como votante registrado en Estados Unidos, mantiene ciudadanía estadounidense; si mantiene esa ciudadanía, no cumple los requisitos constitucionales para ocupar cargos que exigen exclusividad; y si ejerce derechos políticos en Estados Unidos, incurre en una incompatibilidad constitucional prevista en el Artículo 32.
No es opinión. No es interpretación política. Es derecho constitucional puro.
Y frente a eso, la decisión del Estado mexicano no solo es preocupante: es una traición deliberada a la Constitución.
El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.
Correo electrónico: [email protected]
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