El 23 de marzo, en pleno Spring Break en Los Cabos, la familia de Juan Luis Chico Torres bloqueó el acceso al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, luego de dos días de la desaparición del muchacho de 29 años, justo después de un concierto en esa localidad del municipio.
“Queremos que nos entreguen a mi hijo, de verdad vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, quiero a mi hijo y que vengan las autoridades correspondientes. Nos van a llevar a balazos solamente; no nos quitamos, yo quiero a mi hijo vivo”, dijo la madre de Chico Torres.
Sin noticia alguna de su familiar y después de ocho horas de bloqueo, el joven acompañado, de su amigo Omar Antonio García Rosas, de 22 años, aparecieron en un video sosteniendo una cartulina cada uno. La de Juan Luis decía “Pongan atención a sus hijos en casa para que no pase esto” [sic] y la de Omar Antonio se leía “esta es la verdad contada por ellos mismos, hay pruebas de todo, revísenle el teléfono a sus hijos” [sic].
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El video de un minuto y 29 segundos relata que ellos y su red de “amigos” operaban con complicidad para la distribución de droga, especialmente la que denominan como “marihuana exótica”.
“Ya se me había perdonado una vez, y ahora David Ceseña, después de unos años, me invita a vender ‘marihuana exótica’, la cual empezamos a venderla Curry Sández, David Manriquez, David Ceseña, alias El Cali, del grupo Proyección, y yo, Juan Luis Chico Torres. Estoy bien arrepentido de lo que hice y muchas gracias a esta persona que me dio la oportunidad de vivir”, dice en el video Chico Torres.
Su acompañante confirmó lo dicho y agradeció el que los dejen con vida por esta ocasión, con la advertencia del grupo criminal.
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“Mi nombre es Omar Antonio García Rosas, y todo lo que está diciendo Juan Luis Chico Torres es la realidad; yo me involucré malamente vendiendo junto con él, y pues pido disculpas y doy gracias por otra oportunidad de vida”, finaliza la grabación.
Tras lo ocurrido y en busca de afectar lo menos posible al turismo y los habitantes de Los Cabos, la Mesa Estatal de Seguridad sesionó en aquel municipio, donde se estableció un mecanismo especial de contención, con el que se puedan evitar las desapariciones, actos de violencia y desarticular posibles grupos delincuenciales que operan.
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El secretario general del gobierno estatal, Saúl González Núñez, sostuvo que ya desplegaron unidades en la zona turística y las colonias; dijo que no pueden permitir que esta clase de hechos atemoricen a los ciudadanos.
“Estamos haciendo todo lo necesario para poder blindar, no solamente a los Spring Break y a los turistas, sino también a la sociedad de aquí de Los Cabos; la garantía de tener una efectiva estrategia para el tema de seguridad, que es un tema que también estamos atendiendo las colonias con la Guardia Nacional, con la Defensa y la Marina y parte de la Procuraduría y la Policía Estatal, acompañando a la Policía Municipal, para que todos los ejercicios que se hagan, en operaciones en las colonias, siempre sean transparentes”, aclaró Saúl González.
Dejando de lado que habían sido víctimas de privación ilegal de la libertad, torturados y amenazados, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del Estado, dijo que por el caos generado, iban a investigar las conductas de los jóvenes. Así también dejó entrever que habría sanciones por los bloqueos.
Pese a la actividad de los levantados, el mandatario no expuso que un grupo criminal estuvo detrás de la privación de la libertad y muchas otras que se han generado, prácticamente olvidando el factor inicial, y criminalizando y revictimizando a las víctimas, incluidas sus familias.
“Fueron horas difíciles porque además tenemos que investigar, porque no es correcto que generen el caos, y más cuando están en las condiciones que anoche aparecen estos (video). ¿Con qué valor ético vamos a generar un problemón a la sociedad cuando no lo resuelves en familia?”, lanzó el gobernador Castro.
Pero las desapariciones por el crimen organizado siguen en Baja California Sur; el propio Víctor Castro evidenció que hasta policías han sido privados de la libertad y liberados.
Así mencionó el caso de un policía de Mulegé, el cual fue levantado en Guerrero Negro, y que él y sus familiares sabían de quiénes habían privado de la libertad, movilizando a las fuerzas de seguridad para ubicarlo con vida.
“Habían desaparecido a una persona en Guerrero Negro que le avisó a la esposa: ‘Si no vuelvo en tantas horas dame como desaparecido’; informaron, pusieron las alertas de todo tipo y apareció el Policía Municipal de Guerrero Negro. Pero bueno, son avisos muy delicados porque él conocía a la persona con la que se entrevistó, ahí toda la historia prácticamente todo el mundo supo que él conocía”, aseguró Castro.
La autoridad de Baja California Sur sólo hizo pública una parte de la historia del Juan Luis Chico Torres, que “provocó el bloqueo en el Aeropuerto de Los Cabos”, dejando de lado al grupo criminal detrás de la desaparición, confesión y tortura.
Sin embargo, se trató de la operación de un grupo criminal que opera la zona sur de la entidad; ellos privaron de la libertad al grupo de jóvenes que hicieron un modelo de negocio ilegal y criminal, a espaldas de los líderes de plaza.
Fueron al menos cuatro desaparecidos entre los días 21 y 22 de marzo, relacionados a una red de tráfico de drogas, especialmente de su marca que identifican como “Marihuana Exótica”; los desaparecidos y que ya están con sus familias son: Edwin David Ceseña Borquez, de 23 años, Gabriel Everardo Rosas Rivera, de 21, Juan Luis Chico Torres, de 27, y Omar Antonio García Rosas, de 22 años.
Juan Luis confesó en el video y evidenció toda una red de narcomenudeo, que creyeron en un modelo de negocio de alto riesgo.
“Esta marihuana la pedimos por paquetería y nos llegaba por DHL y venía en cajas: dentro de las cajas venían bolsas de croquetas y en la bolsa de croqueta venía camuflada la marihuana; nos llegaba de 1 kg a 4 kg, aproximadamente, y nosotros nos encargábamos de embolsarla y revenderla”, dijo el joven de 27 años.
En sus redes sociales, daban cuenta de las ganancias de su “negocio” paseando en vehículos último modelo, ropa y artículos de marca, constantes fiestas, así como paseos en yates de lujo por la Bahía de Cabo San Lucas.
Integrantes de la Mesa de Seguridad reconocieron que hay un tráfico en masa que es el que alimenta a los grupos criminales establecidos, donde dirigen la mayor parte de la estrategia de contención y detección de droga y armas.
Sin embargo, está el otro lado, la operación hormiga y que favorece a pequeñas estructuras “independientes” que trafican estupefacientes mediante paqueterías, es por ello que endurecieron operativos en módulos de revisión secundaria en terminales portuarias y aeropuertos.
El 26 de marzo fue dado a conocer un aseguramiento en el Puerto de Pichilingue en La Paz, de un paquete con dosis de narcóticos. Además, a inicios de mes en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de La Paz, “policías estatales, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizaron el aseguramiento de cinco paquetes conteniendo al parecer narcóticos, luego de realizar una inspección de rayos X a paquetes que ingresaban vía aérea”.
La privación de la libertad y liberación de los cuatro jóvenes, ligados al tráfico al menudeo de droga, evidencia, en primera instancia, la facilidad con que ingresan sustancias ilícitas a la entidad; también, la fragilidad de las familias en el tipo de actividades en que se meten sus hijos; y tercero, la falta de capacidad de las autoridades para localizar a cuatro personas desaparecidas y blindar actos delictivos.
“Vengo de la Mesa de Seguridad y acordamos seguir la investigación hasta el fondo, porque no podemos (hacer) como que no pasa nada, y eso es lo peor: dejar hacer, dejar pasar; no se vale. Entonces, tenemos que aplicarnos más por las desapariciones que está habiendo. Es una de las cosas más reprobables; no puede, independientemente de lo que se dedique cada persona, aunque sea ilícito, no podemos quedarnos como: ‘Ah es gente ligada al crimen organizado, a las actividades ilícitas’. Cualquiera que esta sea, permitir que se tomen la ley por su propia mano, eso ya es barbarie; no lo podemos permitir”, indicó Castro.
REVISARÁN PENALES POR TRÁFICO DE DROGAS
La desaparición y reaparición de los presuntos narcomenudistas levantados, dejó más incógnitas que respuestas, pues en su declaración hizo referencia Juan Luis Chico Torres que, antes de vender la marihuana exótica, ya había estado amenazado de muerte.
Expresamente indicó que anteriormente “ya se me había perdonado una vez”. La razón fue que ya lo habían detenido, no las autoridades, sino al parecer los líderes de plaza de venta de droga por meter sustancias prohibidas al Centro de Reinserción Social (CERESO), según dijo, “ocultos” en la madera.
“Anteriormente he estado en una situación como esta, porque andaba metiendo droga al CERESO; yo era el encargado de hacer los clavos en la madera, metí adentro droga y meterla al CERESO para que allá se traficara”, afirmó Juan Luis Chico.
El CERESO de San José del Cabo es un penal federal de mediana seguridad, el cual quedó exhibido desde agosto del 2016, cuando el entonces interno del módulo 6 y nivel 3, Diego Jacinto Sánchez, usó un celular para compartir los supuestos abusos por los que atravesaba.
“En una cárcel donde no puedas tener libros, una foto de tu familia, una visita, una llamada; la suerte es que me prestaron este teléfono para hacer un video porque lo quiero subir, para ver si así le puedo echar algo de entendimiento en la cabeza a este director, de que si trae algo personal conmigo, que si cómo le podemos hacer”, señala en la grabación.
Pero no fue todo lo que subió, sino que dentro de la evidencia revelaron el tráfico de drogas y armas al interior; tanto así, que en diciembre del 2017 internos se amotinaron y dentro del penal murió en el lugar José de Jesús Cano Vega, uno de los principales cabecillas al interior del penal en la distribución de droga. Al momento de morir portaba un arma tipo Uzi y una granada de fragmentación color verde.
Al respecto, Víctor Castro Cosío indicó que las declaraciones de Chico Torres dan pie para que se inicien las investigaciones para mitigar el tráfico de estupefacientes en el interior de los centros penitenciarios.
“También para la autoridad, porque estaban ellos confesando que metían droga con quién, cómo se relacionaba; da materia para que investiguemos de fondo todo lo que sucedió”, puntualizó el gobernador.
Simón Guillermo Hernández Peña, el Sepulturero, fue otro descubierto, pero con celulares, dinero en efectivo, droga e instrumentos para traficar sustancias dentro del CERESO de La Paz; esto ocurrió julio de 2015, y las autoridades lo notaron cuando internos lo compartieron a través de sus redes sociales.
Asimismo, Henry Froilán Rojas Ramírez, el Zopilote o el Zopi, sicario que se había fugado del penal de San José del Cabo en 2017, fue recapturado en enero del 2018 y traía al de La Paz, donde en sus redes sociales, en medio de un motín en julio del 2018 subió una foto a su perfil de Facebook; ahí se presumía ante las autoridades: “Tengo con qué quererlos”, con machete en mano.
“Lamentablemente las cárceles de México están en manos de los cárteles, y en Baja California Sur no es la excepción; eso que hicieron los jóvenes -evidenciar a la autoridad- de nuevo pone en alerta a las corporaciones, pero difícilmente van a poder controlar. No se puede acabar con décadas de poderío en corto tiempo; deben trabajar mucho en prevención, así como desmantelamiento del control desde las mismas instituciones que resguardan los penales”, sentenció el representante del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal consultado por ZETA.
