La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reveló el 9 de abril de 2026 que estudiantes de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sometieron y desarmaron al adolescente Osmar “N” —de 15 años— tras el ataque que cobró la vida de dos docentes del plantel el 24 de marzo del mismo año. La autoridad ministerial también difundió imágenes del sistema de videovigilancia escolar que muestran el momento en que dos compañeros redujeron al agresor en el área de baños de la institución.
En conferencia de prensa encabezada ante el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), precisó que los jóvenes lograron despojar al imputado de un arma hechiza con la que cometió el doble feminicidio. La institución investiga el origen de dicha arma. “Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”, afirmó Torres Piña.
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El ataque ocurrió el 24 de marzo de 2026. Las víctimas fueron María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla, de 37. Según las investigaciones previas de la FGE, el adolescente trasladó el arma desde su domicilio hasta el plantel oculta en una funda de guitarra y accionó el fuego de forma premeditada contra las docentes. Sagrero Chávez fue la primera en ser atacada y murió al instante; Madrigal Bedolla intentó refugiarse, pero fue alcanzada por múltiples impactos. Estudiantes y un trabajador del plantel inmovilizaron al agresor y lo mantuvieron amarrado hasta la llegada de la policía.
El 30 de marzo de 2026, un juez especializado en justicia penal para adolescentes vinculó a proceso a Osmar “N” por el delito de feminicidio, en una audiencia celebrada a puerta cerrada en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes de Morelia. El órgano jurisdiccional impuso como medida cautelar el internamiento preventivo y otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria a cargo de la FGE, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Michoacán.
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Torres Piña señaló el 9 de abril de 2026 que las líneas de investigación se fortalecieron mediante el análisis de plataformas digitales y entornos sociales del menor, lo que permitió identificar posibles factores asociados a su comportamiento previo al ataque. Investigaciones anteriores de la FGE establecieron que el adolescente publicó contenido en redes sociales hasta nueve horas antes del tiroteo, material que las autoridades cotejaron para determinar la motivación del crimen. En sus primeras declaraciones, Osmar “N” admitió haber tomado el arma de su domicilio, donde residía con su madre y su padrastro, este último presuntamente integrante de una corporación federal. La investigación mantiene abierta la determinación de responsabilidad penal de los adultos que permitieron que el menor tuviera acceso al armamento.
“La justicia no se limita a sancionar, también implica evitar que estos hechos se repitan”, declaró Torres Piña, quien anunció que la institución reforzará foros de prevención en escuelas secundarias y universidades del estado. Las familias de las víctimas exigieron que el menor sea juzgado como adulto. Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Osmar “N” podría enfrentar una pena máxima de tres años de internamiento por su condición de menor de edad. Ante ello, Ramírez Bedolla planteó una reforma al sistema penal para que menores infractores en casos de delitos graves enfrenten criterios equivalentes a los aplicables a adultos.
