Personal y residentes acusaron deficiencias en la actuación de autoridades de seguridad, salud y derechos humanos, así como inconsistencias en la investigación y atención médica de Manuel, por lo que exigieron que el caso sea atraído por instancias federales.
Personal y migrantes del albergue Ágape se manifestaron en la Fiscalía General del Estado, al denunciar presuntas omisiones en la atención del caso de Manuel, un migrante que habría sido torturado y abandonado por un grupo de hombres el pasado 25 de marzo.
Albert Rivera, director del albergue, señaló que diversas autoridades no han actuado de manera oportuna ni coordinada tras los hechos y advirtió que la suma de fallas institucionales apunta a una posible conexión con el crimen organizado, por lo que exigió que sea la Fiscalía General de la República quien tome el caso e investigue a cada una de las dependencias involucradas.
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Entre las irregularidades, afirmó que la Fiscalía estatal no contempló como prueba un video en el que se observa el momento en que la víctima fue abandonada y que tampoco acudió de forma inmediata a recolectar indicios en el lugar, pese a la presencia de objetos con rastros de sangre como sogas y una capucha.
Añadió que al intentar presentar su denuncia su declaración fue retrasada aproximadamente cinco horas porque, según dijo, personal ministerial esperaría la difusión del caso en medios antes de determinar cómo proceder.
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“El jefe de mi jefe me dijo que no tome tu declaración hasta que mi jefe mire qué es lo que dice la prensa. ¿Qué tiene que ver un reporte de la prensa con mi declaración de los hechos?”, comentó.
Acusó también fallas en otras corporaciones, al señalar que tras el reporte al 911 no llegó la Policía Municipal sino únicamente la Cruz Roja, que pese a ser testigo de las evidencias en la escena no notificó a las autoridades para resguardar el lugar, mientras que un elemento policial que acudió posteriormente al hospital firmó un documento oficial clasificando el caso como una simple caída.
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Respecto a la atención médica, Rivera señaló que Manuel fue trasladado al Hospital General donde los médicos no notificaron a las autoridades pese a la gravedad de sus lesiones, que incluyen quemaduras de segundo y tercer grado en sus genitales con daño severo en los nervios que podría dejarlo castrado, y fue dado de alta con un diagnóstico erróneo de quemaduras de primer grado, lo que derivó en una infección severa que obligó su reingreso de emergencia.
“Me dan de alta a Manuel y los doctores dicen que venían a ser quemaduras de primer grado, cuando las quemaduras venían a ser de segundo y tercer grado. Me lo entregan todo infectado”, señaló.
Sobre los organismos de derechos humanos, indicó que la Comisión Estatal se negó a verificar evidencias y a proporcionar apoyo psicológico de emergencia para los migrantes del albergue al argumentar que esas labores correspondían a la Fiscalía, mientras que la Comisión Nacional ya habría tomado conocimiento del caso y promovido su revisión a nivel federal.
El representante del albergue denunció además posibles represalias por parte de la Fiscalía, al señalar que se le solicitó entregar credenciales de elector de los migrantes resguardados en el lugar y que al negarse fue citado a comparecer.
“Ahora resulta que si usted hace una denuncia, la fiscalía puede tomar represalia contra usted y multarlo entre 3,500 y 5,000 pesos. Ese no puede ser el Baja California que queremos”, expresó.
Rivera demandó la creación de una fiscalía especializada en delitos sexuales en el estado, al considerar que se requiere mayor sensibilidad institucional para atender el trauma que atraviesa la víctima.
Asimismo, llamó a las autoridades del estado a garantizar una coordinación efectiva entre las dependencias involucradas en el caso, a fin de que fallas como las de Manuel no se repitan.
En ese sentido, Arturo Duarte, usuario del albergue, consideró que la Fiscalía se encuentra responsabilizando a los miembros de la institución.
“En el albergue no somos, no hacemos esa clase de cosas. En el albergue nos ayudan, nos apoyan y nos dan fortaleza para vivir y sobresalir. Nos están diciendo que nos van a investigar a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos ninguna culpa de lo que le pasó. Hay pruebas, hay videos, hay todo”, expresó.
La Fiscalía Regional de Tijuana, a través de Miguel Ángel Guerrero Castro, director de coordinaciones de investigación, informó que el caso continúa en investigación, que se brinda atención a la víctima y que la denuncia fue iniciada por lesiones calificadas, sin descartar que pueda judicializarse por otros delitos conforme avancen las diligencias.
