Abogados de Tijuana rechazan la exigencia de posgrado para litigar en materia familiar, calificándola de imposición. De persistir el requisito el gremio advierte posibles amparos
El Colegio de Abogados de Tijuana A.C., junto a representantes de distintas barras, asociaciones y colegios de abogados, rechazó tajantemente el nuevo requisito de posgrado que el Poder Judicial de Baja California (PJBC) pretende imponer a los defensores para poder litigar en materia familiar.
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De acuerdo con lo explicado por el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, el nuevo requisito fue publicado por el Consejo de Administración del PJBC. En el documento No.7/2026 se les exige a los abogados contar con maestría o doctorado para poder litigar asuntos en materia donde se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, algo que consideran transgrede su derecho al libre ejercicio de su profesión.
“La postura desde nuestro colegio es completamente en contra de la publicación de este acuerdo, toda vez que transgrede el ejercicio libre de nuestra profesión, y aparte excede de las facultades de este órgano de administración del Poder Judicial, ya que la ley jerárquica, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no lo contempla. Esta decisión es únicamente de los integrantes de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, manifestó Avitia Beltrán.
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Dicho comité según compartieron los abogados, está integrado por el Magistrado Nelson Kim, el Magistrado Álvaro Castilla, la Licenciada Michelle Corona, entre otros, además del Magistrado Presidente del PJBC, Alejandro Isaac Fragoso López, con quienes, previo a la publicación del nuevo requisito, sostuvieron reuniones en las que les manifestaron su inconformidad, lo que no se tomó en cuenta.
Entre los principales argumentos para rechazar la implementación de este requisito está que perjudicará a las personas que requieran la defensoría en materia familiar, pues el número de litigantes en dicha área se reduciría considerablemente, ya que la gran mayoría no cuenta con posgrado, además de que por lo mismo, ante la menor oferta y la mayor demanda, se encarecerán los costos.
Por ejemplo, si actualmente un abogado cobra entre 40 mil y 60 mil pesos por llevar un asunto en materia familiar, como pérdida de custodia o solicitud de pensión alimentaria, con la implementación de este nuevo requisito el costo podría incluso triplicarse
“Si un abogado te cobra no sé 50, 60 mil pesos por un asunto o 70 mil pesos por un asunto de pérdida de la patria potestad, o no sé, 40 mil pesos por un tema de custodia o algo así, por un tema de maestría donde el abogado invirtió tres años de su tiempo, invirtió recursos, dejó a lo mejor de atender otros asuntos para lograr obtener esta cédula, pues obviamente esos sacrificios también los va los va a cuantear, puede que se puedan doblar o triplicar el costo”, explicó Daniel Avitia.
La postura en contra del acuerdo también obedece a que con esta medida la mayoría de los abogados con más de 10, 15, 20, 30 e incluso 40 años de experiencia en materia familiar ya no podrán litigar en dicha área por la falta de acreditación de una maestría o posgrado, documento que señalan “no es garantía de una mejor defensa”.
Además, los litigantes hicieron hincapié en que Baja California es el único estado en el país donde se pretende imponer este nuevo requisito de procedibilidad, pues ni el la Ciudad de México donde se ha comenzado e implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, este es un requisito contemplado.
“En el Código Nacional de Procedimientos Civiles no marca ese requisito de procedibilidad, no lo marca, únicamente es certificación y cómo lo po
demos hacer a través de las universidades. Ahora bien, en Coahuila sí se están llevando a cabo las audiencias de oralidad familiar, y en Puebla, son los estados que lo están manejando, y en la Ciudad de México. En esos estados en ningún momento les pidieron ese requisito de procedibilidad. Tenemos la capacidad, la experticia y tenemos los conocimientos para poder defender el interés superior de los menores”, manifestaron los abogados.
Por ello, buscando evitar perjudicar a la ciudadanía y ejercer su profesión libremente, los representantes de las barras, colegios y asociaciones de abogados de Tijuana indicaron que esperarán una semana para poderse reunir con el Magistrado Presidente del PJBC, Alejandro Isaac Fragoso, para hablar sobre el tema, pues exigen la revocación de dicho acuerdo, de lo contrario, optarán por interponer un amparo.
En respuesta sobre la postura en contra de los abogados, el Magistrado Presidente del PJBC, Alejandro Isaac Fragoso comentó que se va a platicar con ellos para analizar el tema y aseguró que no les está prohibiendo su derecho al libre ejercicio de su profesión.
“La situación que se dio es que la interpretación que da el Consejo de Administración, sobre todo el Comité de este sistema integrado por cuatro magistrados, ellos asimilaron la especialización consultando a los redactores de la iniciativa, no hubo debates en ese artículo en particular, pero la intención que tuvieron, se referían a una defensa especializada. No se está pidiendo ni una maestría ni un doctorado, sino se da una salida, solamente que si no tienes una especialidad en derechos de la infancia, pero tienes una maestría en derecho familiar te puede servir, tienes algún doctorado, porque mucha gente ya ha estudiado”, expresó Fragoso.
Y agregó el presidente del PJBC: “No se les está prohibiendo de ninguna manera el ejercicio de su derecho, simple y sencillamente es una interpretación que se da a un artículo hasta en tres años si todo sigue igual”.
Cuestionado sobre si los juzgadores que tiene actualmente el Poder Judicial de Baja California están especializados en materia familiar, Fragoso López aseguró que sí
“Están especializados, está especializada la persona juzgadora, ahorita solamente está entrando en Rosarito, posteriormente va a estar en Ensenada, en Tecate, la persona juzgadora de Tecate, que es el siguiente partido judicial, tiene doctorado en derecho de familia, si no mal recuerdo. La gente que forma parte del Tribunal, a la que no está dirigida el acuerdo, sí cuenta con esas especificaciones”, zanjó Alejandro Fragoso.
