La era de Víctor Manuel Castro Cosío al frente del Gobierno de Baja California Sur ha sido la más crítica en materia de seguridad para los servidores públicos, donde la amenaza del crimen organizado ha mermado y privado la vida a mandos de distintas instituciones de seguridad.
Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se convirtió en la séptima víctima de la delincuencia organizada, días después de denunciar la existencia del cobro de piso en la entidad, y la poca disposición de las autoridades de atender el tema, dijo que por el contrario, han tratado de ocultarlo.
Publicidad
Sus acciones contra el crimen, lo llevaron a ser víctima de amenazas en narcomantas, exhibiendo además presuntos vínculos con el crimen organizado; eso lo obligó a salir a medios de comunicación y declarar, que las mantas le fueron colocadas por enfrentar a células del Cártel de Sinaloa.
Desde junio del 2025, Bernardo Soriano ya había denunciado el cobro de piso, la presencia del crimen organizado infiltrando las corporaciones de seguridad y la falta de equipamiento para combatir la inseguridad; sus declaraciones le costaron la degradación del puesto -en forma de castigo “por abrir la boca”-, pues de subprocurador en SADAI lo enviaron a la Dirección del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.
“Se exige mucho como sociedad a sus fiscales y no les dan los recursos que necesitan, no les dan recursos a las Procuradurías y Fiscalías que necesitan, y a sus políticos ya no les exigen mucho. Cuando nosotros llevamos muchísimos años en el sistema y nos equivocamos, en México buscan la perfección a la primera, cuando ni siquiera han dotado de herramientas jurídicas, de bases sólidas a su personal”, lanzó Bernardo Soriano.
Publicidad
El 9 de febrero del 2026, de nuevo hizo su aparición en redes sociales y denunció la complicidad de las autoridades para permitir el cobro de piso.
“Esa farsa de que no hay cobro de piso, es una mentira. A mí me tocó combatir el cobro de piso, me tocó agarrar a personas vinculadas a todo esto; no sé por qué dicen que no hay cobro de piso, que no hay extorsiones, si me tocó llevar asuntos de secuestro en Baja California Sur”, denunció Soriano días antes de ser ejecutado.
Publicidad
En reprimenda por tales denuncias, Bernardo Soriano fue sancionado por el Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, y el 12 de febrero fue avisado que sería removido del cargo y de la institución por “pérdida de la confianza”.
“Me permito informarle que, a partir del 16 de febrero de 2026, queda usted removido de la función de Director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales de la PGJE, el cual hasta la fecha ha venido desempeñando, con motivo de la pérdida de confianza de su profesionalismo y lealtad institucional, derivada de su intervención pública en asuntos de su conocimiento, extralimitando sus facultades y atribuciones, al divulgar información y emitir opiniones públicas respecto de asuntos que son competencia de otras áreas de esta Institución”, firma Antonio López Rodríguez.
El 16 de febrero, Soriano fue despedido y perdió la protección que le brindaba la institución, a pesar de las múltiples amenazas en su contra por combatir a células de la delincuencia organizada. Nueve días después, el exsubprocurador fue ejecutado.
Otros casos de elementos de seguridad ejecutados en cumplimiento de su deber, son los agentes en activo de la Policía Estatal José Gabriel Morales Meza y Yair Radilla Flores, que fueron privados de la libertad el sábado 21 de septiembre del 2024 en Ciudad Constitución en el municipio de Comondú, y encontrados el 2 de octubre de ese mismo año en el interior de una fosa clandestina, ambos ejecutados a balazos.
El comandante del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría, Ulises Omar Cota Montaño, en represalia por ejercer su labor contra el narcotráfico, fue asesinado el 22 de abril del 2025 cuando llegaba a su casa en el Fraccionamiento Camino Real en el municipio de La Paz; este ataque sembró terror contra las instituciones “para que no intervinieran en la pelea por la plaza”, informaron las fuentes de inteligencia de la Mesa Estatal de Seguridad.
Dos meses después, el 21 de junio del 2025, Mario Quezada, comandante de SADAI, fue atacado a balazos mientras se encontraba en un restaurante de La Paz; logró evitar un secuestro, pero le arrebataron la vida a unos metros del lugar, aunque con él pudo llevarse a uno de los sicarios que lo atacaron.
“Ese es el mensaje para la delincuencia: no van a atentar contra servidores públicos, no van a atentar contra el Estado y mucho menos contra los ciudadanos”, expresó Soriano en el homenaje de cuerpo presente al comandante de SADAI.
Otra baja en la PGJE, fue la de Nabor Sánchez Camacho asesinado a balazos en el interior de las oficinas del Ministerio Público con sede en Bahía Tortugas, municipio de Mulegé. El elemento con más de 30 años de servicio, apenas regresaba de sus vacaciones el 30 de agosto del 2025 cuando fue sorprendido por sicarios.
Le siguió Ángeles Ojeda de Jesús, director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, cazado por sicarios el domingo 07 de septiembre del 2025 sobre las calles Q esquina con F de la colonia Villa Bonita en San José del Cabo.
ASÍ FUE EL ATENTADO
Muy poca información es la que el Gobierno de Baja California Sur ha revelado sobre la ejecución de Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que fue ultimado a balazos la mañana del miércoles 25 de febrero a las afueras de Hispania Residencial en el municipio de La Paz.
Ese día, Soriano salía de su domicilio a las siete de la mañana para dejar a su hija en la escuela. El exfuncionario avanzó en su camioneta Jeep Wrangler Rubicon desde el fraccionamiento unos 300 metros por la avenida Cantabria, hasta topar con la glorieta de la calle sin nombre; allí ya lo esperaban al menos dos camionetas con sicarios, que abrieron fuego al interceptarlo.
“La primera ráfaga ocurrió a las siete de la mañana con dos minutos y 40 segundos, suponemos que con ese primer ataque dejaron gravemente herido a Soriano y presumimos dieron tiempo para que la pequeña saliera del auto. Pasaron 18 segundos, y una segunda ráfaga se escuchó en las cámaras de seguridad de los vecinos del lugar, aparentemente de la misma arma o calibre; a las 7:03 de la mañana, una tercera y cuarta ráfaga con otro rifle de asalto de tiros dobles; y a las 7:03 con 11 segundos, la última ráfaga larga”, explicó un miembro de la Mesa Estatal de Seguridad.
En la grabación de la cámara de seguridad, se escuchan los disparos y el alboroto de los perros alrededor y al mismo tiempo un silencio tenso. Era pleno horario en que muchas familias se desplazan para los trabajos y acudir a las escuelas a llevar a sus hijos.
Apenas 30 segundos después de la agresión, dijo la fuente de investigación que vecinos de colonias Las Praderas y alrededores escucharon un primer vehículo alejándose de la zona, a unos 500 metros del lugar en línea recta; y a las siete de la mañana con cuatro minutos y 10 segundos otras camionetas, huyendo a toda velocidad.
“Desde el ataque hicimos un análisis de la zona, hay cuatro puntos de salida: uno en dirección a la colonia La Cima, que se divide en rutas de escape, una hacia la carretera a Chametla y otra por Pino Pallas, que hubo descarte; y dos rutas de escape principal que fueron las que se siguieron, una por la colonia Las Praderas y continuando por Paraíso del Sol, donde encontramos algunas cámaras de seguridad dañadas; y la alternativa más factible, por la calle de acceso y salida a Santa Rosa por detrás de colonias como Los Álamos, Rinconada Las Californias y Altamira, hasta continuar posiblemente hasta el Parque Industrial y refugiarse en la zona sur de La Paz”, comentó la fuente de la Mesa de Seguridad.
Según las fuerzas de seguridad, la hija del exfuncionario fue puesta a salvo, ilesa, por un vecino y llegó hasta su hogar.
Ese miércoles negro para Baja California Sur, los agentes de investigación criminal se dispersaron por varias colonias aledañas al atentado, aunque dedicaron mayor parte de la investigación de campo por una de las rutas que menos probabilidades existían, ya que, según los elementos de la Procuraduría, los sicarios rompieron cámaras por esa ruta días antes.
“Ellos suponían (de la PGJE) que huyeron por Paraíso del Sol, pero un par de cámaras rotas no son suficientes para cubrir una huida por esa colonia, porque hay miles de casas y suponemos que hay más cámaras, sería la ruta más complicada; en cambio, un efectivo federal nos hacía referencia a la calle acceso por detrás de Álamos, Las Californias y Altamira: es un camino digamos vecinal, terreno baldío y con poca urbanización, esa fue la principal línea o ruta de escape que perseguimos”, añadió el agente de la Mesa de Seguridad.
CAE INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DE SORIANO.
Las pesquisas en el atentado contra el exsuprocurador de SADAI no han tenido los resultados esperados para los representantes de la Procuraduría General de Justicia, pues si bien es cierto que han arrojado resultados, esto es insuficiente para el grado de percepción para la ciudadanía y las mismas corporaciones de seguridad.
Datos filtrados a ZETA, revelaron que el 27 de febrero hubo aseguramientos importantes, pero pareciera que los sicarios ya habían abandonado el estado.
“La principal ruta de escape de los sicarios fue el sur, sólo que fue descubierta muy tarde. El equipo armado que ejecutó la operación se movilizó de inmediato, la logística fue exacta y bien calculada; demostró que no hay improvisación y nos falta mucho por efectuar como instituciones, cerrar filas”, reconoció el agente de la Mesa de Seguridad.
La madrugada del 27 de febrero, 46 horas después del atentado, el operativo especial se topó con un taller ubicado en las calles Antonio Wilson y Artículo 115 de la colonia Ayuntamiento; allí se aseguró a Juan Ramón Ochoa Barajas, de 41 años, originario de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, bajo el número de detención (RND): BS/FC/003/27022026/0001.
“Son dos vehículos, que al parecer están relacionados directamente con el atentado, es lo que se tiene información. Son diferentes acciones que se están ejecutando a la par de los hechos suscitados”, dijo la fuente de la Procuraduría.
Al inspeccionar al detenido, le aseguraron una pistola calibre 45 con cinco cartuchos útiles, una caja con 33 cartuchos útiles del mismo calibre y tres placas metálicas de números de serie vehicular 1C4RJXP65RW293248, 9BD578671F7968112 y 1FM5K7D80JGA22531. Además se encontraron más unidades, una de ellas involucrada en el atentado contra Soriano.
En el domicilio se localizaron autos con alerta por el consulado de Estados Unidos y reporte de robo tanto en México como en el extranjero:
* Automóvil de la marca Nissan Sentra, color gris y sin placas de circulación ni número de serie visible.
* Vehículo, marca Audi Q5, color blanco, sin placas de circulación y número de serie 3U5AFCFY5R2020010.
* Auto marca Honda Accord, color blanco, pintura en mal estado y sin placas de circulación, con número de serie 1HGCR6F73FA012814.
* Jeep Grand Cherokee, modelo 2024, color negro, con placas de circulación DBF-306-A, con número de serie 1C4RJGBGXS8690853.
* Vehículo de la marca Ford Expedition, modelo 2024, color blanco y número de serie 1FMJU2A83REA65302.
También por la brecha que conecta a la colonia Camino Real y la carretera a Los Planes, a la altura de la colonia Primero de Mayo, fue encontrada una camioneta más, de la marca Hyundai modelo Tucson, color café, abandonada en la avenida de terracería y en su interior un arsenal.
“En la colonia Primero de Mayo, se localizó un vehículo que contenía en su interior dos fusiles, seis cargadores abastecidos, un chaleco balístico y envoltorios con marihuana. En un domicilio de la colonia Camino Real se aseguró un segundo vehículo, dos armas largas, cargadores, 135 cartuchos y dos pecheras balísticas”, informó la PGJE.
Bernardo Soriano contaba con formación profesional en Derecho y un doctorado en Ciencias Penales. “Se distinguió por su compromiso con la procuración de justicia, su profesionalismo y su vocación de servicio, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento institucional y al combate a la delincuencia en Baja California Sur”, dijo la PGJE.
En 2018, inició su carrera en la Procuraduría: se desempeñó como Fiscal de Asuntos Especiales; luego alcanzó el rango de Subprocurador de Delitos de Alto Impacto (SADAI) que dejó en 2025; y ocupó la dirección del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales hasta el 16 de febrero del 2026, días antes de ser ejecutado al salir de su casa en el municipio de La Paz.
