Un tribunal federal ordenó, por unanimidad, transferir a la Federación la mansión ubicada en el condominio Quinta Mar, en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, que Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), adquirió en 2013 por 1.9 millones de dólares.
La resolución revocó la sentencia dictada el 4 de abril de 2025 por Esperanza Arias Vázquez, jueza en Materia de Extinción de Dominio, quien había determinado que la demanda presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) era improcedente. La propuesta de revocación fue presentada por Karina Barrera Ortiz, magistrada de elección popular, y aprobada por unanimidad, según constan en registros judiciales.
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En su fallo original, Arias Vázquez argumentó que la Ley de Extinción de Dominio —vigente desde 2019 y bajo la cual se reclamó la propiedad— no era aplicable, debido a que la FGR fundó su demanda en la carpeta de investigación del Caso Odebrecht, iniciada el 27 de enero de 2017 por el delito de lavado de dinero, mientras que Eckes adquirió la residencia en 2013, cuatro años antes de que se abriera la investigación contra Lozoya Austin. En ese momento, el lavado de activos no figuraba entre los ilícitos previstos constitucionalmente para reclamar un bien por la vía de la extinción de dominio.
El 31 de julio de 2013, Eckes adquirió el inmueble a través de un contrato de fideicomiso en el que quedó registrada como fideicomisaria. La propiedad tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados y, además de ser objeto de la demanda de extinción de dominio, se encuentra asegurada dentro del proceso penal del Caso Odebrecht contra Lozoya Austin.
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La demanda de extinción de dominio constituye un procedimiento distinto al proceso penal: en ella no se juzga la conducta del propietario del bien, sino su capacidad para acreditar el origen lícito de los recursos con los que fue adquirido.
Lozoya Austin enfrenta también una demanda de extinción de dominio por su casa en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, valuada inicialmente en 38 millones de pesos. En 2024, un tribunal de segunda instancia ordenó extinguir el dominio de esa residencia y transferirla a la Federación; sin embargo, el ex funcionario presentó un amparo directo contra dicha sentencia. A finales de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo, por lo que será el tribunal colegiado de circuito el que resuelva en última instancia si Lozoya Austin pierde o no esa propiedad.
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Con las resoluciones dictadas hasta ahora, los tribunales de apelación han decretado la pérdida de los bienes tanto del ex funcionario como de su ex esposa en el marco del Caso Odebrecht.
